Se condena a la accionada a abonar al actor la suma determinada en concepto de indemnización por el incendio por sobretensión eléctrica sufrido en su vivienda.

incendioPartes: Angaroni Guillermo c/ E.P.E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 1-ene-2016

Cita: MJ-JU-M-98108-AR | MJJ98108 | MJJ98108

Se condena a la accionada a abonar al actor la suma determinada en concepto de indemnización por el incendio por sobretensión eléctrica sufrido en su vivienda, pues no se ha acreditado el argumento liberador de responsabilidad, esto es la existencia de una fuerte tormenta y caída de ramas invocado por la demandada. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada -salvo en lo relativo a la tasa de interés- que condenó a la accionada a abonar al actor la suma determinada en concepto de indemnización por el incendio por sobretensión eléctrica sufrido en su vivienda, pues no se ha acreditado el argumento liberador de responsabilidad, esto es la existencia de una fuerte tormenta y caída de ramas invocado por la demandada.

2.-La jurisprudencia mayoritaria es conteste en reconocer intereses compensatorios a la indemnización reajustada, porque la actualización del capital y la imposición de intereses responden a dos objetivos distintos: una a compensar la depreciación sufrida por la moneda, la otra a resarcir el perjuicio originado por la privación temporaria del capital, perjuicio que existe lo mismo con desvalorización que sin ella, por ello, habiendo sido el capital debidamente integrado, reparado, y actualizado a la fecha de la sentencia, el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago, en virtud de lo cual resulta justo que desde la fecha del siniestro y hasta la de la cuantificación de los respectivos daños se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual.

3.-En la demanda se estimó su valor de mercado de los elementos destruidos por el incendio y durante la etapa probatoria se acompañaron constancias de los precios de venta al público obtenidos de los portales de la web de distintas empresas de renombre, coincidiendo los montos que surgen de la prueba con las cantidades consignadas en la demanda; por ello resulta ajustado a las constancias de autos y al desarrollo del proceso decir que el monto del resarcimiento establecido por el a-q uo surgió aplicando el principio de la sana crítica al momento de evaluar la prueba arrimada a la causa.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 01 días del mes de enero de 2016, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Gerardo E Muñoz, para dictar sentencia en los caratulados: “ANGARONI, GUILLERMO C/ E.P.E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 45/15, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3era. Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 974 de fecha 05 de mayo de 2014 obrante a fs. 209/215, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Chaumet y Muñoz.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Los presentes vienen a esta alzada por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia N° 91 de fecha 05 de Mayo del año 204. Se destaca que no sostiene el recurso de nulidad y del análisis de lo resuelto en instancia anterior, no surge que exista vicio manifiesto alguno que justifique el dictado de un pronunciamiento anulatorio oficioso.

Ergo, mi respuesta al primer interrogante es negativa.

A la misma cuestión dio el Dr. Chaumet: conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Mediante sentencia N° 91 de fecha 5 de mayo de 204 (fs.209/215), el juez de grado resolvió: “.1° Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva, con costas.- 2° Haciendo lugar a la demanda; y en consecuencia, condenando a la accionada a abonar al actor, en el término de quince (15) días, la suma de $ 24.06705, con más interés equivalente a tasa activa sumada del BNA para operaciones ordinarias, aplicable desde la fecha del siniestro.- En caso de falta de abono en el término indicado, el importe reclamado seguirá siendo objeto del interés indicado hasta el día del efectivo pago.- 3° Imponiendo a la accionada las costas del proceso.”

2. En materia de la apelación la misma se funda, en primer lugar en el rechazo sentencial a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la recurrente.

La sentencia tiene por no probadas “.La existencia de una fuerte tormenta y caída de ramas, como origen del siniestro sufrido por el actor. por ende, al fallar por su base el argumento liberador de responsabilidad por falta de acreditación, la excepción sobre la cual se funda carece de asidero jurídico y así debe ser declarado, con costas”.

Se agravia acusando omisión de prueba fundamental al respecto.

La falta de legitimación pasiva, se basó en el hecho de que una fuerte tor menta produjo caídas de ramas (cuya poda se encuentra a cargo de la Comuna de Andino), las cuales cortaron un conductor neutro produciendo una sobretensión, y sostiene que este hecho fue holgadamente probado.

Enumera:

Acompañó el informe suscripto por el Técnico Norberto Coria- Jefe de Unidad Distribución – Suc. San Lorenzo EPE, quien expresara: “.la tormenta causó desgajamiento de varias ramas del arbolado público como de la finca del usuario en cuestión, cuyas ramas cortaron el conductor neutro de Aluminio de 35 mm2 produciendo en la Zona una sobretensión, este hecho no pudo preverse ni evitar dada la intensidad del mismo.”

