Multa a automotriz por infracción de la Ley de Defensa al Consumidor, pues el consentimiento que se presta en el contrato de adhesión no es formado reflexivamente.

ContratoPartes: Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados c/ DNCI s/ defensa del consumidor – Ley 24.240 – art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 29-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98287-AR | MJJ98287 | MJJ98287

Se multa a una automotriz por infracción de la Ley de Defensa al Consumidor en el marco del deber de información, pues el consentimiento que se presta al contratar por un producto o un servicio en el contrato de adhesión no es formado reflexivamente.

Sumario:

1.-Corresponde exigir a las empresas una mayor diligencia a fin de asegurar al consumidor la posibilidad de informarse debidamente – teniendo en cuenta su situación desventajosa – a fin de permitir que el consentimiento que presta al contratar por un producto o un servicio haya sido formado reflexivamente.

2.-No corresponde encuadrar como información cierta, clara, precisa y detallada al mero hecho de notificar al consumidor y sin que conste previo aviso alguno – máxime cuando había transcurrido una audiencia en la que asistieron ambas partes – que la solicitud de adhesión quedó sin efecto por no aceptar la adjudicación en los plazos otorgados

3.-Se debe reputar como abusiva aquella cláusula por la cual la empresa pretende deslindar su responsabilidad basando aquello en un punto de un formulario en el cual el consumidor no tuvo oportunidad de discutir su contenido (art. 37 Ley 24.240)

4.-Es atribución primaria de la autoridad administrativa la aplicación, determinación y graduación de las sanciones, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad. Dicho eso, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por la empresa, su posición en el mercado, el interés jurídico protegido, el carácter ejemplificador de la sanción y el informe de antecedentes no se advierten motivos que justifiquen apartarse de la graduación hecha por la autoridad de aplicación.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de marzo de 2016.- PBZ

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que mediante la disposición 525/2015, el Secretario de Comercio impuso a la firma CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, una multa de pesos cincuenta mil ($50.000), por infracción a los artículos 4° y 19 de la ley 24.240, por no entregar el vehículo objeto del acto licitatorio (fs. 52/64).

Asimismo, dispuso que la firma debía abonar la multa en el plazo de 10 días hábiles de notificada y ordenó la publicación de la parte dispositiva pertinente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el art. 47 de la 24.240.

Para así resolver, recordó que las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia incoada por el señor Miguel Ángel Domínguez, el 25 de febrero de 2013, ante la Dirección de Defensa del Consumidor.

Mencionó que el señor Maximiliano Daniel Marchal había cancelado el plan para adquirir un automotor de la firma por licitación y luego lo transfirió a nombre del señor Domínguez quien abonó las 40 cuotas debidas, el derecho de adjudicación que la empresa le requería y la diferencia por el cambio de modelo. Cumplido ello, la concesionaria Harbin S.A. le informó que restaban sesenta días hábiles para la entrega de la unidad.

Señaló que Chevrlolet S.A le envió una carta de bienvenida al plan de ahorro donde, además detalló que la cesión había sido oportunamente aprobada (ver fs. 5).

Relató que el 13 de febrero de 2013 el denunciante había recibido, en forma sorpresiva, una nota donde le informaban que la adjudicación de la solicitud de la adhesión había quedado sin efecto por «NO ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN EN LOS PLAZOS OTORGADOS» (ver fs. 4).

Sobre tal base, estimó que, Chevrolet S.A de Ahorro para Fines Determinados había incumplido los términos convenidos, transgrediendo palmariamente las previsiones de los arts.4° y 19 de la ley 24.240.

Al efecto, sostuvo que la limitada explicación que se le había dado al denunciante permitía vislumbrar el estado de indefensión y de desinformación al que la empresa sometía a sus propios clientes.

Remarcó también que la sumariada no acompañó documentación que justificara las razones por las que había dejado sin efecto la adjudicación del plan de ahorro del señor Domínguez.

Aclaró que, de haberlo hecho, habría podido demostrar fácilmente que su conducta obedeció a un incumplimiento atribuible al denunciante.

