Las fallas detectadas respecto de la individualización de un automotor, determinan la responsabilidad extracontractual del Estado.

accidente choque autoPartes: Sciaccaluga Norberto Edgardo c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Reg. Porp Automotor s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 15-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98615-AR | MJJ98615 | MJJ98615

Las fallas detectadas en las funciones que le eran propias, respecto de la individualización de un automotor, determina la responsabilidad extracontractual del Estado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la atribución de responsabilidad al Estado Nacional por el daño causado al actor a raíz de la irregular transferencia del automotor sustentada en un error en su verificación física, pues las falsedades en las identificaciones del chasis y del motor arrojadas en la pericia y las adulteraciones señaladas en el resultado del peritaje especial debieron ser advertidas en oportunidad de realizarse la comprobación física ante la autoridad competente.

2.-Toda vez que no se advierte que el organismo competente para realizar las verificaciones, habilitada por el organismo de aplicación aquí demandado, haya cumplido regularmente con su función, pues de haberlo hecho, hubiera descubierto la maniobra fraudulenta que motivó el inicio de la causa, corresponde confirmar la responsabilidad endilgada al Estado Nacional.

3.-Corresponde confirmar la responsabilidad del Estado Nacional y rechazar su argumento tendiente a exonerarse por la culpa de un tercero por quien no debe responder (quien cometió el ilícito), por cuanto el hecho del tercero dio ocasión a la falta de servicio objetiva del Registro y no libera la responsabilidad de la parte demandada quien percibe, además, por sus servicios una tasa o canon.

4.-Se confirma la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público por haberse acreditado irregularidades en la verificación del automotor, puesto que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular; máxime siendo que esta idea objetiva de falta de servicio encuentra su fundamento en el art. 1112 del CCiv.

5.-Puesto que el actor no logró adquirir su derecho de dominio sobre el automotor ni tampoco sus inherentes derechos de posesión, de disposición, uso y goce conforme a un ejercicio regular (arts. 2506 y 2513 del CCiv.) debe rechazarse la pretensión de daño por privación de uso.

6.-Se justifica el resarcimiento del daño moral pues el actor fue imputado en un proceso penal que se extendió durante años y que, en definitiva, el Estado debió revocar la transferencia irregular de la titularidad registral, por lo que, en tal contexto, lucen razonables las aflicciones espirituales que el actor manifestó haber sufrido, así como también, debe aceptarse la causalidad apropiada entre este daño y el irregular cumplimiento de su función de servicio público por la parte demandada.

Fallo:

En Buenos Aires, a 15 del mes de marzo de 2016, se reúnen en Acuerdo los Jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. El señor Norberto Edgardo Sciaccaluga promovió demanda contra el Estado Nacional -Secretaría de Justicia de la Nación, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios- por los daños padecidos por la irregular transferencia de dominio del rodado Marca Toyota, Modelo Hilux 4×4 SR5, Cabina Doble, tipo Pick Up, Dominio CNB-237, en el mes de diciembre de 2000. Solicitó el pago de la suma de pesos doscientos veinte mil quinientos ($220.500,00) o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse, más los intereses y las costas del juicio (cfr. escrito de demanda de fs. 1/10, ampliación de demanda a fs. 53/55 y fs. 79/83).

Señaló que en diciembre del 2000 compró un automotor usado a una señora que dijo llamarse Zulma Abdulnabi y que el Registro de la Propiedad Automotor de Pilar, luego de observar que la documentación presentada se encontraba en orden, expidió la cédula de identificación y el título de propiedad a su nombre. Sin embargo, pasados más de dos años, el 24 de abril de 2003, su camioneta fue secuestrada en razón de una denuncia policial iniciada por la Señora Zulma Marina Abdulnabi, quien, al intentar transferir su rodado -Toyota, Modelo Hilux 4×4 SR5, Cabina Doble, tipo Pick Up, Patente CNB-237- en el Registro del Automotor N° 7 de Morón, tomó conocimiento de que el legajo correspondiente a su vehículo no se encontraba en dicho registro ya que había operado su transferencia y cambio de radicación al Registro de Pilar.Relató que luego de cuatro años /de transcurso de la causa penal, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el auto que dispuso su sobreseimiento. Aclaró que de las actuaciones labradas en sede penal se desprende que fue víctima de un ardid por adquirir un automotor “mellizo”, situación que no fue advertida en su debida oportunidad por el Registro de Propiedad Automotor actuante.