Remite a lo dicho por el perito oficial a fs.145/146 y 154/155 (dictamen y ampliación): “.El arbolado público (las ramas), ha sido determinante en la producción del siniestro y prueba lo antedicho.” “.Ya se expresó anterior mente que una de las causas de la sobretensión que produjo el incendio, ha sido la falta de neutro y/o ligazón de este con una fase y que el arbolado público ha sido el causante del mismo.” “Finalmente, las causas que originaron el siniestro ya han sido explicitadas y las ramas pertenecientes al arbolado público próximas a las instalaciones de la EPE, que prestan servicio al domicilio del actor, han tenido incidencia en la ocurrencia del siniestro de autos”. “Este perito ha tenido en cuenta, como punto de partida general, las dimensiones que puede tener el arbolado público, algunas de sus ramas de gran magnitud, que pudieron haberse cortado a causa de un fuerte viento y haber caído sobre los cables de distribución del ser vicio eléctrico, cortando el conductor de neutro.Ha tenido en cuenta también la proximidad que suele existir entre la línea de arbolado público (próxima al cordón de la vereda) y los conductores de distribución eléctrica y en concreto para el caso de autos, el informe presentado por la EPE, de fecha 11/11/2QD, el cual menciona la caída de las ramas del arbolado público sobre el conductor neutro de aluminio produciendo su corte.” Sobre las causas probables de corte de un conductor neutro de 35 mm2 como el de autos, respondió: “a) Una de las causas, es la caída sobre el conductor, de una rama de árbol de gran magnitud; tal como lo mencionado anteriormente.”

Con esa enumeración dice haber probado que las ramas del arbolado público tuvieron una participación activa en el siniestro de autos y que por ende la recurrente careció de responsabilidad, recayendo esta sobre la Municipalidad y/o Comuna de Andino, lo que fundamentó la excepción rechazada.

Se agravia que el a-q uo rechazara la excepción con costas, cuando sostiene, ha probado el fundamento de la excepción que debió haber prosperado.

En un segundo momento se agravia de lo expresado a fs. 211/212: “Que la contestación de la demanda ha seguido los mismos cánones: se ha fundado en la existencia de una tor menta de gran intensidad que produjo desgajamiento de varias ramas del arbolado público como de la finca del usuario en cuestión. Ello nunca fue acreditado ni siquiera intentado probar.”

Reitera que probó las circunstancias del acaecimiento del siniestro, las fuertes tormentas y el desgajamiento de las ramas del arbolado público.

Insiste en que el sentenciante parcializó el informe emitido por el Técnico. Norberto Coria – Jefe de Unidad Distribución- Suc.San Lorenzo EPE., “ya que por un lado, le quita todo tipo de valor, sin fundamento alguno, al extracto en el cual el citado menciona la existencia de una tormenta y caída de ramas, y por el otro, le otorga un valor con carácter de convicción a lo expresado por el mismo técnico, cuando éste menciona la existencia de una sobretensión”.

Achaca al a quo, no considerar una parte de una prueba relevante como es la pericia técnica realizada en autos por el Ingeniero Di Carlo (perito oficial), cuando la misma expresa a fs. 45/46 lo siguiente: “.El arbolado público (las ramas), ha sido determinante en la producción del siniestro y prueba lo antedicho”.

Agrega que no solo no se consideró tal circunstancia para por lo menos dividir las responsabilidades, sino que sostiene el fallo que nada se ha acreditado ni intentado probar en relación a la incidencia del arbolado en el siniestro.

Reitera que los hechos mencionados en la contestación de la demanda fueron probados en forma contundente, pero el a-q uo tomó sólo el extracto que beneficia a la parte actora, por lo que se agravia.

En un tercer momento se agravia de que la sentencia recurrida a fs. 213, afirme:”Que resulta claro que la accionada no ha producido prueba alguna que apoye su postura; en cambio, el actor, a través de indicios graves, precisos y concordantes que han sido señalados supra a lo largo de estos considerandos, ha producido prueba presuncional que autoriza al suscripto a tener por ciertos los hechos ocurridos en el quincho de su propiedad”.

Insiste una vez más que el sentenciante no ha tenido en cuenta el plexo probatorio del que se valió su parte para acreditar la fuerte tormenta y caída de ramas, sino que nuevamente parcializó el dictamen pericial, otorgándole el valor de fuerte presunción al extracto que beneficia al actor y relativizando en forma absoluta la parte que beneficia la postura procesal de la recurrente.

Señala que el juez de grado puso el acento en el tiempo verbal (resaltado en negrita en su sentencia) utilizado por el perito cuando habla del arbolado y ramas como factores intervinientes en la producción del siniestro, y toma a esa argumentación como suposiciones carentes de todo respaldo fáctico; pero cuando analiza dicho dictamen en relación al estado de las instalaciones eléctricas del actor y la ocurrencia de una sobretensión, no tiene en cuenta que esos dichos del perito también se encuentran expresados en forma hipotética.

Es decir, el perito en su informe obrante a fs. 45 expresa: “.puede estimarse que el estado de los elementos eléctricos. eran normales y responderían a las normas reglamentarias.; o sea que todo lo realizado por el actor en materia de instalación eléctrica habría estado correctamente realizado.”

Se agravia, diciendo que si se valoró un dictamen pericial estableciendo que el mismo se basa en suposiciones y que carece de respaldo fáctico, esa medida debe ajustarse a todo el dictamen y no solo al extracto que prueba lo relatado por su parte.Señala que, en su caso, el perito habría utilizado el mismo grado de hipótesis, tanto para una posibilidad (buen estado de las instalaciones del actor y existencia de sobretensión), como para la otra (existencia de caída de ramas).

