No acreditado el vínculo de la actora con quien falleció en un accidente de tránsito, no procede la reparación por daño moral

accidente-autoPartes: C. L. D. V. y otros C. M. J. I. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 13-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100136-AR | MJJ100136

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el reclamo por daño moral intentado por la madre respecto de su hija recién nacida con sustento en que era hija póstuma de quien falleció en un accidente de tránsito, pues dicha situación se acreditó como errónea en el curso del proceso según las constancias que surgen de la causa sobre filiación, y si bien sostuvieron que el fallecido habría sido una ‘figura paterna’ y su sostén económico, no se demandó por este concepto.

2.-En virtud de lo establecido por el art. 1748 del CCivCom., el cálculo de los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos debe liquidarse desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 13 días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “C., L. D. V. Y OTROS C. M., J. I. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 432/445 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud:

A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:

I.- El 4 de julio de 2008 se produjo un accidente automovilístico en la Ruta Nacional n° 14 cuando la ambulancia marca Mercedes Benz, dominio FJU 575, de la empresa Vittal conducida por J. C. I. acompañado de su hijo C. D. I. embistió a un camión que se encontraba detenido de manera transversal sobre dicha vía. A raíz de la colisión se produjo el inmediato fallecimiento del chofer de la ambulancia lo que motivó a su concubina L. del V. C. a promover demanda por indemnización de daños y perjuicios por sí y en representación de sus hijos menores C. D. I., W. A. I., R. J. I. y M. L. C. contra las personas humanas y jurídicas que entendió responsables del evento dañoso.

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente en la sentencia de fs. 432/445 a la pretensión instaurada y condenó a J. I. M., R. G., Transporte Don Abel S.A. y Transporte La Nueva Esperanza a pagar las sumas de $ 205.000 para C., $ 384.000 para C. D. I., $ 310.000 para W. A. I. y $ 340.000 para R. J. I.

En cuanto a la restante demandante, cabe señalar que el Cuerpo Médico Forense dictaminó -según se explicó en la sentencia- en los autos “C., L.del V. c. I., J. C. s/filiación” que la totalidad de los resultados de ADN realizados indican que para quien en vida fuera J. C. I. queda excluida la paternidad biológica respecto de M. L. C. Por este motivo y al no haberse llegado a construir ningún lazo afectivo en tanto que al momento del siniestro la Sra. C. se encontraba cursando el séptimo mes de embarazo entendió el juez de grado que correspondía hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados.

Los demandantes llegaron a la mayoría de edad en el curso del proceso compareciendo a estar a derecho mediante los escritos obrantes a fs. 407 y 409.

Contra dicho pronunciamiento interpusieron los vencidos el recurso de apelación a fs. 446 que fundaron con la expresión de agravios de fs. 484/486 que fue respondida a fs. 497/504 por la parte actora. Por su lado, C. apeló a fs 448 y presentó su memorial a fs. 489/495 que no fue contestado por la contraria. La Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara presentó un dictamen a fs. 507 adhiriéndose al planteo efectuado por C. en representación de la menor M. L. C.

La parte demandada no ha cuestionado la responsabilidad que les ha sido endilgada y solamente critica la procedencia y la cuantía de los rubros indemnizatorios fijados por el juez a quo. Los I. consintieron la sentencia mientras que C. se agravia de la valoración del rubro indemnizatorio por valor vida a su favor y de que se haya desconocido el daño que sufre la niña M. L.C.

II.- Corresponde señalar que el a quo examinó la legitimación y el alcance de las indemnizaciones por responsabilidad extracontractual de acuerdo con las pautas sentadas al respecto por el derogado Código Civil.

La Sala comparte este criterio en tanto el examen de los daños debe hacerse en este tipo de casos conforme las normas jurídicas vigentes a la época del hecho antijurídico (ver Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a la relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni editores, pág.100 n° 48; Dell’Orefice, Carolina y Prat, Hernán V., La aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho transitorio, Revista Código Civil y Comercial, ed. Thomson Reuters La Ley, año 1 n° 1, julio 2015, pág.19, en especial, pág.27, capítulo VI letra d (citados en el voto del Dr. Calatayud en c. 80.509/10 del 27/8/2015).