Asimismo, amplió su demanda solicitando el resarcimiento del daño emergente a fs. 53/55 por cuanto, luego de iniciada la acción, el Jefe del Área de Asuntos Judiciales y Recursos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor le comunicó que su rodado no podría inscribirse sin el documento que acreditara su origen (cfr. escrito de demanda de fs. 1/10, ampliación de demanda a fs. 53/55 y fs. 79/83).

2. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia, condenó al Estado Nacional -Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- a abonar al Sr. Norberto Edgardo Sciaccaluga la suma de sesenta y dos mil quinientos pesos ($62.500.-), con más los intereses fijados desde el 20 de diciembre de 2000 a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina hasta la fecha de corte establecida por la normativa sobre consolidación de la deuda pública y a partir de allí a la tasa prevista en los bonos de consolidación hasta el efectivo pago. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte demandada por resultar vencida (cfr. sentencia de fs. 160/165).

Para así decidir, el magistrado concluyó que el cambio de titularidad se había sustentado en un acto ilícito mediante el uso de firmas apócrifas por lo que la manifestación de voluntad de la Sra. Zulma Marina Abdulnabi era aparente.En consecuencia, entendió que el acto jurídico a ella atribuido no pudo llegar a consolidarse por lo que era inexistente.

Por otra parte, ponderó que el visto bueno de la verificación física otorgado por la Planta Verificadora del Automotor había generado la confianza suficiente en el actor para decidir la realización de su operación de compraventa.

Ambas partes apelaron la sentencia dictada a fs. 160/165 (cfr. recursos de apelación presentados por la parte actora y demandada a fs. 169 y 171, respectivamente). El memorial de agravios de la parte demandada corre a fs. 178/182 y el de la parte actora a fs. 178/186, cuyos traslados no fueron respondidos por sus contrarias.

3. El Estado Nacional disiente con la responsabilidad endilgada. En lo sustancial, sostiene que el órgano registrador no tuvo responsabilidad alguna en la maniobra que habría producido el supuesto daño irrogado al actor. Según su entender, los perjuicios reclamados no fueron consecuencia necesaria de la deficiente y equívoca información suministrada a base de la inscripción registral anotada sin soporte documental exhibible, sino de la conducta delictual de terceros, por lo que -sostiene- no se le debería atribuir responsabilidad alguna en la registración, ni al Registro de la Propiedad Automotor, ni al Estado Nacional.

Argumenta que debió constatar el estado de dominio del automotor mediante la solicitud del correspondiente “certificado” o “informe” de dominio.

Sus reproches pueden resumirse del siguiente modo: 1) el Señor Juez soslaya que el actor omitió verificar personalmente el automotor previamente a su adquisición limitándose a recibir una constancia de la verificación (Solicitud Tipo 12) que otra persona había realizado.Considera que esa negligencia quiebra el nexo causal entre el supuesto obrar de los órganos estatales y los daños reclamados; 2) en segundo término, señala que la admisión de la demanda ha sido con sustento en la supuesta responsabilidad de un tercero que no ha sido parte en juicio (Policía Federal Argentina), lo cual -entiende- importa una flagrante violación de la garantía constitucional de defensa en juicio; 3) en tercer lugar, considera que no puede atribuírsele responsabilidad al Verificador por las “groseras diferencias” entre los dos automotores señaladas por el perito penal por cuanto la verificación del automotor se ciñe a las codificaciones de motor y chasis; 4) también disiente con los daños admitidos. Al respecto, considera que el daño material fue otorgado sin un sustento documental que lo acreditara y advierte que el daño moral sólo correspondería ser resarcido ante actos ilícitos sin que proceda su reparación ante los actos ilícitos estaduales; 5) por último, se queja de la tasa activa fijada para el cálculo de los intereses. Según su entender, para el hipotético caso de que alguna suma debiera abonar el Estado a la parte actora debería aplicarse la tasa pasiva que informa el Banco Central de la República Argentina o la de la Caja de Ahorro Común (cfr. expresión de agravios de fs. 178/182, no contestados por su contraria).

