La organizadora del recital en un boliche es responsable por el traumatismo de cráneo que sufrió un espectador en una avalancha generada por la gran cantidad de público.

conciertoPartes: Gallo Paulo César c/ Producciones Artísticas Sur S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 12-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99431-AR | MJJ99431

La empresa organizadora de un recital y su aseguradora resultan responsables por el traumatismo de cráneo que sufrió un espectador por una avalancha generada por la gran cantidad de público. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde extender la condena por los daños sufridos por el actor en un recital en un boliche – sufrió traumatismo de cráneo al ser empujado en una avalancha por la gran cantidad de gente-, ya que la aseguradora codemandada receptó sin objeción la denuncia de siniestro y dejó transcurrir los plazos legales ni requerir información complementaria, lo cual constituyó una renuncia tácita a la invocación de hipótesis que como la exclusión de cobertura, la suspensión de garantía o las caducidades por inobservancia de cargas, eliminan su responsabilidad del asegurador.

2.-A los fines de determinar la indemnización por daño moral que debe otorgarse a quien sufrió un traumatismo de cráneo por una avalancha mientras se encontraba en un recital en un boliche, debe ponderarse la repercusión que debió generar en los sentimientos del actor la propia ocurrencia del hecho por una violenta agresión a su integridad física, los dolores físicos que hubo de padecer como consecuencia delas lesiones que experimentara, y de orden espiritual en su esfera interna como derivación de dichas circunstancias.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “Gallo, Paulo César c/ Producciones Artísticas Sur S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat, Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs. 213/228 hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Paulo César Gallo contra “Producciones Artísticas Sur S.A.”, y condenó a ésta última abonar al actor la suma de $ 24.000.-, con más sus intereses y las costas del proceso.

El fallo fue apelado por la citada en garantía a fs. 229 y por el actor a fs. 234, siendo los recursos concedidos libremente a fs. 235.

Los agravios se encuentran expresados a fs. 281/284 y 285/292 respectivamente, constando a fs. 296/297 y 294/295 las recíprocas contestaciones de los traslados conferidos a fs. 293.

II.-

a) Según surge del relato efectuado en el escrito de demanda (cfr. fs.16/29), el día 15 de abril de 2012 en horas de la noche el actor concurrió con conocidos al boliche “GOOVE”, a presenciar un recital del grupo musical “The Damned”. Una vez en el interior del local, cuando se encontraba en la primera fila cerca de la valla de contención, en momentos en que estaba actuando una “banda soporte” se produjo una avalancha hacia adelante debido a la gran cantidad de gente y la falta de espacio, por lo que perdió el equilibrio y fue empujado sobre la valla cayendo pesadamente al piso entre esta y el escenario, de cuyas resultas se golpeó fuertemente la cabeza perdiendo el conocimiento, y abundante sangre por el corte producido en el cuero cabelludo. Agrega que fue sacado del lugar y llevado a la puerta del establecimiento donde había una ambulancia en la que le limpiaron la herida, permaneciendo allí hasta que alrededor de tres horas después del incidente fue trasladado en una ambulancia de la empresa “Vittal” al Hospital Fernández, en cuya guardia le realizaron los estudios pertinentes y le aplicaron ocho puntos de sutura en la herida del cuero cabelludo, siendo posteriormente derivado por su obra social a la “Clínica Avellaneda de Medical Center”, donde estuvo internado durante dos días.

Demanda a “Producciones Artísticas Sur S.A.”, a quién atribuye la responsabilidad del episodio en su condición de organizadora del espectáculo, y solicita la citación en garantía de “Federación Patronal Seguros S.A.”.

Efectúa la pertinente descripción y cuantificación de los daños.

Reclama la suma de $ 350.600.- o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, la cual se encuentra conformada por los siguientes conceptos: incapacidad sobreviniente $ 120.000.-; daño estético $ 40.000.-; daño psicológico $ 80.000.-; tratamiento psicoterapéutico $ 15.600.-; daño moral $ 80.000.-; y gastos médicos, farmacéuticos y de kinesiología $ 15.000.- b) La demanda es contestada por “Producciones Artísticas Sur S.A.” a fs. 55/60 solicitando su rechazo.Formula una negativa pormenorizada de los hechos y circunstancias relatados por el actor, desconoce la documental, como así también la procedencia de la pretensión accionada por cada uno de los rubros comprendidos en la misma, impugnando la liquidación presentada a sus efectos.