El primer agravio de los demandados se centra en que el magistrado otorgó a la conviviente y a los tres hijos del fallecido la suma resarcitoria total de $ 385.000 en concepto de valor vida. Aduce que la supuesta conviviente estaba embarazada de 7 meses de otra persona al momento del hecho, que los hijos reclamantes tienen a la fecha 23, 22 y 25 años “siendo que a la fecha del accidente C. no vivía con su madre y tanto W. como R. vivían con su madre” remitiéndose en el resto de este planteo a lo dispuesto por el art. 1745 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La relación de convivencia fue estudiada en concreto en la sentencia habiéndose acreditado que existía una cohabitación al momento del accidente entre C. e I. según resulta de las declaraciones testificales de V. P., S. O. y R. A. (ver actas de fs.209, 210 y 211 respectivamente). De estos dichos y de su estudio efectuado por el juez de grado nada dicen los recurrentes para lo cual no sirve, obviamente, que se haya acreditado que la niña no es hija de J. C. I. en tanto esa circunstancia no desmiente la subsistencia de la relación de hecho en el momento del evento.

En cuanto a los hijos, los apelantes parecen desconocer que a la fecha del accidente C. D. tenía 18 años, R. J., 15 años, y W. A. I., 14 años, con lo cual la ponderación que se pretende respecto al cálculo de los daños causados no se hace cargo del menoscabo originado a ese momento pretendiendo que se considere una situación cronológica claramente inadmisible.

Y finalmente resulta improcedente la cita del nuevo texto sin haberse cuestionado previamente el método empleado en la sentencia de ponderar los daños de acuerdo con el texto del Código Civil con lo cual tanto en este caso como en los anteriores debe tenerse por no criticado debidamente el fallo de primera instancia.

Por ello y en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa, no hay críticas válidas que atender en la alzada (conf., entre muchas otras, CNCiv. esta sala, causas 161.621 del 5 de diciembre de 1994, 165.639 del 6 de marzo de 1995 y 233.079 del 28 de diciembre de 1997) por lo cual el memorial carece del recaudo previsto por el art. 265 del Código Procesal al no haber refutado los concretos argumentos de orden jurídico tenidos en cuenta por el a quo.

Se agravian los demandados de la imposición de un resarcimiento por daño psicológico a favor de C. en la suma de $ 50.000 y otro de $ 30.000 para los hijos W. A. y R. J. I.Sostiene que no surge demostrado ese menoscabo en tanto la perito psicóloga precisó que el remanente de la incapacidad debe evaluarse después del tratamiento, circunstancia que no se acreditó en autos ni la calidad de permanente.

Es verdad que existe cierto grado de indefinición en los dictámenes de la licenciada en psicología V. S. C. respecto a la situación de W. A. I. ya que después de señalar que padece una incapacidad parcial y permanente estimable en un 35 % por Trastorno por Estrés Postraumático severo, agregó a continuación que el que quedaría como remanente, de carácter definitivo, luego del tratamiento que hiciera tendría que ser evaluado en el momento adecuado (ver fs. 231). Tal expresión es repetida en términos similares en el dictamen efectuado respecto de R. J. I. (ver fs. 262). La situación es claramente distinta respecto de la conviviente ya que estimó el mismo porcentaje aunque indicó que si realizara un tratamiento sería muy poco probable que hubiera un acrecentamiento futuro de los trastornos (ver fs. 252).

