El control primario de convencionalidad a cargo de los jueces nacionales.

justicia2Autor: Trucco, Marcelo

Fecha: 27-jul-2016

Cita: MJ-DOC-9972-AR | MJD9972

Sumario:

I. Introducción. II. Control de convencionalidad. Diferencias con el control de constitucionalidad. III. Control primario y secundario de convencionalidad. Control de convencionalidad de oficio. IV. Control abstracto o preventivo de convencionalidad. V. Herramientas para fundamentar a nivel interno la primacía de la interpretación nacional por sobre la internacional. VI. Reflexiones finales. Los jueces nacionales como garantes del sistema interamericano de derechos humanos.

Doctrina:

Por Marcelo Trucco (*)

I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de la primacía de los tratados internacionales por sobre las leyes internas y la elevación de los principales instrumentos de derechos humanos a la categoría de tratados con jerarquía constitucional decidido por la reforma de 1994, obligó a una nueva y renovada lectura del derecho argentino, ahora orientado a tener especialmente en cuenta los compromisos asumidos por el país en sede internacional. La clásica discusión sobre la jerarquía de normas en caso de conflicto quedó desde aquel momento definitivamente resuelta a favor de la norma internacional, posición adoptada por el constituyente que los jueces, como poderes constituidos, no pueden desconocer.

Asimismo, dicho reconocimiento trajo implícito aceptar que los tratados enumerados en el art. 75, inc. 22 , operan en nuestro derecho interno en las condiciones de su vigencia, esto es, bajo la forma de que el país ha decidido su ratificación (incluyendo reservas o declaraciones interpretativas) y también tal como esos instrumentos rigen en el plano internacional, por ser este su fuente propia y directa, más las interpretaciones y dimensiones señaladas por los tribunales internacionales, intérpretes auténticos de las convenciones.

En el caso específico de la protección de los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ratificada por la Argentina en 1984, constituye el instrumento más importante de protección a nivel regional, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el tribunal que la Convención creó para interpretar los derechos y garantías reconocidos en el Pacto. La aceptación por nuestro país de la competencia contenciosa de la Corte IDH nos obliga a cumplir sus decisiones y a trasladar en el ámbito interno los principales lineamientos para una mejor y eficaz aplicación de los derechos reconocidos.Debemos resaltar que, en la CADH, la Argentina aceptó respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en la Convención, como así también la obligación de adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer compatible el derecho interno con las garantías establecidas en el tratado.

Ahora bien, los tratados son instrumentos vivos, cuya operatividad depende en gran medida de la acción de los órganos estatales llamados a aplicar y a hacer valer sus disposiciones. La primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno significa, en concreto, que al momento de valorarse la aplicación o sanción de una disposición legal, debe cotejarse la compatibilidad de dicha norma interna con los tratados internacionales vigentes en el país. El control de convencionalidad de las normas internas adquiere así un nuevo desafío para todos los órganos del Estado, pero especialmente para los jueces nacionales, quienes se ven obligados a realizar ese test de comprobación y así, en lo posible, evitar la responsabilidad internacional que le puede caber al país por incumplir los tratados internacionales.

A lo largo del presente trabajo, intentaremos realizar un breve repaso por los principales alcances que tiene en la actualidad la doctrina del control de convencionalidad, señalando, especialmente, las dimensiones que alcanza la responsabilidad de dicho control en manos de los jueces nacionales, garantes del sistema interamericano de derechos humanos.

II. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS CON EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

La doctrina del control de convencionalidad emergió de la jurisprudencia de la Corte IDH. Las primeras referencias a su denominación obedece a la labor del entonces juez Sergio García Ramírez, quien en su voto razonado en el caso «Myrna Mack Chang vs.Guatemala», hizo referencia a un «régimen convencional» que obligaba a todos los órganos del Estado, haciendo especial mención al «control de convencionalidad» que efectúa la Corte IDH (1). En realidad, el Tribunal regional siempre, desde sus primeras sentencias, analizó la compatibilidad de las normas y acciones estatales con lo establecido por la CADH, solo que ahora, a dicho test de comprobación le puso nombre propio de identificación, circunstancia que permitió avanzar en sus alcances y resaltar su consideración en los Estados partes de la Convención.

No obstante el antecedente señalado, la mayoría de la doctrina alude al caso «Almonacid Arellano vs. Chile» , del año 2006, como el utilizado por la Corte IDH para definitivamente instalar la doctrina del control de convencionalidad. En aquella oportunidad, sostuvo el Tribunal que «cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana» (2).

