Prepaga debe proveer de un acompañante terapéutico a quien padece síndrome depresivo con ideas de autoeliminación.

PsiquiatríaPartes: C. S. I. c/ Galeno Argentina S.A. s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: II

Fecha: 11-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98400-AR | MJJ98400 | MJJ98400

A los efectos de garantizar el tratamiento y la recuperación de quien padece síndrome depresivo con ideas de autoeliminación, obligan a empresa de medicina prepaga a proveer los servicios de un acompañante terapéutico.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la empresa de medicina prepaga a proveer los servicios de un acompañante terapéutico a una afiliada que padece síndrome depresivo con ideas de auto eliminación, ya que dicha prestación no viene sólo impuesta por su equiparación con las obras sociales en cuanto al nivel mínimo de prestaciones que debe cumplir, sino del expreso mandato normativo establecido por la ley nacional de prevención del suicidio n° 27.130 .

2.-Es menester proveer de modo indispensable la prestación de servicios de acompañante terapéutico en favor de la amparista, en tanto esta atención tiende a controlar la ingesta de los medicamentos en aquellos momentos en que el esposo de la paciente se encuentra en el trabajo.

Fallo:

En la ciudad de Azul, a los 11 días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados:

«C., S. I. c/. Galeno Argentina S.A. s/. Amparo» (Causa Nº 61.069), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr.

Galdós, Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-CUESTIONES-

1ra.- ¿Es competente la justicia ordinaria para conocer en autos?.

2da.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 135/138?.

3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

-VOTACION A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:

I.1. S. I. C. promovió acción de amparo contra Galeno Argentina S.A. -de la que su esposo W. E. M. M. es afiliado titular bajo el N° 018669770003- a fin de que le provea de manera inmediata y perentoria los servicios de un acompañante terapéutico con una frecuencia de nueve horas diarias de lunes viernes -mientras su esposo se encuentra en el trabajo-, con la finalidad de dar un efectivo resultado a su tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Sostuvo que padece un «diagnóstico presuntivo de DSNIV TR -T. límite de la personalidad F60.31- T. depresivo mayor recidivante grave DSN IV TR=F33.2», extremo que acredita con el certificado expedido en fecha 12-02-15 por la médico psiquiatra María Cecilia Scheerle (fs.12).

Refirió que en julio de 2014 tuvo una internación psiquiátrica en la Clínica Atlántica bajo cobertura de Galeno debido a «intento de autolisis (ingesta de psicofármacos y de órganos fosforados)», y que en septiembre del mismo año realizó por primera vez entrevista psiquiátrica con la Dra. Cecilia Scheerle y psicológica con la Licenciada Aldana Giannasi por síndrome depresivo, el cual había comenzado a manifestarse aproximadamente dos años antes de esa fecha. Mencionó que las profesionales elaboraron en conjunto un resumen de historia clínica cuya copia acompañó a fs. 14/15. En dicha pieza la Dra. Scheerle y la Lic. Giannasi expresaron en forma textual que «se evidencia cierta reticencia con respecto al cumplimiento del tratamiento» y por ello acordaron «con el esposo, que en ambos tratamientos él se haría responsable de los cuidados, señalamientos e indicaciones establecidas por las profesionales intervinientes, al no encontrarse la paciente en condiciones de responder a sí misma a su autocuidado». Entendieron las profesionales «que la paciente debe estar acompañada en los momentos donde su esposo se encuentra trabajando por lo que se indicó realizar entrevista de admisión en Htal. Municipal Ramón Santamarina donde no consideraron criterio para su ingreso». Por tales motivos decidieron «de forma conjunta su internación debido a que la misma se encuentra en riesgo para sí y/o terceros» y que «debido a los antecedentes, evolución y a la imposibilidad de la familia (debido a cuestiones laborales) del acompañamiento de la misma durante el día, se considera que la misma al momento del alta debe requerir acompañamiento durante toda la jornada a fin de poder cumplir de forma correcta con el tratamiento ambulatorio y evitar posible recaída, poniendo en riesgo su vida». Finalmente decidieron solicitar «el recurso de acompañamiento terapéutico para la paciente de lunes a viernes, durante nueve horas diarias.Resultando indispensable para su abordaje terapéutico contar con este andamiaje, por resultar insuficiente contar solo con el tratamiento psiquiátrico y psicológico respectivamente, luego de su externación».

