Atento la falta de pruebas, procede la reparación en favor de la actora, ante la denuncia calumniosa realizada por el delito de falsificación de instrumento privado.

Pesos argentinos 3Partes: O. R. I. y otro c/ B. J. C. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 5-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99021-AR | MJJ99021 | MJJ99021

Se hace lugar a la reparación pecuniaria a favor de la parte actora, ante la denuncia calumniosa realizada por el delito de falsificación de instrumento privado, debido a la carencia de las pruebas arrimadas. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde condenar a los demandados a abonar a los actores una suma de dinero como indemnización ante la falsa denuncia penal por el delito de falsificación de instrumento privado para consumar estafa, pues los accionados podrían haber recurrido a procesos menos lesivos, como los que prescribe la ley de propiedad horizontal, debiendo elevarse la partida otorgada por daño moral

2.-La decisión judicial que absuelve o sobresee al procesado o imputado es insuficiente para que, por el hecho mismo de existir tales resoluciones, se confiera derechamente al querellado o denunciado la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios que se invocan haber sufrido;se requiere, además, de un particular factor subjetivo de atribución: el obrar con dolo o, al menos, con una grosera culpa grave al promoverse la querella o denuncia.

3.-Si bien no es posible exigir a los que se sienten víctimas de delitos que sólo formulen la acusación cuando estén munidos de pruebas incontestables que no dejen dudas sobre la autoría, en autos el querellante, en el plazo de un mes, pasa de aseverar la falsedad de los poderes a declarar que nunca los vio, y por lo tanto no puede expedirse acerca de su efectividad.

4.-A fin de fijar el monto por el rubro daño moral se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores, entre los que habrá de considerarse la personalidad del ofendido, la mayor o menor difusión de la calumnia o injuria, y el ámbito donde se cometió.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de abril de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «O., R. I. y otro c/ B., J. C. y otro s/ daños y perjuicios» respecto de la sentencia de fs. 325/332, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I.- La sentencia de fs. 325/332 hizo lugar parcialmente a la pretensión incoada por R. I. O. y T. A. T., contra J. C. B. y A. S. P., En consecuencia, condenó a los demandados a abonarle a los actores la suma de $60.000, la que se discrimina en $30.000 para cada una, a lo que se deberán agregar sus intereses y costas.

II.- A f. 335 apela dicho pronunciamiento la parte actora y a fs. 367/368 funda su recurso.

Su único agravio versa sobre el monto por el cual prospera la demanda, citando jurisprudencia y refiriéndose al sistema de cuantificación de daños de la Oficina de Proyectos Informáticos de la Cámara.

III.- Por otro lado obra a fs.369/372 la expresión de agravios presentada por los demandados.

Funda su queja en la valoración de la prueba y la atribución de responsabilidad que realiza el a quo en su pronunciamiento respecto de las calumnias e injurias reclamadas por los actores.

Asimismo se agravia del monto por el que prospera la demanda, los intereses aplicables y la atribución de costas efectuada por el juez de grado.

IV.- El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios solicitados en el escrito inaugural.

Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

V.- Para comenzar, diré que no resulta objeto de debate ante esta Alzada que los demandados denunciaron penalmente a los actores por el delito de falsificación de instrumento privado para consumar estafa; proceso que culminara con el sobreseimiento de los principales encartados, no correspondiendo por ende la imputación de culpa ni cargo alguno.Ahora bien, sabido es que la decisión judicial que absuelve o sobresee al procesado o imputado es insuficiente para que, por el hecho mismo de existir tales resoluciones, se confiera derechamente al querellado o denunciado la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios que se invocan haber sufrido.

Es que en casos como el de autos se requiere, además, de un particular factor subjetivo de atribución: el obrar con dolo o, al menos, con una grosera culpa grave al promoverse la querella o denuncia. En tales hipótesis particulares, claro está, habrá responsabilidad a mérito del art. 1090 del Código Civil.

La razón de estas restricciones estriba, desde luego, en la necesidad de preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales; esto es, para que la posibilidad de ser demandado por daños y perjuicios no opere como una suerte de freno que impida la denuncia de presuntos hechos delictuosos, por lo que no se ha de exigir una diligencia mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una actuación semejante (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio-Zannoni, «Código Civil.», t. 5, p. 258/259; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», p. 350, núm. 852; Cifuentes, Santos, «Derechos Personalísimos», p. 467; Parellada, Carlos A., «Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente», JA, 1979-III-656 y sigtes.; Pecach, Roberto, «Responsabilidad civil por denuncias o querellas precipitadas e imprudentes», JA, 65-110 y sigtes. Ver, también, CNCiv, sala G, «S., F. y otros c. P., A. y otros», del 26/03/2008; íd., íd., 10-10-00, LL, 2001-D, 104).

Es que no es posible exigir a los que se sienten víctimas de delitos que sólo formulen la acusación cuando estén munidos de pruebas incontestables que no dejen dudas sobre la autoría.Requerir tales extremos equivaldría a imponerles a los denunciantes una carga policial exhaustiva en la investigación de los delitos para no errar respecto de la manifestación que formulan ante la autoridad; labor que por cierto no les compete (ver CNCiv, Sala D, «Di Rimini, Mario Oscar c/ Fernández, Alfredo s/ daños y perjuicios», del 21/04/1999; íd., íd., «Jorge Lojo, Angel y otros c. Muñiz, Alberto José» , del 12/06/2008; íd., Sala E, «Alfonso, Florencio c. Tallon, Irene R. y otros», del 12/07/2007; íd., íd., «Burgos, Roberto O. c. Transportadora de Caudales Juncadella S.A., del 04/03/2003, LL, 2003-D, 919; íd., Sala K, «Castroman Albiso, Ana S. c. Breitman, Benjamín G.», del 12/05/1997, LL, 1997-E, 607, DJ, 1998-1, 501; entre otros).