Como se puede apreciar, la Corte IDH señala los dos aspectos más importantes que engloba el control de convencionalidad: por un lado, cotejar las normas internas para ver si resultan compatibles con la CADH (u otros tratados como veremos), y por otro lado, tomar especialmente en cuenta al decidir la aplicación de la norma local, si también resulta compatible con la interpretación efectuada por la Corte IDH.La eficaz aplicación de las normas convencionales de derechos humanos «obliga a los jueces nacionales a asegurar a las personas sometidas a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos consagrados, y a analizar las disposiciones de derecho interno a la luz de los citados instrumentos y de la exégesis que de los mismos realice la Corte IDH, como intérprete final de las convenciones» (3).

Primeramente la Corte IDH encomendó a los jueces esta tarea de comprobación convencional, aunque luego, en casos posteriores, la hizo recaer en todos los órganos del Estado, no solo el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo, obligados todos a efectuar control de convencionalidad (4).

Cuando se instaló a nivel local la doctrina del control de convencionalidad, se empezó a debatir sobre si dicho control resultaba similar al control de constitucionalidad que realizan los jueces nacionales, verificando la adecuación de las leyes con la Constitución Nacional (CN), o si por el contrario, se trataba de dos controles distintos, cuyos resultados no necesariamente pueden coincidir en el caso concreto. Entendemos que la principal confusión radica en pensar que los tratados han sido «incorporados» a la Constitución y que «forman parte de ella». Si se sigue dicho razonamiento, entonces resulta lógico pensar que el test de constitucionalidad abarca el de convencionalidad, o dicho de otra manera, que una norma al ser constitucional, también es convencional. Sin embargo, pensamos que se trata de dos controles distintos. Apoyamos nuestra postura en que la reforma constitucional de 1994 lo que hizo fue reconocer la jerarquía de los tratados, aceptando en dichos instrumentos su fuente propia, la internacional, de allí que los tratados no hayan sido «constitucionalizados», ni «incorporados a la Constitución». La internalización de los tratados no supone desconocer que cada norma mantiene su propia fuente específica: los tratados son derecho internacional, y las leyes, derecho interno, cuyas disposiciones deben guardar consonancia con los mandatos internacionales, por expresa disposición del constituyente.

Esta separación es reforzada, a nuestro criterio, por el art.27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece la expresa prohibición para los Estados de alegar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. La Constitución Nacional forma parte del derecho interno de un país, por lo cual, todas las normas, incluidas las constitucionales, deben resultar conformes a la Convención.

¿Podría una norma local, pasar el test de constitucionalidad y no el de convencionalidad? Sí, porque son distintos. Entonces, si dicha norma es constitucional, pero inconvencional, no podrá aplicarse por el juez nacional. Más aún, aceptando nuestro planteo, podría darse el supuesto de normas constitucionales inconvencionales (5), cuya vigencia podría ser dejada a un lado por las instancias internacionales. Esto no solo es posible, sino que ya ha sido resuelto por la propia Corte IDH, al obligar a un país a dejar sin efecto una norma de su propia Constitución por ir en contra de derechos expresamente establecidos en la CADH (6).

Nótese que en los países donde existe control concentrado de constitucionalidad, es decir, solo a cargo de Cortes o tribunales constitucionales, el control de constitucionalidad no puede ser realizado por los jueces inferiores, en cambio, el control de convencionalidad es una obligación que recae en todos los jueces, por lo que, en estos sistemas, el juez estaría obligado de oficio, o podría solicitarse el test de convencionalidad, pero no el de constitucionalidad.

III. CONTROL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE CONVENCIONALIDAD. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE OFICIO

La obligación de realizar el control de convencionalidad radica en todos los jueces del país. Este primer eslabón de control es el control primario; es decir, que corresponde al juez del propio Estado efectuar esa primera tarea de comprobación.Si ese test de compatibilidad no es efectuado de manera correcta, si el juez nacional se aparta de manera infundada del obligado seguimiento de los tratados internacionales o de la jurisprudencia de la Corte IDH, corresponderá en su caso a la Corte IDH el control secundario de convencionalidad, obligando al Estado a adaptar su legislación interna a los compromisos internacionales o a la interpretación brindada por la Corte IDH.