En un cuarto momento se agravia de que la sentencia a fs. 24, exprese: “.Que en cuanto hace a los daños materiales, se reclamaba la suma histórica de $12.923, que correspondería a la reposición de los elementos que indica el actor en la demanda como destruidos y el precio de adquisición de cada uno; se han adjuntado las facturas pertinentes y las mismas han sido reconocidas en su autenticidad por su libradores, y también los precios de venta al público, motivo por el cual cabe hacer lugar al rubro reclamado por la suma actual de $24.06705.”

Dice que si el actor en la demanda expresa que para reparar l os artefactos dañados gastó la suma de $12.923, la indemnización por ese rubro, en el supuesto que al actor le asista el 100% de la razón, debe ascender como máximo a dicho monto con más los intereses hasta su efectivo pago, con lo cual lo determinado por el a-quo es absolutamente incorrecto y desajustado a derecho.

Cita jurisprudencia.

Dice que la sentencia otorga un monto indemnizatorio que no se encuentra fundado ni acreditado, lo que resulta arbitrario y configurando dicha indemnización enriquecimiento sin causa a costa del estado. Sí también se agravia por la fijación de un “interés equivalente a la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina para operaciones ordinarias”. La considera excesiva y no acorde a las características del proceso, ni la aplicada en casos análogos y pide se aplique el interés equivalente a la tasa promedio entre la activa y pasiva del NB.S.FS.A.

3. La actora contesta los agravios de fs.235/238 solicitando el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia impugnada.

En primer lugar destaca la insuficiencia del escrito de interposición del recurso de apelación con relación a la adecuada formulación técnica -conforme lo exige el artículo 365 del C. PC.C-; al remitir solamente a retazos de la sentencia, sin un mínimo relato de los hechos de la demanda y la contestación (art. 243 C.PC.C), y sobre todo sin siquiera mencionar el sustrato lógico y jurídico de la sentencia, es decir los fundamentos basales del fallo. De esta manera, los agravios no permiten vislumbrar por sí mismos cual ha sido el “razonamiento” integral del a-q uo y aparecen como un crítica desarticulada e imprecisa, que hace necesaria para su entendimiento y debida integración la lectura previa de los escritos constitutivos del proceso y de la sentencia, proceder que demuestra el incumplimiento del recaudo primario de “autosuficiencia”; imprescindible para que el escrito de expresión de agravios pueda considerarse una crítica seria, razonada y objetiva que Vs. Ss. estén en condiciones de confrontar y juzgar Tal las expresiones de la actora.

En subsidio y para el supuesto de que los agravios sean analizados hace su exposición describiendo lo siguiente: “LA LITIS:

Se promovió pretensión indemnizatoria contra la EPE, por la suma estimada en $1.923 más intereses, reclamándose los daños materiales y morales provocados por el incendio de parte del inmueble de su mandante el día 08 de mayo de 2010, causado por una sobrecarga de tensión eléctrica posterior a un corte de energía y por ende, fundándose la responsabilidad de la demandada en el incumplimiento de los deberes de suministro en condiciones adecuadas y sin anomalía en el voltaje del fluido eléctrico.

La EPE interpuso excepción de “falta de legitimación pasiva” (fs.51) y sucesivamente y por igual fundamento postuló el rechazo de la pretensión, basándose en que el acaecimiento del incendio (hecho admitido en su materialidad primaria de día, hora y lugar (fs. 53), se había producido por causas ajenas a la esfera de su responsabilidad y catalogadas como “hecho fortuito”: una “tormenta de gran intensidad” que había producido el desgajamiento de las ramas del arbolado público, su caída sobre el conductor neutro de aluminio de 35 mm2 que proveía de energía al inmueble y su corte, causándose de esta manera la sobretensión eléctrica, admitida expresamente como circunstancia responsable del incendio. A partir de este relato, imputa responsabilidad a la Municipalidad de Andino por la falta de poda del arbolado público y a su mandante por incumplimiento de las medidas de seguridad de sus instalaciones eléctricas internas.

LA SENTENCIA:

La sentencia n° 94 hace lugar íntegramente al reclamo resarcitorio por la suma de $24.06705 en concepto de daños materiales y por la suma de $2.000 en concepto de daño moral, con más los intereses a la tasa activa sumada del BNA desde el acaecimiento del incendio hasta su efectivo pago.

Para así concluir se basa en que el hecho del incendio por sobretensión eléctrica había sido reconocidos en la contestación de demanda, que la responsabilidad de la demandada surgiría de “indicios graves, precisos y concordantes”, unido a la medular conclusión de que las circunstancias pretendidamente liberadoras representadas por “la tormenta”, la caída de ramas y el corte del conductor eléctrico, habían sido invocadas por la EPE pero NO probadas, estando a su cargo hacerlo conforme al juego de presunciones emergentes del 2° párrafo, 2° pte. del art. 1113 C.C, que subsumía el caso. Respecto a tales “eximentes” afirma que sólo emanaban del informe de fs.57 elaborado por la propia accionada y que las conclusiones del dictamen pericial dándole relevancia causal en la producción del foco ígneo,

eran “solo suposiciones carentes de todo respaldo fáctico”. Además de la inexistencia de prueba a cargo de la accionada, apunta al informe del presidente comunal de Andino de fs. 111 dando cuenta de la existencia de numerosos incidentes, desperfectos e irregularidades en la prestación del servicio y a las conclusiones periciales sobre las condiciones satisfactorias de la instalación eléctrica del actor, declarando procedentes los rubros indemnizatorios en base a la autenticidad de las respectivas facturas de compra y las constancias de precios de venta al público de los elementos destruidos por el incendio”.