Por su parte, el actor circunscribe sus agravios a la no admisión del daño por privación de uso del rodado reclamado y al monto indemnizatorio conferido en concepto de daño moral por considerarlo arbitrario e irrisorio. Asimismo, disiente con la aplicación del régimen de consolidación de deudas y solicita que los honorarios del letrado de la parte actora queden exceptuados del régimen de emergencia por ser posteriores a las fechas alcanzadas por la consolidación señaladas en la sentencia (cfr. expresión de agravios a fs. 178/186, no contestados por la contraria).

4.Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).

5. En primer lugar, y ante la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) me parece conveniente señalar que sus normas no son de aplicación retroactiva y, en este litigio, no hay consecuencias en curso de ejecución, siendo, por tanto, claramente inaplicable a la especie.

6. En cuanto a las cuestiones fácticas del caso, es dable destacar que en esta instancia no se encuentra controvertido que: 1) el 22/12/2000 se concretó la transferencia del automóvil dominio CNB 237 a nombre del actor Norberto Edgardo Sciaccaluga y el 3/01/2001 se registró el cambio de lugar de radicación; 2) el 22/8/2001, la Sra. Abdulnabi Zulma Marina se presentó ante el Registro de la Propiedad Automotor a fin de denunciar que la firma inserta en el formulario de transferencia 08, que se le atribuía, era apócrifa por no pertenecerle; 3) el resultado del peritaje especial realizado por la Oficina de Verificación de Pilar sobre el automotor adquirido por el actor dio como resultado que sus codificaciones se encontraban adulteradas tanto en el motor como en el chasis (cfr. fs. 34 del expte. N° 34770, cuya copia se encuentra reservada en Secretaría); 4) la planta verificadora del automotor de Morón manifestó que el 12/12/2000 expidió el certificado de verificación N° 12 que posibilitó la transferencia del rodado a nombre del actor (ver fs. 35 y 47 del expte. N° 34770, cuya copia se encuentra reservada en Secretaría); 5) constatada la maniobra fraudulenta que dio origen al cambio de titularidad a favor del actor, la transferencia de dominio fue revocada según nota AL N° 1846/04 en la que se estableció como su única titular a la Sra.Zulma Marina Abdulnabi (ver fs. 90 de la copia del Legajo B del Automotor Dominio CNB237)

Una constancia relevante es la causa caratulada “Infracción art. 292 Código Penal” (denunciante Sra. Zulma Marina Abdulnabi) tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Provincia de Buenos Aires, en donde las diferentes pericias confirmaron: a) la falsedad de la rúbrica atribuida a la Sra. Zulma Marina Abdulnabi (cfr. fs. 87/88 de la causa citada cuyas copias certificadas se encuentran reservadas en un sobre en Secretaría que en este acto tengo a la vista); b) que las placas de dominio CNB 237 adheridas al automotor eran falsas; c) y que la identificación del chasis y del motor eran apócrifas (cfr. copia de la pericia a fs. 126/136 de la causa citada cuyas copias certificadas se encuentran reservadas en un sobre en Secretaría que en este acto tengo a la vista).

El examen de la causa penal refleja que el vehículo adquirido por el actor -denominado comúnmente como “mellizo”- fue secuestrado (cfr. copia del acta de secuestro del 24/3/2003 a fs. 99/100 de la causa citada) y que el Señor Sciaccaluga fue inicialmente imputado por el delito de uso de documento falsificado o adulterado -previsto y reprimido por el art. 296, en función del segundo párrafo del art. 292 del Código Penal-, pero más tarde fue sobreseído y esta decisión fue confirmada el 16/2/2006 por la Cámara Federal (cfr. copias de las resoluciones que obran a fs. 293, fs. 360/365 de la causa citada).