El control primario de convencionalidad asume una importancia fundamental. La Corte IDH recibe muchos casos que llegan a su competencia contenciosa quizás porque ha fallado el control primario de convencionalidad. Esto significa que si los jueces nacionales, como garantes del sistema y como expresión concreta del cumplimiento a nivel interno de las obligaciones internacionales asumidas por el país, hicieran una correcta lectura de convencionalidad, los temas no deberían llegar a la instancia internacional. Recordemos que dichas instancias supranacionales no operan como cuartas instancias en donde se pueden apelar decisiones judiciales locales, discutiendo cuestiones probatorias o de interpretación. El derecho internacional es respetuoso de las jurisdicciones nacionales. Solo va a intervenir, si se logra demostrar que a esa decisión judicial local se llegó violando alguna garantía o derecho contemplado en la CADH o en otro instrumento regional.

Por otra parte, la Corte IDH ha señalado que el control de convencionalidad debe ser practicado de oficio por parte de los jueces: «los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también «de convencionalidad» ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes» (7). Erróneamente se piensa que las partes son las que deben impulsar o pedir al juez que realice control de convencionalidad.Como quedó expuesto, dicho control es una obligación («deben ejercer el control») a cargo de los jueces, que no pueden eludir bajo el pretexto de la falta de solicitud por las partes.

Si bien la Corte IDH se refirió en la mayoría de los casos a que las normas internas deben cotejarse con la CADH, el mismo Tribunal ha reconocido que no se excluye del control a otros tratados regionales o universales que integran el sistema internacional de protección de derechos humanos. Por ejemplo, al momento de analizar la aplicación de una ley sobre violencia de género, se deberá analizar su compatibilidad con la Convención de Belem do Pará (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) y las interpretaciones vertidas al respecto por la Corte IDH en el caso «Campo Algodonero vs. México», en donde tuvo oportunidad de analizar e interpretar dicha Convención. Esta consideración resulta importante, pues los jueces suelen tener por costumbre solo tomar como referencia del control el Pacto San José de Costa Rica, desconociendo la vigencia y primacía de otros tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, tanto a nivel regional como universal, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, etcétera. Es decir que los jueces tienen a disposición un verdadero «bloque de convencionalidad» que deberán tener especialmente en cuenta al momento de fallar los casos particulares.

A su vez, cualquier norma local puede ser objeto de control. En este sentido, coincidimos con Sagüés, quien, al interpretar el alcance de las «leyes» que pueden resultar incompatibles con el Pacto, señala que cualquier regla jurídica doméstica (ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.) está sometida al control de convencionalidad.Incluso, para el mismo autor, la Constitución Nacional no queda exceptuada de dicho control, admitiendo que «el Pacto San José se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico del Estado, sin omitir a la propia Constitución. El Pacto asume así condición de supraconstitucionalidad» (8).

Ahora bien, si realizado el control de convencionalidad, surge la incompatibilidad de la norma interna con la internacional, el juez no podrá aplicar dicha norma local, lo cual no implica necesariamente que declare su nulidad o la inaplique para todos los casos. Esto es así porque una disposición interna puede resultar inconvencional cuando se refiere a una situación determinada, pero ser perfectamente convencional en otras situaciones (9). De allí que hay que tener cuidado al momento de formular la declaración de inconvencionalidad.

IV. CONTROL ABSTRACTO O PREVENTIVO DE CONVENCIONALIDAD

El punto radica en determinar si es necesario que la norma cuya convencionalidad quiere analizarse, haya sido aplicada para poder ser resuelta su eventual inconvencionalidad, o si por el contrario, puede el juez nacional controlar una norma que aún no ha sido aplicada. Al respecto, la Corte IDH ha evolucionado en la solución dada a este tema. En un primer momento, el Tribunal se opuso a la posibilidad de controlar en abstracto normas locales, por considerar que era necesario ponderar en la vigencia de la norma su aparente incompatibilidad con la CADH. Sin embargo, en casos posteriores, el Tribunal regional empezó a considerar la posibilidad al sostener que independientemente de su aplicación, una norma puede violar lo establecido en el art. 2 de la CADH en relación con el deber de los Estados de adaptar su derecho interno a las disposiciones del tratado (10). Adherimos al criterio actualizado por la Corte IDH. Si una norma interna se sabe contraria a la CADH, ¿cuál sería la razón para esperar a que su aplicación genere algún daño o produzca un efecto no deseado, si se lo puede evitar, precisamente, inaplicando preventivamente dicha norma?En este sentido, coincidimos con Midón cuando sostiene que «más allá de los interrogantes que suscita esta directiva, lo cierto es que la determinación del tribunal autoriza ahora una suerte de control preventivo de convencionalidad cuya utilidad sería muy beneficiosa para el sistema», agregando que «no hay más que pensar que la herramienta permitiría atajar eventuales conflictos que podrían registrarse cuando se aplique la disposición inconvencional. Tan beneficioso efecto conduciría, además, a descalificar anticipadamente preceptos contrarios al pacto, sin perjuicio de sentar claras directivas jurisprudenciales para los jueces nacionales» (11).