Brindando su propia versión de los hechos, destaca que en las circunstancias de tiempo y lugar consignados en la demanda, mientras se estaba desarrollando un recital en el boliche sito en Av. Santa Fé 4389 de esta ciudad, el actor comenzó a hacer “pogos” -a los que define como actos en los cuales la persona salta y empuja fuertemente a quienes se encuentran a su alrededor recibiendo a su vez los empujones de éstos-, y que a raíz de los mismos golpeó levemente su cabeza contra el borde de la valla de contención, recibiendo inmediata atención en el mismo boliche.

Resiste toda idea de responsabilidad que pueda endilgársele, la cual coloca en cabeza del propio actor, afirmando que éste fue el único causante del daño por el que reclama debido a su accionar imprudente, configurándose de tal modo la eximente legal que al efecto invoca. c) A fs. 74/83 “Federación Patronal Seguros S.A.” contesta la citación en garantía que se le cursara, y solicita el rechazo de la demanda.

Reconoce haber celebrado con la demandada un contrato de seguro de sección integral de comercio, instrumentado mediante la póliza n° 334584 -vigente a la fecha del hecho- amparando la responsabilidad civil del asegurado por el ejercicio de su actividad de ‘confitería bailable’, con la franquicia y limitaciones emergentes del contrato respectivo.Formula reserva de declinar la cobertura para el supuesto de acreditarse el acontecimiento del suceso en las circunstancias relatadas en la demanda, por encontrarse tal situación contemplada en las condiciones particulares de la póliza contratada.

Sin perjuicio de ello, efectúa la pertinente contestación de la demanda reiterando el relato efectuado por su asegurada.

III.- Comenzó la magistrada de primera instancia calificando el supuesto analizado como una típica “relación de consumo”; en cuya virtud consideró de aplicación el régimen del art. 1113 del Código Civil, como así también las normativas de la ley 24.240.

En esa inteligencia, repasando los antecedentes de la causa, y a la luz de la prueba analizada, afirmó que la demandada como organizadora del espectáculo no cumplió con las obligaciones de seguridad y de garantía emergentes de la relación de consumo habida entre las partes, por lo que deberá afrontar sus consecuencias frente al actor, del mismo modo que su aseguradora, sin perjuicio de las repeticiones que puedan existir entre ellos conforme a los respectivos contratos, ajenos a la presente litis.

Otorgó entonces:por incapacidad sobreviniente -daño físico, estético y psicológico- la suma de $ 15.000; por daño moral $ 8.000; y por gastos médicos $ 1.000.

Respecto de los intereses dispuso que los mismos deberán computarse desde que se ocasionó el perjuicio -fecha del accidentehasta la fecha de la sentencia, a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina; y a partir de entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

El actor se agravia de las sumas concedidas para compensar los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral por considerarlas bajas y arbitrarias, y solicita su elevación.

En su primer agravio la citada en garantía hace hincapié en la falta de consideración en la sentencia de la declinación de cobertura por ella impetrada, solicitando el rechazo de la demanda en su contra.

Luego en agravios sucesivos vierte sus quejas respecto de los montos asignados para las diferentes partidas indemnizatorias, cuya reducción o desestimación, según el caso, deja peticionada. Finalmente cuestiona la tasa de interés que se manda aplicar sobre los importes de la condena, por entender que la utilización de la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina desde el hecho hasta la sentencia encuadraría en un supuesto de enriquecimiento indebido de la parte actora; por lo tanto solicita la revocación de la sentencia en el aspecto considerado, y que en su defecto se establezcan los intereses a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

IV.- Declinación de cobertura opuesta por la aseguradora citada en garantía La aseguradora se agravió de la extensión de la condena a su parte. Se basó en que habiéndose probado que las lesiones del actor fueron provocadas por una avalancha, se ha verificado el supuesto de exclusión de la cobertura conforme a lo establecido en las condiciones particulares de la póliza contratada por el asegurado.

