No acreditada la disponibilidad de unidades y personal de seguridad vial, la Unidad Ejecutora debe responder por el accidente de tránsito sucedido.

accidente choque autoPartes: Oneglia Graciela c/ Guerchetti Rubén s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 11-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99355-AR | MJJ99355

La Unidad Ejecutora resulta responsable por su propia omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues no acreditó contar el día del siniestro con unidades automotoras y personal afectado a la seguridad vial.

Sumario:

1.-Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la demandada -Unidad Ejecutora-, ello en tanto recae sobre ella la carga de acreditar las eximentes de responsabilidad que le asisten, y en el caso el cumplimiento de los recaudos a su cargo, situación que no aconteció en autos, pues la codemandada no acreditó contar con unidades automotoras y personal afectado a la seguridad vial.

2.-No corresponde apartarse de las conclusiones arribadas en la sentencia, por cuanto si bien el art. 22 del Reglamento de Explotación expresa que los usuarios y terceros serán responsables de todo daño que pudieran ocasionar a otros usuarios y a terceros, la responsabilidad atribuida a la Unidad Ejecutora no resulta de la conducta desplegada por un tercero, sino por su propia omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por tanto resulta inaplicable como eximente de responsabilidad.

3.-La Unidad Ejecutora tiene la obligación de suprimir las causas que originen peligrosidad para los usuarios de la ruta, es responsable del incumplimiento de las leyes, debe disponer de un sistema de vigilancia con unidades móviles, debe adoptar las medidas adecuadas para que no circulen unidades o equipamientos que por sus características comprometan la marcha de los usuarios o puedan ser causal de accidentes de tránsito, se encuentra facultada para impedir la circulación de todo vehículo que no se ajuste a las normas vigentes relativas a requisitos y estado de los mismos y el personal del Ente Concesionario que éste determine a dichos efectos, tiene carácter de autoridad en ausencia de otra Estatal, debiendo los usuarios obedecer sus indicaciones, las que tendrán fuerza de obligatoria.

4.-Los intereses deben devengarse desde el momento en que se produjo el perjuicio ya que no se requiere la constitución en mora cuando se trata de una obligación extracontractual derivada de un hecho ilícito y la demandada no cumplió inmediatamente su obligación de resarcir y la sentencia recurrida ha fijado una tasa de interés moratorio desde la fecha del hecho (no una actualización), lo que se encuentra dentro de las facultades judiciales conferidas por el art. 245 CPCC.

5.-En lo que respecta a la duplicidad de la tasa dispuesta por el Tribunal ante el caso de incumplimiento; es de destacar que constituye una facultad discrecional de los jueces imponer intereses sancionatorios para el caso de incumplimiento de sus sentencias; incumplimiento que se verificaría en autos de quedar firme el decisorio, lo que acaece al vencimiento del plazo sin que se conceda el Recurso de Apelación Extraordinaria, de modo tal que no resulta arbitrario, ni carente de fundamento la aplicación del doble de la tasa, en virtud de lo normado por los arts. 622 CCiv. y 245 CPCC.

Fallo:

Rosario, 11 de marzo de 2016.

VISTOS: Los presentes caratulados «ONEGLIA, GRACIELA C/ GUERCHETTI, RUBEN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte N° 154/05, para resolver sobre el Recurso de Apelación Extraordinaria interpuesto por la codemandada, UNIDAD EJECUTORA CORREDOR VIAL N°6, representada por los Dres. Marcelo Pablo Manassi y César Mauricio Montefeltro, a fs. 1097/1112, contra la Sentencia N° 288 de fecha 18/12/14 que obra a fs. 1062/1076.

La recurrente realiza una reseña del caso de autos y un análisis preliminar de los requisitos rituales, para luego fundar su recurso en el apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio (art. 42, inc. 1 ° , L.O.P.J. Nro. 10.160), apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42, inc. 3° LOPJ) y apartamiento relevante que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva circunscripción judicial (art. 42, inc. 4° LOPJ)

Quedan así los presentes en estado de emitir pronunciamiento

definitivo.