Pasa a contestar el primer agravio diciendo: Que el razonamiento que pretende excluir de la legitimación pasiva a la E.PE. cae en tanto es la dueña y guardiana del suministro eléctrico que proporciona a los usuarios, aunque pueda responder en forma exclusiva o concurrentemente con otros sujetos, es siempre la persona legitimada para discutir el derecho resarcitorio, si este se funda -como en el caso- en hechos relacionados causalmente en forma franca con la provisión de la energía eléctrica, ya que inter viene en su directa generación y distribución.

Que la recurrente habla de “todo un plexo probatorio” como eximente de responsabilidad por ruptura del nexo causal. La sentencia, dice la recurrida correctamente, hace notar para rechazar la “falta de acción”, que no hubo ninguna prueba en el sentido expuesto en los agravios.

Agrega que el testigo Héctor Almada, preguntado sobre el estado del tiempo en el día del incendio, afirma: “el día estaba lindo” (Rta. preg. 8va., fs. 1TB). Así, señala que la única “probanza” de la demandada en este sentido carece de seriedad y de eficacia probatoria.

Remite al informe o pseudo informe de fs.57 y destaca que no se menciona que día ni en qué circunstancias se produjo la aludida tormenta, tratándose de “una manifestación unilateral” de la demandada, información introducida seis meses después del incendio; destacada por su parte en el alegato como una confesión espontánea respecto al hecho de “la sobretensión” en el fluido eléctrico que alimentaba la finca: (“. cuyas ramas cortaron el conductor neutro de aluminio produciéndose en la zona una sobretensión.”), (cfr informe fs. 57). Carece de todo valor probatorio respecto al “hecho fortuito” que se invoca (distinto y “divisible” respecto de la confesión, doct. Art. 67 C. PC.C, cfr alegato fs. 203 vta.).

La apelante acude al dictamen pericial de fs. 45/46; pero como bien lo destaca la sentencia a fs. 213, la primera aseveración del perito Di Carlo a fs. 46 respecto a que el arbolado público habría sido determinante en la producción del siniestro; pero la recurrida recuerda que fue aclarado el verdadero alcance de la expresión a fs. 154.

Allí recuerda que se admite haberla fundado “como punto de partida, en las dimensiones que puede tener el arbolado público, algunas de sus ramas de gran magnitud, que pudieron haberse cortado a causa de un fuerte viento y haber caído sobre los cables de distribución del ser vicio eléctrico, cortando el conductor de neutro.; también la proximidad que suele existir entre la línea de arbolado público (próxima al cordón de la vereda) y los conductores de distribución eléctrica y en concreto para el caso de autos, en el informe presentado por la E.PE.de fecha 11/11/200, el cual menciona la caída de las ramas del arbolado público sobre el conductor neutro de aluminio produciendo su corte.”

El Ingeniero Di Carlo, dice la recurrida, no dictaminó en virtud de su ciencia y sus conocimientos técnicos, sino “en base a suposiciones carentes de todo respaldo fáctico”. Remite al “modo potencial” utilizado en la respuesta del perito y, prioritariamente, al hecho de que admite que la base concreta y única para hacer suya aquella hipótesis de la tormenta y de la caída de ramas, era ni más ni menos que “el informe presentado por la E.PE. de fecha 11/11/200” (cfr aclaración de pericia, fs. 154, resp. preg. 1o).

Agrega que el corte del conductor neutro por supuesta fuerza de las ramas del arbolado público, resulta un hecho físicamente imposible. El informe pericial (fs. 154 vta. punto 4o) dice que “un conductor neutro de aluminio de 35 mm2, posee una carga de rotura mínima de 1960 kg., es decir, que de encontrarse el conductor en buen estado (cuya conservación es responsabilidad de la E.PE.), el desprendimiento de “algunas ramas” no hubiera significado jamás carga suficiente para romperlo.

Además, afirma que los mencionados conductores eléctricos se encuentran montados a una altura de 6 mts. sobre el nivel de la vereda (Rta. pto. 2°, fs. 154), en tanto los árboles del lugar no excedían los 4 metros de altura (cfr testigo Almada, preg. 10, fs. 118: “. son árboles de más o menos un metro y medio o un poco más, pegados al cerco, hace dos años eran más chiquitos, en la vereda hay otros árboles que son de dos metros o tres ahora, antes hace dos años eran más chicos.”. Testigo Brondino Graus, rta. preg. 8°, fs. 123:”.hay pinos y coníferas dentro de la casa de 3 o 4 metros”.

Por todo ello, concluye que, sumada a la calidad de guardiana y responsable primaria de la generación y distribución de la energía eléctrica, la excepción de Fa lta de Acción puesta por la E.PE. fue bien rechazada por el A-quo.

Contesta el segundo agravio señalando su directa conexión con el anterior el rechazo del eximente porque: “se ha argumentado, pero no se ha acreditado, ni la caída de ramas ni la existencia de la tormenta”, en un principio se remite a lo contestado en el agravio anterior: las circunstancias meteorológicas y su pretendido desenlace únicamente surgen del informe confeccionado por un dependiente de la demandada, que además de favorecer a la estrategia defensiva de la E.PE., y por ende carecer de fuerza convictiva a su favor resulta en su contenido y fecha poco serio o verosímil. Por lo que insiste en que el hecho de la tormenta “nunca fue acreditado, ni siquiera intentado probar”.