El incidente de entrega de automotor a favor de Norberto Sciaccaluga (cuya copia certificada se encuentra glosada al final de la copia de la causa penal citada) da cuenta que el 14 de mayo de 2007 se resolvió entregar definitivamente el vehículo a los fines de regularizar su situación registral (cfr. copia a fs.35 del incidente citado). Sin embargo, el 26 de marzo de 2010, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios le informó que un automotor no puede ser inscripto sin el documento que acredite su origen (cfr. copia de la última foja glosada al expediente administrativo N° 34770).

7. Formulada la síntesis precedente, corresponde destacar que el “Régimen Jurídico del Automotor” ha sido incorporado por el Decreto-Ley 6582/58, ratificado por la Ley N° 14.467 y modificado por otras normas entre las que se encuentra su Decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación N° 335/88.

Tanto el art. 7 del Decreto-Ley 6582/58 como el art. 1° de su Decreto reglamentario N° 335/88 consagran a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios como el Organismo de Aplicación del Régimen Jurídico del Automotor.

En tal carácter, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios se encuentra facultada para dictar las normas necesarias “administrativas y de procedimiento” para la organización y funcionamiento del servicio registral y de los mismos Registros Seccionales (art. 2°, inc. c) del Decreto N° 335/88).

La razón de que a su cargo se encuentre el dictado de tales normas reposa no sólo en que es el Organismo que se encuentra mejor capacitado para reglamentar cuestiones que requieren de una preparación jurídica y técnica relacionadas exclusivamente con la materia del automotor, sino también en que las reglamentaciones administrativas demandan rapidez en su sanción y deben ser permanentemente actualizadas siendo los órganos administrativos quienes resultan ser los más aptos para lograr el principio de inmediatez que rige la actividad administrativa (conf. Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo I, Ed. Abeledo-Perrot, 2000, pág.140).

En el ejercicio de sus funciones, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dicta las denominadas “Disposiciones Técnico Registrales” que constituyen verdaderos reglamentos externos, ya que aun cuando contienen instrucciones dirigidas a los encargados de los Registros, también reglamentan la conducta que deben observar los usuarios en los trámites, lo cual implica que su publicación es ineludible para que sean obligatorias (Sticconi, Mónica, “Régimen Registral Automotor”, Editorial Juris, 2014, pág. 39).

Así, y en el marco de las facultades concedidas, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios incorporó al Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor una Sección dedicada a la verificación física estableciendo su obligatoriedad de manera previa a la inscripción de la transferencia de dominio de un automotor (ver Título I, capítulo VII, Sección 1°, “Obligatoriedad de la Verificación”, art. 1°, inc. c, y art. 6° del Decreto N° 335/1988).

Al respecto, es de destacar que la verificación física de los automotores puede ser definida como aquella que es practicada por las autoridades debidamente habilitadas y especializadas para ello, por el cual se constata y compara los códigos alfanuméricos de identificación grabados físicamente en las partes esenciales de un rodado -motor y chasis- provenientes de su fabricación con los códigos alfanuméricos consignados en la documentación del automotor (Sticconi Mónica, obra citada, pág. 239).

No puede soslayarse que la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ha sido el órgano facultado para determinar “los lugares y personas autorizadas para llevar a cabo la verificación de los automotores…” (conf. último párrafo del art. 6° del Decreto reglamentario N° 335/88) y, en tal carácter, ha delegado esa tarea en la Policía Federal Argentina.

8.En estos autos, como se vio, no se encuentra discutido que la verificación física del rodado Marca Toyota, Modelo Hilux 4×4 SR5, Cabina Doble, tipo Pick Up, Dominio CNB-237 adquirido por el actor fue realizada por la Planta Verificadora del Automotor de Morón el 12/12/2000 mediante el formulario 12 nro. 1034598 (confr. respuesta a fs. 35 del expte. N° 34770 cuya copia se encuentra reservada en Secretaría en un sobre que en este acto tengo a la vista).

De acuerdo a las constancias del presente conflicto no se advierte que la Planta Verificadora del Automotor de Morón, habilitada por el organismo de aplicación aquí demandado, haya cumplido regularmente con su función, toda vez que de haberlo hecho hubiera descubierto la maniobra fraudulenta que motivó el inicio de estos actuados.