Señaló asimismo que, pese estar debidamente notificada de la imputación, la firma no había ejercido su derecho de defensa ni ofreció prueba alguna (ver fs. 44).

Resaltó que el contrato entre las empresas nunca puede resultar perjudicial para el consumidor contratante, y que la falta imputada es de las llamadas «formales» cuya verificación da lugar por sí a la sanción.

Finalmente para graduar la sanción, tomó en cuenta la posición relevante en el mercado que ocupa la firma infractora, el perjuicio significativo generado al consumidor y el informe de antecedentes obrante a fs. 46.

2º) Que, contra dicha decisión, Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados interpuso y fundó recurso de apelación ante esta Cámara (ver fs. 81/117); cuyos planteos pueden resumirse del siguiente modo: a) No existieron elementos de hecho ni de derecho que dieran fundamento a la resolución pues, al momento de su dictado -esto es el 23 de octubre de 2015-, el vehículo ya había sido entregado al denunciante más de dos años antes (el 24 de abril de 2013). Dicha circunstancia demostró, a su entender, que Chevrolet S.A. en ningún momento modificó las condiciones contractuales asumidas con el titular del plan de ahorro y siempre ajustó su conducta a la letra de la solicitud de adhesión que regulaba la relación entre ambas partes.b) El denunciante recibió, a su entera conformidad, el vehículo un año antes de la fecha de la imputación (ver fecha de constancias obrantes a fs. 43 y fs. 117). c) No se presentó en sede administrativa para efectuar su descargo pues nunca se enteró de la imputación, dado que la notificación fue llevada a cabo «…en un domicilio donde no había nadie».

Al respecto, afirma que, antes de ser dictada la resolución recurrida, presentó ante la Secretaría de Comercio un escrito -no agregado al sumario- donde comunicó el cambio de domicilio constituido. Agrega que, por un lamentable error, no tomó el recaudo de hacer sellar la copia, razón por la cual no puede acreditar sus dichos. d) Carece de fundamento la sanción que le fue impuesta por cuanto fue el señor Domínguez quien no cumplió con todos los requisitos exigidos por la cláusula 14 de la solicitud de adhesión -que el denunciante debió conocer- y que dicha circunstancia fue la causante de la caducidad de la adjudicación de la solicitud de adhesión.

e) La misiva que envió al denunciante -notificándolo de su falta- determinó que éste cumpliera con informar el pago por cambio de modelo (realizado el 28 de enero de 2013) y que, una vez constatado el hecho, la empresa rehabilitase la adjudicación oportunamente anulada.

A raíz de ello, el señor Domínguez suscribió ante el concesionario Harbin S.A.la documentación requerida a los fines de dar inicio al plazo de cincuenta días hábiles para la entrega de la unidad, lo que se concretó en tiempo y forma el 22 de abril de 2013.

A modo de conclusión, sostiene que la Secretaría erróneamente le aplicó la sanción pues no tuvo en cuenta los hechos ahora narrados, ya sea porque algunos los desconocía y otros directamente los omitió. f) Respecto de la graduación de la multa impuesta, considera que no fueron merituados factores decisivos como ausencia de antecedentes, acreditación del daño e inexistencia de beneficios para Chevrolet S.A. y afirma que de aplicársele, debió ser la pena mínima que autoriza la normativa, o bien un apercibimiento.

Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 24.240 -en cuanto requiere el depósito previo para la interposición del presente recurso- y del principio «solve et repete» por considerar que sólo resultaría aplicable a materia tributaria y no a multas de carácter sancionatorio como la que se le impuso.

Por último ofrece la prueba que detalla al punto 7. de su recurso (ver fs. 95 vta.).

3º) Que, a fs.162/198, el Estado Nacional contestó el traslado conferido.

A fs. 207/211, el señor Fiscal General se pronunció respecto de la competencia esta Cámara para conocer en el presente recurso y de la inconstitucionalidad articulada por la recurrente, con lo que llegan los autos a instancia de resolver.

