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YO QUIERO SER SU CONVIVIENTE Y USTED?

Separación* Por Ileana Oliva de Blaser, Jueza de Paz de La Calera Provincia de Córdoba – Programa de Promoción de Derechos y Acceso a la Justicia. ileanaoliva@hotmail.com

Desde el primero de Agosto del 2015 que se modificó el Código Civil y Comercial, que rige a todo lo largo y ancho de nuestro país, a aquellas personas que se encontraban en pareja como “concubinos”, es decir, juntos, en aparente matrimonio durante cierto tiempo, pero sin estar casados, esta ley madre los reconoció, otorgándole derechos y obligaciones a sus integrantes. El hecho histórico que representa semejante modificación legislativa en un país, merece ser difundida hacia toda la población, dado que el Código civil es la ley madre que nos rige y atraviesa desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, dado que todos nuestros movimientos como ciudadanos, aunque no tengamos plena conciencia de ello, esta alcanzada y regulada por el Código Civil, algo tan simple como prender la luz al despertarse, tomarse el colectivo para ir a trabajar, ser atendido en un hospital, toda la vida y la misma muerte, están reguladas allí. Esta información debe llegar a toda la población, de una manera sencilla, accesible y entendible, teniendo los profesionales del derecho, la obligación moral de contribuir con esta tarea de educación ciudadana. Por eso, en esta oportunidad, te contamos, cuales son los derechos y las obligaciones que tenés si vivís en pareja. El código Civil y Com. reconoció, le puso luz, y visibilizo a todas aquellas parejas, que vivían en las sombras de la ley en concubinato, como antes se les llamaba, a las cuales, hasta aquel entonces la ley ignoraba, con el argumento “si los concubinos ignoran a la ley, la ley los ignora a ellos”.- Este reconocimiento, significo un cambio de modelo cultural, para pasar y adoptar el modelo social de la MULTICULTURALIDAD. Antes, las leyes estaban hechas para sociedades homogéneas, y para cierta clases y grupos de personas, solo se reconocía al hombre, de raza blanca, con educación, y con cultura, invizibilizando a  la mujer, al resto de las razas, a los vulnerables, y a todo aquel que no encajaba en aquel modelo social. Hoy, el Nuevo Código nos otorga libertad cultural, y la ley, así, no puede más contrariar ni juzgar la forma de vivir o de relacionarse del ciudadano de este siglo 21, ni imponer o prohibir modelos de familia, sino reconocer y dar protección a esas relaciones, como sucedió con hace poco tiempo con el matrimonio igualitario, tocándole el turno hoy a los convivenciales. El reconocimiento legal de esta institución social y familiar, ha sido una de las incorporaciones más relevantes que ha tenido esta reforma, dado que con ella se han roto ciertos “prejuicios”, producto, del cambio de paradigma por el que hoy atravesamos como sociedad del siglo XXI, Debido al progresivo incremento del número de personas que optan por organizar su vida familiar a partir de una unión convivencial, lo que constituye una constante en todos los sectores sociales y ámbitos geográficos, por ello, es que la ley no puede ir a contramano de “las olas del mar”. Antes de esta Reforma del Código Civil, ya se habían reconocido algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la pensión del concubino, el derecho de extenderle la protección de la obra social, además de ciertos reconocimientos que se habían dado a través de las sentencias de los Jueces. Desde la obligada perspectiva de derechos humanos, el nuevo régimen les reconoció a los convivientes el derecho a la vida familiar, a la dignidad de la persona, a la igualdad, a la libertad, a la intimidad y la solidaridad familiar, y a la autonomía de la voluntad, es decir la libertad de optar entre casarse y no casarse, cualquiera sea la orientación sexual de la pareja. En este contexto, el nuevo código reconoció efectos jurídicos a la convivencia de pareja, pudiendo ahora los ciudadanos la posibilidad de optar por diferentes formas de organización familiar (la matrimonial y la convivencial), cada forma con sus efectos, derechos y obligaciones, dejando en claro que los matrimonios y las uniones convivenciales NO están asimiladas. Lo lingüístico, la manera de referirse a este tipo de uniones, implico también un cambio, se abandonó la forma peyorativa, negativa, con que se nombraban “concubinato, familia de facto, parejas estables, unión marital de hecho, matrimonio aparente o la unión de hecho”, para pasar a denominarse “uniones convivenciales”, lo que releva el cambio de la censura social y jurídica por lenguaje más inclusivo, dado que el lenguaje no es neutro. La conciencia social ha dejado de lado la consideración negativa, y ha reconocido que las personas que no se casan forman parte del amplio espectro de formas de vivir en familia. La “unión convivencial” significa, la convivencia, es decir, compartir la vida, en pareja, con