La queja respecto de la conviviente C. debe ser obviamente desestimada en tanto los apelantes le han hecho decir algo a la perita que esta nunca afirmó respecto de esa actora. En cuanto a los dos demandantes mencionados ha de tenerse en cuenta que, en realidad, la experta estableció el carácter definitivo de la incapacidad y supeditó su modificación a la realización de las terapias respectivas que no se acreditó que hubieran sido satisfechas por los demandados. Se pretende así que se tenga por temporaria una incapacidad que los demandados han contribuido a consolidar en tanto se encuentran en incumplimiento respecto del pago de la indemnización desde la fecha del hecho ilícito y es por ello que, como regla, se ha impuesto que el cálculo de los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquide desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. “Gómez, Esteban c/Empresa Nacional de Transportes” , del 16-12-58, publ.en L.L. 93-667 ó J.A. 1959-I-540, y “Consorcio de Propietarios Talcahuano 1278 c/ Houbey, Alicia E. s/ cobro de pesos” del 20-7-76, publ. en E.D. 67-539 ó L.L. 1976-C-175 ó J.A. 1976-IV-379) en un criterio que ha sido recibido expresamente en el art. 1748 del Código Civil y Comercial. A ello se suma que las diferentes situaciones han sido contempladas por el juez al momento de considerar las respectivas indemnizaciones con lo cual estimo que los montos establecidos representan una justa ponderación del menoscabo causado a estos tres demandantes.

Cuestionan los vencidos que se haya admitido una indemnización por incapacidad física y psíquica a favor de C. D. I. cuando en lo psíquico la situación fue calificada como temporaria mientras que en lo físico solo le fue otorgado un 2 % por lo que estiman que el monto resulta excesivo. Señalan que se tratan de daños temporales y no permanentes y que, en subsidio, debe considerarse que dichas indemnizaciones son suplidas por la indemnización por gastos de tratamientos kinésicos y psicológicos.

Nuevamente señalo que el memorial de los demandados carece del mínimo sustento para tener por cumplidas las exigencias del art. 265 del Código Procesal. En efecto, la licenciada en psicología Canseco afirmó que a la fecha de su dictamen “el actor presenta una incapacidad parcial y permanente estimable entre el 60 %. Según este baremo [el de Castex y Silva] correspondería al 2.6.7. Trastorno por Estrés Postraumático muy severo”. Y después aclaró que “si el actor realizara un tratamiento., sería muy poco probable que hubiera un acrecentamiento futuro de los trastornos” (ver fs.242).

Basta la lectura de estos fragmentos para tener por evidenciado que el trastorno es permanente -y no temporal- y que el tratamiento no revertirá el porcentual de incapacidad sino que se dirige precisamente a evitar que este se incremente.

El juez de primera instancia estableció la suma de $ 114.000 como indemnización de este grave daño psicológico en la que está incluida una parte correspondiente a la incapacidad física que fue determinada en el 2 % como parcial y temporaria (ver fs. 325/327, pto. 7), con lo cual estimo que el planteo en cuanto a lo excesivo de la indemnización por incapacidad psicofísica no es más que una manifestación de los demandados sin sustento alguno en las constancias de la causa.

III.- La actora L. del V. C. reclama que se incremente la indemnización por el valor vida con sustento en que el factor determinante para el juez de grado en establecer la suma de $ 150.000 por este concepto se encuentra en el hecho de haber concebido una hija que no era del causante. Señala que se debe tener en cuenta que se estaba frente a una relación estable y pública de ambos convivientes y que “sólo la tragedia hizo que M. L. no fuera reconocida legalmente del causante.” Agrega que en el presente caso “quedó trunco el proyecto familiar de incorporar a M. L. C. a la familia constituida por J. C. I. y L. del V. C.” (ver fs. 490 vta.).

Prefiero no profundizar en el tema del “proyecto familiar” de incorporar a la niña mediante un reconocimiento legal cuando la madre admite al mismo tiempo que ella no era hija de J. C. I. Probablemente se trata de un desliz de los letrados que no han calculado las implicancias legales de un proyecto familiar de estas características.

Más allá de estas consideraciones -justificadas por el modo en que se han propuesto los agravios- y de la alusión del juez de grado a que no se debe perder de vista que la menor M.”resultó no ser hija del Sr. J. C.” (ver fs. 440), no encuentro que existan elementos de peso que permitan considerar que el monto establecido en la sentencia presente una deficiente ponderación del daño.