Afirmó que debido al agravamiento de su enfermedad mental concurrió a entrevista psiquiátrica luego de la cual ambas profesionales decidieron internarla en la Clínica de Salud Mental Grupo Suizo S.A. de la ciudad de Mar del Plata -donde ingresó el 31-10-14- con cobertura del 100% a cargo de Galeno Argentina S.A., bajo el diagnóstico presuntivo de «síndrome depresivo con ideas de auto eliminación». Refirió que persistiendo ese diagnóstico y encontrándose bajo plan farmacológico y con pronóstico reservado, hacia fines de diciembre de 2014 su esposo decidió su externación. Y expresó que antes de ello, en fecha 25-11-14, las profesionales tratantes ya habían cursado nota a Galeno solicitándole un acompañante terapéutico recibiendo una negativa verbal por respuesta. Por ello con fecha 20-01-15 remitió carta documento a la prepaga para que le provea la cobertura de acompañante terapéutico, la que fue rechazada por Galeno con el argumento de que la amparista no contaba con el certificado de discapacidad para gozar de dicho beneficio por lo que dicha prestación quedaba a su cargo.

Aseveró que la no prestación o la prestación extemporánea coloca en serio riesgo su salud e integridad física y psíquica, y debido a la imposibilidad de acceder a otro tratamiento solicitó se ordene a Galeno Argentina S.A. le provea los servicios de un acompañante terapéutico con una frecuencia de nueve horas diarias de lunes a viernes mientras su esposo (único conviviente) trabaja, a fin de garantizar el efectivo tratamiento, recuperación y rehabilitación del cuadro psicopatológico que padece. Ofreció prueba, pidió que con carácter cautelar se ordene el acompañamiento terapéutico con el alcance indicado en la demanda, fundó en derecho y solicitó que oportunamente se dicte sentencia admitiendo la pretensión.

2.Con el resultado parcial de la medida para mejor proveer ordenada a fs. 32 (ver declaración prestada a fs. 49/49vta. por la Licenciada en psicología Aldana Giannasi), a fs. 50/50vta. se hizo lugar a la medida cautelar solicitada. A fs. 60/60vta. la prepaga informó que habría de cumplirla bajo la modalidad de reintegro (contra la presentación de determinada documentación), lo que fue aceptado expresamente por la amparista a fs. 70/70vta.

3. En el informe circunstanciado del art. 8 de la ley 16.986 que se agregó a fs. 76/84vta. (ap. III), la accionada expresó que la actora es asociada bajo el plan P25CE Pata 250 con el n° 1866977 a través de la derivación de aportes de la obra social OSMISS, que la cobertura de su plan médico está estipulada en el Reglamento y en la cartilla, y que ambas se encuentran de acuerdo con el Programa Médico Obligatorio, Resol. del MSASN 201/02 y 1991/05. Refirió que cada uno de los planes comercializados por Galeno Argentina S.A. tiene un reglamento en el que se establecen las condiciones que rigen el vínculo entre las partes, el cual le fue oportunamente entregado a la actora (fs. 77).

Aseveró que no existió negativa de cobertura de parte de su mandante y que su proceder se ajustó al marco legal definido por las leyes de medicina prepaga 24.754 y 26.682 que la obligan a otorgar como mínimo las prestaciones obligatorias -P.M.O.- previstas para las obras sociales por las leyes 23.660, 23661, 24.455 y sus reglamentaciones (art. 1 ley 24.754). Destacó que el P.M.O.fue aprobado sucesivamente por las Resoluciones del Ministerio de Salud 247/1996, 939/2000 y la actualmente vigente 201/2002, y que de esa normativa se desprende que Galeno no se encuentra obligada a cubrir el 100% de las prestaciones requeridas en la demanda.

