Multa a empresa de telefonía celular por incumplir la prestación del servicio de reparación en los términos de la garantía otorgada.

CelularFacturaPartes: Telecom Personal S.A. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24.240 – art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 12-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99168-AR | MJJ99168 | MJJ99168

Se le impone una multa a una empresa de telefonía celular por incumplimiento en la prestación del servicio de reparación en los términos de la garantía otorgada.

Sumario:

1.-Corresponde aplicar una multa a una empresa de servicio de telefonía celular en tanto que incumplió con las modalidades acordadas en el contrato respecto del servicio de reparación – se le negó al denunciante un cambio de equipo defectuoso – no respetando los plazos, condiciones y demás circunstancias conforme a las cuales había sido convenida la prestación del servicio.

2.-Es inoficioso expedirse sobre el pago previo de la multa en tanto que los hechos que motivaron la disposición objeto de autos es anterior a la norma que la exige y después de estar vigente esta última, la autoridad administrativa no la requirió.

3.-La multa impuesta no es irrazonable toda vez que la verificación del incumplimiento de la normativa de protección del consumidor hace nacer de por sí la responsabilidad del infractor, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión.

4.-La multa impuesta no es desproporcionada ya que la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y no se ha comprobado en el caso arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

5.-El daño directo fijado por el organismo administrativo debe ser confirmado dado que la norma que lo creó le ha concedido esa facultad, está dotado de especialización técnica y sus decisiones están sujetas a un control judicial amplio y suficiente; máxime cuando el recurrente no especificó los agravios de su procedencia.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016. GO

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Por Disposición DNCI Nº 150/2015, de fecha 27 de julio de 2015, la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la firma TELECOM PERSONAL S.A., una multa de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) por infracción a los arts. 19 y 17 de la Ley 24.240, por incumplir con una correcta prestación del servicio de reparación en garantía y no haber procedido al cambio del equipo por otro de idénticas características, o haber devuelto los importes abonados por el denunciante.

Asimismo, intimó a la firma sancionada para que: i) abone al consumidor denunciante -Sr. Estanislao Cernadas-, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución, por el daño directo que le causara, la suma equivalente a dos (2) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a la fecha del efectivo pago y, ii) publique la parte dispositiva de la resolución a su costa, de acuerdo a lo establecido en el art. 47, de la Ley 24.240, debiendo acreditar dicha publicación en el expediente, bajo apercibimiento de hacerlo la Autoridad de Aplicación a su costa.

En primer término, el Director Nacional de Comercio Interior, indicó que las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 9 de abril de 2013 a partir de la Solicitud de Arbitraje en Equidad efectuada por Sr.Estanislao Cernadas, contra la sumariada, de la que es cliente del servicio de telefonía celular que esta presta.

Concretamente, y a lo que al caso interesa indicó que con fecha 25 de junio de 2012 el denunciante adquirió un teléfono celular de la sumariada, al cual se le rompió la ficha de sonido y parte de la pantalla táctil y que, habiendo concurrido al servicio técnico oficial este le informo que no contaban con los repuestos del equipo Motorola por lo que le hacen entrega de una orden de cambio, sin embargo, al pretender efectuar el cambio de equipo, el mismo le fue negado, por no tener en su poder la caja original y accesorios del equipo.

Efectuadas las diversas etapas conciliatorias, durante las cuales no fue posible arribar a un acuerdo de conciliación y atendiendo a las constancias de autos se imputó a la firma TELECOM PERSONAL SA, por presunta infracción al art. 19 de la Ley 24240, por incumplimiento en la prestación del servicio de reparación en términos de la garantía otorgada, respecto del teléfono celular -Motorola MT Mileston 3 16gb OB Nac.- adquirido por el denunciante por no haber sido reparado incumpliendo así las obligaciones de respetar los términos, plazos, condiciones modalidades reservas y demás circunstancias en punto a la prestación del servicio de reparación, en concordancia con el art. 12 de la Ley 24240, por lo que se advirtió una deficiente prestación del servicio de reparación en garantía, conforme fuera convenido y, por la presunta infracción al art.17 de la Ley 24240, en atención a que, habiendo dispuesto el servicio técnico el cambio del producto por no haber sido posible su reparación, la denunciada no dio cumplimiento con dicha norma, ya que al solicitarle la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características, el cambio le fue negado, al igual que la posibilidad de devolver la cosa en el estado en que se encontraba a cambio del importe equivalente a las sumas pagadas por el consumidor, conforme el precio actual en plaza.