Se trató de un hecho de fácil acreditación, que no se prueba por un mero informe propio e impreciso, cabiendo utilizar diversos medios probatorios: como una informativa al Servicio Meteorológico Nacional; fotografías del lugar, inspección judicial o constatación para verificar la rotura del mentado conductor, la caída de ramas desde árboles de gran altura, etc.

Asegura que la recurrente no acudió a estos medios probatorios, dado que no se puede probar la existencia de un hecho que nunca sucedió.

Responde al tercer agravio diciendo que la impugnante se queja de la valoración “parcial” hecha sobre el dictamen pericial. La recurrida admite que es cierto que al preguntársele sobre el estado de los elementos eléctricos del inmueble siniestrado el perito responde también en modo potencial (“puede estimarse que eran normales”. “responderían a las normas reglamentarias”), pero tal semántica se encuentra en este aspecto plenamente justificada por una realidad incontrastable:los elementos eléctricos ya no existían al momento de la pericia (se habían quemado); por lo que la respuesta tenía un basamento distinto a la evidencia de las cosas y de alguna manera no había lugar sino a suponer o inferir su estado de normalidad.

Señala como medular que al emitir el dictamen el perito, trabajó sobre la hipótesis cierta de la sobretensión o exceso de voltaje en el fluido eléctrico el día 8 de mayo de 2010, porque este hecho había sido barajado como probable por la pericia de Bomberos en el sumario penal (cfr fs. 24/25); corroborado por los testimonios de varios vecinos (preg. 6°, fs. 117; preg. 5°, fs. 120; preg. 5°, fs. 123), resaltado por el informe de la Comuna de Andino (fs. 111/115), pero sobre todo y más que nada admitido por la misma demandada en su informe de fs. 57

Califica de conjetural y remota la posibilidad de que el incendio haya tenido otro origen más que la “sobretensión” y pudiera provenir del estado irregular de las instalaciones de la actora. Explica así que el Ing. Di Carlo manifestara que no había elementos objetivos para afirmar que aquellas no estaban en estado.

Descalifica totalmente el adjetivo “caprichosamente. que la recurrente imputa al a-q uo para relativizar el dictamen en la parte que beneficia a la apelante adhiriendo en los tramos que le perjudican.

Señala que el juez, razonadamente, advirtió que las conclusiones sobre el arbolado público y su rol protagónico en el siniestro eran “objetivamente” suposiciones carentes de todo respaldo fáctico, en tanto las relativas al “hecho de la sobretensión” y a la regularidad de la instalación eléctrica de su mandante tenían apoyatura en las restantes constancias de autos.

Destaca sobre este aspecto la conducta procesal de la contraria, confrontada con la propia al advertirse que el dictamen de Di Carlo no se ajustaba a las leyes de la ciencia sino a meras conjeturas.La recurrida solicitó aclaración de dicha pericia, cosa que no hizo la contraria respecto de las instalaciones eléctricas de Angaroni, como debiera haber hecho si entendía que no había sido elaborado en base a criterios objetivos y científicos.

La carga de la prueba recaía sobre la demandada en razón de que se debían demostrar hechos eximentes de culpa objetiva, al no haberse probado ni con la pericia ni por ningún otro medio el hecho fortuito de la tormenta, la incidencia causal de las ramas del arbolado público, ni que las instalaciones eléctricas no satisfacían los estándares exigidos por la E.PE.; sólo existieron argumentos y no pruebas. Así lo sostiene la recurrida.

Respondiendo al cuarto agravio la recurrida, sostiene que no es cierto que la cantidad de la demanda fuera determinada o fijada por su parte en la suma de $12.923, sino que en el escrito inicial se efectuó una estimación del monto de los daños materiales, consignándose el carácter interino de la cantidad y su sujeción a la prueba y al arbitrio judicial, tanto en el objeto (punto II) como en el petitorio (punto IX), justificado aquel carácter no solo en el hecho de incluirse en el reclamo el “daño moral” (rubro clásicamente remitido en su fijación a la prudencia judicial), sino en que al momento de la demanda, algunos gastos (lo referente a limpieza, instalaciones eléctricas, pintura, etc.), habían sido sufragados por su mandante y contaba con las respectivas facturas, mientras que otros -elementos del quincho, cosas o materiales destruidos por el incendio- no habían sido aún repuestos y/o no contaba con las respectivas facturas de compra originales.

De este modo, dice que el monto del resarcimiento fijado por el juez de primera instancia, surgió netamente de la prueba:las erogaciones efectivamente realizadas por el actor y las cosas destruidas de las que conservaba facturas de compra, que en todos los casos, fueron acompañadas y reconocida la autenticidad por su librador (cfr servicio de limpieza Miski Express, instalación eléctrica por Paolo Aragón, elementos de electricidad Serra S.R.L., presupuestos de pintura, materiales de pintura, compra D.VD. Recco, etc., conforme detalle enumerado en el alegato desde el acápite a) a g), fs. 207 y vta.).

