Aunque el objeto social no contemple la posibilidad de otorgar fianzas, si la sociedad se obliga ante terceros ha de proceder la ejecución hipotecaria

proteccion-al-consumidorPartes: G. D. V. SGR c/ R. S.A. s/ ejecución hipotecaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 24-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-99970-AR | MJJ99970

Procede la ejecución hipotecaria, ya que una sociedad tiene capacidad suficiente para obligarse ante un tercero como garante de otra aunque el objeto social no contemple expresamente la posibilidad de otorgar fianzas o avales.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título y hacer lugar a la ejecución, ya que una sociedad tiene capacidad suficiente para obligarse ante un tercero como garante de otra aunque el objeto social no contemple expresamente la posibilidad de otorgar fianzas o avales, en tanto pudo haber asumido el carácter de fiadora por razones de conveniencia comercial, máxime cuando ello fue autorizado por el directorio de la emplazada con pábulo en la relación comercial existente entre las sociedades garantidas y la apelante.

2.-De acuerdo a lo establecido por el art. 1092 del CcivCom., no sólo son considerados consumidores aquellos sujetos que han intervenido de manera directa en la relación de consumo, sino también quienes se hallan conectados por el vínculo entre proveedor y consumidor, como sería la situación de quien constituyó una contragarantía para avalar a la deudora, socia partícipe de una sociedad de garantía recíproca, frente a la sociedad y por las garantías que ésta, a su vez, le otorgó.

3.-Si no puede enmarcarse la relación entre la sociedad de garantía recíproca y su socia partícipe en una relación de consumo, mal puede aspirar la recurrente (tercera) a prevalerse de la legislación tuitiva del consumidor, sobre todo cuando ella misma afirma que el otorgamiento de la hipoteca excede su objeto social.

4.-Los propósitos que persigue la Ley 24.467 no permite su encuadramiento en la hermenéutica del art. 3° de la Ley 24.240, y dicha conclusión es extensible a los fiadores atento el carácter accesorio que reviste la fianza respecto de la obligación principal.

Fallo:

Buenos Aires, 24 de junio de 2016.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

1. Se alza la ejecutada contra la sentencia de fs. 251/253, por cuanto la juez de grado desestimó sus excepciones de incompetencia e inhabilidad de título y mandó llevar la ejecución adelante. El debate se integra con el dictamen del Fiscal General, que obra glosado a fs. 292/293, en el que se propicia la confirmación del dictum (en lo pertinente). 2. Se agravia en primer término, por la desestimación de su defensa de incompetencia, excepción que sustentó en la nulidad de la cláusula contractual de prórroga de competencia territorial (cláusula sexta) y las previsiones legales sobre defensa del consumidor, fundamentos que no fueron atendidos en la instancia de grado y sobre los que insiste en esta alzada. La normativa invocada no es otra que el art. 36 in fine de la ley 24.240 y, su sucedáneo, el art. 1109 del Código Civil y Comercial de la Nación. La a quo consideró que la recurrente, quien gravó su inmueble con una hipoteca para garantizar las obligaciones asumidas por la deudora, no se encuentra comprendida dentro de los supuestos reglados por las disposiciones legales invocadas, habida cuenta que en el caso no se trata de un crédito para adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal. La crítica ensayada no resulta suficiente para enervar el razonamiento de la juez.