De conformidad con lo dispuesto por el art.46 párr. 1? de la ley 17.418, dentro de los tres días de haber tomado conocimiento de la producción del siniestro, el tomador o derechohabiente en su caso, debe comunicarlo al asegurador. El asegurado está obligado a suministrar a aquél, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin (2? párrafo del artículo citado). Como consecuencia de esta facultad, el asegurador puede requerir al asegurado prueba instrumental, en cuanto sea razonable que éste la suministre y puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro.

Por su parte, el art. 56 dispone: “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrs. 2? y 3? del art. 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación”.

Se ha dicho que “Es fundamental tener en cuenta que la relación asegurativa tiene como sustento un negocio donde una de las partes resulta siempre un profesional especializado en la materia. Es por ello que los deberes que la ley pone a cargo del asegurador resultan de estricto cumplimiento.

En tal sentido citemos a Halperín: “.la ley 17.418 dispone en el art. 56 que el asegurador debe pronunciarse dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2? y 3? del art. 46; y la omisión de hacerlo importa aceptación.” “1) el silencio ante la obligación de pronunciarse -en el caso sobre el derecho del asegurado- no es una cuestión formal, sino sustancial, como lo demuestra el art. 919 del Código Civil”(Seguros, t. II, ps. 593/4)” (conf. Bercoff, Eduardo , Los alcances del silencio del asegurador ante la denuncia de un siniestro por parte del asegurado , LA LEY 2006-F, 362 ). Este mismo autor destaca que esta interpretación de los alcances del art.56 de la ley de seguros es prácticamente unánime en doctrina y jurisprudencia y cita a Meilij: “La falta oportuna de ejercicio del acto liberatorio que la ley permite efectuar al asegurador en el término concedido por dicho artículo, provoca la caducidad del derecho a realizarlo en el futuro” ( En ED, 187-515). Asimismo suscribe la opinión de Piedecasas:

“Hemos sostenido que son conducentes aquellos fallos que consideran que la falta de pronunciamiento del asegurador en el plazo de ley implica aceptación sin más, la que debe ser aplicable de oficio y no corresponde ingresar judicialmente a la consideración de las razones invocadas para rechazar la responsabilidad, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo en la etapa contractualmente prevista” (” Régimen legal del seguro Ley 17.418 “, p. 216, Stiglitz, R. Derecho de Seguros ., T. II, p. 159).

La Sala K de esta Cámara decidió: “La sola omisión de la aseguradora de pronunciarse de acuerdo con el art. 56 de la Ley 17.418, resulta por sí sola relevante como productora de efectos jurídicos, pues la norma impone una obligación legal de explicarse en los términos del art. 919 del CC. (conf. Sala C, “Londrina S.A c. Ruta Coop. Arg. de Seguros Lda. 13/6/89). No distingue entre cláusulas de caducidad y de exclusión, dice simplemente que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, cual es una verdadera carga en su propio interés, pues si no lo hace, su incumplimiento, su silencio, le trae aparejado consecuencias perjudiciales” (conf. CNCiv., sala K, 22/08/2005, “V., M. S. c. Luna, Eduardo A. y otro”, publicado en: La Ley Online ).

Cabe agregar que, tal como lo enseñara Halperín, el silencio ante la obligación de pronunciarse -en el caso sobre el derecho del asegurado- no es una cuestión formal sino sustancial, como lo demuestra el art. 919 CC., doctrina que la Ley 17418 pone reiteradamente en juego (Halperín, I., “Seguros”, t. II, -obra actualizada por Morandi-, ps. 838/839, pto. 4 bis, Bs. As., ed.1983).

