En tanto la información periodística difundida fue veraz, eximen de responsabilidad al productor y al canal acusados de difamación al honor

television2Partes: D. D. R. c/ América TV y otro s/ ordinario – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 7-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100229-AR | MJJ100229


Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda por los perjuicios sufridos a raíz de la difamación hacia su persona como consecuencia de su testimonio incorporado a un programa periodístico sobre la venta de terrenos ocupados a gente de escasos recursos, por cuanto las noticias derivadas de la investigación periodísticas no fueron falsas y no se puede atribuir un obrar culposo, siendo la información periodística veraz.

2.-La exigencia de una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el resguardo de dignidad individual de los ciudadanos no puede calificarse como una obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre.

3.-Si la libertad de expresión es fundamental para la subsistencia del sistema democrático, la afirmación de hechos verídicos en temas de interés público no puede ser objeto de sanción por el poder estatal; y esto es así aunque la afirmación pueda afectar, de algún modo, el honor de algunos de los involucrados.

4.-Desde el punto de vista jurídico, el actor no tenía una posesión legítima, en tanto no era ejercida conforme un título suficiente que cumpliera con las formalidades exigidas por la ley para transmitir los derechos reales sobre inmuebles; tampoco tenía un justo título (conf. art.2351 , art.2355 , 4010 y cc. Cciv.), toda vez que el titular dominial del lote era desde el año 1979 una empresa, circunstancia conocida por el actor tal como se desprende no solo de los documentos acompañados, sino especialmente de su intervención en el programa emitido por televisión, en el que participó gustoso, sin oponer ninguna clase de reparos a esa grabación.

5.-Dado que el número de DNI de la persona que habria transmitido el bien al actor no coincide con la franja etárea de la década (seria nacida en el año 1907 y no en 1935), el hecho constituye un caso de sustitución de persona, pues en virtud de la edad que debería tener la cedente (más de 100), nunca pudo transmitirle los derechos derivados de la posesión.

6.-La información periodística fue veraz, no hubo deformación de la realidad, sino la muestra clara y contundente de una forma de accionar que permite usurpar terrenos, toda vez que la emisión televisiva fue un programa periodístico que giraba en torno a las usurpaciones de viviendas en el conurbano, como un problema social, que enfrentaba a usurpadores y propietarios, y daba cuenta de numerosos testimonios de situaciones de usurpaciones, demostrando cual era el modus operandi de aquellos que trataban de darle un ropaje de legalidad a sus actos por medio de los cuales ofrecían y vendían lotes que no les pertenecían.

7.-No se advierte ningún daño al honor o a la imagen del actor que pudiera causarle la grabación que luego fue emitida por el canal de televisión, más cuando él sabía que el terreno no le pertenecía, y que su tía -parentesco tampoco acreditado -difícilmente hubiera podido cederle los derechos posesorios dado que seguramente ya estaba muerta a la fecha de suscripción de la cesión.

8.-El medio periodístico ejerció tanto el derecho de informar, como el de libertad de prensa, al brindar información veraz, apoyada en múltiples testimonios e imágenes, incluida la justificación del accionante sobre la venta del terreno de su tía; y la noticia de las usurpaciones tuvo en ese momento relevancia pública, y tenía una entidad que justificaba su trato periodístico informativo (conf. parámetros de la doctrina Campillay).

Fallo:

En Buenos Aires, a 7 días del mes de junio del año 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “D., D. R. c/ América TV y otro; s/ Ordinario. Daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I-Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora contra la sentencia de grado que rechazó la demanda de daños y perjuicios contra América TV y El Galeón SRL por la suma de $ 150.000.