En éste último sentido -agregó- la actora pretende obtener una cobertura médica mayor a la que oportunamente adhirió (plan P25CE Plata 250), lo cual excede incluso lo taxativamente dispuesto en el P.M.O. (Res. 1991/2005 MSyAS), en la ley 24.901 y en la Resolución 1859/2013 (fs. 78). Mencionó que la declaración jurada de salud, la solicitud de adhesión al plan elegido y el reglamento conforman el contrato por el cual se rigen las partes, y señaló que la actora pretende obtener una cobertura que excede el plan contratado. En tal sentido afirmó que no existió negativa de cobertura por parte de Galeno sino un rechazo a reconocer una cobertura mayor a la delimitada por el referido contrato y la normativa vigente (fs. 78vta, 79), y agregó que la prestación reclamada en cuanto excede el P.M.O. deberá ser garantizada por el Estado (fs. 81 y 83). Fundó en derecho y pidió que se rechace la acción entablada, con costas.- 4. Habiéndose clausurado el plazo de prueba, se arribó al dictado de la sentencia de fs. 135/138.

En dicho decisorio el a quo tuvo por acreditado que la amparista es asociada a Galeno Argentina S.A., que padece la patología descripta en la demanda y que requiere ser asistida por un acompañante terapéutico para llevar adelante el tratamiento psicológico y psiquiátrico. El magistrado presentenciante sostuvo además, que esa patología justifica la necesidad de que Galeno S.A. cubra la referida prestación a fin de satisfacer las necesidades básicas de vida de la accionante, y argumentó que no es posible denegarlo -como pretendió hacerlo la accionada- argumentando que carece del certificado de discapacidad.Aseveró que en autos no se encuentra asegurado el derecho a la salud de la actora, que posee raigambre constitucional, por lo que resolvió hacer lugar a la acción de amparo y condenar a Galeno Argentina S.A. a brindar la cobertura de acompañante terapéutico diario de lunes a viernes con una frecuencia de nueve horas diarias, garantizando la misma desde la fecha de la sentencia y «en forma ininterrumpida de por vida», a los fines del efectivo cumplimiento del tratamiento psiquiátrico y psicológico, con costas a la accionada.

5. Disconforme, el representante de Galeno Argentina S.A. interpuso y fundó recurso de apelación contra la sentencia (fs. 142/144).

Criticó que se condene a su mandante a brindar una cobertura por encima de las dispuestas en la Resolución 1991/2005 del P.M.O., que es la que establece el piso mínimo de cobertura al que están obligadas las prepagas. Sostuvo que l a prestación al 100% ordenada no constituye una cobertura médica que pueda ser exigible a su mandante sino que, por ser de tipo social/asistencial, debe ser afrontada por el grupo familiar de la actora. Destacó que su mandante no es una obra social ni un agente del Sistema Nacional de Salud sino una empresa de medicina prepaga a la que no le es aplicable la normativa de aquellas, y que sólo se encuentra obligada a brindar una determinada cantidad y calidad de prestaciones -establecidas por el P.M.O.-, que no comprenden la solicitada por la actora (leyes 23.660, 23.661, 24.754 y 26.682). Pidió que se revoque la sentencia apelada.

La amparista contestó el traslado del memorial en los términos que exhibe la pieza de fs. 149/153vta.

6. Elevada que fue la causa a la Alzada y practicado el sorteo de rigor (fs. 161), la misma se encuentra en condiciones de ser decidida.

II.Para dar respuesta a la temática que planteé al acuerdo como primera cuestión he de recordar que éste Tribunal se ha declarado oficiosamente incompetente para conocer en aquellas causas en las que la pretensión está dirigida contra una empresa de medicina prepaga y el reclamo versa sobre prestaciones médico-asistenciales relativas al Sistema Nacional de Salud, a cuyos fines se consideró que corresponde a la competencia exclusiva de la justicia federal (esta Sala, causa n° 56.901 del 10-7-12, «Linari, Leandro Agustín s/. Incidente de Apelación», con voto del Dr. Peralta Reyes a cuyas consideraciones me remito brevitatis causae).

