Responsabilidad del empleador, de la intermediaria y de la ART por la enfermedad laboral del actor a raíz de su exposición a un ambiente ruidoso.

consulta-de-otorrinolaringologiaPartes: Fernández Carina c/ JBS Argentina S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 14-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97867-AR | MJJ97867 | MJJ97867

Responsabilidad del empleador, de la intermediaria y de la ART por la enfermedad laboral del actor a raíz de su exposición a un ambiente ruidoso.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la condena de la codemandada en los términos del art. 1113 del Cciv. -actualmente art. 1757 y 1758 del CcivCom.-, pues surge acreditado el ambiente laboral ruidoso descripto en la demanda, con entidad para producir el daño alegado, careciendo de validez el argumento de que no es ni dueño ni guardián del establecimiento fabril de referencia ni de los objetos y/o cosas que allí permanecen.

2.-La intermediaria debe responder por la enfermedad del actor como titular del poder de organización de la empresa y de las actividades a las que destinaba a sus trabajadores, por lo que resulta el principal responsable respecto de los infortunios laborales que pudieran ocasionar tales actividades o que pudieran producirse como consecuencia de los trabajadores encomendados, ya que insiste en que no es ni dueño ni guardián del establecimiento fabril de referencia ni de los objetos y/o cosas que allí permanecen, lo que resulta insuficiente a los fines que pretende.

3.-Cabe confirmar la condena solidaria de la ART, pues era quien se encontraba en inmejorables condiciones de probar el cumplimiento de sus obligaciones para desactivar la aplicación a su respecto del art. 1074 del Cciv., y de las actuaciones surge que no lo ha hecho, ya que no reseña las constancias que demuestren el cumplimiento del deber de prevención, no se indica las visitas periódicas o las recomendaciones que se hubiesen efectuado o capacitaciones que se hubiesen dictado para los dependientes.

4.-Es inconstitucional el art. 39, inc. 1 , de la LRT., pues al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Cciv., no se adecua a los lineamientos constitucionales, a pesar de haber proclamado que tiene entre sus objetivos, en lo que interesa, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales .

Fallo:

Buenos Aires, 14 de marzo de 2016.-

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 489/492) que hizo lugar al reclamo viene apelada por las codemandadas a tenor de los memoriales de fs. 489/509 -Federación Patronal-, fs. 518/525 -JBS Argentina SA-, y fs. 510/516 -Servicios Buenos Aries SA-.

Me abocaré, en primer término, a resolver las cuestiones atinentes al despido.

en ese sentido, por razones de método, analizaré en forma conjunta los agravios de las codemandadas JBS Argentina SA y Servicios Buenos Aries SA, quienes cuestionan que la Sra. Juez “a quo” haya hecho lugar a la demanda considerando la existencia de un fraude en los términos del art. 14 de la LCT, condenando a ambas.

Resulta importante aclarar previo a todo, en relación al encuadre dispuesto en primera instancia, que, en mi opinión, conforme las constancias de la causa y los términos de los escritos de contestación de demanda -fs. 35/43 y fs. 78/87- la codemandada JBS Argentina resulta ser la empleadora directa -en tanto de las declaraciones testimoniales surge que fue la principal usuaria de las prestaciones de tareas de la actora; v. fs. 456/458, fs. 468/469,- y Servicios Buenos Aires SA solidariamente responsable en los términos del art. 29 de LCT, lo que si bien modifica el encuadre jurídico de la relación con Fernandez, no implica, en definitiva, liberarlo de responsabilidad, la que será evaluada en los términos de la citada normativa.

Dicho lo anterior, considero que las manifestaciones vertidas en la presentación que trato no logran modificar lo resuelto en la instancia anterior.En ese sentido, la recurrente -JBS Argentina SA- no se hace cargo de que Fernandez Carina fue su empleada directa, y que era ella la que efectivamente utilizó sus servicios integrando las tareas que hacían posible el cumplimiento de sus objetivos comerciales, independientemente de quién le abonaba la remuneración y aparecía formalmente como empleador. Es decir el contrato de trabajo debió registrarse en los libros laborales de JBS Argentina SA, pues Servicios Buenos Aires no fue más que una interpósita persona encuadrable en la situación en el art. 29 LCT.