4º) Que, este tribunal resulta temporalmente competente para entender en las actuaciones (arg. art. 76 de la ley 26.993. Confr. esta Sala, causa 50798/2014/CA1 «Fiat Auto Argentina SA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor- Ley 24220- Art. 45», sent. del 03/02/15) por lo que cabe ingresar, sin más, al análisis de las cuestiones planteadas.

5º) Que, ante todo, considerando que la propia autoridad de aplicación concedió el recurso interpuesto (v. fs. 161), deviene inoficioso pronunciarse acerca de la aplicabilidad del pago previo establecido por la ley 26.993 (B.O.19/09/14).

6°) Que, respecto de la prueba ofrecida por la recurrente, cabe señalar que esta Cámara ha resuelto que, en principio, en el marco de los recursos directos la apertura a prueba en esta instancia judicial tiene un carácter de excepción (conf. Sala V causa «Banco Regional del Norte Argentino» c/BCRA -Resol. 258/94″sent. 9/4/97, entre otras); limitación que tiende a evitar la ordinarización del proceso, de manera que la Cámara no se convierta en una primera instancia (Sala V, causa «Transbrasil Linhas Aereas c/Dir. Nac. de Migraciones – Disp. DNM 5737/97», sent. del 19/04/99 y esta Sala en la causa «Antoniow Mario Gustavo c/UBA -resol 442/12 (expte. 2083678/09)», sent. del 20/8/13), sin perjuicio, claro está, de poder ejercer las facultados que autoriza el art. 36 del C.P.C.C.N.

En este contexto cabe señalar que la prueba documental a la que hace referencia la actora al punto 7.2 de fs. 95 vta. (actuaciones administrativas en poder de la demandada), ya se encuentra agregada a la causa.

Por otra parte, la designación del perito contable para que se expida sobre las cuestiones detalladas en el punto 7.3 resulta inconducente y meramente dilatoria pues no se vincula con cuestiones controvertidas en la causa.

7º) Que, a fin de examinar los planteos de la recurrente, cabe destacar las normas en cuestión de la ley 24.240:

«Artículo 4° Información.El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita comprensión.» Por su parte, el artículo 19 establece que:»[q]uienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicados o convenidos.» Este derecho a la debida información y su correlativo deber impuesto al proveedor tiene carácter de principio general del derecho del consumidor y usuario como consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La finalidad que persigue este deber de información a favor del consumidor es permitir que el consentimiento que presta al contratar por un producto o servicio haya sido formado reflexivamente. A la hora de contratar, la posición jurídica del proveedor es claramente privilegiada respecto de la del consumidor por su conocimiento respecto de la materia objeto del contrato.

A ello cabe agregar que el potencial consumidor se encuentra en una situación desventajosa con respecto a las empresas, que el derecho específico, en términos generales, intenta remediar, por lo que es correcto exigirles a aquéllas una mayor diligencia, asegurándole al primero la posibilidad de informarse debidamente, como sí también el cabal cumplimiento d e lo convenido.

8º) Que sentado ello, corresponde examinar si el recurso directo planteado ante esta Cámara logra conmover los fundamentos de la disposición apelada.

Cabe adelantar que los argumentos vertidos por la recurrente no pueden prosperar por las siguientes razones: a) Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados envíó una nota al señor Domínguez en la cual le dio la bienvenida al plan de ahorro y le informó que la solicitud de cesión oportunamente suscripta por él ha sido aprobada (ver fs.5). b) El señor Domínguez procedió, informado de ello, a abonar la cuota final -junto con el titular del plan original- y el derecho de adjudicación. Ambos pagos los realizó el 14 de diciembre de 2012 (ver fs. 6 y 8/9). c) El 22 de enero de 2013, el señor Domínguez se notificó, sin que conste aviso previo alguno, de que la adjudicación de la solicitud de adhesión quedó sin efecto por «no aceptar la adjudicación en los plazos otorgados» (ver fs. 4).

El agravio de la recurrente se basa, fundamentalmente, en que le informó explícitamente al señor Domínguez la razón por la cual se anuló su plan, y que ello se debió pura y exclusivamente a una conducta imputable al consumidor.

Este argumento no puede ser admitido, pues la explicación que brinda la recurrente en la nota obrante a fs. 4 dista mucho de ser información cierta, clara y detallada conforme lo dispone el art. 4° de la ley de Defensa del Consumidor.