La Corte IDH ya ha tenido oportunidad de efectuar control preventivo de convencionalidad a requerimiento de los Estados. En la Opinión Consultiva N.° 4 solicitada por el Gobierno de Costa Rica, el Tribunal interamericano tuvo que referirse respecto a si ciertos proyectos de reforma a la Constitución Política de dicho país violentaban las garantías de igualdad y no discriminación contempladas en la CADH al estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles, frente a los demás extranjeros (12). Una década más tarde, volvió a efectuar un análisis preventivo, en la Opinión Consultiva N.° 12, en donde, nuevamente Costa Rica solicitó esta vez al Tribunal que analice la compatibilidad de un proyecto de ley de reforma de dos artículos del Código de Procedimientos Penales y de Creación del Tribunal Superior de Casación Penal en trámite ante la Asamblea Legislativa, con el artículo 8.2.h. de la CADH (13).

Como podemos apreciar, el control preventivo de convencionalidad es una herramienta sumamente valiosa a tener a cuenta para evitar pedidos de inaplicabilidad que pueden corregirse a tiempo. Esta obligación deberá ser tenida especialmente en consideración por los órganos legislativos al momento de apreciar los proyectos de ley. Recordemos que sobre el Poder Legislativo también recae la obligación de efectuar el control de convencionalidad.Sería adecuado entonces que, al momento de debatir los proyectos de ley, la discusión y análisis se efectúe tomando como parámetro los compromisos internacionales que el país ha adoptado sobre la materia. Resulta que muchas veces, la ausencia de este factor lleva a que la norma resulte inconvencional aun antes de ser sancionada y puesta en vigencia.

V. HERRAMIENTAS PARA FUNDAMENTAR A NIVEL INTERNO LA PRIMACÍA DE LA INTERPRETACIÓN NACIONAL POR SOBRE LA INTERNACIONAL

El hacer primar los compromisos internacionales a nivel interno no implica forzar a toda costa la aplicación automática de dicho orden internacional. Si bien la obligación general es cumplir con los compromisos y estándares señalados por el sistema universal e interamericano, hay herramientas que los jueces nacionales pueden tener en cuenta para fundamentar la aplicación de estándares locales, apartándose excepcionalmente del mandato supranacional, sin hacer incurrir por ello al Estado en responsabilidad internacional, elementos que operan, en el caso concreto, en verdaderos límites al control de convencionalidad.

Una de las doctrinas que ha servido para matizar el impacto que puede generar la adopción sin cortapisas del control de convencionalidad por parte de los tribunales nacionales es la llamada doctrina del «margen de apreciación nacional», principio que si bien fue reconocido por la Corte IDH, cuenta con más desarrollo y recepción por parte de la jurisprudencia de los tribunales europeos de derechos humanos.Este margen de apreciación nacional «consiste en la posibilidad de interpretar o valorar un derecho o garantía contemplado en un tratado de derechos humanos de acuerdo con las particularidades propias del país donde dicho derecho sea invocado, otorgando en definitiva, una especie de privilegio a los tribunales nacionales en la apreciación de derechos conforme las realidades que se presenten en ese país, conservando así la última palabra para «moldear» o «adaptar» al contexto social, económico o jurídico nacional, el derecho emanado de un tratado o convenio internacional» (14). Se tr ata de una herramienta interesante en manos de los jueces locales, pues en muchas ocasiones, si bien las sentencias de la Corte IDH tienen efecto «erga omnes» y sus estándares pueden invocarse ante todos los Estados partes de la CADH, aun frente aquellos que no fueron parte en el proceso donde se interpretó el derecho garantizado por el Pacto, los contextos o realidades en donde cobra vigencia el derecho en debate suelen ser disímiles, de allí que el seguimiento estricto de los parámetros establecidos por la Corte IDH puede llevar a adoptar decisiones que no se ajustan a otro contexto o situación particular.