CONSIDERANDO: 1. Que en el juicio de admisibilidad que corresponde realizar al Tribunal Colegiado se comprenden tres niveles, conforme doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de los precedentes «Cerrutti, Armando» y «Nasurdi, Rubén», que parten de los aspectos mere-rituales, para continuar luego con un examen de las razones que el recurrente invoca para avalar su pretensión. En este segundo paso no sólo el motivo alegado debe coincidir en abstracto con alguna de las causales que prevé el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -nivel segundo- sino que debe juzgarse «prima facie» si media un mínimo nexo entre aquel motivo y la realidad concreta de los autos -nivel tercero-.

2.- Sentado lo expuesto, y a fin de evaluar el primer nivel de análisis del recurso, observamos que el mismo ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva del Tribunal Colegiado, dentro del plazo legal para hacerlo (Notificación de fecha 20/04/15 e interposición 06/05/15), por quien se encuentra legitimado para recurrir. Además, dicho recurso ha sido presentado en el lugar y forma correctos, ya que se formuló ante este Tribunal, por escrito. Expresando genéricamente cual es el pronunciamiento que se pretende (art. 567 del C.P.C.): «pretendemos del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, el juicio favorable de admisiblidad, y en consecuencia la concesión del recurso de apelación extraordinaria por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Distrito de Rosario». (Fs. 1097vta)

3. – Verificado lo anterior, en un segundo nivel deben analizarse las causales invocadas por la recurrente, en el caso, que el motivo alegado debe coincidir en abstracto con alguna de las causales que prevé el art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y en un tercer nivel, si media «prima facie», un mínimo nexo entre aquel motivo y la realidad concreta de los autos.

3.1.- La recurrente introduce su primer agravio fundado en el art. 42 inc 1) LOPJ, apartamiento de las formas sustanciales estatuídas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante, debido a arbitrariedad en la ponderación de la prueba, apartamiento de elementos decisivos, falta de motiviación suficiente en su valoración y por sustentarse el fallo en afirmaciones dogmáticas.

3.1.1.- Manifiesta que el Tribunal entiende que la Unidad Ejecutora violó la obligación de seguridad, que tiene un factor de atribución de responsabilidad objetivo. Expresa que dicha obligación de seguridad se aplica sólo a relaciones contractuales, por lo que mal puede el Tribunal aplicarla en el caso de autos, pues de ese modo está violando la norma del art.69 de la Ley 10160 que determina que en casos que versen sobre litigios por responsabilidad de origen contractual y extracontractual, es competente el juez en lo civil y comercial.

Al respecto corresponde destacar que la legitimación pasiva de la Unidad Ejecutora del Corredor Vial N° 6 de la Ruta Provincial N°14 de Santa Fe, ha sido atribuida por la actora en su escrito de demanda en carácter de consesionaria de la ruta en la que acaeció el siniestro, con fundamento en su deber de seguridad, así como por la propia recurrente, como asimismo, la omisión en su deber de custodia y de realizar aquello que es indispensable para preservar la seguridad.

En consecuencia, ha tenido conocimiento de la imputación efectuada por la actora, consintiendo el tratamiento del factor de atribución alegado. A mayor abundamiento esta instancia no constituye la etapa procesal oportuna para opoer el agravio introducido.

3.1.2.- Sostiene que esta causal también se configura por cuanto el tribunal tampoco indica en qué consistiría la obligación de seguridad supuestamente violada por la Unidad Ejecutora o cual habría sido la conducta omitida y de qué modo la misma hubiera evitado el accidente. Considera que no se entiende cuál debió haber sido la acción que debió desplegar la Unidad Ejecutora para evitar que en tan solo 500 metros el automóvil embistiera al camión.Considera que el Tribunal está exigiendo algo imposible en cabeza de la demandada.

Basta remitirnos al fallo recurrido para advertir que el Tribunal se ha explayado detalladamente sobre las obligaciones de seguridad a cargo de la Unidad Ejecutora, las que surgen de la Ley 11204, del Decreto 461/95, del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales, Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Concesión de Obra Pública, Pliego Técnico Particular del Corredor Vial N° 6 de la Ruta N° 14, Reglamento de Explotación del Corredor Vial, Contrato de Concesión.

