Competencia federal local en la acción colectiva de defensa de intereses individuales de consumidores de combustibles líquidos.

combustibles-líquidosPartes: Del Cerro Juan M. c/ YPF S.A. s/ ley de defensa del consumidor

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99015-AR | MJJ99015

Competencia federal local en la acción colectiva de defensa de intereses individuales de consumidores de combustibles líquidos del interior del país, por la política concertada de discriminación de precios en la comercialización a través de estaciones de servicio.

Sumario:

1.-Toda vez que en el caso se dedujo demanda ordinaria de acción colectiva en defensa de intereses individuales de consumidores, sin plantearse la inconstitucionalidad de alguna norma ni se ha puesto en juicio algún acto de autoridad pública, reduciéndose a aspectos patrimoniales al solicitarse el cese de una política de comercialización de combustibles líquidos a través de estaciones de servicio, resulta competente el juez federal local.

2.-Cuando la ilicitud atribuida radica en que se cobrarían a los consumidores del interior del país precios mayores que los que pagan los de la capital federal, que de aquí en más se impida ese precio desigual, que se reintegre a los afectados lo que hayan abonado en más respecto a los capitalinos y por último que se imponga a los responsables una sanción pecuniaria a título de daño punitivo, siendo una acción exclusivamente patrimonial, debe declararse la competencia del juez federal de la ciudad.

3.-Tratándose de una acción colectiva no puede determinarse un lugar único de cumplimiento de la obligación, debiéndose ponderar la pauta restante, establecida en el inc. 3 del art. 5 del CPCCN, cual es, el domicilio del demandado, así habiendo denunciado el actor el domicilio de las empresas demandadas en la ciudad de Buenos Aires, deberá entender en la presente causa el juez federal con competencia en esa localidad. (Del voto en disidencia de la Dra. Pelozzi)

Fallo:

Rosario, 18 de marzo de 2016.- Visto en acuerdo de esta Sala “A” el expediente Nro. FRO 26513/2014 caratulado “DEL CERRO, JUAN MANUEL c/ YPF SA s/ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, originario del Juzgado Federal Nº 1, Secretaría “B” de esta ciudad, del que resulta:

La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

Vienen los autos a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de apelación -en subsidio del de reposición- interpuesto y fundado por la parte actora (fs. 671/673vta.) contra la resolución de fecha 14 de abril de 2015 por la cual se declaró la incompetencia del Juzgado Federal con asiento en esta ciudad, ordenándose la remisión de las actuaciones al Sr. Juez Federal que por turno corresponda de la ciudad de Buenos Aires (fs. 666/670vta.).

Concedido el recurso, se elevaron las actuaciones y se dispuso la intervención de esta Sala (fs. 679), por lo que quedan en estado de resolver.

Agravia al recurrente la resolución que declara la incompetencia del Tribunal Federal de Rosario a la cual considera desajustada a derecho y carente de razonabilidad. Refiere que ni la circunstancia de tratarse de una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos, ni el hecho que los domicilios de las demandadas se encuentren en la ciudad Buenos Aires, como así tampoco las normas del CPCCN ni las de la ley 24.240 justifican la competencia del juez federal de Buenos Aires. Entiende que el juez natural para entender en el proceso es el juzgado federal de Rosario atento corresponder al domicilio del actor consumidor. Ello así, por cuanto los actos de consumo y las conductas ilícitas de las accionadas ejecutadas en su perjuicio se cumplieron y ejecutaron en esta ciudad. Explica que los incisos 3, 4 y 5 del art. 5 del CPCCN establecen la competencia del juez del domicilio del demandado si así es elegido por el accionante, y que el CPCCN establece una opción a favor del consumidor que no puede ser suplida de oficio por el magistrado.Considera que el decisorio consagra aquello que el legislador de la ley 24.240 quiso evitar, esto es, prorrogar la jurisdicción judicial de los asuntos relativos a las relaciones de consumo hacia jueces extraños al domicilio del consumidor, lo cual se encuentra implícito – dice- en lo dispuesto en el art. 37 inc. b de dicho cuerpo legal, en tanto declara ineficaces las cláusulas contractuales que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los de la otra parte, y mutatis mutandi en el art. 36 in fine. Concluye que la télesis del decisorio va en contra de los principios protectorios y garantistas del derecho del consumidor, cercenando su derecho a la justicia como consumidor. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.