Sin embargo, entiendo que el sub-caso presenta una nota diferencial que torna inaplicable la doctrina que emerge del precedente «Linari», en tanto aquí el trámite ha avanzado hasta el dictado de la sentencia de mérito que es precisamente el decisorio cuya impugnación originó la elevación de la causa a la alzada.

De esa manera, y al igual que lo acontecido en otro precedente de éste mismo tribunal, «en el caso de autos se presenta una peculiar circunstancia que conlleva a que la causa quede radicada en el ámbito de la justicia provincial, al resultar aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que «en las causas en las que ha recaído un acto jurisdiccional -ya sea que se encuentre firme o no, o que dé por terminado el proceso por alguna de las formas de extinción previstas en la ley- deben continuar su trámite hasta su culminación ante el fuero que lo dictó». Sostuvo el máximo tribunal, además, que «la justicia provincial debe seguir interviniendo, toda vez que el límite de transferencia de expedientes entre jurisdicciones está dado por el principio de radicación, el cual se configura con el dictado de lo que se ha denominado actos típicamente jurisdiccionales.» (C.S.J.N., «Competencia n° 866. XLII.Alvarez Oscar y Sabre Simón c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/amparo», sentencia del 13-3-07, donde el tribunal hizo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal; esta Sala, causa n° 51.423 del 16-3-10, «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Layús, Mario Julio s/. Cobro Ejecutivo»; en ese sentido ver también esta Sala, causa n° 54.033 del 30-3-10, «Turani Mabel Ester y Abran José Félix c/. Medicus S.A. s/. Amparo», voto del Dr. Peralta Reyes).

Luego, teniendo en cuenta que en la instancia original ha recaído un pronunciamiento judicial sobre el fondo (decisorio que se encuentra apelado), soy de la opinión que la presente causa continúe tramitando en jurisdicción provincial (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 inc. 1° de la ley 48; leyes 23.660, 23.661, 24.754 y 26.682; arts. 1, 2 y 3 C.C.C.N.; jurisp. cit.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:

I. Si mi opinión es finalmente compartida habrá de confirmarse la sentencia apelada, aunque con los alcances que oportunamente precisaré.

Para abastecer dicho anticipo decisorio considero necesario poner de relieve aquellos hechos que, a pesar de la negativa ensayada por la encartada en su presentación de fs. 76/84vta., a mi juicio se encuentran debidamente respaldados en documentación incorporada a la causa.

En tal sentido ha sido probado que la amparista se encuentra adherida al plan P25CE Plata 250 de la empresa de medicina prepaga Galeno Argentina S.A. (fs. 3 y 9), que padece un diagnóstico presuntivo de «DSNIV TR -T. límite de la personalidad F60.31- T. depresivo mayor recidivante grave DSN IV TR=F33.2» (fs. 12), y que requiere tratamiento psicológico y psiquiátrico (fs.49, 126/126vta.).

Por su parte, en el resumen conjunto de historia clínica la licenciada en psicología Aldana Giannasi y la médico psiquiatra María Cecilia Scheerle (fs. 14/15) hicieron constar que la paciente presenta antecedente de internación psiquiátrica «debido a intento de autolisis (ingesta de psicofármacos y de órganos fosforados)». Expresaron que por «momentos se observa cierta reticencia con respecto al cumplimiento del tratamiento». Señalaron que «se acuerda con el esposo, que en ambos tratamientos él se haría responsable de los cuidados, señalamientos e indicaciones establecidas por las profesionales intervinientes, al no encontrarse la paciente en condiciones de responder por sí misma a su autocuidado. En este sentido, el tratamiento psicofarmacológico queda bajo la responsabilidad de su esposo en su administración.». Consideraron que «la paciente debe estar acompañada en los momentos donde su esposo se encuentra trabajando por lo que se indicó realizar entrevista de admisión en Htal. Municipal Ramón Santamarina donde no consideraron criterio para su ingreso». Mencionaron que en una de las entrevistas psiquiátricas la amparista manifestó «ideas francas de autolisis con plan previo» y que «hace cuatro días aprox que no toma la medicación ya que una de sus ideas consistía en realizar ingesta de psicofármacos como intento de autolisis». Agregaron que debido a «los antecedentes, evolución y a la imposibilidad de la familia (debido a cuestiones laborales) del acompañamiento de la misma durante el día, se considera que la misma al momento del alta debe requerir acompañamiento durante toda la jornada a fin de poder cumplir de forma correcta con el tratamiento ambulatorio y evitar posible recaída, poniendo en riesgo su vida». Y concluyeron que «se decide solicitar de forma conjunta, el recurso de acompañamiento terapéutico para la paciente de lunes a viernes, durante nueve horas diarias.Resultando indispensable para su abordaje terapéutico contar con este andamiaje, por resultar insuficiente contar solo con el tratamiento psiquiátrico y psicológico respectivamente, luego de su externación».

