Sancionar a una jugadora de hockey por haber golpeado violentamente a una persona del público, es una facultad reservada al tribunal de disciplina de la asociación civil en defensa de los intereses del grupo.

129272Partes: G. I. G. c/ A. A. A.D. H. S. C. s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 9-may-2016

Cita: MJ-JU-M-98725-AR | MJJ98725 | MJJ98725

La aplicación de una sanción a una jugadora de hockey por haber golpeado violentamente con su palo en la cabeza a una persona del público, es una facultad reservada al tribunal de disciplina de la asociación civil en defensa de los intereses del grupo.
Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda instaurada contra la asociación de hockey e imponer a la actora la sanción de 5 años de suspensión, por ser responsable del acto vandálico protagonizado en ocasión de saltar el alambrado perimetral y golpear violentamente con su palo de hockey en la cabeza a una persona del público, lo que enardeció aún más a la gente y reavivó la pelea, pues las decisiones de las asociaciones resultan del correcto ejercicio del poder disciplinario y son irrevisables en esta instancia.

2.-El derecho de defensa que alega perjudicado la recurrente no se configura, pues a la apelante se le dio oportunidad de ser oída, supo la irregularidad que se le imputó, y tuvo su oportunidad de exponer las razones que estimó pertinentes.

3.-El único límite que tiene la potestad sancionatoria de las asociaciones es que se cumpla con la garantía constitucional del debido proceso, de modo que la sanción sea el resultado de un proceso en el cual se haya asegurado el derecho de defensa del asociado, circunstancia que es la de autos, pues la sancionada fue notificada del hecho que se le imputó, fue escuchada en su defensa, se le permitió producir pruebas- sin que aquélla haya hecho uso de esa atribución en forma oportuna- y se le notificó la sanción impuesta para que de ese modo pueda ejercer los recursos que correspondan, facultad que fue ejercida por la recurrente y por el cual obtuvo la disminución de la pena a cinco años.

4.-La sanción ha sido impuesta por un cuerpo colegiado constituido con arreglo a las disposiciones reglamentarias vigentes en ejercicio del poder disciplinario con que se encuentra investido y tal determinación fue tomada con criterio razonable y prudente en atención a la gravedad de la falta cometida por la recurrente tras un procedimiento correcto y regular en el que se resguardó el derecho de defensa de la afectada.

5.-La suspensión apelada no importa vedarle a la recurrente las prácticas deportivas, ni siquiera en la disciplina del hockey; la suspensión se relaciona con la competición federada de dicho juego.

6.-Quien pretende descalificar una norma por inconstitucional, debe demostrar de forma plena y acabada la vulneración del orden constitucional, requisito que no se satisface con meras referencias superficiales o genéricas, ya que se requiere una acabada impugnación en función del principio de especificidad, y el hecho que la actora reitere que fueron violentados los derechos consagrados en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros a los que hace referencia, no alcanza para tal declaración, siendo la referida falencia un obstáculo insalvable para la admisibilidad del planteo, el que debe ser rechazado.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016.- AC

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

I.- Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 218/225 que rechazó la demanda instaurada con costas.

II.- La recurrente sostuvo que la sentencia de grado resulta arbitraria y contradictoria, y viola por lo tanto el derecho de defensa en juicio y debido proceso contemplados en los art. 18 de la Carta Magna, agregó que las resoluciones administrativas, afectan gravemente sus derechos de rango constitucional consagrados en el art. 75 inc. 22 (Conf. memorial de fs. 227/230 contestados a fs.