En tales cuestiones se basan las quejas de los demandados.

En primer término, cabe aclarar que no poseer la totalidad de la prueba a los fines del proceso penal, no significa no tener prueba alguna. Es más, uno de los ejes de la denuncia cursada en sede penal eran los poderes suscriptos a favor de las Sras. O. y T. A los pocos días, citado a declarar el Sr. B., manifiesta «[.] No, los únicos que fueron notificados 8 «24», 2″8″, 3″11″ y presentaron poderes de otros propietarios pero no puedo decir si son buenos o malos porque no los vi [.]». El querellante, en el plazo de un mes, pasa de aseverar la falsedad de los poderes a declarar que nunca los vio, y por lo tanto no puede expedirse acerca de su efectividad.

En un mismo sentido, cabe aclarar que no se espera que la parte se quede indefensa ante posibles maniobras de dudosa moralidad.Lo cierto es que en el caso particular, y a los fines pretendidos, los aquí demandados podrían haber recurrido a procesos menos lesivos, como los que prescribe la ley de propiedad horizontal (ley N° 13.512).

En función de todo lo delineado, compartiendo el resto de las consideraciones del magistrado que me precedió (que no han logrado ser revertidas por el apelante), habré de proponer a mis colegas que se confirme lo dispuesto en la sentencia de primera instancia.-

VI.- La Indemnización En relación al daño moral, hace falta aclarar que el agravio moral es todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial (Orgaz, «El daño resarcible», Ed. Depalma, Buenos Aires 1967, pág. 184), es así que a fin de justipreciarlo se contemplan las afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos sufridos por quien los reclama. Sin lugar a dudas, las circunstancias provocadas por el evento dañoso, sus secuelas luctuosas, sorpresivas e imprevisibles lo convierten en absolutamente procedente.

La indemnización del daño moral no requiere guardar proporción con la del perjuicio material, pues responden a razones de índole diferente, de tal forma no resulta la materialización de los intereses morales gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in-re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos.

Para meritar este rubro debe ponderarse la vinculación entre la gravedad objetiva de las lesiones y las implicancias espirituales que correlativamente suponen para la persona damnificada.

El daño moral, en caso de calumnias o injurias se presume, toda vez que surge in re ipsa, es decir, no requiere de prueba directa, puesto que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa.Para fijar el monto por el rubro daño moral se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores, entre los que habrá de considerarse la personalidad del ofendido, la mayor o menor difusión de la calumnia o injuria, el ámbito donde se cometió (Sumario N° 23921 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).

En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, considero acorde elevar el monto fijado en concepto de daño moral a la suma de $ 70.000, lo que se discrimina en $ 35.000 para cada una de las actoras (arts. 163 incs. 5 y 6, 265, 386 del CPCCN y 1078 del Código Civil).

VII.- Intereses / Tasa Aplicable:

Con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa, pues ante la falta de pago en tiempo y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causad o a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN).

Al respecto el plenario suscripto el 20/04/09 en los autos «Samudio de Martinez, L.c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.» s/ daños y perjuicios» en el voto de la mayoría estipula «[.] debe interpretarse que la tasa activa fijada en la cuestión anterior debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.» Y «Es por ello que, desde «el inicio de la mora», ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana, «hasta el cumplimiento de la sentencia» quedó determinada una regla general: aplicar al cálculo de intereses moratorios (art. 622 CC) tasa activa. Dicho aserto no admite cuestionamiento.» En tal inteligencia, y en cumplimiento de la doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se rechacen las críticas vertidas en materia de intereses.

VIII.- En lo relativo al agravio acerca de las injurias, el que fuera introducido por los demandados a f. 371, y en función de lo que se decide en primera instancia, el tratamiento del mismo deviene abstracto.

IX.- Por último, en lo atinente a la imposición de costas, en atención al resultado del pleito, considero improcedente apartarme del criterio objetivo de la derrota que prevé el artículo 68 del Código Procesal. En consecuencia, las costas de ambas instancias deberán ser sostenidas por los demandados vencidos.-

X.- En tal inteligencia, y por los fundamentos jurídicos expuestos, habré de proponer al acuerdo: I.- modificar parcialmente la sentencia recurrida en lo que hace al monto otorgado en concepto daño moral, el que se eleva a la suma de $ 70.000; y II.- confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas a la parte demandada (conf. art. 68 CPCCN). Así lo voto.-

Los Dres . Parrilli y Mizrahi , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:CLAUDIO RAMOS FEIJOO

ROBERTO PARRILLI

MAURICIO LUIS MIZRAHI –

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, 5 de abril de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I.- modificar parcialmente la sentencia apelada en lo que hace al rubro de «daño moral», el cual se eleva a la suma de $ 70.000 – lo que se discrimina en $ 35.000 para cada una de las actoras-; II.- confirmándose la misma en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de alzada se imponen a la parte demandada.- Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 331 vta./332, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1 de la ley N° 24.432).- Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.-

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA

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