En este sentido, se tuvo por acreditada -conforme las constancias de autos- que la sumariada no cumplió respecto del denunciante, con la obligación que le imponen aquellas normas, como así tampoco cumplió con la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características, ni accedió a aceptar la devolución de la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de del importe equivalente a las sumas pagadas.

Por último, se precisó que a pesar de que el informe técnico de reparación dio cuenta de que el equipo no era posible de ser reparado por lo que autorizó su cambio en garantía, cuando el denunciante pretendió efectuar dicho cambio el mismo le fue negado, aduciendo la sumariada que debían presentarse la caja original y accesorios del equipo. En consecuencia, concluyó que se encontraba plenamente verificada la infracción imputada respecto a los artículos 19 y 17, de la Ley 24.240.

II. Que, mediante la presentación de fs. 64/78, la firma sumariada -TELECOM PERSONAL SA- interpone el recurso de apelación previsto por el art. 45 de la ley 24.240, y sustancialmente sostuvo:(a) la inconstitucionalidad de la exigencia del pago previo como requisito de admisibilidad del recurso; (b) que, en modo alguno se incumplió con el deber impuesto, por cuanto, se ajustó la conducta a los términos del contrato, a la vez que brindo al denunciante diferentes opciones ante el desperfecto del equipo, las cuales no fueron aceptadas por este; (c) que, la principal actividad de Personal es la prestación del servicio de telefonía celular y no la fabricación de los equipos celulares, por lo que resulta arbitraria la imputación atribuida como consecuencia de la falta de stock, a pesar de haber puesto a disposición del cliente una lista de opciones que poseían las mismas funciones; (d) que, resulta infundada la imputación respecto de la supuesta omisión de brindarle al cliente una correcta prestación del servicio de reparación por cuanto dicho arreglo resultaba imposible por falta de repuestos; (e) que, la sustitución del equipo por uno de iguales características técnicas -disponible en aquel momento-no fue posible por causas ajenas a la empresa, pues fue el denunciante quien se negó a ello; (f) que, de los términos del contrato surge que, en caso de que el equipo se encontrare en garantía y no pudiera ser reparado, la empresa procedería a su remplazo por uno de igual o con similares características de acuerdo con el stock disponible en ese momento, por lo que resulta arbitraria y carente de motivación para tener como válida la Disposición Nº 150/2015 y; (g) que, las sanciones que se le impusieron son improcedentes a poco que se repare que carecen de un razonable análisis de las cuestiones debatidas y respecto de su monto, lo considera excesivo, arbitrario y desproporcionado.

III. Que, a fs. 102, la Administración concedió el recurso directo, en tanto que, a fs. 118/131, se presentó el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- y contestó el traslado que le fuera conferido.

IV.- Que, a fs.142/148, el Señor Fiscal General dictaminó tanto acerca de la competencia como de la admisibilidad formal de recurso, entendiendo que este Tribunal resulta competente y que, sin embargo, el recurso debe ser desestimado en la medida en que la sanción apelada fue impuesta bajo la vigencia de la Ley 26.993 -que, indicó, exige la acreditación del pago previo de la multa a los efectos de la interposición del recurso directo-.

Ahora bien, por cuestiones de orden procesal cabe en primer término recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades ha dejado establecido el criterio según el cual “El examen de razonabilidad de las leyes en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de posibles o eventuales resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños” y, asimismo, que “la ausencia de una demostración, en el sentido de que en el caso concreto las normas impugnadas ocasionan el gravamen invocado, convierte en abstracto cualquier pronunciamiento acerca de su constitucionalidad.” (CSJN, Fallos 311:1565; 312:2530; 330:3565 ; 325:2600 ).

Sentado ello, en cuanto concierne a la cuestión vinculada al requisito de pagar la multa impuesta para acceder a la jurisdicción (confr. art. 60 de la Ley nº 26.993) cuya inconstitucionalidad pretende la actora, corresponde advertir que, los hechos que motivaron la disposición objeto de autos es anterior a su entrada en vigencia y que después de estar vigente la Ley nº 26.933, la Administración concedió el recurso (confr. fs. 102) y el Estado Nacional lo replicó (confr. fs. 118/131), por lo cual es inoficioso expedirse acerca de la exigencia del pago previo de la multa, siendo que la autoridad administrativa, en éste caso, no lo requirió y (confr. esta Sala, causa nº 74545/2014, “Cablevisión SA c/ DNCI s/ defensa del consumidor – ley 24240 – art 45”, del 15/09/2015).

