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No procede la demanda por injurias planteada por quien recibió comentarios ofensivos en una asamblea de consorcio, por no constituir por su gravedad un delito civil resarcible.

demanda-indemnizacionPartes: R. J. H. c/ D. M. D. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 7-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99375-AR | MJJ99375

Se rechaza la demanda por injurias a raíz de comentarios ofensivos realizados en una asamblea de consorcio hacia una persona discapacitada, pues si bien los términos en que se expresaran resultaron poco felices, no alcanzan a constituir un delito civil que amerite el resarcimiento.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de las manifestaciones que la actora entendió discriminatorias concretadas en el marco de una asamblea consorcial, ya que las expresiones vertidas por las demandadas no tienen entidad suficiente como para generar daño en el honor, más allá del malestar que pudo afectar a la actora.

2.-Algunos términos lingüísticos utilizados en los discursos sociales, lo único que pone de manifiesto, es por un lado la ignorancia de quien lo formula y por el otro que aún no se ha normalizado social ni laboralmente a las personas con discapacidad, ya que se siguen viendo -justamente por esa ignorancia- como personas dependientes , como necesitados de ayuda, como niños , que precisan ser tutorizados y no como adultos y ni como personas responsables social y laboralmente (del voto de la Dra. Castro).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de abril del año dos mil diecisies, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «R. J. H. c/D. M. D. y otro s/Daños y perjuicios» especto de la sentencia corriente a fs. 372/378 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO, CASTRO y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:

I. La sentencia de fs. 372/378 rechazó la demanda promovida por J. H. R. contra M. D. D. y A. M. C. por indemnización de daños y perjuicios derivados de las manifestaciones que la actora entendió discriminatorias concretadas en el marco de una asamblea consorcial, con costas. Apeló el actor, quien expresó agravios a fs. 589/594, los que fueron respondidos a fs.596/597 y 599/600.

Alega el actor en su escrito de demanda que «. siempre ha sido un humilde empleado ferroviario que cumplía la función de mecánico hasta el trágico día 20 de septiembre de 1990, donde por circunstancias que no hacen a la cuestión fui arrollado por una locomotora que cercenó mis dos piernas dejándome inválido de por vida.».

«.Ahora bien, tras haber adquirido, el 24 de agosto de 2006, la propiedad sita en Carlos Calvo 2131, 6° piso de esta ciudad, sufrí una discriminación que jamás había pensado y que contrariamente a lo que había sido mi búsqueda, llevó a que el suscripto y mi hijo conviviéramos en un consorcio donde su padre fue y es discriminado.».

«.Oportunamente envié una nota a la administración del Consorcio a fin de que se confeccionara una rampa en la entrada del edificio, ello en cumplimiento de la ley 24.314, adjuntándole a dicha nota fotocopia del certificado de discapacidad.».

«.Frente a dicho requerimiento la administradora convocó a la asamblea de copropietarios a fin de tratar el pedido. A la misma concurrí con el Dr. Mario Gustavo Iglesias, quién es mi abogado y vendedor de la propiedad adquirida y con la asistencia de la escribA. M. Luisa Almanza de Basabilvaso, para que registrara lo que aconteciera, toda vez que había surgido en el consorcio algún comentario que indicaba la posible negativa a dar cumplimiento con la construcción de la rampa. Nadie podía haber imaginado que lo que ocurrió no fue la negativa, sino aquello que motiva la presente, que es el inicio de la discriminación de la cual soy objeto. Basta para saber lo acontecido en el acta notarial.».

En ella, se desprende lo siguiente: «.A continuación se pasó a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: «Instalación de la rampa en el hall de entrada», único motivo por el cual se convocó a la Asamblea y único punto a resolver.