Destaco que ambas profesionales corroboraron en sede judicial las apreciaciones conjuntas que anteriormente habían volcado en el aludido resumen de historia clínica (replicado en la nota que dirigieron a Galeno Argentina S.A., a fs. 16). En ese orden de ideas, la licenciada en psicología Aldana Giannasi declaró que atendió a la actora «luego de haber tenido «un pasaje al acto», lo que significa que la intención suicida de la paciente excedía a un mero llamado de atención, considerando que la acción estuvo meditada, y no se concretó por razones ajenas». Mencionó que «la experiencia de internación para ella es muy dura, y como el marido trabaja en comercio en relación de dependencia se le complica la contención». Refirió que debido a ello y junto a la médico psiquiatra María Cecilia Scheerle determinaron «la necesidad de establecer un tratamiento ambulatorio» considerando «fundamental para esta paciente que no esté sola». Precisó que «el diagnóstico actual es una melancolía, depresión grave, que agrava su psicopatía de base, y que pone en riesgo actual su vida» (fs. 49/49vta.; lo resaltado en negrita fue agregado).

A su vez, la especialista en psiquiatría María Cecilia Scheerle declaró que, conjuntamente con la licenciada Giannasi, detallaron los antecedentes de la paciente que contaba «con dos internaciones previas en clínicas psiquiátricas diferentes en Mar del Plata por intento de autolisis», y que decidieron su acompañamiento terapéutico a fin de controlar la ingesta de los medicamentos en aquellos momentos en que el marido se encuentra en el trabajo, y destacó que es «indispensable» continuar con el acompañamiento (fs. 126/126vta.).

El material probatorio al que he venido haciendo referencia textual en los párrafos precedentes no ofrece fisuras en cuanto a la existencia de los siguientes extremos: que la amparista se encuentra adherida a Galeno Argentina S.A.bajo el plan P25CE Plata 250; que ha realizado intento de autolisis, habiendo hecho un «pasaje al acto»; que ha sido diagnosticada presuntivamente de DSNIV TR -T. límite de la personalidad F60.31-T. depresivo mayor recidivante grave DSN IV TR=F33.2; que ello entraña un riesgo para su vida; que las profesionales tratantes recomendaron que posea un acompañante terapéutico de lunes a viernes mientras su esposo trabaja (a razón de nueve horas diarias).

Del otro lado, en cambio, la empresa de medicina prepaga demandada se ha abroquelado en consideraciones meramente dogmáticas sin abocarse a demostrar las razones de sus dichos. En efecto, si bien blandió el argumento de que no procede el reclamo de prestaciones por fuera de la cobertura contratada cuyo alcance está dado por el Plan Médico Obligatorio (que opera como el piso mínimo de prestaciones) y por el contrato celebrado entre las partes (conformado a su vez por la solicitud de adhesión al plan elegido, la cartilla de prestadores, servicios y cuadro de beneficios del plan, y por el reglamento), lo cierto es que omitió acreditar los extremos fácticos en que basó la aludida defensa de falta de cobertura, siendo que era la que en mejores condiciones se encontraba para hacerlo por tratarse de elementos propios de la actividad que desarrolla de modo profesional.