De dicha normativa se desprende que la Unidad Ejecutora tiene la obligación de suprimir las causas que originen peligrosidad para los usuarios de la ruta, que es responsable del incumplimiento de las leyes, que debe disponer de un sistema de vigilancia con unidades móviles, que debe adoptar las medidas adecuadas para que no circulen unidades o equipamientos que por sus características comprometan la marcha de los usuarios o puedan ser causal de accidentes de tránsito, que se encuentra facultado para impedir la circulación de todo vehículo que no se ajuste a las normas vigentes relativas a requisitos y estado de los mismos, que el personal del Ente Concesionario que éste determine a dichos efectos, tiene carácter de autoridad en ausencia de otra Estatal, debiendo los usuarios obedecer sus indicaciones, las que tendrán fuerza de obligatoria, como asimismo que en ausencia de la autoridad pública destinada a la policía de seguridad y de tránsito, la autoridad del Ente Concesionario es obligatoria para los usuarios.Ello claramente enmarca en una omisión imputable.

Recae en cabeza de la codemandada la carga de acreditar las eximentes de responsabilidad, que le asisten, y en el caso el cumplimiento de los recaudos a su cargo, situación que no aconteció en autos.

3.1.3.- Entiende que el Tribunal incurrió en errores de conceptualización en las supuestas obligaciones que se encuentran estipuladas en los Pliegos y Reglamento de Explotación, atento que éstos hacen referencia a un sistema de vigilancia con móviles ubicados como base en la estación de peaje, pero dicha vigilancia está dada en función a recorrer la ruta para advertir la presencia de objetos o animales sobre la ruta, pero no para detener vehículos como podría hacerlo la autoridad pública. Expresa que quien detenta el poder de policía para detener la marcha de vehículos que supuestamente circulen antirreglamentariamente es la Agencia Provincial de Seguridad Vial y que de ningún modo la Unidad Ejecutora tiene poder de policía alguno para detener vehículos que se encuentran circulando, sí puede impedir el paso por la Estación de Peaje a aquellos vehículos que no cumplan con los requisitos para la circulación, sin embargo el camión de Guerchetti jamás pasó por la estación de peaje.

Expresa que luce como afirmación dogmática la obligación que el fallo endilga a la Unidad Ejecutora relativa a que debió haber realizado conductas para evitar la circulación del camión de Guerchetti a pesar que el mismo recién se había incorporado a la ruta tan solo unos aproximados 500 metros antes de ser embestido por Menna. Aduce que la oblgiación asumida por la Unidad Ejecutora se limita al mantenimiento de la ruta en cuanto a su carpeta asfáltica, banquina y desmalezado, no encontrándose prevista la obligación de tener que controlar todos los caminos rurales que confluyen a la ruta y menos aun todo el tiempo.También entiende probado que la Unidad Ejecutora carece de poder de policía sobre la ruta, facultad estatal que no fue delegada por la Provincia.

Basta remitirnos a la normativa referenciada, para evidenciar que no asiste razón a la recurrente en la conclusión arribada.

Surge del Art. 25 del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales, que «El concesionario queda obligado a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del mismo. El Concesionario podrá restringir la circulación cuando razones de seguridad o urgencia lo exija» (inc. a); «El personal del Concesionario que este determine a dichos efectos, tendrá el carácter de autoridad en ausencia de otra Estatal debiendo los usuarios obedecer sus indicaciones, que tendrá fuerza obligatoria hasta tanto se ratifique o anule, por el funcionario u órgano quien competa la adopción de medidas sobre el particular» (inc. c).

Asimismo, del Reglamento de Explotación del Corredor Vial art. 29 surge que «En ausencia de la autoridad pública destinada a la policía de seguridad y de tránsito, la autoridad del Ente Concesionario es obligatoria para los usuarios y podrá adoptar, con carácter transitorio, debiendo formular de inmediato, cuando así corresponda, la denuncia pertinente ante la autoridad policial o requerir su presencia. A tales fines será plenamente aplicable el último párrafo del artículo anterior», el que reza, «el personal del Ente Concesionario que éste determine a dichos efectos, tendrá carácter de autoridad en ausencia de otra Estatal, debiendo los usuarios obedecer sus indicaciones, que tendrán fueraza de obligatoria hasta tanto se ratifique o anulen, por el funcionario y órgano a quien competa la adopción de la medida sobre el particular» (art. 28).