Tomando la palabra la Sra. C. manifestó que «la actitud de parte del Dr.Iglesias no la entiendo porque en el año 2000 se intentó hacer una rampa y no se pudo concretar, por lo que considero que, por una cuestión de respeto, cuando te enteraste que el Sr. R. iba a comprar su unidad debiste haber convocado a una Reunión de copropietarios antes de vender». Por su parte el Dr. Iglesias manifestó que el, en su carácter de propietario de una U.F. no tenía ni tiene ninguna obligación de informa a nadie, ni mucho menos convocar una reunión de Consorcio, «nunca he oído semejante cosa». La Sra. C. interrumpió diciendo: «otras veces lo hiciste, convocaste a reuniones; en este caso debiste haberlo hecho. Tu actitud varia en el tiempo: cuando había que arreglar el edificio, hiciste una reunión de consorcio, creo que debiste convocar a una reunión informando antes de vender a una persona así». «La propietaria del 4° piso M. D. D. (a la que llaman Maruja) manifestó: Sí, tenés razón, tendría que haber convocado a una reunión de Consorcio, y preguntó ¿quien se haría cargo?. El Dr. Iglesias manifestó (refiriéndose a las señoras Maruja y C.) que la actitud que tenían era discriminatoria.».

Como ya lo puntualicé, el sentenciante de la anterior instancia, luego de efectuar el encuadramiento jurídico del caso, rechazó la demanda con fundamento en que «los dichos efectuados por las demandas en el marco de la asamblea consorcial no pueden interpretarse como un acto de discriminación intencionalmente dirigido contra el Sr. R.». De ello se agravio el actor, argumentando que la sentencia es arbitraria, infundada, falaz y contraria a la jurisprudencia aplicable al caso, por las razones que expone al respecto. Aunque a mi modo de ver -lo adelanto- las críticas formuladas no conducen a la modificación del pronunciamiento.

II. En efecto, de la lectura del escrito presentado por el actor a fs.589/594 podría entenderse que la asiste razón a la parte demandada en el sentido que el mismo no reúne las exigencias prevista en el art.265 del CPCC por no constituir «una critica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas» puesto que las quejas remiten a planteos que resultan extemporáneos en ésta etapa procesal y además simplemente expresan disconformidad o desacuerdo con lo resuelto por el sentenciante.

Sin perjuicio de ello y atento la gravedad que implica la falta de fundamentación del recurso al imposibilitar la apertura de la segunda instancia, con criterio amplio – a fin de garantizar el derecho de defensa de las partes- procederé al estudio de los agravios vertidos.

Ahora bien, el apelante se limita a manifestar su disconformidad con la sentencia de grado descalificándola por las razones ya expuestas. Sin embargo, no se hace cargo de los fundamentos expuestos por el a quo, entre ellos que «el contexto donde suscitaron los hechos, indudablemente resta sentido agraviante o deshonrantes a las expresiones en cuestión. El enojo entre las demandadas y el Dr. Iglesias (ex propietario y allí abogado del actor), pudieron haber impactado al demandante R., pero han de considerarse -en tal entorno- despojadas de entidad ofensiva y/o discriminatoria.» (v, considerando I).

A mayor abundamiento, cabe entender por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado anular, menoscabar o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales, a causa del sexo, la religión, las ideas políticas, la raza, el color, el origen nacional o social, etc. (Art. 1 de la ley 23.592). A ello debe agregarse, como bien lo recepta las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y no discriminación, así como las previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que cualquier distinción desfavorable hacia una persona con motivo de su raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social, aspecto físico, lengua y otras similares, se presume inconstitucional (art 43 y parr. 3, inc.19 del art. 75 de la Constitución Nacional).

La segregación social y la segregación física son factores concomitantes del prejuicio. Se cuentan entre los efectos de éste lo mismo que entre las causas, pues promueven la ignorancia, y ésta, a su vez, refuerza aún más al prejuicio. (Kiper, p. 46, Derecho de las minorías ante la discriminación, citado por la Sala K de esta Cámara en los autos «ARGUELLO, Juan José contra EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L. s/ daños s y perjuicios», Expte N° 3.264/2010 de fecha 08/10/2015).

Sin embargo, coincido con lo señalado por el magistrado de la anterior instancia, en el sentido que las expresiones vertidas por las demandadas no tienen entidad suficiente como para generar daño en el honor.

