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El juez Ercolini dispuso la medida en una causa en la que se investiga la adquisición de trenes fuera de uso a España y a Portugal por montos elevados.
El juez federal Julián Ercolini procesó al ex ministro de PlanificaciónJulio De Vido por administración fraudulenta agravada y cohecho, que cometió cuando compró material ferroviario inservible a España y Portugal, y le trabó un embargo de 100 millones de pesos.
Buena parte de la prueba acumulada en el expediente surgió de un informe de la Auditoría General de la Nación que determinó que los materiales adquiridos a montos millonarios eran en su mayoría inservibles para el sistema ferroviario argentino e, incluso, muchos de ellos terminaron abandonados.
Pero el expediente cobró notoriedad cuando el 2 de abril último, el juez ordenó la detención del ex secretario de TransporteRicardo Jaime , que terminó procesado.
El dictado ayer es el tercer procesamiento que recae sobre el actual diputado nacional, que preside la Comisión de Energía. Los dos anteriores le habían sido impuestos por su responsabilidad en la tragedia de Once y por las irregularidades en la renegociación de contratos ferroviarios.
Los hechos por los que fue nuevamente procesado se remontan a 2005 y se sospecha que en la negociación que llevó adelante Jaime hubo sobreprecios. El monto del embargo fijado ayer, por eso, tiene relación con el monto de la operación, que superó los $ 100 millones.
Ercolini ya había citado a indagatoria a De Vido por este caso, al considerar que lo pagado era «de desproporción exorbitante en relación con su calidad y funcionalidad real, lo que hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraidas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas».
Pero De Vido, cuando se presentó el 18 de mayo, se negó a contestar preguntas y sólo presentó un escrito en el que deslindó su responsabilidad y culpó a Jaime.
En forma paralela, De Vido también vio cómo sus colegas en la Cámara de Diputados permitían el allanamiento de su departamento, en una causa donde el juez federal Luis Rodríguez buscaba el documento de una sociedad. Pero como Diputados sólo permitió el procedimiento muchas semanas después de que había sido ordenado por el magistrado, terminó ocurriendo lo que era previsible: el magistrado no encontró lo que buscaba.