En consecuencia, el Ente Concesionario, a través del personal que determine a sus efectos, tiene caracter de autoridad en ausencia de otra Estatal, resultando obligatoria para los usuarios, contando entonces con facultades para ejercer el poder de policía de seguridad víal en dichos términos.

3.1.4.- Agravia al recurrente la Sentencia atacada, por cuanto sin analizar las pruebas rendidas, expresa que la Unidad Ejecutora no demostró contar con vehículos para patrullaje, cuando a fs. 1050/1055 obran las instrumentales públicas acompañadas por su parte consistentes en Planillas de informes de supervisores y patrulleros que dan cuenta que el día del accidente se enviaron a los dos móviles de la Unidad Ejecutora y que los patrulleros al llegar al lugar pidieron ambulancias, bomeros y policías.

Conforme se desprende del fallo recurrido, el Tribunal entendió que la codemandada no acreditó contar con unidades automotoras y personal afectado a la seguridad vial. Dicha conclusión se ve ratificada por los propios dichos de la recurrente, al cuestionar que no se tuvo en cuenta que el día del accidente se enviaron «a los dos móviles de la Unidad Ejecutora», en tanto no se acreditó que los dos vehículos de la Unidad Ejecutora estuvieran destinados a patrullaje en el día del hecho. Claramente otra omisión imputable a la recurrente.

3.1.5. – Expresa que la ocurrencia del hecho se debió a la concurrencia de conductas del Sr. René Menna -culpa de la víctima- y del Sr. Rubén D. Guerchetti -culpa de un tercero-, atribuyéndose la responsabilidad en un 50% a cargo de cada uno, lo que configuran eximentes de responsabilidad a la luz del art. 1113 2° párrafo del Código Civil, determinando la falta de responsabilidad de la Unidad Ejecutora. Manifiesta que la Unidad Ejecutora fue condenada en un 50%, al igual que Rubén Guerchetti, cuando este último demandado fue además condenado penalmente por homicidio culposo por haber concurrido en la causa eficiente del accidente.

Yerra la recurrente en el planteo introducido, por cuanto la circunstancia de que se haya atribuido una responsabilidad concurrente en un 50% a cargo del Sr. Rubén Darío Guerchetti y un 50% a cargo del Sr.René Nicolás Menna, no implica la falta de responsabilidad de la Unidad Ejecutora, atento las distintas causas por las que se atribuye responsabilidad a cada una de las partes.

La Unidad Ejecutora sólo se ve alcanzada por el 50% de responsabilidad atribuida al Sr. Menna por culpa de la víctima, no así por el 50% atribuido al Sr. Guerchetti, pues el hecho de que haya existido culpa de un tercero no la exime de su deber de seguridad. La codemandada no responde en autos por la conducta del Sr. Guerchetti, sino por su propia omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, y respecto del actor toma la responsabilidad en la proporción del fallo, solidariamente con el otro demandado 8art. 1081 C.C.).

En conclusión, los agravios introducidos se limitan a cuestionar la valoración de la prueba producida en autos, que conlleva a la atribución de responsabilidad efectuada por el Tribunal a su representada.

Sin embargo, el Tribunal no se ha apartado de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio y que el agravio introducido por la recurrente se limita a exponer su disconformidad con las consideraciones del tribunal pero sin alcanzar la entidad necesaria para encuadrar en la causal casatoria. Se trata de una cuestión de valoración de prueba ajena al marco excepcional del Recurso de Apelación Extraordinaria. Por ello, «la recurrente no demuestra que la conclusión a la cual arribó el a quo sea irrazonable o carezca de sustento en las constancias de autos. En tales condiciones, la arbitrariedad fáctica que se alega no supera airosamente el límite impuesto por el art. 560, inc. 7°) del CPCC, respecto de la irrecurribilidad de las cuestiones de hecho.»