En rigor, el contexto en que se desarrollaron los hechos permite inferir que en el consorcio se habrían dado relaciones complejas entre sus integrantes, visto los reproches y recriminaciones de las demandadas hacia el anterior propietario.

Así, si bien los términos en que se expresaran en la Asamblea resultaron poco felices, no alcanzan a constituir un delito civil que amerite el resarcimiento, más allá del malestar que pudo afectar al actor. A ello debe sumarse que el hecho de que haya asistido a la misma el Dr. Iglesias (ya no en calidad de copropietario, sino en calidad de abogado del accionante) y la EscribA., Dra. M. Luisa Almanza de Basavilvaso -por cierto, poco habitual en este tipo de asambleas-, bien pudo contribuir a exacerbar las susceptibilidades de los vecinos, teniendo en cuenta que era la primera vez que ello ocurría (v. declaraciones testimoniales de fs. 349/351 y 403/406).

A igual conclusión arribó -en relación al tema de autos- el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por la denuncia formulada por el recurrente, cuyo dictamen reza «.El hecho de que la Sra. C.se dirigiera al denunciante llamándolo «persona así», refiriéndose a la discapacidad motriz de este, produce un singular rechazo; y lo mismo sucede con la descabellada indicación que le fuera realizada al Sr. Iglesias, ex propietario, respecto de que «se debía haber convocado a una reunión antes de venderle la propiedad al Sr. R.». Sin embargo, esta Asesoría Letrada considera que, más allá de los desafortunadas que puedan resultar tales manifestaciones, este órgano no puede volverse un censor de la forma de expresarse de las personas en determinadas conversaciones o discusiones, con excepción a aquellos casos en los cuales de forma manifiesta se agrede a un individuo a través de insultos por alguno de los motivos prescriptos en la Ley Nacional N° 23.592.»(.) «.Por los motivos expuestos, esta Asesoría Letrada considera que los dichos denunciados por el Sr. R. no configuran un acto discriminatorio.» (v. fs.447/449). Esta decisión, si bien fue motivo de recurso por parte del denunciante -en el caso, el Sr. R.-, fue confirmada por el órgano administrativo respectivo mediante Dictamen N° 330-13 con fundamento en que «. sin perjuicio de reconocer cierta mente la afectación individual que el denunciante pudo haber sentido al discutirse abiertamente si resultaba necesario consultar o informar la venta de un inmueble de propiedad horizontal a una persona con discapacidad, la misma debe ser puesta en el contexto que transcribe la totalidad del acta notarial, máxime cuando tal discusión se produce en un ambiente de debate, no significó una descalificación del denunciante , ni cercenó su derecho a adquirir la unidad en cuestión, sino que por el contrario, concluyó con la aprobación unánime de la construcción de la rampa necesaria para garantizar la accesibilidad del Sr. R. al edificio.» (v. fs.486).

Por ello y por los fundamentos expuestos en sentido concordante por el señor juez a quo estimo que la sentencia debe confirmarse en lo principal, lo que así propicio.

En cambio, considero que debe modificarse lo que decide sobre las costas pues, pese a lo dicho «supra» acerca de la ausencia de injurias, la actora pudo interpretar los hechos de modo diferente y creer así fundadamente que le asistía derecho a litigar, lo que torna equitativo imponer las costas por su orden, adoptando igual solución en esta instancia (art.68, segundo párrafo, Cód. Proc.), lo que así propicio.

La Dra. CASTRO dijo:

Adhiero al voto de mi distinguida colega, la Dra. Carmen Ubiedo. Sólo creo pertinente agregar que esa solución no importa desconocer la incidencia negativa de un lenguaje que en el caso que nos ocupa puede considerarse al menos potencialmente discriminatorio (ver en este sentido, Rubio Arribas, «El prejuicio y el lenguaje como factores de discriminación en la discapacidad», publicado en NÓMADAS – REVISTA CRÍTICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS, 11-2005/1, Universidad Complutense de Madrid, ISSN 1578-6730; en igual sentido, ver Recomendaciones en el uso de la terminología (publicado en http://inadi.gob.ar/promociony- desarrollo/publicaciones/documentosematicos/ discapacidad/recomendaciones-en-el-uso-de-laterminologia).