De tal modo, el reconocimiento del derecho del asegurado conforme el art. 56 de la Ley de la materia por el mero transcurso del plazo establecido en dicha disposición impide al asegurador alegar defensas, esto es desconocer el derecho del asegurado a ser indemnizado (ver C. Nac. Com., sala C, in re, “Castro N. J. v. El Trabajo S.A.”, 22/10/70, comentado por Halperín en la “Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones”, 1972, año 5, n. 25, ps. 90/91, pto. 22)” (conf. C. Nac. Com., sala E, “Cesario, Stella M. y otros v. Solvencia S.A. de Seguros Generales”, 30/10/1998, JA 2000-I-554). “Se trata, en todo caso, de una grave negligencia en el curso de desarrollo del contrato, que la ley de seguros fulmina inapelablemente, por tratarse de quien la cometió de un profesional, una organización empresaria altamente especializada, que debe estar en todo momento en posición de pronunciarse acerca de los derechos del asegurado. Si a éste se lo sanciona con la pérdida de derecho en caso de incumplir cargas y obligaciones, aun cuando los hechos hubieran existido en la realidad, como por ejemplo, falta de denuncia de un siniestro, con más razón hay que sancionar el incumplimiento del asegurador” (conf. Bercoff, Eduardo, Los alcances del silencio del asegurador ante la denuncia de un siniestro por parte del asegurado, LA LEY 2006-F, 362 ). “El deber de pronunciarse del asegurador presupone la existencia de un contrato de seguro que lo vincula al destinatario de ese pronunciamiento. Sin embargo, no creemos que a partir de la afirmación precedente haya que llegar necesariamente a la conclusión de que el asegurador nunca se encuentra obligado por las disposiciones del art. 56 en los casos de exclusión o suspensión de la cobertura. Pues, aunque no compartimos que pueda aplicarse el plazo de caducidad del art.56 ante el reclamo formulado por un tercero que no mantiene con la compañía vínculo contractual alguno, por el contrario, pensamos que ante la denuncia de siniestro realizada por un asegurado de la empresa, ésta se encuentra obligada a pronunciarse dentro del plazo de 30 días, aun en los casos que pudiera oponer exclusiones o suspensiones de la cobertura. Ante la omisión, el cumplimiento del término producirá la aceptación tácita de su responsabilidad” (conf. Rangugni, Diego Emilio, Seguro. Comentarios sobre el artículo 56 de la ley 17.418, LA LEY 2002-C, 1066 ).

En el caso de autos, la aseguradora receptó sin objeción la denuncia de siniestro y dejó transcurrir los plazos legales sin expedirse ni requerir información complementaria, lo cual constituyó una renuncia tácita a la invocación de hipótesis que como la exclusión de cobertura, la suspensión de garantía o las caducidades por inobservancia de cargas, eliminan la responsabilidad del asegurador (Stiglitz-Stiglitz, “Contrato de Seguros”, Buenos Aires, Ed. La Rocca, 1998, p. 142).

Propicio, pues, desestimar la queja de la recurrente y confirmar la extensión de la condena en su contra.

V.- Los rubros indemnizables a) Incapacidad sobreviniente Ambas partes se quejan respecto del monto acordado ($ 15.000) para enjugar este perjuicio, por bajo y alto, respectivamente.

En primer lugar, debe establecerse que, como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviviente no sólo abarca las limitaciones en al ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas.Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria como lo exige el art. 1068 del Código Civil y, por ende, indemnizable.

Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc. y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p.194).

Por otra parte esta Sala ha decidido (v.gr.: 22 12 05 in re “Toledo Iris Mafalda c/Empresa San Vicente S.A.T.”) que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades. Es decir el concepto jurídico de daño, salvo restricciones queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley.

Pese a que nuestro derecho sustantivo no lo define expresamente, al daño debe conceptuárselo en sentido amplio como la lesión a intereses amparados por el ordenamiento, cuyo trascendido se evidencia en la minoración de valores económicos (daño patrimonial), o en alteraciones desfavorables en el espíritu (daño extrapatrimonial o moral) (cf.Bueres, Alberto J., “El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta”, en “Derecho de daños”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1989).

El artículo 1068 del Código Civil al establecer que habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades, permite emplazar allí todo detrimento económico a la salud del ser humano, comprensivo de sus aptitudes físicas y psíquicas que le permiten desarrollarse como tal, y sin perjuicio de la reparación del agravio moral legislado en el artículo 1078 del mismo Código Civil.