II.- A fs. 324/9 expresó agravios el actor, quejándose de la arbitrariedad del decisorio de grado. Indicó que el Magistrado se apartó del thema decidendum, sin tomar en cuenta el video acompañado que lo relaciona con “la industria okupa”. Dice que en el programa periodístico se lo difamó, al ser señalado como un estafador, junto a otras personas que venden terrenos ocupados a gente de escasos recursos. Indica que en el video se puede ver que se hace referencia a su persona como “un generador de conflicto social grave”, que provoca un “odio entre los vecinos y los usurpadores”, y que “estos personajes hacen negocio de la necesidad de la gente”. Centra sus quejas en el enfoque jurídico del a quo en función del daño reclamado. Sostiene que el Magistrado no se atuvo al objeto del juicio que resulta ser el resarcimiento de los daños ocasionados a raíz de las acusaciones vertidas en el programa televisivo. Sostiene que la cita de la fuente en la emisión televisiva es insuficiente para eximirlos de responsabilidad a los accionados, no bastando con el testimonio del intendente de General Rodriguez, zona de ubicación del predio cuya posesión transmitió el actor a terceros.Postula que el juez aplica erróneamente la doctrina de la real malicia, en tanto son particulares las personas involucradas y no personas públicas. Y, finalmente, se agravia por la imposición de costas. A fs.331/336 contesta agravios América TV S.A. rechazando las razones del apelante. Dijo que su obrar no fue antijurídico, que la participación del actor en el programa televisivo fue de unos 4 minutos, a cámara abierta, en la Comisaría de la zona, en la que estuvo presente el Intendente del municipio, Anghilieri, el secretario Drago, participando además del informe periodístico inspectores, miembros de la policía, y demás testigos. Indica que nunca se lo señaló como un “estafador”, y que en realidad se acreditó en el expediente los extremos indicados en el informe, su calidad de ocupante, y la cesión de derechos posesorios, sin tener una relación de derecho con el bien. Que la emisión del programa correspondió a una productora independiente, la codemandada El Galeón (conf. la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley 26.522) dentro del mercado de contenidos, y no de emisión -calidad que reviste la empresa América TV-, por lo que no le cabe responsabilidad alguna por el informe periodístico. Asimismo señala que existió denuncia de la fuente, que inclusive participó como testigo dentro del programa, como es el Intendente, junto a policías y demás presentes que aparecieron filmados por el equipo liderado por el periodista Graña. Pide la confirmación del decisorio con costas.

III- Antecedentes

a-En su pieza introductoria el actor reclamó los daños y perjuicios derivados de una difamación a su persona efectuado en un programa periodístico producido por El Galpón S.A. y emitido por América TV S.A. Indicó que en marzo de 2012 fue convocado a una Comisaría para aclarar la situación de la venta de un lote a M. E.R., en la localidad de Villa Vengoechea, Partido de General Rodríguez, y que cuando se apersonó al lugar donde estaba filmando el periodista Graña y su equipo, en presencia del Intendente, y demás personas, aclaró que el terreno no estaba ocupado ilegalmente. A tal fin acompañó “papeles” en prueba de ello, a través de los cuales demostró que existieron cesiones de los derechos posesorios sobre el inmueble.

En el mes de abril de 2012 fue emitido un programa denominado “GPS”, bajo el rótulo de “Industria Okupa”, donde aparece su imagen y las expresiones vertidas en la Comisaría las que fueron incluidas en el informe sobre la ocupación ilegal de terrenos en una zona de quintas de General Rodriguez, y la venta de derechos sobre ellos a precios irreales. Relató que el terreno baldío estuvo en posesión de M. R. durante más de dos décadas, que su apoderada E. T. M., en calidad de hija y a su vez tía del actor, mediante un poder especial, le cedió los derechos posesorios al actor el 29 de noviembre de 2010 a título gratuito, quien a su vez también cedió los mismos derechos a una amiga de su hija, M. E. R., por la suma de $ 12.000, el 10 de octubre de 2011.

b- El juez de grado rechazó la demanda. Para ello tuvo en cuenta que el inmueble en cuestión estaba desde el año 1979 en cabeza de la empresa Cobima S.A. como su titular dominial, y que no se encontraba probada la posesión de R., el poder especial de su hija M. para la cesión de los derechos posesorios a título gratuito, y la posterior cesión del actor a R. por $ 12.000. Dice que aún cuando los boletos acompañados tienen las firmas certificadas ante escribano, no se encuentra probado el contenido de ellos, y que no existe juicio de usucapión alguno que otorgue derechos a los involucrados en esta trama.Tuvo por acreditada la autenticidad del video acompañado a las actuaciones, y la intervención del Intendente del Municipio, y la gravedad de la situación denunciada de ocupaciones ilegales de terrenos en una zona de quintas. La cita de las fuentes, que en este caso surgen de la calidad de los mismos entrevistados, releva de responsabilidad al productor del programa y su emisor. No advierte conducta culpable o dolosa, o que ella hubiera causado daño alguno al actor.