Si se repara en el segundo apartado del art.1092 del Código Civil y Comercial, se advierte que no sólo son considerados consumidores aquellos sujetos que han intervenido de manera directa en la relación de consumo, sino también, quienes se hallan conectados por el vínculo entre proveedor y consumidor, como sería prima facie la situación de la apelante que constituyó una contragarantía para avalar a la deudora, socia partícipe de una sociedad de garantía recíproca, frente a la sociedad y por las garantías que ésta, a su vez, le otorgó. Sin embargo, a poco que se examinen los contratos celebrados entre la socia partícipe y la SGR se revela que la primera destinó los avales para acceder a financiamiento en la actividad que realiza (venta de agroquímicos y otros insumos para el agro), es decir, para un proceso de comercialización y distribución, y no como destinataria final (conf. fs. 4, 5 y 28). De manera que, si no puede enmarcarse la relación entre la sociedad de garantía recíproca y su socia partícipe en una relación de consumo, mal puede aspirar la recurrente (tercera) a prevalerse de la legislación tuitiva del consumidor, sobre todo cuando ella misma afirma que el otorgamiento de la hipoteca excede su objeto social. En el sentido expuesto tiene dicho la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que los propósitos que persigue la ley 24.467 no permite su encuadramiento en la hermenéutica del art. 3° de la ley 24.240, conclusión extensible a los fiadores atento el carácter accesorio que reviste la fianza respecto de la obligación principal (“Garantizar SGR c/ Elso, Tamara Eliana Moira s/ ejecutivo”, del 3-12-2009; ídem, “Garantizar SGR c/ Zamero, Enrique y otro s/ ejecutivo”, del 23-12-2010; íd., “Garantía de Valores SGR c/ Buron Ricardo, Buron Guillermo y Buron Gustavo s/ ejecutivo” , del 27-9-2011). Como corolario de todo lo expuesto, los reproches sobre el asunto analizado no tendrán favorable acogida. 3.El recurso contra el rechazamiento de la excepción de inhabilidad de título reconoce tres vertientes críticas. La primera de ellas refiere al argumento inaugural de la ejecutada acerca de la caducidad de la garantía hipotecaria, expiración que la apelante sostuvo y sostiene desde la base del plazo de cinco años por el que se instituyó la garantía (conforme se estipuló en el contrato). Su pretensión fue desestimada por la a quo quien razonó que dicho término aludía a la contragarantía y no a la caducidad de la hipoteca. Pese al esfuerzo argumental de la apelante, de la lectura del instrumento público que obra glosado a fs. 22/36, y en particular de su apartado tercero y cláusula tercera del apartado primero, se desprende que el plazo en cuestión se relaciona con la garantía (o contragarantía) que asumió respecto de las obligaciones contraídas por los socios partícipes durante ese lapso (24-02-2010 al 23-02-2015) y no con la vigencia de la hipoteca, de modo que la determinación de la juez sobre el tópico es correcta. 4. Otro reproche contra la habilidad del título pretende sustentarse en que la constitución de la hipoteca importó un acto notoriamente extraño a su objeto social, además de ser celebrado a título gratuito. Interesa recordar, que la sociedad queda obligada por todo acto realizado por su representante legal que no sea notoriamente extraño al objeto social. Esta última expresión permite concluir que ante la duda el acto hace al objeto social, y debe tenerse presente que el objeto social indica actividades y no actos, por tanto, aquél no limita la capacidad de derecho de la sociedad respecto de los actos que ésta puede realizar.En consonancia con lo expuesto precedentemente se ha considerado que una sociedad tiene capacidad suficiente para obligarse ante un tercero como garante de otra aunque el objeto social no contemple expresamente la posibilidad de otorgar fianzas o avales, ya que bien pudo haber asumido el carácter de fiadora por razones de conveniencia comercial (cf. Romano, Alberto A., comentario al art. 58 de la Ley de Sociedades, en Código de Comercio Comentado y Anotado, Dir. Rouillon, Adolfo, T° III, p. 129 y ss, ed. La Ley; CCiv. y Com. Mar del Plata, sala II, 19-10-2004, Banca Nazionale de Lavoro c/ Pascal, Jorge A. y otros, LLBA 2005 (junio), p. 570). En este marco interpretativo, no se advierte en el supuesto de autos la esgrimida exorbitancia del acto, que por lo demás y como bien lo señala la juez, fue autorizado por el directorio de la emplazada con pábulo en la relación comercial existente entre las sociedades garantidas y la apelante (v. fs. 206, acta de directorio n° 25). A lo que cabe añadir (bien lo apunta la ejecutante en su memoria) que tal decisión de los representantes legales de la sociedad se replicó cuatro meses después, al menos en la disposición unánime de la asamblea (con la totalidad de los accionistas presentes) cuando se autorizó el otorgamiento de fianza frente a una entidad bancaria y para garantizar a las mismas empresas que el caso de autos, destacándose el evidente beneficio para la recurrente en razón de la vinculación económica y de negocios existentes entre ellas, entre otras motivaciones, y poniendo énfasis en que dicho otorgamiento de fianza contribuía al cumplimiento del objeto social y que no contravenía de ningún modo las disposiciones estatutarias (v. acta n° 13, fs.137/138). Tampoco la apelante ha alegado que el ejecutante actuó en desmedro de la buena fe con conocimiento efectivo de la exorbitancia (arg. art. 58, 1ª parte, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, T.O.1984), de haberla habido claro está, en cuyo caso a la recurrente le competía acreditar tales circunstancias, aunque en un ámbito de debate más amplio que el que admite el proceso ejecutivo. En suma, este agravio no habrá de ser admitido.