Sobre la causal del inciso 1° del art. 42 de la LOPJ, la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha dicho: «El análisis de la causal contemplada en el art. 42 inc. 1° de la L.O.P.J.bajo el cuadrante casatorio impone señalar que las cuestiones fácticas y probatorias son, naturalmente, ajenas al recurso, salvo hipótesis de absurdo. Es decir, no es tarea casatoria el re-examen íntegro del proceso, pues la finalidad de aquella se limita a confrontar si ha sido aplicado el derecho correctamente a los hechos definitivamente fijados y valorados por los jueces de la causa. A su vez, el absurdo, como circunstancia que autoriza este recurso extraordinario, esencialmente casatorio, es un remedio último y justificable sólo en casos excepcionales, pues no lo constituye cualquier decisión que se estime equivocada o injusta, sino la que escapa a las reglas de la lógica formal y las transgrede, aquello que es impensable o inconcebible por haber quedado al margen del raciocinio.»

«La doctrina casatoria ha dicho que la ponderación de la prueba constituye una materia ajena, en principio, al recurso extraordinario, aún en aquellos casos que pudiera aparecer como opinable o discutible para alguno de los interesados, ya que el medio impugnativo premencionado no debe convertirse en otra instancia ordinaria, más allá de la valoración de la prueba en su acierto o error, lo poco o mucho convincente de aquélla, pues la teoría del absurdo es un remedio excepcional y último agregado al ordenamiento jurídico para evitar la inequidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho» (Acuerdo N° 140 del 29 de octubre de 1998 dictado por la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en la causa «Champier, Claudio C. c/ Stella, Sergio M. y Ot.s/ Daños y perjuicios»).

Ello debido a que el recurso de apelación extraordinario está previsto para aquellas situaciones en que el Tribunal de grado se aparta arbitrariamente de la prueba rendida en el juicio, arribando a conclusiones que carecen de todo fundamento, pero no para casos como el de autos en los que se trata de una diferente valoración de la prueba respecto de la que realiza el Tribunal.

3.2.- En segundo término la recurrente introduce la causal de apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42 inc. 3 LOPJ).

3.2.1.- Alega que el Tribunal debió aplicar íntegramente el art. 1113 párrafo 2° del C.C, que la culpa de un tercero (Guerchetti) y de la víctima (Menna), determinadas por circular sin luces traseras en un caso y en el otro por la violación de la velocidad precuatoria y del límite máximo dispuesto para ese tramo, fueron las únicas causas eficientes en la producción del siniestro, lo que permite concluir que la causalidad del suceso aparece como configurada por este obrar del tercero y de la propia víctima, sin que pueda conectarse el resultado a acción y omisión alguna de la Unidad Ejecutora.

Destaca que no hay ningún factor de atribución a título de culpa por parte de la Unidad Ejecutora y tampoco hay factor alguno de atribución de responsabilidad objetiva ya que se configura en el caso de autos dos de las causales eximentes de responsabilidad establecidas en el art. 1113 del C.C.Por fractura del nexo causal.

Entre los codemandados la responsabilidad es solidaria en la proporción de la concurrencia atribuida en la Sentencia.

Dicho agravio constitiuye una reiteración del expuesto precedentemente, por lo que en honor a la brevedad nos remitimos a las consideraciones allí efectuadas.

3.2.2.- Asimismo, manifiesta que el apartamiento del texto de la ley también se ha configurado al no haberse declarado la falta de responsabilidad de la Unidad Ejecutora en base a las normas de la Ley Nacional de Tránsito, en virtud de los arts. 50 y 64, los que determinan obligaciones legales en cabeza del tercero y de la propia víctima, tales como el empleo de velocidad precuatoria y de los límites máximos vigentes, como asimismo una presunción de responsabilidad en la causación de un accidente en toda aquella persona que haya cometido una infracción relacionada con la causa del mismo.

Conforme se desprende del fallo cuestionado, dicha normativa ha sido analizada por el Tribunal a la hora de valorar las conductas desplegadas por la actora y por el codemandado Guerchetti, no viéndose configurada la causal introducida por la recurrente.