Si bien la doctrina del margen de apreciación nacional adquiere valor como límite al análisis de convencionalidad, su aplicación debe ser razonable y prudente, pues puede correrse el riesgo de desvirtuar la uniformidad deseada en la interpretación de los derechos consagrados por la CADH. Al respecto, coincidimos con Sagüés en que «si bien es importante reconocer que ciertos derechos encuentran condicionamientos materiales y sociales derivados del ambiente donde se aplican, hay un margen nacional «aceptable» (flexible), que admitiría ciertas modalidades secundarias de aplicación y extensión, atendiendo las idiosincrasias y experiencias de cada país, y hay otro margen «inadmisible», integrado por un núcleo duro de derechos de fuente internacional, esenciales, básicos y por lo tanto inalterables e innegociables.Sobre estos últimos no cabrían restricciones de interpretación a cargo de las soberanías estatales» (15).

Otra de las herramientas importantes que los jueces pueden tener en cuenta es hacer valer el principio «pro homine» (también denominado «pro persona»). Puede resultar que la garantía del derecho que se pretende resguardar sea más amplia en sede nacional. En ese caso, deberá estarse por aquella norma que sea más beneficiosa para la persona. No habría supuesto de incompatibilidad, dado que se está privilegiando en su aplicación la norma que ofrece una garantía más amplia para la eficaz protección del derecho vulnerado.

Por otra parte, sigue siendo un tema discutido si las recomendaciones surgidas de los Comités de Derechos Humanos, por ejemplo, las que pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben ser seguidas con valor vinculante por los tribunales nacionales o bien deben tenerse en cuenta como una mera guía de interpretación, pero sin el sentido obligatorio que gozan los fallos emanados de la Corte IDH. Al respecto, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia local descartaron la aplicación obligatoria de las recomendaciones emanadas de la CIDH. Se entendía que dichas decisiones se desprendían de un órgano no judicial, por lo que carecían de fuerza vinculante. No obstante, en los últimos años, la propia Corte IDH y algunos fallos de los Tribunales argentinos parecen orientar la interpretación hacia un mayor seguimiento de las recomendaciones de la CIDH. Si bien todavía no se expresó con claridad si su efecto vinculante debía equipararse a los fallos del Tribunal interamericano, ha razonado la Corte Suprema de Justicia Nacional que el Estado deberá demostrar haber realizado sus mejores esfuerzos en aras de cumplir con las recomendaciones formuladas por la CIDH.Incluso ha sostenido el máximo tribunal argentino, adhiriendo a la postura de la procuradora, que si un juez local, no brinda fundamentos de por qué se ha apartado de la consideración de los tratados internacionales invocados por las partes o no enuncia las razones que pudieran existir para no seguir la doctrina derivada de la jurisprudencia de los órganos internacionales, su sentencia adolece de falta de debida fundamentación y puede considerarse por esos motivos, arbitraria (16).

VI. REFLEXIONES FINALES. LOS JUECES NACIONALES COMO GARANTES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

A lo largo del presente trabajo, hemos intentado resaltar la importancia que reviste la labor judicial a la hora de honrar en la práctica las obligaciones asumidas por nuestro país, especialmente en relación con el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio nacional. La decidida primacía de las normas internacionales en el derecho interno argentino debe ser valorada con amplitud, en el convencimiento de que debe hacerse un trabajo razonado para lograr armonizar las normas locales con las internacionales y, así, intentar encontrar la solución que más contemple y respete la dignidad de la persona. El llamado a un mayor activismo judicial al momento de interpretar los tratados de derechos humanos formulado en el nuevo Código Civil y Comercial es un fiel reflejo de estos nuevos tiempos de neoconstitucionalismo, marcado fuertemente por la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Los jueces deben asumir con responsabilidad el desafío de ser los eslabones fundamentales en garantizar aquellos compromisos. Son representantes del Estado. Por lo tanto, «más allá de la interpretación que cada uno pueda tener respecto a tal o cual derecho humano, forman parte de un órgano estatal que ya ha asumido un compromiso que no pueden relegar» (17). Su actuación incorrecta puede llegar a comprometer la responsabilidad internacional del país.En muchas ocasiones, la Corte IDH ha obligado al Estado a interpretar un determinado derecho quizás diez años después de haber ocurrido la violación, cuando dicho derecho debió haber sido garantizado oportunamente o reparado con prontitud por la justicia local.