En un precedente que recientemente h a cumplido veinte años éste Tribunal destacó, «desde la perspectiva de las cargas probatorios dinámicas, que al estar esa documentación en poder la aseguradora, ella era la única que podía arrimarla al proceso por encontrarse no sólo en situación más favorable sino en posesión y disponibilidad de los medios de prueba» (esta Sala, causa n° 36.924 del 19-3-96, «Lucas.», con mi voto, public.en D.J.J., ejemplar del 25-6-96). Abrevando en dicho fallo, ya más cerca en el tiempo, ésta Sala reiteró que «resultaba esperable que la demandada esclareciera este aspecto en el transcurso del juicio, ya que se encontraba en óptimas condiciones para hacerlo, por contar con los registros y documentación respaldatorios que le exige el desempeño de su actividad» (esta Sala, causa n° 44.007 del 27-6-02, «Bahurlet.», con voto del Dr. Peralta Reyes).

Entiendo que en esa etapa de la contienda era de esperar de la accionada una conducta colaboracionista y decidida para traer a juicio aquellos elementos que avalen su afirmación de que la cobertura peticionada por la amparista efectivamente excede el plan de salud contratado (solicitud de adhesión, reglamento, etc.).

Pero, por el contrario, las reiteradas referencias al contrato -y a su conformación- que realizó con el fin de lograr que se rechace la demanda no fueron finalmente abastecidas con documentación u otro medio de prueba que las respalde.

2. A esta altura del desarrollo considero necesario realizar una apreciación adicional de marcada significación que, incluso, abastece por sí misma los fundamentos de este decisorio (art.3 C.C.C.N.).

Al abordar la primera cuestión mencioné que si bien la temática planteada en el sub-caso ha sido atribuida por ley al conocimiento de la justicia federal (esta Sala, «Linari» cit.), el hecho de que haya recaído un pronunciamiento judicial sobre el fondo en sede provincial determina que continúe tramitando en la misma jurisdicción (esta Sala, causas «Layús» cit.).

Ahora bien, a pesar de que las circunstancias excepcionales que se verifican en autos tornan inaplicable la doctrina de «Linari» exclusivamente en lo que se refiere a la competencia, lo cierto es que dicho precedente sí es aplicable en cuanto establece que las empresas de medicina prepaga como la demandada «han sido asimiladas en su marco regulatorio a las obras sociales».

En ese carácter la accionada resulta alcanzada por la ley nacional de prevención del suicidio n° 27.130 cuyo articulado pertinente, prescribe:

«Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente.» (art. 8).

«Los efectores de salud deben ofrecer para la atención del paciente con intento de suicidio un equipo interdisciplinario conformado en los términos de la ley 26.657 de Salud Mental, asegurando el acompañamiento del paciente durante todas las etapas del proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social y promoviendo la integración de los equipos de asistencia con miembros de la familia y la comunidad de pertenencia, por el plazo que aconseje el equipo asistencial especializado» (art. 9).

«Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661 ., las entidades de medicina prepaga ., deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias ., que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación» (art. 16).

En lo que concierne al sub-caso, no existen dudas que la ley 27.130 dispone expresamente en su art.16 que las empresas de medicina prepaga deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio. Y si bien no paso por alto que la norma en ciernes no ha sido todavía reglamentada considero que esa omisión del Poder Ejecutivo no impide que sea inmediatamente aplicable al caso, en un todo de acuerdo con la jurisprudencia elaborada por la Corte Federal (C.S., «Ekmekdjián c Sofovich», Fallos 315:1492), y máxime teniendo en cuenta que en autos se encuentran comprometidos los derechos a la salud y a la vida misma de la amparista que, tal como expresaron las profesionales tratantes, realizó intento de suicidio y requiere para su tratamiento un acompañamiento terapéutico durante las horas en que su esposo se encuentra en el trabajo (fs. 14/15, 16 y 49/49vta., 101, 126/126vta.; arts. 1,2 y 3 C.C.C.N.).