3.2.3.- También se agravia de que el Tribunal se haya apartado de las previsiones de los arts. 22, 28 y 52 del Reglamento de Explotación.

Reseña que el art. 22 dispone que los usuarios serán responsables de todo daño que pudieran ocasionar a otros usuarios y a terceros, y que esta responsabilidad no podrá ser trasladada al ente concesionario.

Se agravia por cuanto la Sentencia en recurso entiende que la responsabilidad de la Unidad Ejecutora no se halla enervada por lo establecido por el art. 22 del Reglamento de Explotación, en tanto la codemandda no responde en autos por la conducta de Guerchetti sino por su propia omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que también constituye una afirmación dogmática.

Destaca que el art.28 dispone que la policía de tránsito, seguridad y conservación serán ejercidas por la autoridad pública, es decir que no se ha delegado ese poder de policía a la Unidad Ejecutora, lo que se corrobora con el art. 52 que dispone que la Concesionaria tendrá obligación de proveer los medios necesarios a fin de que los organismos competentes organicen y ejecuten los controles que se detallan a continuación:. . luce s de los vehículos, de su uso reglamentario de día y de noche.

No corresponde apartarnos de las conclusiones arribadas en la Sentencia, por cuanto si bien el art. 22 del Reglamento de Explotación expresa que «Los usuarios y terceros serán responsables de todo daño que pudieran ocasionar a otros usuarios y a terceros. Esta responsabilidad no podrá ser trasladada al Ente Concesionario», la responsabilidad atribuida a la Unidad Ejecutora no resulta de la conducta desplegada por el Sr. Guerchetti, sino por su propia omisión en el cumplimeinto de las obligaciones a su cargo. Por tanto resulta inaplicable como eximente de responsabilidad.

Respecto al art. 28, dicha norma no excluye las facultades concedidas por los arts. 25 del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y 29 del reglamento, que la facultan expresamente a ejercer el poder de policía en ausencia de otra autoridad Estatal.

3.2.4.- Se agravia, asimismo, de que el Tribunal se haya apartado del texto del art. 69 de la LOPJ según el cual la competencia en caso de responsabilidad contractual descansa en un juez civil y comercial de distrito, por cuanto el Tribunal decidió responsabilizar a la demandada en virtud de una obligación de seguridad.

Reiteramos que dicha defensa no fue introducida en la etapa procesal oportuna, habiendo consentido la demandada la competencia de este Tribunal, pese a la atribución de responsabilidad atribuida por la actora en su escrito de demanda. Y por ello, ante la normativa del art. 2 LOPJ no constituyye esta la etapa del planteo de incompetencia por encontrarse precluido el derecho del recurrente.

3.2.5.- También introduce el apartamiento del texto del art. 1074 del C.C. por cuanto sólo puede considerase la existencia de una omisión cuando una disposición legal impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido, y en el caso de autos el Tribunal no menciona cual habría sido la acción omitida y cuál es la norma que dispone dicha obligación en cabeza de la Unidad Ejecutora.

Basta remitirnos al fallo recurrido para advertir que el tribunal se explaya in extenso respecto a las obligaciones incumplidas por parte de la Unidad Ejecutora. En consecuencia dicho agravio no ha de prosperar.

3.2.6. – Finalmente se agravia por el carácter atribuido a la Unidad Ejecutora de persona jurídica no estatal distinta a los miembros que la componen. Aduce que dicha conceptualización no se desprende ni de la Ley 11204 y/o de las normas derivadas de la misma, por cuanto estos consorcios públicos no generan una persona jurídica distinta a las Comunas miembros que lo integran. Cita dictámen de Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe N°618/2000.

No se advierte de la Sentencia atacada los términos vertidos por la recurrente, por cuanto el Tribunal ha referenciado que la ley 11204 autoriza al Poder Ejecutivo, a otorgar concesiones de obras viales a Municipios y Comunas vinculadas y/o Unidades Ejecutoras, como asimismo que la tarifa o peaje a implementar, compensará las obras y los servicios brindados; expresa el art. 5°, que los Municipios y/o Comunas entre sí, podrán constituir mediante convenios, unidades ejecutoras a los fines contemplados en la ley, y que éstas serán consideradas personas jurídicas o consorcios públicos, contenido que se reitera en el Anexo I del Decreto N°461/95, reglamentario de la ley 11.204.