En efecto, las falsedades en las identificaciones del chasis y del motor arrojadas en la pericia de fs. 126/136 de la causa penal (cuya copia certificada se encuentra reservada en un sobre en Secretaría que en este acto tengo a la vista) y las adulteraciones señaladas en el resultado del peritaje especial realizado por la Oficina de Verificación de Pilar (cfr. fs. 34 del expte. N° 34770 cuya copia se encuentra reservada en Secretaría) debieron ser advertidas el 12/12/2000 en oportunidad de realizarse la comprobación física ante la Planta Verificadora del Automotor de Morón.

La circunstancia de que el control físico del automotor haya sido efectuado sin observaciones por la Planta Verificadora del Automotor de Morón fue uno de los puntos que determinó al actor para decidir su adquisición.

No obsta a la conclusión precedente el hecho de que no haya sido el actor quien tramitara el formulario Tipo 12 n° 1034598, por cuanto el art.6 del Decreto 335/88 establece que “cualquiera de las partes” puede presentarse ante la Planta Verificación de su jurisdicción solicitando la comprobación física del automotor sin distinguir entre el titular registral y el adquirente, pues lo que verdaderamente interesa es el resultado obtenido por ese acto verificatorio realizado en las plantas habilitadas por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

9. En función a todo lo expuesto, corresponde confirmar la responsabilidad endilgada al Estado Nacional -Secretaría de Justicia de la Nación, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios- y rechazar su argumento tendiente exonerarse por la culpa de un tercero por quien no debe responder (quien cometió el ilícito).

Ello es así, por cuanto el hecho del tercero dio ocasión a la falta de servicio objetiva del Registro y no libera la responsabilidad de la parte demandada quien percibe, además, por sus servicios una tasa o canon (conf. doctrina de esta Sala, causa N° 1764/98 “HIDROAL SA c/ Estado Nacional Minist. de Justicia de la Nación y otros s/ Daños y Perjuicios” del 17/9/15).

Establecido ello y según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (doctrina de Fallos 315: 1892; 316: 2136; 320: 266 y otros).

Esta idea objetiva de falta de servicio encuentra su fundamento en el art. 1112 del Código Civil, en su antigua redacción aplicable al caso, y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público.

En el sub-lite, se ha verificado una falla en las funciones estatales que ha violentado la seguridad jurídica que debe presidir la individualización del automotor.Se trata de una actividad anormal y es suficiente la constatación objetiva de la violación a la obligación del servicio público (Encyclopédie Dalloz Responsabilité de la Puissance Publique, “Faute de Service”, n° 176/178, por Claude Gour).

A diferencia de lo que sostiene la demandada, corresponde aclarar que aun cuando se hubiera realizado el trámite “optativo” de solicitar un informe o certificado del estado de dominio (conf. Sticconi, Mónica, “Régimen Registral Automotor”, Editorial Juris, 2014, pág. 585) la maniobra fraudulenta que posibilitó la transferencia del rodado a favor del actor no habría sido detectada. Ello es así por cuanto el informe o el certificado del estado de dominio sólo indican sobre la situación jurídica de un automotor o de las anotaciones personales que obren en aquél (Título II, Capítulo XIV, Sección 1°, y Capítulo VII, respectivamente, del Digesto de Normas Técnico Registrales). Estas constancias registrales no permiten al adquirente advertir si se trata de un auto mellizo puesto que para ello se ha establecido como obligatoria la verificación física del rodado que, en este caso, ha sido realizada irregularmente.

Concluyo, pues, que corresponde confirmar la atribución de responsabilidad al Estado Nacional por el daño causado al actor a raíz de la irregular transferencia del automotor sustentada en un error en su verifica ción física.

10. Daré tratamiento a los reproches relativos a los daños resarcibles.

El magistrado de la instancia anterior confirió la suma de $22.500 en concepto de indemnización por daño material.