Cabe poner de resalto que se trata aquí de un contrato por adhesión en el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción (conf. art. 984 del C.C.C.).

Las disposiciones abusivas que puede contener este y otro tipo de contratos son reguladas por el artículo 37 de la ley 24.240 en cuanto establece que, «[s]in perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa…».

Además, para el caso específico del contrato de marras, en formularios o con cláusulas dispuestas unilateralmente por el proveedor, sin que la parte tuviere posibilidad de discutir su contenido, la ley faculta expresamente a la autoridad de aplicación para vigilar que no haya disposiciones abusivas (art. 38, ley 24.240).

En virtud de lo expuesto, que Chevrolet S.A. pretenda deslindar su responsabilidad basada en lo dispuesto en la cláusula 14 de la solicitud de adhesión (ver fs. 32/35), resulta, por lo menos, abusivo para el comprador.

No puede dejar de advertirse que la recurrente asistió a las audiencias de conciliación del 11 y 25 de marzo de 2013 sin llegar a acuerdo (ver fs. 28 y 29).

En aquel momento tuvo oportunidad de hacerle saber al señor Domínguez los requisitos incumplidos y que ocasionaron la baja del plan, o bien pudo, en su defecto, informarle que el automóvil le iba a ser entregado dentro del plazo estipulado en el artículo 14 de la solicitud de adhesión; sin embargo no hay constancia en el sub lite de que ello hubiera ocurrido, concluyendo la audiencia por falta de conciliación (ver fs. 29).

Asimismo y pese a que la actora manifestó desconocer la imputación del 3 de febrero de 2014 (ver fs.43) -aduciendo que había cambiado su domicilio constituido- surge, contrariamente a lo dicho, que no sólo se encontraba debidamente notificada (ver informe del notificador de fs. 44 vta.) sino que, además, ya había tenido intervención en el sumario con anterioridad (ver fs. 13/29). Pese a ello la actora no se presentó a ejercer su derecho de defensa.

9º) Que, en cuanto a las sanciones aplicadas, su determinación y graduación es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad, situación que no se da en autos (confr. esta Sala, causa «Fate SAICI c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24240 – Art.4», sent. del 08/05/14, y sus citas).

En esa inteligencia, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por la sumariada, su posición en el mercado, el interés jurídico protegido, el carácter ejemplificador de la sanción, el informe de antecedentes de fs. 46, el hecho de que el monto de la multa aplicada guarda cierta progresividad con relación a las sanciones determinadas con anterioridad, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de la graduación hecha por la autoridad de aplicación.

10) Que, en virtud de las consideraciones precedentes, se desestima el recurso y se confirma la disposición 525/15 en todo cuanto fue materia de agravios.

Las costas se imponen a la vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68, CPCCN).

11) Que, de conformidad con los artículos 6º, 7º, 9º, 19 -por analogía con lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida, su monto y la entidad de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (confr. contestación de traslado de fs. 163/180), REGÚLANSE en la suma de ($.) los honorarios del doctor Juan Cruz Montero; y en la suma de ($.) los del doctor Nicolás Olivari -patrocinante y apoderado de la demandada, respectivamente-, importes que se encuentran íntegramente a cargo de la parte actora.

A su vez, en atención al convenio de honorarios dispuesto en la resolución 650/2015 del Ministerio de Economía y Producción, denunciado en el punto IV de la contestación del recurso, se redistribuirá el monto de los honorarios de la siguiente manera (conf. art.17):

La suma de ($.) corresponden al doctor Juan Cruz Montero y la suma de ($.) al doctor Nicolás Olivari; profesionales que intervinieron por la parte demandada, los que deberán ser depositados a la cuenta que deberá abrirse a la orden de esta Sala y como correspondientes a estos autos en el Banco Nación Argentina.

Por último, se aclara que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.

Por lo expuesto, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: 1) Confirmar la disposición 525/15; con costas (art. 68, CPCCN); 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada en los términos y con los alcances del considerando 11).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General en su público despacho- y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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