otra persona, fundada en el afecto, y con independencia de la orientación sexual de sus integrantes, en aparente matrimonio, es uno de los elementos estructurales de esta forma familiar. El término “unión” tiene la ventaja de su consolidación social y jurídica. Esta terminología no abarca una única modalidad, sino una pluralidad de manifestaciones con características similares, pero no idénticas. Jóvenes que cohabitan antes de casarse (a modo de “prueba”); parejas que han decidido mantenerse al margen del matrimonio en forma consciente y voluntaria; uniones de sectores sociales excluidos o vulnerables en los que se trata de una práctica generalizada, y algo no dicho por los autores, por eso lo agregamos, también muchas parejas con elevado poder adquisitivo o con un patrimonio abultado, que le escapaban al matrimonio, por no querer caer bajo el régimen de comunidad de bienes, etc. REQUISITOS: Como? *Relación AFECTIVA * De carácter SINGULAR * Con manifestación PÚBLICA * De manera NOTORIA * De manera ESTABLE * Con PERMANENCIA * Que conviven y comparten UN PROYECTO DE VIDA EN COMUN. Cuantos? * Dos personas, sean del mismo o de diferente sexo. Tiempo?  * Desde dos años de convivencia. Edad? * Mayores de edad (mayores de 18 años). Así, no toda pareja, que viva “bajo un mismo techo” sin casarse, constituye jurídicamente una convivencia. Para ello, se necesita, que la unión sea particularmente basada en el afecto, que la misma sea pública, es decir “los amantes” no encuadran en esta institución, debe tener una estabilidad, y debe ser permanente para poder llevar adelante un proyecto de vida en común. El nuevo Código, al legislar esta institución, ha seguido una postura acorde a varias legislaciones extranjeras y leyes nacionales que otorgan determinados efectos a las uniones convivenciales (por ej., el derecho a pensión, la continuación de la locación ante el fallecimiento del locatario) que exigen un plazo de permanencia y estabilidad mínima de la unión. No se le reconocen efectos a las uniones de personas menores de edad, por lo deben tener 18 años en adelante, ni tampoco a los que tengan vínculos de parentesco (en línea recta, ni colateral hasta segundo grado, ni por afinidad -la familia política-). Debemos prestar atención, porque la ley no ha incluido dentro de estas “Uniones Convivenciales”, a las personas que aun conviviendo desde hace tiempo, no se han divorciado del cónyuge del cual hace incluso muchos años, se encuentran separados, por lo tanto para la ley, se encuentran aún casados. Como así tampoco, puede haber una nueva Unión Convivencial, si existe una convivencia anterior registrada y subsistente. En cuando al tiempo de convivencia, se determinó un plazo de dos años, en busca de resguardar la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad que puede derivarse de la indeterminación del tiempo. El paso por el Registro Civil: A PRACTICA IMPLICANCIAS DEL NUEVO CODIGL Y Los convivientes, tienen ahora la facultad, la posibilidad (no es obligatorio) de registrar su unión en el Registro Civil, trámite que actualmente se realiza en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas de la Provincia (calle Caseros 356 Córdoba Capital), acompañando una Declaración Jurada con dos testigos hábiles, realizada por la Policía (quien debe confeccionar esta DDJJ debe ser un personal policial de la carrera de Oficiales), y en el interior provincial, en aquellos lugares donde haya Juzgado de Paz, ante ellos. Igualmente, las convivencias que no se registran y que cumplen todos los requisitos mencionados pueden ser reconocidas como tales y generar los efectos jurídicos pertinentes a pesar de su falta de registración, si prueban todos los recaudos por otros medios. La registración no es un requisito para la existencia o configuración de las convivencias, sino para facilitar su prueba y, en algún caso, para oponibilidad a los terceros. De lo que se deduce, que la inscripción, es a los fines “declarativos”, y no constitutivos. Cabe aclarar además, que la Unión Convivencial, no causa estado, es decir no modifica el estado civil, y en caso de optar por la registración, debe ser solicitada por ambos convivientes ante el Registro Civil General de la Provincia (de calle Caseros, Córdoba capital). La Declaración Jurada de Convivencia: Este “papel de la convivencia” es lo que comúnmente se conocía como el Certificado de Convivencia, que en realidad, es una Declaración Jurada, donde los convivientes junto a dos testigos hábiles, declaran bajo juramento de ley, decir verdad sobre el “hecho de la convivencia”, la cual es avalada por los dos testigos. Estos, deben ser testigos hábiles, dado que para que la declaración tenga virtualidad jurídica, los testigos no les debe comprender las generalidades de la ley (no deben ser parientes, no deben ser acreedores, ni deudores de los convivientes, ni amigos ni enemigos, ni tener pleitos pendientes), y deben conocer de manera personal sobre