5. Finalmente, y con relación a la crítica sustentada en la falta de exigibilidad de la deuda, se advierte que en el concurso del socio partícipe el crédito se verificó con carácter condicional (v. fs. 148/178). Es útil recordar liminarmente un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual, si bien por aplicación del art. 280 del Código Procesal se desestimó el remedio federal interpuesto, quienes votaron en disidencia examinaron el fondo del asunto. Se sostuvo allí, que frente al supuesto de una hipoteca constituida por un tercero (art. 3121 del Código Civil), resulta necesario, en principio, librar mandamiento de intimación de pago contra el deudor, ya que no se puede rematar un inmueble que pertenece a un tercero – que no se ha obligado personalmente al pago de la deuda personal- sin haber oído previamente a quien contrajo esa deuda. De tal modo, no sólo se requiere el pago de la obligación, sino que se le da la oportunidad de oponer las defensas admisibles en el limitado marco del juicio ejecutivo. No obstante, también se afirmó que cabía hacer excepción a ese principio y admitir la posibilidad de dirigir la acción sólo contra el tercero constituyente, sin incorporar al proceso al deudor obligado en carácter personal, cuando no resulta pertinente el emplazamiento de éste último por imperio de lo dispuesto por el art. 21, primer párrafo, y conc. de la ley 24.522 y el acreedor ha verificado su crédito en el concurso del deudor, decisión que produce los efectos de la cosa juzgada (art.37 ley cit.). En tales condiciones, si el deudor ha sido citado a ejercer su derecho de defensa con relación al crédito que es materia de ejecución hipotecaria ante el juez competente, habiéndose rechazado su planteo y admitido la procedencia del crédito, reabrir nuevamente esta etapa en el juicio ejecutivo importaría duplicar lo actuado, con el consiguiente dispendio jurisdiccional y peligro de sentencias contradictorias (CSJN, Fallos: 331:1287, Dorma Sistema de Controles para Portas S.A. c/ Alejandro Víctor Szlago , 28-52008, del voto en disidencia de los ministros Fayt, Maqueda y Zaffaroni). En ese piso de marcha corresponde señalar que la cosa juzgada que prevé el art. 37 de la LCQ posee efectos fuera del trámite concursal, por lo que la existencia del crédito no puede discutirse en ningún ámbito y la cosa juzgada es oponible no sólo al deudor, que no podrá cuestionar otra vez su obligación, sino también a todos los acreedores, hubieran o no participado del procedimiento. Y si la proyección ultraconcursal de la cosa juzgada de la sentencia de verificación alcanza a todos los acreedores, igualmente se extiende al fiador del concursado, ya que se trata de un acreedor concursal en el sentido de que puede llegar a tener un crédito futuro contra el deudor afianzado (que nacerá cuando pague la obligación debida por el concursado), susceptible de verificación como crédito condicional (cf. CNCom., Sala D, in re Scagliusi Lorenzo s/ Concurso Preventivo s/ incidente de revisión promovido por el HSBC Bank Argentina, del 22-9-08). De manera que el efecto de la cosa juzgada de la verificación del crédito de autos también alcanza al hipotecante del sub lite. Lo expuesto, sella con suerte adversa el reproche en análisis. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de fs. 251/253 en todo cuanto allí se decide y fue materia de recurso. Con costas a la apelante vencida (art. 69 del ritual). Los honorarios se regularán oportunamente (arts. 14 de la ley 21.839). Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, y al Fiscal General en su despacho; oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del RJN).

Carlos A. Bellucci

Carlos A. Carranza Casares