V.Que, ingresando ahora en el estudio de la cuestión de fondo, preliminarmente es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a analizar cada una de las cuestiones formuladas por la recurrente, sino tan solo aquéllas que resultan conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, fallos:258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; esta Sala, in re: “Espasa S.A. c/DNCI-DISP 556/2010”, del 7/12/11; “Petersen Thiele Cruz SAC y M c/DNCI-DISP 553/10”, del 2/2/11, entre muchos otros).

VI. Que, tal como han quedado planteadas las posiciones de las partes debe liminalmente señalarse que de la compulsa de la Disposición DNCI N° 150/2015 aquí cuestionada, surge con claridad que la sanción recurrida fue impuesta a la firma TELECOM PERSONAL S.A. por infracción a lo que establecen los artículos 17 y 19 de la Ley 24240, por no dar cabal cumplimiento con las modalidades acordadas en el contrato respecto del servicio de reparación.

Asimismo, no está controvertido que habiendo el denunciante -Sr. Estanislao Cernadas- solicitado el cambio de equipo, tal y como fue autorizado por el servicio técnico, el mismo le fue negado con el argumento de que faltaba la caja original y los accesorios, ello en contraposición con lo dispuesto por el art. 17, de la Ley de Defensa del Consumidor.

VII. Ahora bien, el art. 19 de la Ley 24240 establece:

“Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respet ar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.

Y, el art. 17 de la Ley 24240, dispone para los supuestos de reparación no satisfactoria que: “. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales y; c) Obtener una quita proporcional del precio.” y, el art. 12, en punto al servicio técnico, dice: “Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas., deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”.

Que, de las constancias de autos se desprende que la sumariada no respetó, respecto del denunciante, los términos, plazos, condiciones y demás circunstancias conforme a las cuales ha sido convenida la prestación del servicio de telefonía celular.

Que, a esta altura es fácil advertir que las propias constancias de la causa dan cuenta de que la empresa sumariada se apartó de las disposiciones que le impone la normativa vigente y en modo alguno ajustó su conducta a derecho, con lo cual no se advierte mérito alguno que la exima de responsabilidad.

En este sentido, es dable poner de resalto que el objetivo de la Ley N° 24.240 es la protección del consumidor y del usuario de los bienes y servicios (arg. art. 1° del citado cuerpo normativo).

Asimismo, de su artículo 4° se desprende que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización; del art. 19 se desprende la obligación de las empresas prestadoras de servicios de cumplir con las modalidades y demás circunstancias impuestas y; del art.17 surge la obligación de reparar el equipo defectuoso o bien cambiar la cosa adquirida por otra de idénticas características o aceptar la devolución de la cosa “en el estado en que se encuentre” a cambio del importe equivalente a las sumas oportunamente pagadas.

A lo expuesto precedentemente se debe añadir que la verificación de tales incumplimientos hace nacer por si la responsabilidad del infractor y el incumplimiento de los deberes a cargo de la sumariada configura un ilícito denominado de “pura acción” u “omisión”; por ello su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por sí misma para violar las normas, razón por la cual la multa impuesta no se advierte irrazonable, pues tiene su correlato en el incumplimiento de los deberes a cargo de la sumariada (conf. esta Sala “Supermercados Norte c/DNCI-DISP 364/04” del 9/6/06; “General Motors de Argentina S.R.L. c/DNCI DISP 2/09”, del 7/7/10, entre otras).

Que, en concordancia con ello el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que “los usuarios y consumidores de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo (.) a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Asimismo, dicha disposición prescribe que “[I]as autoridades de aplicación proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos.”.

Que, de acuerdo con lo reseñado precedentemente y las facultades legalmente reconocidas a la referida Dirección Nacional de Comercio Interior, cabe concluir que la sanción impugnada se encuentra dentro de las potestades reconocidas de acuerdo con las previsiones de la Ley N° 24.240.Ello, debido a que dicha dependencia con la información requerida ejecutó funciones que le son propias conforme lo desarrollado precedentemente.