IV- Encuadre jurídico del caso Entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Código Civil (hoy derogado), por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, que a idéntica solución se arribaría aplicando al caso las normas pertinentes de este último cuerpo legal (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley Online AR/DOC/1330/2015). De este modo la responsabilidad civil queda sometida a la ley vigente al momento del hecho antijurídico, aunque la nueva disposición rige -claro está- a las consecuencias que no se encuentran agotadas al momento de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2015, p. 101). Varios son los aspectos que deben tenerse en cuenta para resolver este asunto. Veamos los daños alegados provenientes de una presunta difamación hacia la persona del actor como consecuencia de su testimonio incorporado a un programa periodístico, y por otro, los fundamentos que esgrime el apelante que no fueron analizados por el a quo.Se presenta un conflicto donde está planteada la tensión entre el derecho a la imagen, honor e intimidad, frente al derecho a la información, derivado de la libertad de prensa. El derecho a la imagen es emanación de un derecho personalísimo, cuya tutela, como el derecho al honor o la intimidad, es autónoma y forma parte con aquellos de una categoría amplia: el derecho a la integridad espiritual. La imagen o apariencia de una persona es protegida en forma autónoma, aun cuando también puede o no ella ser sustento de un ataque al honor o su intimidad (ver esta sala “González, M.A. c/ Electronic System SA; s/ordinario” del 17/11/2009; ídem Sala C, “Grondona, Carlos c/Radio Victoria S.A., del 6-5-1982, en ED 99-714; Kemelmajer de Carlucci, A., en Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 2002, Astrea, 3era.reimpresión, T 5, pág. 81 y sus citas; Rivera, Julio César, “Hacia una protección absoluta de la imagen personal. Comentarios sobre la jurisprudencia nacional y francesa”, Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año I, 1988, n°1,pág.36 y sgtes.; Hooft, Irene, “La protección de la imagen”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2006-2, pág.337).