233/235)

III.- En primer término, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con arreglo a una reiterada y pacífica doctrina, ha recordado que la justicia sólo debe limitarse a ejercer, en los supuestos de sanciones disciplinarias dispuestas por asociaciones de la índole de la aquí accionada, un control de legalidad y razonabilidad, mas si no median tales extremos puntuales de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, o de «injusticia notoria», en manera alguna puede inmiscuirse en el análisis acerca del mérito o conveniencia del acto, a modo como, valga la comparación con las salvedades del caso, tampoco puede suplir la esfera propia del poder ejecutivo al revisar la legalidad o falta de razón del acto administrativo (cf. entre otros doctrinarios de renombre, Ludwing Enneccerus, León Michaud, Maurice Gherin, Eduardo Busso, José M. López Olaciregui, Raimundo Salvat, Jorge J. Llambías, Guillermo A. Borda, según sus obras citadas en el punto 6° del voto preopinante del caso publicado en La Ley, t. 127, pág. 1077; Fallos: 323:1042 , esta Sala G, Ciarrochi, Américo Eduardo c. Buenos Aires Lawn Tennis Club, del 23/09/2010, Publicado en: RCyS 2010- XII , 190,Cita online:AR/JUR/54373/2010).

En sentido concordante, se ha expresado que las impugnaciones que se formulen por vía judicial con motivo de sanciones disciplinarias impuestas por asociaciones civiles resultan, como regla, improcedentes y sólo deben admitirse cuando aquellas signifiquen el desconocimiento evidente de garantías constitucionales, sin que el órgano judicial pueda sustituir a los órganos estatutarios competentes para constituirse en tribunal de alzada de cuestiones que hacen al ejercicio de poderes disciplinarios (cf. C.N.Civ., sala D, R. 65.163, del 30/11/99; íd., sala B, R. 275.337, del 17/8/99; íd., sala F, L. 153.269, del 9/12/94; íd., sala M, «Montero, Belisario c/Club Universitario de Buenos Aires» , del 7/3/06, en La Ley del 24/8/06).

Se ha dicho también que queda al margen de la revisión jurisdiccional de los jueces todo lo relativo a los criterios que dentro de un marco de legalidad puedan haber inspirado la decisión de la asociación, como la conveniencia o inconveniencia de seguir una política de rigidez o flexibilidad en las sanciones, porque una apreciación tal incumbe a sus autoridades, claro está, siempre que la decisión no sea arbitraria (cf. Lloveras De Resk en Código Civil de Bueres-Highton T. 1 p. 374, C.N.Civ., sala F, «Beovide Temperley, María c/Club Francés», del 1/7/82, en Jurisprudencia Argentina 1984-I, p. 646 y sus numerosas citas).

IV.- Desde esta perspectiva en autos, no se advierte que hubiera habido una afectación del derecho de defensa de la sumariada, que ha tenido oportunidad de efectuar sus correspondientes descargos y producir prueba.

Pues, en primer término cabe destacar que de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Tribunal de Disciplina, de la Asociación Amateur de Hockey, está establecido que deberá citar en primera audiencia al interesado a fin de proceder a la íntegra ratificación de la denuncia ello bajo pena de nulidad (ver. fs. 98 art.13). Asimismo, establece que el jugador o la persona involucrada tomará conocimiento del sumario en la audiencia que corresponda o que fije el Tribunal y podrá optar por producir su descargo en el momento de la misma o podrá solicitar formularlo por escrito en un plazo que no supere los cinco días (ver fs.98 art. 17). Por otra parte, el art. 19 inciso e y f, establece que dicha presentación el juzgador deberá explicar en forma clara y sucinta su versión de los hechos, y ofrecer las medidas de prueba que considere hagan a su derecho de defensa en juicio, las cuales la carga de la producción recaen sobre el oferente (ver fs. 99 art. 21).

De las constancias los expedientes administrativos 35/15 y su conexo 34/15 labradas por el Tribunal de Disciplina de la A.A.H.B.A surge que se iniciaron con motivo del informe elaborado por el árbitro del partido, Sr. P., disputado el 25 de abril de 2015, en el cual describió que luego de detener el partido por una gresca generalizada entre el público local y visitante, pidió a las jugadoras de ambos equipos que se retiren de la zona de disturbio, pero notó que la señora G. corrió hacia el lugar del conflicto, y a pesar de su insistente pedido para que se detenga, la apelante saltó el alambrado perimetral y se metió a la carrera entre la gente y golpeó con su palo de hockey violentamente en la cabeza(de forma deliberada y con clara intención de lastimar) a una persona del público, lo que enardeció aún más a la gente y reavivó la pelea (ver fs. 1).