Y considerando:

En la sentencia recurrida, el Juez sostuvo que la competencia territorial en materia de acciones colectivas de consumo de alcance prácticamente nacional, es un tema que no cuenta con una regulación normativa expresa; y que en el caso, quien demanda es un consumidor afectado que se domicilia en la ciudad de Rosario, quien invoca la representación de carácter colectivo en defensa de los intereses individuales homogéneos de consumidores que se encuentran prácticamente en todo el territorio de la república. Además, refiere que los contratos “.se encuentran consumados.” y que las operaciones de consumo se efectuaron en casi todo el territorio nacional. Por tanto, consideró como pauta para determinar la competencia territorial, el domicilio de los demandados, (art. 5 inc.3 del C.P.C.C.N.), por ser el de todos ellos en la ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que la Corte ha señalado reiteradamente que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Fallos 308:229; 310:116; 311:172, entre muchos otros).

Se impone entonces dilucidar si, en atención a la pretensión deducida en el escrito de inicio (fs. 595 vta./596 vta.), le incumbe al a-quo entender en los presentes.

En primer lugar cabe señalar que la cuestión de competencia territorial aquí planteada es de compleja elucidación, debiendo ser examinada tanto a la luz de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor como en relación a las normas que gobiernan la competencia en general.

Al respecto, la ley 24.240 modificada por la Ley 26.361 no contiene una norma expresa sobre reglas de competencia -excepto respecto a las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo, previstas en el art. 36-; materia que no alcanza a la que se debate en este juicio. El art. 53 dispone que, en las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. Por lo que, corresponde remitirse a las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación. (“Unión de usuarios y Consumidores c/ Banco de Santiago del Estero S.A. s. ordinario” Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala F – 17-may-2011 – Microjuris – Cita: MJ-JU-M-67369-AR | .

Ahora bien, establece el art. 5 inc.3 del CPCCN, que cuando se ejerciten acciones personales, será competente el juez del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

Con relación a la primera pauta, prevista en esta norma, se advierte que, según los rubros enunciados en la pretensión contenida en el escrito de demanda, y en lo expresado en el punto I-1., en el que identifica a las dos clases representadas (fs. 595 vta./597), son varios los domicilios donde fueron celebrados y cumplidos los contratos de consumo. Esto es, la venta de combustibles líquidos para automotor en las estaciones de servicio, con relación a todos los consumidores ubicados extra muros de la ciudad de Buenos Aires, con exclusión de los consumidores de las provincias patagónicas que gozan de un tratamiento impositivo especial que abarata el precio de los combustibles.

De ello se desprende en forma clara que se persigue la determinación del derecho debatido entre partes adversas, que se traduce en la contraposición de intereses, a saber: por un lado, el del actor consumidor “particular afectado” y los consumidores de combustibles de todo el país; y por el otro, el de las entidades demandadas domiciliadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Por ende, considerando la regla general prevista por la norma antes citada, los extremos referenciados conducen a descartar su aplicación en lo que refiere al lugar del cumplimiento como al de la celebración del contrato.

Además, tampoco es posible considerar la prórroga de competencia, que establece el art.4 del CPCCN, en virtud de que, conforme se desprende del objeto pretendido en la demanda, no se debaten cuestiones exclusivamente patrimoniales.

Por consiguiente, tratándose de una acción colectiva no puede determinarse un lugar único de cumplimiento de la obligación, debiéndose ponderar la pauta restante, establecida en el inc. 3 del art. 5 del CPCCN, cual es, el domicilio del demandado.

En consecuencia, habiendo denunciado el actor el domicilio de las empresas demandadas en la ciudad de Buenos Aires, deberá entender en la presente causa el juez federal con competencia en esa localidad.

Así pues, con sujeción a los fundamentos expuestos, estima esta Sala que la decisión apelada debe ser confirmada.

Es mi voto.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- El a quo, pese a haber admitido expresamente su competencia en razón de la materia (fojas 668 vta. tercer párrafo), ha declarado -de oficio- su incompetencia territorial, en franca violación del último párrafo del artículo 4 del CPCCN, que, como es sabido reza:

“En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio”.

2.- Es del caso que la parte actora al radicar la acción de autos ante el Juzgado Federal de Rosario lo que hizo fue prorrogar implícitamente la competencia territorial, en los términos de los artículos 1 y 2 del CPCCN.

3.- En mi opinión el proceder de la demandante encuentra sustento en el espíritu y en la letra que tanto el constituyente como el legislador plasmaron en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240, respectivamente.