Se ha dicho que el derecho a la imagen es el derecho que tiene toda persona para disponer de su apariencia, autorizando o no su captación y difusión (conf. Ferreira Rubio, El derecho a la intimidad. Análisis del art.1071 bis del C.Civil, Ed.Universitas, pág.115; mismo autor, “El derecho a la intimidad, el honor y a la propia imagen”, JA 1989III-814; Gregorini Clausellas, E.L.; “La violación del derecho a la propia imagen y su reparación”, LL 1996-D-136; Zavala de González, Matilde, Derecho a la intimidad, Ed.Abeledo Perrot, 1982; pág.61, 95 y sgtes.; Rivera, J.C., “Derecho a la intimidad”, LL 1980-D-916; CSJN, Fallos 306:1892 in re “Ponzetti de Balbin, I.E. c/ Editorial Atlántida” del 11/12/1984, LL 1985-B-121; etc.). Los derechos de la personalidad son relativamente disponibles (ver Cifuentes, Santos, Los derechos personalísimos, Buenos Aires, 1974, pág.146; Rivera, Julio César, “Derecho a la intimidad”, LL 1980-D-918), por lo que su titular puede autorizar el conocimiento de su vida privada mediante, por ejemplo, la difusión o publicación de su imagen; pero lo acordado tiene límites estrictos impuestos por la finalidad o circunstancias en las que ha sido prestado (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad civil por violación del der echo a preservar la propia imagen”; ED 171-94). Ahora bien, en atención que una grabación del accionante fue incorporada a un programa televisivo, debe entonces evaluarse la tensión que existe entre el derecho a la libertad de información (protegido en los artículos 14 de la Constitución Nacional, IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el derecho a la imagen y a la intimidad (art.19 de la Constitución Nacional, 1071 bis del Código Civil, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 11 del Pacto de San José de Costa Rica). El ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre ellos, la integridad moral y el honor delas personas (art. 14 y 33 C. N.; Bazterra, Marcela I., Derecho a la información vs. Derecho a la Intimidad, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, págs. 17 y sgtes.). El derecho a buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole de raíz constituconal, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos cometidos en su ejercicio (Fallos 308:789; 321:667). Si bien la libertad de expresión por medio de la prensa goza de linaje constitucional, incluido en el concepto tanto la prensa escrita, oral o visual (conf. Ekmekdjian, Derecho a la información, Depalma,1992, pág.6 y sgtes), idéntica jerarquía tiene el derecho a la privacidad, dentro del cual se encierra la propia imagen consagrada por el art.19 del cuerpo legal citado (conf. “Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios – sumario” , CSJN, Fallos 324:2895, del 25/09/2001, elDial- AAA36, elDial.com – editorial albrematica; ver Salvadores de Arzuaga, Carlos I, “Dignidad, intimidad e imagen: la cuestión constitucional”, LL 1998-D-39 y sgtes.). La CSJN ha señalado en numerosas oportunidades que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos propios mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Pues, dentro del régimen republicano, la libertad de expresión tiene un lugar notable que obliga a una particular cautela cuando se trata de deducir responsabilidades en su desenvolvimiento, pero tampoco ello puede llevar al extremo de asegurar un régimen de impunidad de la prensa, sea ésta escrita, oral o visual, como nuestro caso (Fallos: 119:231; 155:57; 167:121(8); 269:189; 310:508 (9); 315:362; 321:667). Las responsabilidades ulteriores, necesarias para asegurar la integridad de los derechos personalísimos comprometidos, se hacen efectivas mediante el régimen general vigente de nuestra ley común, que tienen su fuente sea en la comisión de un delito penal o de un acto ilícito (art.114 CP; arts. 1071 bis, 1072, 1089 y 1190 Código Civil). La libertad de expresión por medio de la prensa -aquí oral-, goza de linaje constitucional -conf. art. 14 de la Constitución Nacional-, e igual jerarquía tiene el derecho a la privacidad -consagrado por el art.19 del cuerpo legal citado- (Fallos 308:789; 321:667 ; Orgaz, “Personas individuales”, pág.277; Llambias, J.J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, ed. Perrot, 7ma.ed, 1978, T I, pág.283; De Cupis, A. “Il diritti della personalitá”, 1959, Milano, pág.93, citado por Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación, pág.195). Recuerdo que nuestro Máximo Tribunal ha dicho que “El ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas (arts. 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional). De ahí pues, que la exigencia de una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el resguardo de dignidad individual de los ciudadanos no puede calificarse como una obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre.” (conf.”Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios – sumario” – CSJN – 25/09/2001, elDial – AAA36, Copyright © – elDial.com – editorial albrematica). Vemos que junto a la libertad de prensa, existe el derecho a informar: de adquirir por parte de los medios de comunicación el conocimiento de los hechos y transmitirlo, para que la sociedad pueda llegar a deducir enseñanzas de los hechos establecidos, y en su caso, de proponer remedios, de sugerir medidas (conf.doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, fallo del 21/6/1989, in re “Texas vs. Johnson” 109 Supreme Court Report 2533 (1989) que resulta apropiada a nuestro caso). Así, la información es valorada como un “bien público” donde la sociedad en sí misma tiene derecho a que la información circule en forma eficaz, porque ello es un presupuesto para el funcionamiento eficiente de un agregado de individuos como lo es la sociedad civil (conf. Lorenzaetti, Las normas fundamentales de derecho privado, 1995, pág.439 citado por Ramón D. Pizarro en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, coord. Highton-Bueres, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2003, T 4C, comentario en “Responsabilidad de los medios masivos de comunicación”, pág.188; ver también Ramón D. Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pág.61 y gstes.).