En autos la prestación a cargo de la empresa de medicina prepaga no viene sólo impuesta por su equiparación con las obras sociales en cuanto al nivel mínimo de prestaciones que debe cumplir (C.S., Fallos 326:3535; «La salud y los bienes sociales constitucionales», L.L. 2008- B-301, con mi nota), sino de un expreso mandato normativo.

En virtud de lo que surge de las consideraciones anteriores propicio al acuerdo confirmar la sentencia apelada en la parcela en que ordenó a Galeno Argentina S.A. brindar a la amparista cobertura de acompañante terapéutico de lunes a viernes durante las nueve horas en que su esposo se encuentra en el trabajo y, en cambio, revocarla en cuanto dispuso la cobertura «de por vida» ya que considero razonable que la misma se mantenga mientras persistan los presupuestos fácticos que la tornaron procedente.A dichos fines en la instancia de origen y previa audiencia con las profesionales tratantes (psiquiatra y psicóloga), el Juzgado establecerá la periodicidad con que deberán llevarse a cabo las evaluaciones para determinar la continuidad o no del acompañamiento terapéutico, el que no podrá ser discontinuado sin resolución fundada del magistrado interviniente (leyes 23.660, 23.661 y 24.455; art. 1 de la ley 24.754; anexo I de la ley 25.421; arts. 1, 3, 8, 9, 16 y ccs. de la ley 27.130; arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°; jurisp. cit.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Declarar que la presente causa continúe tramitando en jurisdicción provincial (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 inc. 1° de la ley 48; leyes 23.660, 23.661, 24.754 y 26.682; jurisp. cit.). 2) Confirmar la sentencia apelada en la parcela en que ordenó a Galeno Argentina S.A. brindar a la amparista cobertura de acompañante terapéutico de lunes a viernes durante las nueve horas en que su esposo se encuentra en el trabajo y, en cambio, revocarla en cuanto dispuso la cobertura «de por vida» ya que considero razonable que la misma se mantenga mientras persistan los presupuestos fácticos que la tornaron procedente. A dichos fines en la instancia de origen y previa audiencia con las profesionales tratantes (psiquiatra y psicóloga), el Juzgado establecerá la periodicidad con que deberán llevarse a cabo las evaluaciones para determinar la continuidad o no del acompañamiento terapéutico, el que no podrá ser discontinuado sin resolución fundada del magistrado interviniente (leyes 23.660, 23.661 y 24.455; art. 1 de la ley 24.754; anexo I de la ley 25.421; arts. 1, 3, 8, 9, 16 y ccs. de la ley 27.130; arts. 34 inc.4°, 163 inc. 6°; jurisp. cit.). 3) Con costas a la demandada que resulta vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); difiérase la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Azul, 11 Abril de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Declarar que la presente causa continúe tramitando en jurisdicción provincial (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 inc. 1° de la ley 48; leyes 23.660, 23.661, 24.754 y 26.682; jurisp. cit.). 2) Confirmar la sentencia apelada en la parcela en que ordenó a Galeno Argentina S.A. brindar a la amparista cobertura de acompañante terapéutico de lunes a viernes durante las nueve horas en que su esposo se encuentra en el trabajo y, en cambio, revocarla en cuanto dispuso la cobertura «de por vida» por considerar razonable que la misma se mantenga mientras persistan los presupuestos fácticos que la tornaron procedente. A dichos fines en la instancia de origen y previa audiencia con las profesionales tratantes (psiquiatra y psicóloga), el Juzgado establecerá la periodicidad con que deberán llevarse a cabo las evaluaciones para determinar la continuidad o no del acompañamiento terapéutico, el que no podrá ser discontinuado sin resolución fundada del magistrado interviniente (leyes 23.660, 23.661 y 24.455; art. 1 de la ley 24.754; anexo I de la ley 25.421; arts. 1, 3, 8, 9, 16 y ccs. de la ley 27.130; arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°; jurisp. cit.). 3) Con costas a la demandada que resulta vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); difiérase la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

MARÍA INÉS LONGOBARDI

PRESIDENTE

VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS

JUEZ JUEZ

ANTE MÍ

CLAUDIO MARCELO CAMINO

SECRETARIO

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