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El Senado aprobó proyectos del Programa Justicia 2020.

Senadores y diputadosEl proyecto sobre fortalecimiento de los tribunales orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico se inscribe, según los fundamentos presentados por el Ejecutivo, en un «plan piloto» de «rediseño de la organización judicial nacional y federal».

De acuerdo con la norma, la intención es facilitar la investigación, el juzgamiento y la sanción de la delincuencia organizada y de los delitos vinculados con ella, en orden de la «Declaración de Emergencia de Seguridad Pública» decretada en enero último.
Asimismo, se busca ir adecuando progresivamente las estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal de la Nación que aún no entró en vigencia.

La tercera iniciativa vinculada al Programa Justicia 2020 es la que unifica los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal y a la implementación del Juicio Unipersonal para Determinados Supuestos.

La primer parte de la iniciativa pretende comenzar a colocar las bases para la transferencia de las competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la sustanciación del «juicio unipersonal» pretende resolver el problema de la creciente cantidad de casos que no llegan al debate oral y que son resueltos por otras vías, como el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, indicó que ambos proyectos hacen “eje en lo institucional, promoviendo procesos penales efectivos y en justicia, comunidad y gestión”.

En tanto, el radical Luis Naidenoff evaluó que ambas iniciativas “tienden a agilizar herramientas para que los jueces cuenten con un tiempo prudencial para la resolución de las causas”.

En cambio, la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que el proyecto sobre “juicio unipersonal viola el principio de especialidad de los jueces”.

En tanto, el proyecto de Ley penalizando el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes está dirigido a quienes ingresen al país o desvíen de sus cauces legales sustancias químicas esenciales para la producción ilegal de estupefacientes, como ocurre con el caso de la efedrina.

La iniciativa prevé reprimir con prisión de entre dos y ocho años e inhabilitación especial de cuatro a doce años.

Fuente: Télam

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