el hecho que declaran, tomándose dichas declaraciones en un acto formal, bajo juramento, cuya falsedad está penada por el Código Penal con pena de prisión de hasta cuatro años y seis años. Esta declaración jurada, la debe tomar una persona que da fé de lo que los intervinientes del acto han declarado ante sí, es decir, ante personal policial de la carrera de oficiales, Jueces de Paz y Secretarios de Paz, y Escribanos, debiendo revestirse este acto de una formalidad y seriedad propia a la importancia que ahora este documento tiene, es decir, que los testigos no puede ser cualquier persona, o una persona que de manera circunstancial por ejemplo se encuentre en la vereda de la comisaria, y a la cual no le consta el hecho que se declara, siendo usual esta práctica, lo que hizo que el acto perdiera veracidad y credibilidad. Así, los testigos también declaran además sobre la inexistencia entre los convivientes de vínculos de parentesco entre ellos, como así también que los convivientes no tienen “ligamen”, esto quiere decir que son solteros, o divorciados, o viudos. Los nuevos Derechos y Obligaciones: *El Pacto: Los convivientes, pueden celebrar por escrito lo que se llama el “Pacto de Convivencia”, que sirve a los fines de dejar establecido por ejemplo como serán las cargas que cada uno haga para el hogar convivencial, la atribución del hogar y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura. Estos pactos pueden ser modificados tantas veces lo quieran los convivientes. Estos pactos, si o si deben inscribirse para que tengan validez y además puedan ser invocados ante terceras personas. Se inscriben no solo en el Registro Civil, sino también ante los Registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor, en caso que el pacto tenga clausulas sobre este tipo de bienes. Ahora, bien en caso de inexistencia de pacto, cada conviviente es titular de la administración y disposición de los bienes de los que es titular, es decir, que lo que compre cada uno a su nombre es de cada uno “sin pacto cada uno vota con su libreta, como dice el dicho; lo tuyo es tuyo y lo mío es mío”. Aunque esto no es absoluto, y tiene límites que se encuentran para proteger a la familia. * La protección Familiar: si bien los bienes que compre cada uno, son de cada uno, esto tiene un límite a favor de aquel conviviente que puede resultar desprotegido y desfavorecido, así si la convivencia se inscribió, la vivienda asiento de la convivencia, y los muebles indispensables, que no pueden ser vendidos ni cedidos si los convivientes no están de acuerdo. En caso que uno de los convivientes disponga de estos bienes sin el asentimiento del otro, el que no ha dado su asentimiento puede pedir judicialmente la nulidad del acto dentro del plazo de seis meses de haber conocido ese hecho, y siempre que continuase la convivencia. Tampoco la vivienda familiar puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. El avance de protección que dio el nuevo código en este punto, ha sido más que importante, dado que con el régimen anterior, si los concubinos no probaban además ser “socios de hecho”, el titular de la vivienda, con total tranquilidad no solo que podía disponer del inmueble en el que estaba asentada la vida familiar, sino que además, podía entablar una acción de desalojo con éxito. Este ha sido el sentido en el que numerosos fallos han resuelvo causas de Desalojos en contra de concubinos sobre la casa donde quedaba viviendo generalmente la concubina y los hijos aun frutos de ese concubinato. * La compensación económica: Esto se da para los casos, en que alguno de los convivientes, sufra a raíz de la ruptura de la pareja, un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación por causa de la convivencia y su ruptura sea compensado, de modo similar al supuesto del divorcio. Esto, está pensado para reparar aquellas situaciones en las que generalmente atraviesan las mujeres, que por cuestiones socioculturales, suele ser quien al separarse de su conviviente, quizás ya con edad avanzada, y sin haber forjado oficio, empleo o alguna profesión, y por no haber sido la que aportaba el sustento económico, termina en situación de desventaja, hecho que en el antiguo régimen, no se compensaba de ninguna forma, salvo, que pudiera probar la existencia de una sociedad de hecho, y como varios fallos han sostenido, no toda convivencia implicaba la formación de una “sociedad de hecho”, también podían darse situaciones en las que quien no “trabajaba puertas afuera”, y quien aportaba los ingresos económicos era el hombre, tras la ruptura, aquella quedaba desprotegida, sin bienes, sin sustento, y con años y esfuerzos invertidos en vano, dado que ni siquiera podría acudir a la protección de la figura de la sociedad de hecho, por no poder probar ingresos y aportes económicos de ningún tipo. Así, para casos de desequilibrio económico, o patrimonial, se tiene derecho a una compensación, que puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez. * Deber de asistencia: De la misma manera que lo establece en la institución matrimonial, en las relaciones convivenciales, se introduce la obligación de los convivientes de asistirse mutuamente, por ser derechos básicos que hacen a la solidaridad familiar. EN EL FUERO DE LA JUSTICIA DE PAZ DE CÓRDOBA * Contribución a los gastos del hogar: Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos, esto implica que los gastos que sean para el mantenimiento cotidiano de la familia, deben ser soportados por ambos, por ejemplo la compra del supermercado o la “libreta del almacén”, gastos domésticos de la vivienda, servicios. GUIA PRACTICA IMPLICANCIAS DEL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL EN EL * Necesidad de avisar al otro que no va más… (fin de la convivencia): Así como las parejas que están casados, cuando llegan a su fin, deben divorciarse, para el caso que lo convivientes se “separen”, la ley ha dispuesto, que aquel conviviente que desee romper con la unión convivencial, deberá “notificarle al otro de manera fehaciente” su voluntad en ese sentido, por lo que imaginamos, que este supuesto, para que cumpla con el requisito de la fehaciencia, deberá operativizarse mediante una carta documento, o bien mediante acta de notificación notarial, a menos que lo hagan de común acuerdo, y deseen realizar una declaración jurada dejando constado el fin de la relación. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común.

También, la unión convivencial tiene fin cuando uno de los integrantes fallece; o por declaración de ausencia con presunción de fallecimiento; por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros; por el matrimonio de los convivientes. * Reconocimiento de la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad a la finalización de la convivencia: Aquí es donde con el régimen anterior, sucedían uno de los mayores desequilibrios, dado que quien por cuestiones socioculturales, es la mujer quien se “quedaba en la casa” haciéndose cargo de la familia, crianza y educación de los hijos, podía pasar que tras la separación quedara sin bienes, sin casa, y sin posibilidad financiera de procurarse esos bienes por que en muchas situaciones carecía de profesión u oficio o de actualización y capacitación laboral como para reinsertarse en el mercado laboral formal. Ahora, el nuevo código ha dado valor económico a estas tareas puertas adentro del hogar, de la misma manera que ha reconocido valor económico la colaboración prestada en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente. * Derecho al uso de la vivienda familiar: El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos: Si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad; si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. En estos casos, el juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, aunque el conviviente dueño del inmueble, puede pedir una renta compensatoria por ese uso. Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Con esta previsión legal, se ha dado una gran protección a la vivienda familiar en la que se asienta el vínculo convivencial, dado que en el anterior régimen, los juicios de desalojos del conviviente no propietario del inmueble, aun cuando dicho inmueble era donde vivían hijos de estas parejas, prosperaba sin mayores problemas. * Derecho de la atribución de la vivienda en caso de muerte del conviviente dueño de la vivienda: El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del fallecido, que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas, aunque este derecho desaparece si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta. De este modo, el conviviente tiene protegida la vivienda, pero su derecho es más débil que el derecho real de habitación gratuito reconocido al cónyuge. Estos eran casos, que en el régimen anterior, eran susceptibles de Juicios de Desalojos, donde al conviviente supérstite se lo desalojaba, no pudiendo este invocar ninguna protección al respecto. * Distribución de los bienes: Dijimos, que a falta de pacto, y con excepción de los bienes que hacen al funcionamiento domestico del hogar en lo que respecta a la disposición y enfrentamiento de estos gastos, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio de aquel conviviente que los adquirió. Esto destierra y pone luz a la falsa “creencia popular” que existía, que los bienes que se adquirían durante una relación convivencial eran de ambos convivientes. Un ejemplo paradigmático que lo que sucedía antes de la reforma del código, se dio en un caso judicial en el que disuelta una pareja de concubinos, uno de ellos le reclamo al otro la devolución de ciertos bienes muebles que formaron parte del ajuar de la vivienda asiento de aquella relación afectiva, reclamo que también incluía la devolución de un perro Basset Haund de nombre “Bauty”, que era la mascota de pareja.

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