VIII. Que, tampoco pueden recibir favorable acogida los argumentos mediante los que la encartada cuestiona la multa impuesta, con sustento en una supuesta desproporcionalidad o arbitrariedad en la cuantía de la sanción.

Al respecto, corresponde recordar que, como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. No obstante lo cual, no hay actividad de la Administración que resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, de modo que aun tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. Fallos: 304:721, 305:1489, 306:126; CNCont. Adm., esta Sala, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro para fines deter. c/DNCI s/recurso directo”, Causa 152691/02, de fecha 20/11/12 y Sala II, “Ballatore Juan Alberto c/ EN -Mº de Justicia s/Empleo Público”, Causa 15.026/93, de fecha 13/6/96).

Asimismo, no cabe soslayar que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen. Precisamente, en el ejercicio de la potestad sancionatoria ha de reconocerse al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala:doctrina en las causas “Lamagna SRL-TF 25088-I c/DGI”, 10/4/08 y “Obras Civiles SA -TF 20336-I c/DGI”, 16/4/08 y sus citas, entre otras y; Causa 152691/02, de fecha 20/11/12, precedentemente citada), debiendo en cada supuesto particular verificarse el regular ejercicio de tal prerrogativa.

En tal orden de ideas, se debe insistir en que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de la Administración, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces a quienes solo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, extremos que no se advierten en el sub examen, pues se han respetado los límites establecidos por el art.18 de la Ley 22.802 (CSJN, doctrina de Fallos: 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282, esta Sala: “Gorrini”, del 17/10/96, “Cochlar”, del 25/5/87, 802, “Provencred 2 Suc. Arg. c/DNCI – DISP 588/09”, sentencia del 11/02/2011; en igual sentido, Sala V, in re “Musso Walter c/PNA”, pronunciamiento del 27/05/1997, entre otros).

Desde esta perspectiva, corresponde destacar que el art. 49 de la ley 24.240, establece que para la aplicación y graduación de sanciones, se tendrá en cuenta 1) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, 2) la posición en el mercado del infractor, 3) la cuantía del beneficio obtenido y el grado de intencionalidad, 4) la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, 5) la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho; el inc. h) determina como topes las sumas de $ 500 a $ 500.000, razón por cual no se advierte que la demandada haya sobrepasado alguno de los topes allí establecidos.

IX. Que, por último, y en lo concerniente a la reparación con sustento en el art.40 bis, de la Ley 24.240, debe destacarse que el citado artículo otorga la facultad a la autoridad de aplicación de disponer la reparación del daño al consumidor que se haya producido como consecuencia inmediata de la infracción.

Más precisamente, dicha norma establece respecto al daño directo que “es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo”.

En lo que aquí interesa, dispone que, “esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos: a) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta; b) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas; c) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”.

En tal inteligencia, se puede advertir que el organismo administrativo actuó conforme a derecho y dentro de sus facultades al fijar el resarcimiento por daño directo en favor de la denunciante sobre la base de los parámetros fijados por la normativa.

Que, sin perder de vista lo dispuesto en la norma precedentemente citada, debe señalarse que la recurrente se limitó a sostener que su reparación resultaba improcedente en la medida en que no incurrió en incumplimiento alguno y en este sentido, la falta de específicos y autónomos agravios en cuanto a la procedencia del rubro bajo examen, obligan su rechazo, pues los escuetos argumentos vertidos, no logran derribar los fundamentos que han llevado al organismo de contralor al dictado del acto aquí recurrido, que se estiman suficientes.

Tampoco demuestra en forma convincente que dos (2) canastas básicas reconocidapor la demandada a la denunciante, no guarden proporcionalidad con la dimensión del daño directo derivado de su propia conducta.

En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: (1) declarar inoficioso expedirse sobre el planteo formulado en punto a la inconstitucionalidad del art. 60, de la Ley 26993 y, (2) rechazar el recurso de apelación directa interpuesto por la TELECOM PERSONAL S.A. y, en su consecuencia, confirmar la Disposición (DNCI) Nº 150/2015, con costas a la vencida por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo del código procesal).

Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dra. Marisa L. Gil y Dr. Nicolás Olivari- en las sumas de ($.)- y ($.) respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 del arancel citado).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero.Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