En efecto, este Tribunal tiene dicho en reiterados precedentes que a los fines de establecer el “valor vida” debe tenerse en cuenta, respecto del occiso, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de ingresos a la época del deceso, probabilidades de progreso y ahorro, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social; mientras que, desde el punto de vista de quien reclama la indemnización, habrá de meritarse el grado de vinculación o parentesco con aquél, la ayuda que de él recibía, el número de miembros de la familia, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. voto del Dr. Dupuis en c. 45.012 del 7/7/89 y citas que efectúa del voto del Dr. Calatayud en c. 44.485 del 26/6/89 y de Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, 2a. ed., t. 4, pág. 261, nota 66; Sala “C” en E.D. 84- 332; Sala “D” en E.D. 75-306; íd. E.D. 80-808, nº 37; voto del Dr, Calatayud publ. en L.L. 1988-C-106; v. también voto del Dr. Dupuis en cc. 40.863 del 1/3/89 y 31.125 del 7/12/87; Borda, “Obligaciones”, 7a. ed., t. II, págs. 419 y sigs., Nº 1582; Kemelmajer de Carlucci, op. cit., t. cit., pág. 200 y sus citas).

Y en este sentido estimo que las premisas señaladas precedentemente han sido debidamente consideradas por el juez de grado en el pronunciamiento recurrido de manera que estimo que el cálculo efectuado no resulta insuficiente teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de la causa.

La actora -en representación de su hija menor M. L. C.- solicita que se tenga en cuenta lo dispuesto por el art.27.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone que “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”. Afirma que se es niño desde la concepción por lo cual el hecho de no haber nacido no puede ser óbice para no tener un lazo afectivo con la persona por nacer. Señalan que “M. L. merece que la Justicia le otorgue un resarcimiento por el fallecimiento de quien en vida, sin lugar a dudas, hubiese sido su figura paterna y su sostén económico” (ver fs. 494 vta.).

Creo que aquí se intenta cambiar lo que se había dicho en la demanda. Concretamente la actora afirmó entonces, en representación de todos sus hijos menores, que M. L. C., “hija póstuma de I. quien no llegó a reconocerla, tal como sí aconteció con los anteriores hermanos” (ver fs. 60).

Si no entiendo mal, C. le pedía a los demandados que indemnizaran a su hija recién nacida con sustento en que era “hija póstuma de I.” situación que se acreditó como errónea en el curso del proceso según las constancias que surgen de la causa sobre filiación.

Ahora dice su representante legal que los demandados la deben indemnizar porque probablemente I. habría sido una “figura paterna” y su sostén económico. No se demandó por este concepto ni menos aun en base al denominado “proyecto familiar” aludido en la expresión de agravios. Se solicitó una reparación por “la falta de apoyo económico, material y moral de su papá” y por el daño moral causado porque jamás tuvo la posibilidad de conocer a su papá ya que lo perdió pesando en el vientre materno (ver fs.70 vta./71). No discuto que la representante legal de la niña bien pudo haber demandado con invocación de la existencia de un concepto jurídico de “figura paterna”, pero es claro que así no se hizo en este juicio. Por ello resulta actualmente inadmisible que se imponga a los demandados un resarcimiento en condiciones que claramente no habían sido expuestos en tales términos en el escrito de inicio de fs. 59/77.

He señalado en la c. 558.499 del 29-11-10 que nuestro ordenamiento ritual impone como recaudo ineludible que la demanda contenga una exposición circunstanciada de los hechos configurativos de la relación jurídica en que se funda la pretensión para agregarse que en el tipo de proceso escrito la prolija fundamentación fáctica de la sentencia viene impuesta por el principio de preclusión que obsta al ulterior perfeccionamiento o modificación de la pretensión (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, 1977, t. IV, nº 385-3º pág. 294). La actora no puede -como ha pretendido aquí- sumar o restar componentes en escritos posteriores sin considerar que ese procedimiento altera la base misma de sus planteos originales (ver mi voto en la c. 488.584 del 12-4-10) tanto más cuando dicho intento conduce a una indeterminación relativa del sitio en el que se produjo el hecho que se sostiene da lugar al reclamo indemnizatorio.