Asimismo se consignó que el Estatuto de la Unidad Ejecutora demandada, adopta la forma de la persona jurídica como un Consorcio Público (art.1).

Respecto a la causal introducida, «Cabe recordar que la Corte local que ha sido particularmente enérgica al señalar que ‘la causal del inciso 3° del art. 42 de la ley 10.160 exige, rigurosamente, que el apartamiento del texto expreso de la ley sea manifiesto; lo cual implica que el juzgador de primer grado haya decidido un litigio a base de texto no vigente o prescindiendo por completo de normativa expresa y reguladora del problema debatido» (CSSF, doctrina de Benítez V. Berretoni (A. Y S. 103-63), invariablemetne reiterada) , situación ésta que en modo alguno se configura en autos.

Con igual criterio, la Sala III de nuestra ciudad ha sostenido que «corresponde reputar configurada la susodicha causal, única y exclusivamente cuando la decisión respectiva resulte arbitraria, siendo mutatis mutandi aplicables en la especie los postulados de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a la sentencia arbitraria en orden a la concesión del recurso de inconstitucionalidad provincial y/o del extraordinario federal. El texto del art. 42 inc. 3 Ley 10.160 guarda estrechos puntos de contacto con la teoría de la sentencia arbitraria por mediar contradicción contra fundamentos normativos aplicables. Da pie a la tacha de arbitrariedad de la sentencia el hecho de haberse fundado en textos legales no vigentes y también en la circunstancia de haberse apartado irrazonablemente de la norma aplicable en principio al caso. Por lo dicho, pues, se impone verificar si lo resuelto por el a quo se apoya en una aplicación de fundamentos normativos irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador porque sólo en el supuesto de que dicha compulsa arroje un resultado positivo podrá considerase a lo decidido en la instancia de origen como arbitrario, y consecuentemente, susceptible de ser revisado a través del recurso de apelación extraordinaria».

3.3.- Finalmente, funda su recurso en la causal de apartamiento de relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad (art. 42, inc.4° LOPJ), en cuanto a la tasa de intereses dispuesta por el Tribunal.

Cita como precedente, el Acuerdo N° 443/99, dictado por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, dentro de los autos caratulados «Calabrese, Sandra y ots. C/ Aufe S.A. S/ daños y Perjuicios» Expte. N° 218/08, Acuerdo N° 86/11, dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, dentro de los autos «Fernandez, Delia c/ Las Delicias Transp. Automotor s/ Daños y Perjuicios» Expte. N° 374/09, Acuerdo N° 143/11, dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo civil y Comercial de Rosario, dentro de los autos «Galatioto, Monica V. C/ Guma, Alberto F. Y Ots. S/ Daños y Perjuicios» Expte. N° 134810 y Acuerdo 305/14, dictado por la Sala IV de la Cámra Civil y Comercial de Rosario, dentro de los autos «Fernandez, Ana María c/ Semtur y Ot. S/ Daños y Perjuicios» Expte.N° 122/14, los cuales posteriormente acompaña en copia certificada.

Entiende aplicables al caso de autos tales resoluciones, puesto que en las mismas se declaró que no corresponde aplicar los intereses desde la fecha del hecho, sino desde la sentencia que cuantificó los daños con valores actualizados, y que tampoco corresponde aplicar la tasa promedio entre activa y pasiva, tal como ilegítimamente lo dispusiera el Tribunal.

Considera que el Tribunal, cuantificó los daños a valores actualizados a la fecha de la sentencia del 18/12/14 a pesar que el hecho ocurrió el 29/05/2000, es decir 15 años atrás y condenó al pago de una tasa promedio entre activa y pasiva del Nuevo Banco de Santa Fe, lo que significa actualizar dos veces el monto del reclamo, con el consiguiente enriquecimiento ilícito para los actores.