Destaca que la misma sentencia resalta que los montos de estos bienes y ser vicios que surgen de la prueba coinciden con las cantidades consignadas en la demanda. En cuanto a otros bienes o elementos cuya reposición se demandó (reposeras, sombrillas, modular, TV 21 pulgadas, ventilador de techo, etc.) y cuya presencia en el quincho fue admitida por la sentencia (corroborada por prueba testimonial (preg. 5, fs. 177; preg. 4o, f s, 118 vta.; preg. 4o, fs. 12 0; preg. 4o, fs.123); en la demanda se procedió a hacer una aproximación de su valor de mercado y durante la etapa probatoria se acompañaron constancias de los precios de venta al público obtenidos de los portales de la Web de distintas empresas de renombre tales como “Easy”, “Garbarino”, y “Megatone”.

Señala que resulta evidente que fue tomando en cuenta las sumas consignadas en las facturas auténticas y en las constancias aludidas, para arribar al monto definitivo de Pesos veinticuatro mil sesenta y siete con cinco centavos ($24.06705.-) para el rubro de daños materiales, suma a la que con acierto dice, condenó el a-quo.

Responde también al quinto agravio, referido a la tasa de interés otorgada por el juzgador (tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina); por excesiva e inacorde a las características del proceso.

Al respecto la actora remite a la creciente desvalorización monetaria de la economía actual, y dice que ella torna insuficiente cualquier tasa que no sea positiva y que contemple y cubra adecuadamente el daño que esta circunstancia causa al patrimonio del acreedor, cumpliendo además un función moralizadora que indique cierta sanción para el deudor por el pago dilatado de su obligación.

Refiere la doctrina sentada por las Cámaras Nacionales civiles in re “Alaniz” y “Vázquez” a favor de la tasa pasiva por la “tasa activa” del BTNT, según plenario “Samudio Martínez” (LL 22-04-2009); no para procurar una inadmisible aplicación directa de lo decidido en él, sino para poner de resalto las razones de justicia y de “realismo económico” que -igual que las tenidas en cuenta por el magistrado de baja instancia- imperaron para resolver aplicabilidad de la Tasa Activa del Banco Nación.

Pide finalmente que se rechace el recurso de apelación inter puesto y se confirme en todas sus partes la sentencia anterior.

4.Los agravios, tal como fueran propuestos, no han de prosperar.

En primer lugar, resulta cierto que la llamada expresión de agravios se torna de difícil y confusa lectura, habiendo tan solo una remisión parcial a la forma en que la litis quedara trabada.

Por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama, por lo que debe considerarse desierto el recurso si se ha configurado la hipótesis de deserción por carencia de agravios; no habiéndose aportado ningún elemento nuevo de convicción y otras razones que justifiquen una solución distinta de la adoptada por el “a quo” (C.Civ y Com. Rosario, Sala IV 26/9/94; “Guastavino, Deolindo c. Aldo Cirilo Barichelo s. Juicio ejecutivo”. Juris, 94-578, No 978).

Solo tendrá entidad procesal para obtener la apertura de la jurisdicción del ad-quem la expresión de agravios que contenga una verdadera y clara crítica -razonada y concreta- de la resolución recurrida; un minucioso y preciso estudio de la sentencia y condense los argumentos y motivos que tienden a demostrar la existencia de errores cometidos por el juez inferior.

Debe estar efectuada de tal manera que el tribunal de alzada pueda apreciar, de su lectura, en que puntos y por qué motivos el apelante se considera perjudicado en sus derechos.

No podrá abrirse debidamente esta instancia revisiva cuando únicamente existe en dicho memorial una referencia a meras discrepancias parciales o totales con las conclusiones del inferior, ya que el ad-quem habrá de considerar a la parte como conformando todos aquellos aspectos de la sentencia inferior de los que no haya concretado agravio contundente y específico.

La expresión de agravios no se agota en la formulación de términos de disconformidad.Constituye una verdadera carga procesal.

No se trata de ajustarse a fórmulas sacramentales rígidas e inmutables, pero debe contener un minucioso y preciso estudio de la sentencia y especialmente justificar la condena que hace de los fundamentos y motivos que demuestran los errores que se atribuyen al sentenciante al estructurar el pronunciamiento objeto de análisis. Es decir, no puede valerse de una óptica parcializada de los fundamentos y motivos del decisorio recurrido, sino que debe hacer una crítica que evidencie la fortaleza de la argumentación que intenta oponerse a la del juez criticado.

Es fundamental que estos errores estén no solamente sustentados en cuanto a su calificación con disfavor, sino que deberá también relacionárselos directamente con específicos puntos y razones por los que cabe considerar perjudicados los derechos del recurrente en el marco del decisorio tomado en integridad.

“Se ha definido a la expresión de agravios como el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama. Expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho), que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sir van de apoyo. La expresión de agravios no requiere formulaciones sacramentales, bastando que se articulen impugnaciones razonadas, concretas y objetivas, sobre los errores que se atribuyen a la sentencia y la descalifiquen como verdad conclusiva, pero en el escrito en consideración no se siguen los razonamientos del juez exteriorizados en los considerandos.Al no haber una crítica razonada del fallo, no se demuestran los motivos de disconformidad con los argumentos que contiene; no se determina el error de la sentenciante que avale la revocación por injusta, de su decisión de alzada” (CvCivv y Comv Sala III, 15/3/06; “San Cristóbal Caja Mutual el Boyovich, Elbio y Otros s/ Ejecutivo”, DJJ, Juris, Rosario, miércoles 11 de abril de 2007 p. 2).