En definitiva, el apelante no aporta elemento alguno que me conduzca a concluir de manera contraria a la de origen.

En nada modifica esta solución el informe de la AFIP el que da cuenta que la actora fue dada de alta como dependiente de Servicios Buenos Aires SA a partir de enero de 2006 con fecha de baja el 1 de abril de 2010, en tanto, como es sabido, las formalidades que las codemandadas le asignaron a la prestación de tarea de la accionante, sino de conformidad con el principio de supremacía de la realidad, corresponde dilucidar quién actuó como el verdadero sujeto empleador en el vínculo laboral que uniera a las partes; que, como dije más arriba, surge que demostrado de las constancias de autos que resultó ser JBS Argentina SA, y dicha circunstancia no fue desvirtuada.

Asimismo, lo alegado en relación a que la codemandada llevaba en legal forma sus registraciones laborales y contables resulta inadmisible en tanto los mismos son llevados en forma unilateral por lo que no pueden ser opuestos a la trabajadora.

La queja en relación con los salarios de los meses diciembre 2009, enero, febrero, marzo y abril 2010 diferidos a condena debe ser desestimada.

Ello así puesto que no cumple con las exigencias del art. 116 de la LO, en cuanto a crítica concreta y razonada del fallo cuestionado.En ese sentido, manifiestan de modo genérico que no corresponde su procedencia, y no se hacen cargo del argumento dado por el juez “a quo” respecto que proceden dichos salarios de la siguiente forma, diciembre -2009-, enero y febrero 2010 de la parte abonada fuera de registro, marzo y días de abril 2010 cuyo pago no se verifica conforme lo dispuesto por el art. 138 LCT. Y en ese sentido no se aporta ningún elemento para refutar lo expuesto en tanto no se especifica de qué constancia surge el pago alegado; y no es posible tener por demostrado con los recibos acompañados en oportunidad de contestar demanda como se pretende ya que resulta obvio que allí no constaría la parte pagada fuera de registro como fuera condenada ni así los días de suspensión por falta o disminución de trabajo que se consideraron injustificados.

El planteo esgrimido respecto de la remuneración base tenida en cuenta por la magistrado de grado no puede prosperar, ello así por cuanto la recurrente insiste, genéricamente, en sostener que corresponde estar a lo que surge de los recibos de haberes y libros contables, y no se hace cargo que ha quedado demostrado los pagos fuera de registro con los testimonios rendidos en autos -Ceballo; Gallo-, prueba que no ha sido analizada para desvirtuarla.

Por otra parte, destaco que la quejosa no expresó a cuánto, a su entender, debió haber ascendido la remuneración que la jueza tendría que haber considerado; y no es suficiente a tal efecto sostener que no se aplicó el salario del CCT aplicable en tanto, que por cierto no fue denunciado tampoco en el memorial; y otra parte, es sabido, que nada impide que el trabajador perciba un salario más alto que el previsto en el convenio.

No haré lugar a la queja en relación con la admisión de la indemnización prevista en el art.1 de la ley 25323.

Ello así puesto que los agravios vertidos al respecto no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de conformidad con las previsiones del art. 116 de la LO, sino meras manifestaciones de disconformidad con lo resuelto. En efecto, no se realiza un examen de las testimoniales rendidas – fs. 456/8 Ceballo; fs. 468/9 Gallo- en autos señalando las ambigüedades o contradicciones en que hubiesen incurrido los testigos -declaraciones en se basó el sentenciante- y por lo que no tendrían la eficacia probatoria que se le otorgó en la instancia anterior.

Tampoco será procedente el cuestionamiento respecto de la condena del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25323.

En ese sentido, si bien la accionada -Servicios Buenos Aires SA- expresa que la actora no intimó de conformidad con lo exigido por la normativa en cuestión lo cierto es que las constancias de autos dan cuenta que Fernandez intimó fehacientemente -v. fs. 64- al pago de las indemnizaciones respectivas, y las mismas no fueron abonadas, por lo que tuvo que iniciar el presente proceso para su cobro; configurándose así el presupuesto fáctico para la procedencia de la normativa referida.