Y agregué en el mismo precedente que por imperio del art. 331 del Código Procesal está vedada la incorporación de nuevos sujetos a la relación procesal o la modificación de la situación jurídica de los que actúen como partes con posterioridad a la notificación del traslado de la demanda, es decir, no resulta posible sustituir sujetos, causa u objeto del litigio (conf. Alsina, “Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal.”, 2da. ed., T. III, pág. 29; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado”, T. 2, pág. 183, núm.2 y 3; C.N.Civil, esta Sala c. 527.344 del 25/3/09 entre otros). La imposibilidad de transformar la demanda una vez que ella se encuentra notificada, debe entenderse cuando lo alterado en la acción incoada pueda resentir las posibilidades de defensas y contestación del demandado (conf. Morello, “Códigos Procesales.”, T. IV B, pág. 90), y de acuerdo a lo previsto por el art. 331 del ordenamiento legal citado si el demandado se presenta antes de ser notificado y contesta, aquella facultad se pierde (conf. Gallo Tagle en Highton – Areán, “Código Procesal Civil y Comercial, Concordado”; T. 6, pág. 316, comen. art. 331).

Véase, además, que el planteo que se hace ahora ante la Alzada en base a una supuesta relación afectiva entre la niña concebida y J. C. I. se había basado, además, en un supuesto fáctico y jurídico acreditado en definitiva como inexistente -la relación legal de padre a hija- y en modo alguno en la configuración de tipos como la “figura paterna” o en el del encargado del niño que no fueron planteados, ni siquiera en subsidio, en la demanda indemnizatoria.

IV.-Los demandados cuestionan que en la regulación de honorarios se haya superado el límite previsto por el derogado art. 505 del Código Civil reproducido por el art. 730 del Código Civil y Comercial.

En este sentido cabe puntualizar que los argumentos expresados en cuanto a las regulaciones de honorarios resultan extemporáneos a la luz de lo dispuesto en el art. 244 del Cód. Procesal, toda vez que reiteradamente se ha establecido que cuando se trata de regulaciones de honorarios el recurso debe interponerse y fundarse dentro de los cinco días de la notificación, y si la fundamentación pretende efectuarse en un acto ulterior y por separado, debe hacérselo dentro del quinto día de notificado el emolumento objetado (cfr. Fassi y Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado”, 3a. ed., t.II, pág.301, nº 4, fallos citados en nota 8; CNCiv, esta Sala, c. 25.909 del 7/4/93, c. 12.688 del 20/4/93). Y en el caso, según surge de fs. 446, si bien se apeló la sentencia, no se dijo hacerlo de los honorarios (ver esta sala c. 179.021 del 19-9-95). De allí, entonces, que por la totalidad de las razones expresadas n o cuadra tratar la cuestión que el memorial extemporáneamente pretende introducir.

Por las razones expuestas y oída la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, propongo que se desestimen los agravios de ambas partes y se confirme la sentencia recurrida en todo lo que decide distribuyéndose las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del Código Procesal).

Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

FERNANDO M. RACIMO.

MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 13 de julio de 2016.-

Y VISTOS:

En virtud de lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 432/445. Costas en el orden causado.

En atención al monto de la condena, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19, 37 y concs. de la ley 21.839, se confirma la regulación de los Dres. J. R. L., D. F. G., F. D. y N. E. V., letrados apoderados de la demandada y citada en garantía, por resultar ajustada a derecho y se modifican las restantes, fijándose la retribución de la Dra. G. R. P., letrada apoderada de la actora, en ($.) y la de la Dra. A. C.A., en idéntico carácter, en ($. ).

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios de las Dras. P. y A., en conjunto, en ($.) y los de los Dres. L. y D., en conjunto, en ($.).

Por la tarea de fs. 228/269, 325 y 345, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación de la sicóloga V. S. C. por resultar ajustada a derecho y la del médico J. D. F., por resultar baja y habérsela apelado solamente “por alta”.

En virtud de lo dispuesto por el art. 28 del decreto 1467/2011, modificado por el decreto 2536/2015 (Anexo III, art. 1°, inc. g), se modifica la regulación apelada, fijándose la retribución de la mediadora A. S. D. en ($.).

Notifíquese y devuélvase.-