Si no hubiera expresión de agravios o esta resultara insuficiente el recurso deberá ser declarado desierto.

Sin perjuicio de los señalamientos que en este sentido hace la recurrida, sin pedir la declaración de deserción sino que se rechace las impugnaciones; cabe hacer un análisis de los parciales ataques al razonamiento jurisdiccional del a-quo para motivar y fundar su sentencia.

La descripción de la litis y la forma de resolverla es introducida a la instancia por la recurrida y es la misma parte quien se encarga de rebatir los argumentos de la recurrente como fundantes de su disconformidad y de cotejarlos con los elementos completos de que se valiera el sentenciante para resolver la cuestión.

Tal como lo especifica el conteste de agravios, los dos primeros guardan íntima relación entre sí y puede tratárselos en forma conjunta.Pues, si bien uno refiere a una excepción rechazada de falta de legitimación pasiva y la segunda queja lo es en virtud de que se habría omitido considerar probados hechos que sí lo fueron según la versión de la recurrente.

Pues en este sentido caber decir que no existe yerro en la apreciación de la prueba por parte del judicante anterior ni tampoco ha incurrido en omisiones o arbitrariedades fácticas parcializando o seccionado la prueba; tomando los aspectos favorables a una de las partes y desechando las que beneficiaban a la hoy disconforme con su fallo.

El cotejo de la contestación de agravios con las constancias de la causa da como resultado que el plexo probatorio fue más allá de los elementos que pretenden ceñir el tratamiento en esta alzada mediante la crítica de la parte recurrente.

Así aparecen en el conteste, además de la descripción de la traba de litis, la referencia a elementos probatorios a los que la recurrente parece querer pasar de largo, tanto en su mención como en el análisis.

Surgen entonces las testimoniales que refieren a la altura de los árboles que se dice podrían haber arrojado ramas en la invocada tor menta, altura que no se condice con el largo y altura que podrían tener ramas con peso suficiente para dañar una instalación que, estando a cargo de la policía de la E.PE., de forma tal que resultara verdaderamente fortuito que se produjera el daño y sus derivados.

Esto tomando como base la conjetura de que las instalaciones a custodia de la E.PE. estuvieran en orden y según reglamento, cosa que tampoco fue probado con certeza.

Pero también llama la atención que un testigo diga que era un “buen día” y que se alegue la existencia de una tor menta de dimensiones inesperables o imprevisibles, o que la fecha no esté determinada desde un principio sino que aparezca introducida seis meses después.Sí es cierto que convoca a cierta desconfianza la no utilización de otros medios probatorios de fácil acceso y a disposición de la recurrente para demostrar los hechos que invoca e intenta probar con un informe emanado de un dependiente de la empresa.

Cierto es que, como lo dice la recurrida, esto pone en tela de juicio su entidad y calidad probatoria, quedando desmerecida sin el apoyo de otros elementos convictivos.

Por otra parte, surge de las testimoniales que pinos y otros árboles de mayor altura estaban en terrenos del damnificado y nada se dice qué pasó con estos árboles, sus ramas o eventuales desprendimientos: si han tenido o no influencia en las derivaciones dañosas de una sobre-tensión reconocida en el informe de fs. 57

La instalación de los aparatos eléctricos afectados (no se sabe cómo a tenor de la prueba de autos), su custodia y ajuste a la reglamentación eran función policial de la recurrente y al no demostrarse la injerencia de factor extraño a la instalación misma derivada del actuar de un tercero, la víctima o el invocado caso fortuito, habiéndose demandado con base en estos elementos a la E.PE., esta resulta responsable pues no ha podido exonerarse probando los supuestos antedichos.

En nada logra desmentirse el potencial utilizado por el ingeniero que realizara la pericial y tampoco que de sus aclaraciones pedidas por la recurrida surgiera con claridad que habló de posibilidades y no de certezas; por vía de inferencias sobre el estado que pudiera haber tenido la instalación a cargo de la E.PE. al momento del siniestro.

Dichos aparatos estaban ya quemados al momento de la pericia. Es decir no había bases fácticas objetivas sobre las que retrogradar en el tiempo conclusiones precisas.

Repitiéndome en lo ya dicho, no hay por parte del a quo un desdoblamiento de esta prueba. Se ha evaluado la misma en función de la objetividad derivada de los fundamentos que sustentaran sus conclusiones.No aparece en el razonamiento judicial arbitrariedad fáctica alguna y tampoco de otro tipo de las tradicionalmente catalogadas por la doctrina.

En cuanto a los montos de condena y la tasa de interés aplicada cabe decir que existen válidos y atendibles argumentos de parte de la recurrida que se fundamentan primariamente en que la suma establecida en el escrito de demanda fue solo una estimación (artículo 130 C.PC.C.S.F) y la cifra definitiva quedó librada a la estimación del sentenciante conforme lo que se lograra acreditar en el transcurso del proceso.