Los jueces entonces se convierten en jueces del sistema interamericano, auténticos guardianes de la efectiva concreción de las obligaciones asumidas por el Estado. Como bien sostiene García Ramírez, «el tribunal internacional -al igual que el juez constitucional interno- está llamado a cumplir una función de primer orden en la sociedad emergente y el Estado que aquella genera. Esta función, creciente y compleja, concurre a integrar los nuevos espacios para el ejercicio del poder en la democracia» (18).

En tiempos en donde se advierte un mayor acceso a los órganos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, muchas veces colapsados por la cantidad de casos, la responsabilidad de los jueces en el correcto ejercicio del control primario de convencionalidad servirá para mitigar las causas que arriban al sistema y redundará en la mejor salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas, verdaderos destinatarios de la protección internacional.

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(1) Corte IDH, caso «Myrna Mack Chang vs. Guatemala»; voto razonado juez García Ramírez; 25/11/2003.

(2) Corte IDH, Caso «Almonacid Arellano y otros vs. Chile», Excepciones preliminares; Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26/9/2006. Serie C, N.° 154, apdo. 124, MJJ99243.

(3) TRUCCO, Marcelo: «La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», La Ley 2012-A, 60.

(4) Corte IDH, Caso «Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú»; Excepciones preliminares; Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24/11/2006. Serie C, N.° 158; apdo. 128. También, Corte IDH: Caso «Boyce y otros vs. Barbados». Excepción preliminar; Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20/11/2007. Serie C, N.° 169.

(5) Pensamos como ejemplo, la disposición del art. 89 de nuestra CN en cuanto prohíbe a un argentino naturalizado la posibilidad de ser presidente de la nación.Podría alegarse que dicha norma constitucional atentaría contra el derecho de acceso a los cargos públicos de los nacionales de un país en condiciones de igualdad. Algunos argentinos podrían ser presidentes (los nativos) y otros no (los naturalizados). Frente a esta situación, no cabría otro planteo que reclamar la inconvencional de dicha norma constitucional.

(6) Corte IDH, Caso «La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile». Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 5/2/2001. En este caso, el Tribunal regional obligó a Chile a dejar sin efecto una norma constitucional que autorizaba la censura previa para las exhibiciones cinematográficas por considerar que violaba el derecho a la libertad de expresión reconocido en la CADH.

(7) Corte IDH, Caso «Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú»; Excepciones preliminares. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24/11/2006. Serie C, N.° 158; apdo. 128.

(8) SAGÜÉS, Néstor P.: «El control de convencionalidad. En particular sobre las constituciones nacionales»; en La Ley; año LXXIII, N.° 35, jueves 19/2/2009; p. 2, citado por TRUCCO, Marcelo: «El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales», en Revista de Filosofía Jurídica y Social; Centro de investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía social; Facultad de Derecho; Universidad Nacional de Rosario; N.° 33; años 2010-2012.

(9) Puede ponerse como ejemplo la facultad constitucional en poder del ejecutivo de indultar a los autores de ciertos delitos. Sin embargo, dicha facultad, en los supuestos de autores de crímenes de lesa humanidad, resulta absolutamente inconvencional, violatoria de la CADH, como lo ha establecido la propia Corte IDH en varios casos.

(10) Corte IDH, Caso «Suárez Rosero vs. Ecuador»; sentencia de fondo del 12/11/1997, párr. 98.

(11) MIDÓN, Mario: «Control de Convencionalidad». Buenos Aires, Astrea, 2016, 1.a ed., p. 107.

(12) Corte IDH, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización.Opinión consultiva OC-4/84 de 19/1/1984. Serie A, N.° 4.

(13) Corte IDH, Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 de 6/12/1991. Serie A N.° 12.

(14) TRUCCO, Marcelo: «El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales», op. cit., p. 133.

(15) SAGÜÉS, Néstor P.: «Dificultades operativas del control de convencionalidad en el sistema interamericano», en La Ley; Año LXXIV, N.° 152, miércoles 11/8/2010, p. 2, citado por TRUCCO, Marcelo: «El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales», ob. cit., p. 133.

(16) CSJN, 30/12/2014, «Arrillaga, Alfredo Manuel s/ causa 14.102», MJJ91097 .

(17) TRUCCO, Marcelo: «El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales», op. cit., p. 127.

(18) GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Voto razonado, Corte IDH. Art. 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/9 de 29/9/2009. Serie A, N.° 20, apdo. 83.

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor de Derecho Internacional Público, UNR, UCA, UCEL y UAI. Docente permanente de la Maestría en Derechos Humanos y de Derecho Público, UNR. Docente de diversos posgrados en distintas universidades del país.

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