No obstante, la libertad de prensa, al igual que el resto de las libertades constitucionales, como ya lo expresé ut supra, no reviste el carácter absoluto (conf. art.28 CN). La libertad de prensa debe armonizarse -algunos hablan de establecer un orden jerárquico, ej. Ekmekdjian- con los restantes derechos constitucionales, entre ellos el de la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas, en especial cuando exista un ejercicio abusivo del mismo (conf. CSJN, 11/12/1984 in re “Ponzetti de Balbín, I.c/Editorial Atlántida S.A.”, LL 1985-B-121; ídem del 15/5/1986, “Campillay, J. c/ La Razón, Crónica y Diario Popular”, ED 118-305; ídem del 12/3/1987, “Costa, H.c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros” ED 123-128; ídem del 18/4/1989 in re “Portillo, Alfredo” JA 1989II-657). Frente al conflicto entre la libertad de expresión y los derechos personalísimos, entiendo que ello debe dilucidarse sobre el caso concreto, por ello se habla de una jerarquía móvil (ver Oscar Flores, Libertad de prensa y derechos personalísimos: criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, “Honor, imagen, e intimidad”, T 2006-2, pág.305 y sgtes.; Ricardo Guastini, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho. Gedisa, Barcelona, 2000, pág.171), sin disquisiciones dogmáticas a priori, o en abstracto, adoptando una postura doctrinaria moderada consistente en contrapesar las diferentes circunstancias susceptibles de valoración jurídica (conf. entre otros Ramón D. Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pág.111; y jurisprudencia concordante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Ponzetti de Balbín, I c/ Editorial Atlántida S.A.”, “Campillay, Julio C. c/La Razón, Crónica y Diario Popular”; “Costa, H. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros”; “Portillo, A.”; entre otros). Siguiendo tal línea, se ha indicado que “si la libertad de expresión es fundamental para la subsistencia del sistema democrático, resulta fácil concluir que la afirmación de hechos verídicos en temas de interés público [.] no puede ser objeto de sanción por el poder estatal. Esto es así aunque la afirmación pueda afectar, de algún modo, el honor de algunos de los involucrados. En este punto -entonces- la tutela del honor y la reputación personal deben ceder ante la libertad de expresión” (Bianchi, Enrique T. y Gullco, Hernán V., El derecho a la libre expresión, La Plata, Platense, 1997, pág. 130; CNCiv., Sala F, “Sala, Raúl Armando c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.s/ daños y perjuicios” , del 26/06/2007, revista El Derecho del 28/02/2008). Observamos a través de la jurisprudencia de la CSJN dos estándares o pautas sobre el conflicto planteado, una que surge de la doctrina del caso “Campillay, Julio César c/ La Razón, Crónica y Diario Popular” (Fallos: 308:789, del 15/5/1986; y desarrollada posteriormente en causas como “Abad” y “Granada”, Fallos:315:632;; y 316:2394), y la otra de la real malicia, que tuvo su primera alusión en el voto del juez Petracchi in re “Ponzetti de Balbín” (Fallos 306:1892, del 11/12/1984) y su incorporación definitiva a fines de 1996, con las decisiones de “Morales Solá” (Fallos 319: 2741, del 12/11/1996); “Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros” (Fallos 319:3428, del 27/12/1996); y más recientemente in re “Patito, José Angel y otro c/ Diario La Nación” (Fallos 331:1530, del 26/4/2008). Podemos sintetizar las pautas objetivas sentadas por la CSJN en la doctrina “Campillay” como aquéllas según las cuales un medio periodístico no responderá por la difusión de información que pudiera resultar difamatoria para un tercero si cumple con alguna de las siguientes pautas: 1-cuando se propale la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente, y de ser posible, transcribiéndola; 2-cuando se omite la identidad de los presuntamente implicados; 3- cuando se utilice un tiempo de verbo potencial (CSJN, in re “C., J. C. c/ La Razón, Crónica y Diario Popular” del 15/5/1986, Fallos 308:389). Ello fue llamado por el Juez Fayt como “un criterio o test de tercerización de la noticia” a trav és del cual la Corte señaló con toda precisión “cuáles eran los límites del derecho de dar información” (ver Carlos Fayt, La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre la comunicación y el periodismo.Estrategias de la prensa ante el riesgo de extinción, La Ley, Bs.As., 2001, pág.211 y 164). Junto a la doctrina precitada, se encuentra la “real malicia”, con la finalidad de establecer un estándar genérico para determinar la responsabilidad de los medios de prensa ante la difusión de hechos inexactos, erróneos o falsos que pudieran lesionar derechos personalísimos de un funcionario público o personas públicas, o personas involucradas en cuestiones de interés general, elaborada sobre la base de la doctrina sentada por la Corte Suprema de USA en el caso “New York Times vs. Sullivan”, de 1964 (376 US.254-1964). Con la doctrina de la real malicia “se busca que llegue a conocimiento del público informaciones sobre circunstancias que, al momento de brindarse la información, parezcan razonablemente ciertas; pues es preferible proteger la libertad de informar sobre hechos aun cuando todavía no se tratara de verdades inconmovibles. Si posteriormente la información resultara incorrecta, ello no generaría el deber de reparar, porque de lo contrario, el proceso de comunicación padecería de restricciones incompatibles con la vida republicana” (del dictamen de la Procuradora, in re “Moslares, J.L. c/Diario La Arena; s/ daños y perjuicios” del 21/11/2007 y sentencia de la CSJN del 26/3/2013, M 2674, XLI). Conforme esta doctrina cuando la información se refiere a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones de interés general, aún si la noticia fuera falsa o inexacta, aquellos que se consideren afectados tendrán que probar que quien la difundió conocía la falsedad de la misma y obró con intencionalidad” (conf. CSJN, in re “R., H. c/ Editorial Tres Puntos” y “O., N.M.c/T., M”; ver Marcela Basterra, “La Corte se pronuncia a favor de la libertad de expresión, reafirmando la doctrina de la real malicia”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año II, nº 9, La Ley, Buenos Aires, octubre 2010, pág.257). Considero que esta última postura resulta inaplicable al caso de autos, por cuanto las noticias derivadas de la investigación periodísticas no fueron falsas. A continuación ampliaré sobre esta cuestión.