Si bien el Tribunal, el 27 de abril de 2015 decretó la rebeldía de la actora (v. fs. 1vta), con posterioridad, el 4 de mayo de 2015, ella compareció personalmente y se le hizo saber el motivo de su citación, se le dio lectura al informe del denunciante y, en esa oportunidad, G. manifestó que haría su descargo de manera escrita (v. fs.2), descargo que así realizó el 11 de mayo de 2015, conforme surge de las constancias de fs. 4/5.

En tal presentación, la Sra. G. reconoció que golpeó a una persona, pero sostuvo que su accionar fue consecuencia del riesgo de vida que corría su esposo y su hijo, a raíz de la pelea que se efectuaba fuera de la cancha, en la oportunidad que observó que su esposo era golpeado por un jugador de Rugby del Club SITAS (v. fs. 4/5). En este punto y como bien señaló el juez de grado, la actora no hizo uso de su derecho de ofrecer los medios probatorios que le permitían el art. 19 inc. f. antes citado.- Luego, con fecha 1° de junio de 2015, el Tribunal de Disciplina, dictó resolución, y de la misma surge que a raíz de lo manifestado por la actora, recibió de oficio declaración testimonial al árbitro, con el fin de preguntarle concretamente si el niño, hijo de la imputada y su marido se encontraban en riesgo de vida, tal como señaló la actora en su descargo, pero por el contrario el Sr. P., expresó que el niño se encontraba al cuidado de su abuela materna detrás de un arco mientras los incidentes se desarrollaban sobre el lateral de la cancha y el marido de la actora protagonizaba la gresca entre las parcialidades (v. 6vta/7 considerando TERCERO).

A raíz de ello, el Tribunal entendió que no existían elementos objetivos que permitieran desvirtuar el informe del árbitro, ya que la justificación del acto vandálico protagonizado por la Señora Gallardo no encontraba sustento en las constancias de autos, por lo que resolvió imponer a la actora una sanción de 15 (quince) años de suspensión por aplicación del art. 74 y encontrarla incursa en las previsiones del art. 47 de las NFTD (ver fs. 7).

Contra dicha resolución el 29 de junio de 2015, la Sra. G. interpuso recurso por ante el Tribunal de Apelación (ver fs.11/14), en el cual se agravió de la aplicación errónea del art. 74 citado, y en dicha oportunidad, ofreció prueba testimonial; careo con el árbitro e informe psicológico de la consultora de parte (v. fs. 66/69).

El Tribunal se expidió el 6 de julio de 2015, readecuando el término de la sanción a 5 (cinco) años, conforme el art. 74 de las NFTD, sanción que vencerá el día 24 de abril de 2020 y desestimó los medios de prueba ofrecidos en virtud de que el apelante en esa instancia sólo puede proponer las medidas denegadas o no producidas en la instancia anterior, y cumplidos los plazos estipulados en la NFTD, por lo que el ofrecimiento resultaba improcedente (v. fs. 143/144). Ello en consonancia con el art. 44 inc. g) que dispone que «.las partes podrán proponer las medidas probatorias denegadas o no producidas por el Tribunal de Disciplina que estén interesadas en replantear.» (v. fs. 105).- V.- Por todo lo expuesto, vale decir que no es objetable la sanción de la entidad demandada debida a las transgresiones estatutarias a ella imputadas.

En el caso, el derecho de defensa que alega perjudicado la recurrente no se configura, pues a la apelante se le dio oportunidad de ser oída, supo la irregularidad que se le imputó, y tuvo su oportunidad de exponer las razones que estimó pertinentes.

Pues así, se señaló que «Como garantía para el pleno ejercicio por parte de los miembros de una asociación civil de su derecho constitucional de defensa en juicio, se exige que la sanción impuesta por el órgano de la asociación sea el resultado de un proceso llevado a cabo en debida forma» (CNCiv. Sala H 9/4/2010 «Aguilera Alejandro c. Cons. de Prop.Campo Chico Country Club» ED 240-163), circunstancia que se da en autos.