Ya nos hemos pronunciado en cuanto a la autonomía de ciertos daños: “En cuanto al planteo relacionado con la autonomía o no del daño psíquico, habré de señalar que la circunstancia de que se considere que el daño a la salud sea único y se lo trate en forma global o por el contrario se indemnicen por separado las secuelas de orden psicológicas y físicas comprobadas es una cuestión secundaria si ello no importa un menoscabo al resarcimiento económico fijado, ya que lo que realmente interesa es tratar de colocar al damnificado en la misma situación en que se hallaba antes del suceso dañoso, a lo que debe apuntarse con independencia de los términos o expresiones utilizadas y sin caer en dogmatismos estériles que impidan el acceso a una solución justa e integral.No debe perderse de vista que la “guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como la “guerra de las autonomías” o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forman una categoría propia, distinta, es un quehacer menor, que no hace al fondo de la cuestión y en el cual se pierde muchas veces la contemplación del tema central” (11 07 07 in re “Sagrista, Daniel c/Aguirre, Daniel” ).

En atención a lo expuesto decidiremos la cuestión respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 , 163, inc. 6 , 271, 277 y concs. del CPCC), atendiendo a los daños reclamados y probados, a su reparación, y sin incurrir en la “guerra de las autonomías”, en las cuest iones llamadas menores (conf. esta sala, in re “CABRAL, Eulalia Dionisia c/ CABRERA, Luis Alberto y otros).

A fs. 96/97 se encuentra anejada la historia clínica del actor remitida por el Hospital Fernández, que da cuenta de su atención en el referido nosocomio en la fecha del evento dañoso objeto de la litis, trasladado por una ambulancia del servicio ‘Vittal’, por probable TEC con pérdida de conocimiento, y un corte en el cuero cabelludo en región parietal izquierda. Consta allí la solicitud a la Obra Social Ceramista de traslado a centro correspondiente, para control evolutivo y realización de TC de cerebro, en ambulancia común con médico.

Esta derivación se aprecia acreditada con la historia clínica de fs. 119/124, remitida por la ‘Clínica Avellaneda Medical Center’ (cfr. fs. 125).

El perito médico legista designado en autos informa sobre la evaluación realizada en la persona del actor y los estudios complementarios practicados con el objeto de responder a los puntos propuestos por las partes, de cuyo resultado informa en la experticia obrante a fs. 190.Según los aspectos más relevantes de la peritación, escueta pero contundente, consisten en señalar que el actor tuvo un traumatismo de cráneo que curó sin dejar secuelas invalidantes, y que la lesión tuvo una buena evolución no requiriendo ningún tratamiento; habiendo dejado solamente una cicatriz de herida suturada de 13 cm. de longitud en el cuero cabelludo, que como tal le acuerda una incapacidad del 6%. En el aspecto psicológico el experto refiere el resultado del psicodiagnóstico solicitado, en cuya virtud enuncia la presencia de un trastorno adaptativo crónico con ansiedad relacionado con el hecho de autos, que determina una incapacidad del orden del 10%. Sugiere la realización de un tratamiento psicológico por un período mínimo de un año con una frecuencia semanal, con un costo aproximado de $ 200.- por sesión. Expresa que es probable que con el tratamiento desaparezca o disminuya tal incapacidad, sin poder estimar que luego del tratamiento persista una incapacidad permanente.

En ese orden de cosas considero apropiado recordar, que se ha dicho reiteradamente que cuando el dictamen del perito se encuentra fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor valor; como así también que, la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta las circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc.Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

Atento a lo expuesto, teniendo en cuenta la edad del actor a la fecha del hecho (34 años), las demás condiciones socio-económicas, laborales, y composición de su grupo familiar según constancias del beneficio de litigar sin gastos -exp. n° 88.761/2012- que tengo a la vista, y sin perder de vista la imposibilidad anotada por el perito de aseverar la remisión total de la incapacidad psicológica con el tratamiento sugerido; considero reducida la cantidad otorgada para enjugar la incapacidad sobreviniente padecida por el actor como consecuencia del hecho detallado precedentemente del que fuera víctima, por lo que propicio su elevación a la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000).

b) Daño Moral

Por daño moral la colega de la instancia anterior otorgó la suma de $ 8.000.- En relación con este rubro, debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Pondero al efecto la repercusión que debió generar en los sentimientos del actor la propia ocurrencia del hecho en las circunstancias descriptas como una violenta agresión a su integridad física, los dolores físicos que hubo de padecer como consecuencia de las lesiones que experimentara, y de orden espiritual en su esfera interna como derivación de dichas circunstancias.Ello sin perder de vista que fue trasladado en ambulancia a un hospital público donde se le efectuaron las primeras curaciones que su estado requería, y posteriormente derivado a una clínica prestadora de su Obra Social en la que permaneció un día en observación; y que actualmente no presenta secuelas de orden funcional, salvo la cicatriz y las de la esfera psíquica constatadas por el perito médico legista.