Luego hace una enumeración de algunos gastos (cosas destruidas, limpieza, instalaciones eléctricas, pintura, etc.) sufragados por su parte y al contar con las facturas respectivas, integradas a autos y reconocida la autenticidad por sus libradores (vgr servicio de limpieza Miski Express, instalación eléctrica por Paolo Aragón, elementos de electricidad Sena S.R.L., presupuestos de pintura, materiales de pintura, compra D.VD. Recco, etc., todo conforme detalle enumerado en el alegato desde el acápite a) a g), fs. 207 y vtar)r

Luego, y si bien admite que los algunos elementos del quincho, cosas y/o materiales destruidos por el incendio, no habían sido aún repuestos o no contaba con las respectivas facturas de compra originales; agrega que reposeras, sombrillas, modular, rv 21 pulgadas, ventilador de techo, etc.) y cuya presencia en el quincho fue admitida por la sentencia (corroborada por prueba testimonial, preg. 5, fs. 177; preg. 4o, fs. 118 vta., preg. 4o, fs. 120; preg.4o, 123).

En la demanda se estimó su valor de mercado y durante la etapa probatoria se acompañaron constancias de los precios de venta al público obtenidos de los portales de la web de distintas empresas de renombre tales como “Easy”, “Garbarino”, y “Megatone”. Los montos que surgen de la prueba coinciden con las cantidades consignadas en la demanda; no surgiendo, entonces, indicios de reclamo de erogaciones no realizadas por el actor.

Es así que resulta ajustado a las constancias de autos y al desarrollo del proceso decir que el monto del resarcimiento establecido por el a-q uo surgió aplicando el principio de la sana crítica al momento de evaluar la prueba arrimada a la causa.

No resulta para nada criticable con fundamento, el modo en que se llegó al monto de pesos veinticuatro mil sesenta y siete con cinco centavos ($24.06705.-) para el rubro de daños materiales.

En cuanto a los agravios por tasa de interés fijada en la condena, cabe considerar que el sentenciante estima la condena a valores actuales a la fecha de la sentencia.

Resulta apropiado recordar que en el Plenario “Samudio”, el voto de la mayoría sostuvo que: “.La tasa de interés (activa) fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.”

El motivo de la salvedad, reiterado en la mayor parte de los votos, es que si se fija e l capital a valores actuales (digamos, a la fecha de la sentencia), y si la tasa contempla la depreciación de la moneda, entonces tenemos una doble actualización. En otras palabras, según el plenario, cuando el capital está dado en valores actuales, corresponde aplicar una tasa que no solo retribuye el uso del capital, sino que intenta recomponer el capital mismo. Y si el capital está fijado a valores actuales, no hay nada que recomponer (Barbero, Ariel E., Interés moratorio:se vuelve a la buena senda. Plenario de la Cámara Civil de la Capital, LL 04/05/2009, 5).

Dentro de este orden de ideas, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Rosario in re: “Calabrese, Sandra y Otros c/ AUFE S.A.C. s/ Daños y Perjuicios”, (Acuerdo n° 443, 10/11/09) descartó expresamente la aplicación del Fallo “Samudio” toda vez que el capital indemnizatorio fue fijado a valores actualizados a la fecha de la sentencia apelada. En este aspecto, señaló que “.precisamente se ha entendido, en juicios por daños y perjuicios como el de autos donde se fijaron valores actualizados a la fecha del fallo apelado, que cuando los valores admitidos en una acción de daños y perjuicios se encuentran fijados al momento de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario Samudio, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebido a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria, razón por la cual se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia.”

La jurisprudencia ha dicho que: “.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.” (CrNrCivr, Sala A en autos: “Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A y otros”, La Ley Online, AR/JUR/404/2 011).

Se ha puesto de manifiesto que la jurisprudencia mayoritaria es conteste en reconocer intereses compensatorios a la indemnización reajustada, porque la actualización del capital y la imposición de intereses responden a dos objetivos distintos:una a compensar la depreciación sufrida por la moneda, la otra a resarcir el perjuicio originado por la privación temporaria del capital, perjuicio que existe lo mismo con desvalorización que sin ella.

Habiendo sido el capital debidamente integrado, reparado, y actualizado a la fecha de la sentencia, el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago.

En virtud de lo precedentemente expuesto, y de conformidad con el criterio que viene manteniendo esta Sala (ver Protocolo), resulta justo que desde la fecha del siniestro y hasta las de la cuantificación de los respectivos daños se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual.

Más allá de lo expuesto, se deja a salvo la facultad morigeradora del Tribunal si en virtud de circunstancias sobrevinientes la aplicación de dicha tasa pudiera tornarse abusiva.

En definitiva el agravio, que remite al pedido de aplicación de una tasa mixta, no es acogido; sin perjuicio de las pautas indicadas precedentemente las que serán las de aplicación al caso.

5. Voto pues parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr Cúneo corresponde en consecuencia: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, sal/o en lo relativo a la tasa de interés a aplicar, debiéndose aplicar la indicada en los considerandos precedentes. 2) Costas a la recurrente vencida (art. 251 C. PC.C). 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

A la misma cuestión, dijo el Dr Chaumet: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Muñoz:Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE

1.Rechazar el recurso de apelación deducido y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, salvo en lo relativo a la tasa de interés a aplicar, debiéndose aplicar la indicada en los considerandos precedentes. 2. Costas a la recurrente vencida (art. 251 C.P.C.C.). 3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“ANGARONI, GUILLERMO C/ E.P.E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 45/15).

CÚNEO

CHAUMET

MUÑOZ

(Art. 26 L.O.P.J.)