V-Imputatio facti

a-De acuerdo al análisis de las probanzas de la litis, en especial de la videograbación del programa periodístico GPS, donde se presentó una emisión titulada “Industria Okupa”, se puede ver que existió una investigación periodística con la conducción a cargo del periodista Graña, que visitó in situ zonas de la provincia de Buenos Aires, que estaban siendo usurpados por personas que luego acompañaban “papeles” para justificar derechos sobre fundos baldíos, e incluso, a veces, con alguna “casa”, tal cual cascarón -sin terminar interiormente, solo un cubo con cuatro paredes de madera y techo plástico, sin funcionalidad como hábitat- para justificar la posesión “pacífica” de los predios. En la apertura del programa se dijo que lo usual es que los lotes y casas se vendan con escrituras, pero hay zonas de la provincia que eso no acontece, sino que hay “vivos” que ofrecen y venden lotes de otros, y luego ponen casillas para que se queden a vivir. En esa emisión se presentó el Intendente de General Rodríguez, explicando el modus operandi de ciertas organizaciones, quienes prestaban sus servicios para “plantar casas” en un plazo de menos de dos horas, junto a múltiples declaraciones de personas -entre ellos vecinos-, que daban cuenta de las usurpaciones dentro de una zona residencial de quintas, en lo que es el cuarto cordón del conurbano.Informa el funcionario municipal de numerosos llamados diarios de denuncia de usurpaciones a la Policía y la Intendencia, y luego de ventas de lotes a valor inferior al real, y siempre con presentación de papeles para darle visos de buena fé. En ese entrevero fue filmada la Sra. R. y su pareja junto al Intendente, en sede policial. Ella alegó haber comprado el bien al actor – también ahí presente-, quien expuso que lo había adquirido de otra persona. Dijo D. que el predio era de su tía, que conoce la zona desde hacía 17 años, que ella había hecho reclamos en la municipalidad por diferentes temas, dos o cuatro años antes. Reconoció que R. no podía escriturar y que él no había escriturado, que había firmado un boleto de compraventa ante escribano, y que los papeles estaban en orden, reiterando que la compradora junto a su pareja demostró que adquirieron el terreno. El programa a continuación fija una imagen como zócalo bajo el título “No tenían los papeles en regla”.