Todo ello permite presumir la magnitud de la conmoción vivenciada en su espíritu. Por lo tanto, considerando algo reducida la suma acordada, propicio su elevación a la de veinte mil pesos ($ 20.000).

c) Gastos de farmacia y asistencia médica

Reiteradamente se ha decidido que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela.

Es de señalar que, si bien el actor se encontraba afiliado a la Obra Social Ceramista y además no precisó kinesiología ni rehabilitación alguna, dado la naturaleza de las lesiones experimentadas -traumatismo de cráneo y herida cortante en cuero cabelludo-, resulta razonable pensar que pudo haber incurrido en algunos otros gastos derivados de la realización de consultas, y compra de medicamentos, sin contar con los recibos o constancias pertinentes para demostrar la realidad de las erogaciones realizadas, considero que la suma admitida por la a-quo aparece razonable y fijada con prudente arbitrio a la luz de las constancias emergentes de la causa, en la órbita de sus facultades según las previsiones del art. 165 del CPCC.

Por las razones expresadas, propicio la desestimación de los agravios de ambas partes y la consecuente confirmación de la partida.d) Intereses

La magistrada de primera instancia estableció que las sumas por las que prospera la demanda devengarán intereses, que deberán computarse desde que se ocasionó el perjuicio -fecha del accidentehasta la fecha de la sentencia, a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina; y a partir de entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

De esta decisión se agravia la citada en garantía en los términos expuestos en el considerando III.-, último párrafo.

A partir de la sentencia dictada en los autos “Mondino, Silvana Andrea c/Tettamanzi, Hernán Diego y otros s/daños y perjuicios” del pasado 14 de abril de 2010, conforme con la propuesta de la Dra. Barbieri plasmada en su voto, con quién coincidí si bien sin compartir todos sus fundamentos, por cuanto, como he sostenido en el fallo “Zamora, José Mateo y otros c/ Tempone, Lucas Antonio s/ daños y perjuicios” del 24 de junio de 2009, a mi entender, el plenario “Samudio” es aplicable con anterioridad a su dictado, esta Sala ha fijado su criterio estableciendo que la aplicación de la tasa pasiva promedio hasta el 20 de abril de 2009, compensa adecuadamente los perjuicios derivados de la mora en el pago sin generar el desequilibrio que la salvedad del inciso 4º del plenario “Samudio” pretende evitar, correspondiendo con posterioridad a dicha fecha computar los intereses a la tasa activa dispuesta.- No obstante ello, teniendo en consideración el tenor del agravio expresado por la apelante, y con el debido resguardo del principio de congruencia que debe imperar en las decisiones del Tribunal, la decisión adoptada por la Sra.Juez a-quo sobre el particular habrá de ser mantenida.

Por todo lo expuesto, voto propiciando:

1) Se modifique parcialmente la sentencia apelada, elevando las indemnizaciones acordadas para enjugar la incapacidad sobreviniente y el daño moral, a las sumas de ochenta mil pesos ($ 80.000) y veinte mil pesos ($ 20.000), respectivamente.

2) Se la confirme en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio.

3) Se impongan las costas de alzada a la citada en garantía por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68 CPCC).

4) Se haga saber que ésta sentencia será enviada al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación en los términos de la Ley 26.856, su dec. Reglamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13.

Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ

PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, elevando las indemnizaciones acordadas para enjugar la incapacidad sobreviniente y el daño moral, a las sumas de ochenta mil pesos ($ 80.000) y veinte mil pesos ($ 20.000), respectivamente; 2) Confirmar el fallo de grado en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio; 3) Imponer las costas de alzada a la citada en garantía por haber resultado sustancialmente vencida.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Ana María Brilla de Serrat

Osvaldo Onofre Álvarez

Patricia Barbieri