Cabe advertir que los precedentes traídos a consideración por la recurrente, no contienen una «idéntica cuestión de derecho», conforme lo que exige la ley.

Al respecto la Sala 4§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha reiterado que: «el art.42 inciso 4° de la ley 10.160 exige que haya existido un apartamiento de la interpretación de una idéntica cuestión de derecho, por lo que la utilización de la expresión «idéntica» que ha realizado la ley no puede ni debe ser reemplazada, en los hechos, por «análoga», «afín» o locuciones semejantes» (28-2-95, «Muzzo c/ Alturi s/ Daños y perjuicios»).

Al no existir, en el caso, la «identidad’ exigida por la norma, el apartamiento invocado por la recurrente en torno a esta causal tampoco reúne las características establecidas por la ley, por lo que el agravio esgrimido resulta improcedente.

Asimismo, en materia de daños, los intereses se adeudan desde el hecho causal por tratarse de intereses moratorios y la tasa de interés determinada en todo concepto no contempla ganancias de repotenciación del capital que conduzca a un enriquecimiento sin causa para el actor.

En este sentido, «los intereses deben devengarse desde el momento en que se produjo el perjuicio ya que no se requiere la constitución en mora cuando se trata de una obligación extracontractual derivada de un hecho ilícito y la demandada no cumplió inmediatamente su obligación de resarcir» (CNEspCIvCom, Sala VI, «Schmidt, Alberto O. C/ Schiaffino, Osavaldo C. s/ sumario», 14/02/84; citado en «Accidentes de tránsito», tomo 2, Hernán Daray, Editorial Astrea, pag. 384 y stes.).

La sentencia recurrida ha fijado una tasa de interés moratorio desde la fecha del hecho (no una actualización), lo que se encuentra dentro de las facultades judiciales conferidas por el Art. 245 CPCC, y no se ha apartado de la establecida en sus precedentes.

La Corte Suprema de Justicia Nacional, sostuvo que «la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód.Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión» -CSJN «Banco Sudameris c/ Belcam S.A.», sent. del 17 de mayo de 1994, La Ley, 1994-C-30-.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (CSJSF) ha expresado in re «ECHEIRE», que el tópico correspondiente a los intereses configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, y que en el caso puesto a su consideración -al igual que en el presente- el recurrente no demuestra que la hermenéutica expuesta por los Juzgadores haya excedido los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente, sin que el compareciente logre probar un supuesto de arbitrariedad.En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios), los que ha fijado el Tribunal reparando en el resultado económico a que se arribara y que se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego, atendiendo las consecuencias patrimoniales del fallo, y que en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias.»

El Superior Tribunal provincial recuerda que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés queda al libre albedrío de los jueces, «.con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo.», resultando así el tema ajeno a la vía intentada.

A mayor abundamiento, y de conformidad con lo sentado en el precedente señalado «tampoco se acredita el efecto distorsionante de la realidad económica y que la prohibición de la Ley de Convertibilidad esto es, indexar, resulte burlada a partir de intereses desmedidos, máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprendidos, tanto del deudor como del acreedor.»

Por último, en lo que respecta a la duplicidad de la tasa dispuesta por el Tribunal ante el caso de incumplimiento; es de destacar que constituye una facultad discrecional de los jueces imponer intereses sancionatorios para el caso de incumplimiento de sus sentencias; incumplimiento que se verificaría en autos de quedar firme el decisorio, lo que acaece al vencimiento del plazo sin que se conceda el Recurso de Apelación Extraordinaria. De modo tal que no resulta arbitrario, ni carente de fundamento la aplicación del doble de la tasa, en virtud de lo normado por los arts. 622 CC. y 245 CPCC.

4.- En conclusión, más allá del denodado esfuerzo argumental de la recurrente, resulta claro que los vicios que la impugnante pretende endilgar a la Sentencia no se presentan, por lo tanto resulta inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto.

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Primera Nominación de Rosario,

RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la demandada, UNIDAD EJECUTORA CORREDOR VIAL N°6, contra la Sentencia N° 288 de fecha 18/12/14.

Insértese, y hágase saber. (Expte. N° 154/05)

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