b-Vayamos por pasos En este expediente el actor presentó dos copias de boletos de compraventa. El primero, titulado “Cesión de derechos posesorios”, fue celebrado entre E. T. M., nacida el 25 de abril de 1935, divorciada, DNI 0.702.755, domiciliada en Arévalo 2706 de Capital Federal -como cedente- con el actor D. y J. M. M. -como cesionarios- por el cual la primera les cedía gratuitamente los derechos posesorios, y éstos declaraban conocer las condiciones de dominio del inmueble y tomaban a su cargo cualquier trámite para obtener el título, estando sus firmas certificadas ante la escribana M. A. Q., Titular del Registro número Dos del Partido de General Rodríguez, de fecha 29 de noviembre de 2010 (fs.4/5). El segundo boleto, denominado “Cesión de boleto de compraventa” fue celebrado entre D. y M.-cedentes- con M. E. R.-cesionaria- por el mismo inmueble por un precio de $ 12.000, pagadero una parte ($5.000) al contado, y el resto en cuotas mediante pagarés, no se dice nada sobre el título o escritura del bien. El acuerdo tiene las firmas certificadas ante el escribano Néstor Darío Rombolá, titular del Registro Tres de Ituzaingó, fechadas el 13 de octubre de 2011 (fs.6/8). La Sra. R. declaró en su deposición en sede civil que el día que fueron a poner una casilla, previa compra del terreno baldío al padre de una amiga -vgr. D.- aparecieron los patrulleros y le dijeron que se fueran del predio. En la comisaría, a donde ellos fueron llevados y donde también concurrió D., explicaron la situación diciendo que los papeles estaban en orden. Expuso que aún se mantenían a esa fecha en el lugar (fs.147/8). La copia de la videograbación fue entregada por la empresa Onda Ciudad SRL, que acreditó la autenticidad del pago de la copia del programa del 17 de abril de 2012 emitido por América TV en el programa GPS /ver fs. 192), y sobre ello no hubo impugnación alguna en tiempo oportuno (conf. art.403 CPCC). Las contestaciones de demanda de los accionados dan muestras claras de su reconocimiento, haciendo todo un despliegue sobre su desarrollo que condice con su contenido (conf.art.386 CPCC). Ahora bien, según se desprende del informe de dominio obrante a fs.187, el titular dominial del lote era desde el año 1979 la empresa Cobima S.A.; circunstancia conocida por el actor, quien sabía que no era el dueño del bien, tal como se desprende no solo de los documentos acompañados, sino especialmente de su intervención en el programa emitido por televisión, en el que participó gustoso, sin oponer ninguna clase de reparos a esa grabación -me remito a las imágenes observadas en el video-. Viendo desde el punto de vista jurídico la situación del actor, tenemos que no tenía una posesión legítima, sino ilegítima, en tanto no era ejercida conforme un título suficiente que cumplía con las formalidades exigidas por la ley para transmitir los derechos reales sobre inmuebles; tampoco tenía un justo título (conf. art.2351, art.2355, 4010 y cc C. Civil). Según los dichos del actor vertidos tanto en la demanda, como en la grabación, recibió la posesión de su tía; es decir, de una persona que era familiar suyo, no un desconocido. E. T. M., pariente del actor, le habría entregado la posesión y cedido los derechos derivados de ella conforme a un poder especial de su madre M. R., o sea, su tía abuela (ver demanda, “situación legal del inmueble”, fs. 24vta.; y explicaciones verbales obtenidas en el video). Pero aquí aparece un dato absolutamente relevante, y es que esa famosa tía de quien dijo que le transmitió los “derechos posesorios” con un DNI “0.702.755” nunca podría haber nacido en el año 1935. Movida por una curiosidad sana, en razón que esa numeración documental no coincide con la franja etárea de la década, pude obtener información en Internet de la cual se desprende que la Sra. E. T.M., con el mismo domicilio fijado en el boleto y bajo el número de documento denunciado, nació en el año 1907, aspecto que habría sido o debió ser corroborado por la escribana certificante de la firma. Ergo M. debía tener a la fecha de la firma del boleto 103 años (!) -ver pág.web. http://www.buscardatos.com/personas-. Entiendo que es un caso claro de sustitución de persona, porque dada la edad que debería tener la cedente nunca pudo transmitirle los derechos derivados de la posesión. Arribo a esa conclusión de acuerdo a las probanzas de autos analizadas bajo el tamiz de la sana crítica (conf. art. 386 CPCC), en tanto el Intendente y quien recogió la denuncia policial, dijo que fueron llamados por una usurpación en el predio, lugar donde recién estaban colocando una casilla la Sra. R. y su pareja. Es cierto que “tenían papeles”, pero ellos no los legitimaban como dueños, o sea, titulares dominiales; a lo sumo la Sra. R. podría ser poseedora.