El único límite que tiene la potestad sancionatoria de las asociaciones es que se cumpla con la garantía constitucional del debido proceso, de modo que la sanción -en el caso, se suspendió a la jugadora por inconducta- sea el resultado de un proceso en el cual se haya asegurado el derecho de defensa del asociado, circunstancia que es la de autos, pues la sancionada fue notificada del hecho que se le imputó, fue escuchada en su defensa, se le permitió producir pruebas que hagan a su derecho (sin que aquélla haya hecho uso de esa atribución en forma oportuna) y se le notificó la sanción impuesta para que de ese modo pueda ejercer los recursos que correspondan, facultad que fue ejercida por la recurrente y por el cual obtuvo la disminución de la pena a cinco años.

Por ello, la sanci ón ha sido impuesta por un cuerpo colegiado constituido con arreglo a las disposiciones reglamentarias vigentes en ejercicio del poder disciplinario con que se encuentra investido y, contrariamente a la endilgada injusticia notoria y abuso de autoridad del ente sancionador, tal determinación fue tomada con criterio razonable y prudente en atención a la gravedad de la falta cometida por Gallardo tras un procedimiento correcto y regular en el que se resguardó el derecho de defensa de la afectada.

Por lo expuesto, al no configurarse en autos un perjuicio al ejercicio del derecho de defensa de la actora, o el supuesto de arbitrariedad en la sanción fijada, las decisiones de las asociaciones resultantes del correcto ejercicio del poder disciplinario son irrevisables en esta instancia.

Tampoco obsta la decisión adoptada el hecho que del informe pericial psicológico de la consultora acompañado, del cual surge la depresión que estaría atravesando por no poder jugar al hockey, pues la actora no puede desconocer que el motivo de esa suspensión fue su conducta antirreglamentaria, pegar a un espectador con su palo de hockey, dicho obrar es el que fue sancionado, y como consecuencia deello es que actuó la Asociación de Hockey, asociación a la que está adherida el equipo en el que juega la actora.

No puede desconocer el poder disciplinario de las corporaciones o asociaciones como exigencia vital de la entidad, la facultad de la asociación de aplicar sanciones en defensa de los intereses del grupo, de acuerdo a lo que mayoría entiende justo y adecuado en las circunstancias del caso, siendo en principio la propia asociación la más indicada para apreciar la falta cometida y la medida de la sanción que debe aplicarse a los miembros.

Por lo demás, la suspensión apelada no importa vedarle a la recurrente las prácticas deportivas, ni siquiera en la disciplina del hockey; la suspensión se relaciona con la competición federada de dicho juego.

VI.- Por último, en cuanto a la petición de inconstitucionalidad en que pretendió ampararse la actora, la misma debe ser rechazada por carecer de los requisitos indispensables para su admisibilidad.

La declaración de inconstitucionalidad es una de las misiones más delicadas el órgano jurisdiccional, por cuanto implica la revisión de las potestades legislativas del órgano correspondiente, por lo que debe efectuarse con criterio restrictivo y prudente. Quien pretende descalificar una norma por inconstitucional, debe demostrar de forma plena y acabada la vulneración del orden constitucional, requisito que no se satisface con meras referencias superficiales o genéricas, ya que se requiere una acabada impugnación en función del principio de especificidad.

Los agravios constitucionales deben ser demostrados de manera inequívoca, de forma que surja palmaria la lesión al orden normativo supremo, con indicación precisa de la norma cuestionada y no con meras referencias generales.En el caso a examen, el planteamiento carece de tal requisito, pues el hecho que la actora reitere que fueron violentados los derechos consagrados en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros a los que hace referencia, no alcanza para tal declaración, la referida falencia, representa un obstáculo insalvable para la admisibilidad del planteo, el que debe ser rechazado.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado, SE RESUELVE: I. Confirmar la sentencia de fs. 218/224 en cuanto fue materia de agravios, II Con costas a la actora vencido (art. 69, cód. proc.). III. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara en su despacho, y a las partes en sus respectivos domicilios electrónicos, (conf. ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 CSJN).-

IV. Cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 R.J.N.).-

Carlos A. Bellucci

Carlos A. Carranza Casares

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