4.- Entiendo, asimismo, que la decisión por la cual habré de inclinarme se compadece con lo resuelto por esta Cámara en el Plenario “Aranda”, N° 02/11, del día 22 de noviembre de 2011, ya que los fundamentos del voto mayoritario resultan, mutatis mutandi, de aplicación en el presente caso.

5.- En definitiva, por las razones precedentes propugno receptar los agravios de la impugnante y revocar el decisorio venido en revisión.

Esmi voto.

El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

Impuesto de la expresión de agravios producida por la actora, como así también del contenido de los votos de los colegas que me precedieron en el orden de estudio, corresponde que me pronuncie sobre la cuestión traída a decisión.

Ésta radica en que el a quo declaró de oficio su incompetencia territorial y ordenó derivar los autos a la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión que el actor recurrió y generó de tal modo la intervención de la Sala.

Radicados ya en el tribunal la Dra.

Pelozzi postula confirmar la resolución de primera instancia y el Dr. Barbará, en cambio, revocarla haciendo aplicación del plenario “Aranda” de esta Cámara Federal cuya doctrina veda la posibilidad de declarar la incompetencia territorial de oficio en casos de naturaleza exclusivamente patrimonial porque las partes pueden prorrogarla. Vale resaltar que la primer colega considera que el objeto de la demanda excede lo patrimonial y el segundo opina lo contrario. Por consecuencia, ése debe ser el primer punto a definir, previo incluso a la consideración de los agravios expresados por la recurrente, que sucintamente reseñados se sustentan en la prelación de la normativa tuitiva del consumidor frente a la común, que daría lugar a la competencia de esta sede judicial donde él se domicilia y donde habría realizado las contrataciones que -afirma- lo afectan.

En ese orden corresponde señalar que el Dr. Juan Manuel Del Cerro interpuso demanda ordinaria de acción colectiva en defensa de intereses individuales del consumidor contra ESSO PETROLERA ARGENTINA SRL; YPF SA; PETROBRAS ARGENTINA SA; SHELL ARGENTINA SA; OIL COMBUSTIBLE SA y AXION ENERGY ARGENTINA SA.Peticionó: 1) que se declare que las demandadas desde aproximadamente principios del año 2008 y hasta la fecha de promoción de la demanda, modificaron sus políticas de comercialización de combustibles líquidos a través de estaciones de servicio, ejecutando en perjuicio de los consumidores de combustibles líquidos para automotor del interior del país, una inconstitucional, discriminatoria, abusiva y dañosa práctica concertada de discriminación de precios en la comercialización de combustibles a través de estaciones de servicio, en relación con la política de comercialización realizada y los precios cobrados a los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2) que se ordene el cese inmediato de esa política; 3) que se determine el quantum dinerario del excedente ilícitamente detraído a los consumidores del interior del país y se disponga el reintegro a los consumidores afectados (fs. 595vta.); 4) que se imponga a las demandadas una ejemplar sanción punitiva en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240.

De los términos de esa postulación y sin perjuicio de la especial naturaleza de la normativa diferenciada en que se funda y de que se reclama el cese de una conducta que se reputa ilícita, se desprende que la cuestión merece considerarse exclusivamente patrimonial.

Véase que la ilicitud atribuida radica en que se cobrarían a los consumidores del interior del país precios mayores que los que pagan los de la capital federal, que de aquí en más se impida ese precio desigual, que se reintegre a los afectados lo que hayan abonado en más respecto a los capitalinos y por último que se imponga a los responsables una sanción pecuniaria a título de daño punitivo.Se aprecia entonces que no se ha planteado la inconstitucionalidad de alguna norma ni se ha puesto en juicio algún acto de autoridad pública y que, en definitiva, todo se reduce a aspectos patrimoniales.

A partir de allí y en razón de que la incompetencia se ordenó en forma oficiosa antes de cualquier cuestionamiento de las accionadas sobre dicha cuestión (lo que impide considerar que no consienten la prórroga ofrecida por la actora) debo coincidir con la propuesta del Dr. Barbará e inclinarme por hacer aplicación al caso del plenario “ARANDA” (nro. 2/11 del 22.11.2011) y revocar el auto venido en recurso.

Es mi voto.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Revocar la resolución de fecha 14 de abril de 2015 (fs. 666/670vta.) declarándose la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad para entender en autos.

Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº15/13 de la C.S.J.N. y devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

Ep ae ms F

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

CARLOS FEDERICO CARRILLO

JUEZ DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZ DE CAMARA

SUBROGANTE

Ante mi Milagros Cabal Secretaria