c- Esa emisión televisiva fue un programa periodístico que giraba en torno a las usurpaciones de viviendas en el conurbano, como un problema social, que enfrentaba a usurpadores y propietarios, y daba cuenta de numerosos testimonios de situaciones de usurpaciones, demostrando cual era el modus operandi de aquellos que trataban de darle un ropaje de legalidad a sus actos -vgr. “papeles”- por medio de los cuales ofrecían y vendían lotes que no les pertenecían.No advierto ningún daño que pudiera causarle al actor la grabación que luego fue emitida por América TV, más cuando él sabía que el terreno no le pertenecía, y que su “tía” -parentesco tampoco acreditado- difícilmente hubiera podido cederle los derechos posesorios dado que seguramente ya estaba muerta a la fecha de suscripción de la “Cesión”. También es inverosímil que ella haya ido a la Municipalidad a los 100 años para radicar denuncias, tal como expuso en su testimonio, lo que por otra parte nunca acreditó. La información periodística fue veraz, no hubo deformación de la realidad, sino la muestra clara y contundente de una forma de accionar que permite usurpar terrenos. Fueron filmaciones de testimonios y actos de personas que daban cuenta de esa realidad. Uno de los entrevistados dijo claramente que primero cortaban el pasto, que si no pasaba nada luego ponían las casillas y los vendían a bajo precio; que en ello intervenían agrimensores, abogados; etc. En realidad, y valga la aclaración, tenían muy en claro los protagonistas del conflicto que la finalidad era arribar a la adquisición del dominio por usucapión -me remito a las declaraciones del video- mediante el tránsito de un largo camino como es la posesión por más de 20 años en forma ostensible y pacífica (conf. art.1900, 1899 y cc CCC), o en su caso, mediante la aplicación de la ley de regularización dominial. Recordemos que los fundamentos que han sido dados para la existencia del instituto de la prescripción adquisitiva son varios. Por una parte permite consolidar la posesión, y de ese modo asegurar la estabilidad de la propiedad; y por otro, proteger el interés de la sociedad que da primacía al poseedor frente al propietario, quien se desentendió de la cosa, sin explotarla, cuidarla o repararla.Es una institución milenaria que conserva plenamente su salud, más en países con gran superficie territorial como el nuestro, donde la usucapión permitió también ir saneando la imperfección de los títulos. Pero esta circunstancia apuntada, no quita que la usurpación en sí sea un acto ilícito de ocupación; y en definitiva, la muestra periodística no se apartó de las consignas que pregonaba, y de la que no resultó ajeno el accionante. No observo daño al honor o a la imagen del actor, en tanto fue él mismo quien se involucró en esta situación que fue comunicada por el medio periodístico, quien ejerció tanto el derecho de informar, como el de libertad de prensa, al brindar información veraz, apoyada en múltiples testimonios e imágenes, incluida la “justificación del acccionante” sobre la venta del terreno de “su tía”. La noticia de las usurpaciones tuvo en ese momento relevancia pública, y tenía una entidad que justificaba su trato periodístico informativo (conf. parámetros de la doctrina Campillay). En resumen, no advierto responsabilidad alguna que pueda ser atribuida a las demandadas a título de culpa (conf. art. 1109, 512, 902 y cc C. Civil). Viendo la cuestión desde otro enfoque, y si por vía de hipótesis realizásemos un encuadre bajo la órbita de la responsabilidad objetiva -que opino no es el caso, de acuerdo a las nuevas directivas del Código Civil y Comercial, conf. art.1721, art.1722 y art.1724- se observa claramente la existencia de un eximente como es el hecho de la víctima, que fracturaría el nexo causal (conf.art.1113, 513, 514 y cc CC).

VI- No vale la pena seguir ahondando en este juicio sobre esta cuestión, la que ya considero agotada, sin perjuicio de proponer que se ordene una comunicación mediante oficio por Secretaría al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que arbitren los medios que consideren necesarios para aclarar la situación acontecida en autos respecto de la escribana M. A. Q., titular del Registro Dos del Partido de General Rodriguez, Prov. de Buenos Aires, conforme el Libro de Requerimiento n° 60, Acta 223, F°223 de fecha 29 de noviembre de 2010 en el que habría participado la Sra. E. T. M. DNI 0.702.755 nacida según dice su información el 25 de abril de 1935, cuando en realidad fue el 11 de abril de 1907, y en su caso, de considerarlo apropiado la institución luego de las investigaciones administrativas pertinentes que remita copia de las actuaciones a la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, propongo confirmar el decisorio de grado y la imposición de costas, en tanto no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota. Con costas de Alzada también al apelante (conf. art.68 CPCC), lo que de este modo propongo al Acuerdo de mis distinguidos colegas.

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de junio de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación, con costas de Alzada a la apelante vencida. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese. FDO. José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.