Como señala el autor antes citado, la sociedad estigmatiza a través del lenguaje, y emite juicios de valor y generalizaciones sobre estos colectivos; habría que erradicar expresiones como «desvalidos», «pobrecitos», etcétera, y que tanto daño hace al colectivo de personas con discapacidad. Este tipo de términos lingüísticos utilizados en los discursos sociales, lo único que pone de manifiesto, es por un lado la ignorancia de quien lo formula y por el otro que aún no se ha normalizado social ni laboralmente a las personas con discapacidad, ya que se siguen viendo -justamente por esa ignorancia- como personas «dependientes», como «necesitados» de ayuda, como «niños», que precisan ser tutorizados y no como adultos y ni como personas responsables social y laboralmente.(Para un estudio sobre el tema ver también Del Águila, «Estereotipos y prejuicios que afectan a las personas con discapacidad. Las consecuencias que esto genera para el desarrollo de políticas públicas inclusivas en cualquier lugar del mundo» publicado en Discapacidad, Justicia y Estado, Infojús, 2013 vol. 2).

Sin embargo, esta situación no parece suficiente para transformar en ilícita una expresión que aún desafortunada no se traduce en un auténtica y diferenciada violación de los derechos del actor, fundamentalmente frente a la situación en la que fue utilizada, extremo sobre el que comparto el criterio desarrollado en el voto al que adhiero.

La Dra. GUISADO dijo:

Adhiero plenamente al voto y propuesta formulada por mi distinguida colega Dra. Ubiedo, como así al agregado que efectúa la Dra. Castro, sólo me permito expresar que si bien el contexto en que la expresión -por cierto desafortunada- tuvo lugar permite suponer la existencia de un enojo previo entre las demandadas y el Dr. Iglesias, entiendo que tal situación no importa restarle entidad ofensiva y/o discriminatorio como refiere el Sr. Juez, sino que la descripción autoriza en cambio a suponer que aquella no se encontraba dirigida expresamente al actor y con el objetivo de «discriminarlo». Por el contrario la circunstancia de haberse aprobado la construcción de la rampa y aceptado la propuesta del actor para llevarla a cabo, me convencen de que más allá de la incomodidad que aquél pudo haber sentido en el momento, tal expresión no se traduce – como se refiere en el voto anterior- en una violación de los derechos del reclamante al punto tal de admitir su reclamo resarcitorio.

Aclarado ello adhiero en un todo a los votos que anteceden.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

MARIA LAURA RAGONI

Secretaría

Buenos Aires, 7 de abril de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) confirmar la sentencia de fs. 516/530 en lo principal y modificarla en lo que decide sobre las costas, imponiéndolas en el orden causado; 2°) imponer en la misma forma las costas de esta instancia.- Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.531, 537, 552 y 573 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.516/530, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional desarrollada en autos, apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto reclamado, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados al letrado patrocinante de la parte actora Dr. Gonzalo Zuleta no resultan reducidos, por lo que se los confirma. Asimismo por no resultar reducidos, se confirman los honorarios regulados a los Dres. Mariela Luz Juárez y Andrea Cabeiro -apoderadas de la codemandada C.-. Por no resultar reducidos los honorarios regulados al letrado patrocinante de la codemandada D., Dr. Diego Miguel Gonnelli, se los confirma.

Considerando los trabajos efectuados por el experto, el art.478 del código procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria, los honorarios regulados a la perito psicóloga Flavia L. Trunzo no resultan reducidos, por lo que se los confirma.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas de los arts.14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. Gonzalo Zuleta en la suma de ($.), los de Dr. Diego Miguel Gonnelli en la suma de ($.) y los de la Dra. Mariela Luz Juárez en la suma de ($.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

P ATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO

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