Considero que este resarcimiento debe ser confirmado toda vez que el informe pericial realizado a fs.132/134 por el Ingeniero en Automotores, Magíster en Seguridad Vial, da cuenta que al mes de abril de 2003 un automotor de las mismas características del que fuera objeto de la fracasada operación de compraventa realizada por el actor se le asignaba un valor de $41.000; ello permite tener por razonable que, a diciembre de 2000, el señor Sciaccaluga haya abonado para su adquisición el precio de $22.500 reclamado a fs. 53/55.

El actor reclama la revocación de la sentencia, que ha desestimado su pretensión de daño por privación de uso. Sin embargo, el apelante no se hace cargo de los argumentos desarrollados por el juez a-quo, quien entendió que la revocación de la inscripción -que retrotrae sus efectos- impidió la colocación del actor como poseedor legítimo que habría sido privado injustamente el uso y goce de un bien de su propiedad.

En efecto, toda vez que la inscripción registral de un vehículo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor es constitutiva de derecho real sobre el automóvil (art. 1° del Decr. Ley 6582/58), debe concluirse que el señor Sciaccaluga no logró adquirir su derecho de dominio sobre el automotor ni tampoco sus inherentes derechos de posesión, de disposición, uso y goce conforme a un ejercicio regular (arts. 2506 y 2513 del Código Civil según su antigua redacción y que resultan aplicables al caso). El magistrado de la anterior instancia ha descartado el rechazo de este rubro por considerarlo una mera frustración de derechos, pero no la privación de un uso y goce legítimos. Por lo demás, me interesa destacar que durante el proceso el actor no ha intentado siquiera aportar elemento probatorio alguno tendiente a demostrar el eventual menoscabo que dice haber sufrido en este aspecto.

11.En lo que respecta al daño moral debe recordarse que es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido (conf. esta Cámara, Sala III, Causa N 3.387/96 del 5/7/2005).

Este rubro ha sido reconocido en la sentencia apelada y cuestionado en esta Alzada por ambas partes.

Al respecto, no debe soslayarse que el actor fue imputado en un proceso penal que se extendió por tres años y que, en definitiva, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor debió revocar la transferencia irregular de la titularidad registral. En este contexto, corresponde tener por razonables las aflicciones espirituales sufridas por el señor Sciaccaluga y aceptar la causalidad apropiada entre este daño y el irregular cumplimiento de su función de servicio público por la parte demandada. Ello justifica el resarcimiento del daño moral (art. 1078 del Código Civil, antigua redacción, aplicable al caso en análisis). Aceptado el principio, estimo que la suma reconocida en la sentencia que asciende a $40.000, resulta adecuada para compensarlo (art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -t.o. según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino-).

12.Por último, en lo que respecta al agravio relacionado con la tasa de interés aplicable cabe recordar que esta Sala ha sentenciado reiteradamente que corresponde aplicar la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días -tasa activa- (esta Sala, causa “Sanatorio Panamericano”, sentencia del 26.5.1994; y en sentido coincidente Sala 2, causa 6378/92 del 8.8.95 y Sala 3, causa 9397/93 del 27/10/94). Por tanto, este aspecto del recurso de la parte demandada no puede prosperar.

Sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que esa tasa se aplicará hasta la fecha de corte prevista por la normativa sobre consolidación de la deuda pública por tratarse de una obligación alcanzada por el régimen aplicable a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1991 y anterior al 1° de enero de 2002 (art. 58 de la Ley 25.725 y 59 de la Ley 26.546), pues a partir de allí la tasa prevista será la de los bonos de consolidación que le corresponda hasta su efectivo pago, tal como ha dispuesto el juez a-quo (considerando IV).

Por último, no corresponde expedirse sobre la petición realizada respecto de los honorarios del letrado de la parte actora por cuanto aún no se ha practicado su regulación en autos. Por tal motivo, deberá ser planteada en la oportunidad procesal pertinente.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de primera instancia y distribuir las costas en Alzada por su orden en atención al resultado de los recursos (art. 70, segundo párrafo, -t.o. según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino-).

Los doctores Francisco de las Carreras y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada y distribuir las costas de esta Alzada por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

Ricardo Víctor Guarinoni

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