El planteo en relación con la indemnización del art. 80 de la LCT debe ser desestimado.

Digo ello por cuanto se alega que estaban a disposición en tiempo legal pero lo cierto es que del instrumento acompañado en autos se desprende que la fecha de certificación del mismo es el 9/2/2011 por lo que no puede presumirse que estaba a disposición como se alegó (conforme telegrama de fecha 16/4/10; “.haberes, indemnización, liquidación final y certificados art. 80 a su entera disposición en plazo legal.”).

Por otra parte, señalo que el certificado de “Remuneraciones y Servicios” acompañado en oportunidad de contestar demanda -fs.74/77- no refleja los verdaderos datos de la relación laboral tal como ha quedado comprobado en autos por lo que no valer para tener por cumplida la obligación.

El argumento vertido por JBS Argentina SA debe ser rechazado teniendo en cuenta que su crítica se basa en su postura respecto del vínculo habido entre las partes y que consideré a dicha codemandada empleadora directa de Fernandez.

Analizaré, ahora, los agravios vertidos en relación con el reclamo por daños y perjuicios con fundamento en las normas de derecho común -arts. 1113 y 1174 del Código Civil-.

La codemandada Servicios Buenos Aires SA cuestiona su condena en los términos del art. 1113 del Código Civil – actualmente art. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación – sosteniendo que no se configura el presupuesto en cuestión en tanto no es ni dueño ni guardián del establecimiento fabril de referencia ni de los objetos y/o cosas que allí permanecen.

La magistrada de grado, con fundamento en la prueba testimonial rendida en autos -Rodriguez (fs. 310), Ceballos (fs. 468) y Gallo (fs. 456), estimó acreditado el ambiente laboral descripto en la demanda -ruidoso- con entidad para producir el daño alegado.

Dicho esto, considero que las manifestaciones vertidas en el memorial que trato no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo de grado de conformidad con lo previsto en el art. 116 de la LO. En ese sentido, los argumentos expuestos resultan meras expresiones genéricas de disconformidad sin relacionar dichas manifestaciones con las constancias de autos; en efecto no se analiza los testimonios en que se basó la sentenciante para decidir como lo hizo señalando las contradicciones o ambigüedades en que hubiesen incurrido y por lo que no tendrían valor probatorio.Y destaco que cuando habla del supuesto de autos no se corresponde con los hechos de esta causa.

El hecho que no se haya llevado a cabo la pericia técnica en nada modifica la solución como se pretende ya que como señalé más arriba los testimonios rendidos demuestran el “ambiente ruidoso” que se alegó, y que generó el daño invocado.

Por otra parte, puntualizo que tampoco refuta el argumento dado en cuanto Servicios Buenos Aires SA debe responder como titular del poder de organización de la empresa y de las actividades a las que destinaba a sus trabajadores, por lo que resulta el principal responsable respecto de los infortunios laborales que pudieran ocasionar tales actividades o que pudieran producirse como consecuencia de los trabajadores encomendados ya que insiste en que no es ni dueño ni guardián del establecimiento fabril de referencia ni de los objetos y/o cosas que allí permanecen, lo que resulta insuficiente a los fines que pretende.

El cuestionamiento que la Sra. Juez “a quo” haya declarado la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la Ley de Riesgos del Trabajo – en cuanto exime al empleador de responsabilidad civil – condenándola por el derecho común en los términos del art. 1074 del Código Civil -actualmente 1717 y 1749 del Código Civil y Comercial de la Nación-.

Lo argumentado al respecto no cumple con las exigencias del art. 116 de la LO, ya que no se critican los fundamentos en que se basó la magistrado de grado para decidir como lo hizo.

Sin perjuicio de lo dicho, destaco que, me he pronunciado en reiteradas oportunidades, en referencia a la cuestión planteada, en la que señalé que el fundamento de la sentencia impugnada se encuentra en línea con la doctrina de la Corte Federal en la materia.

Al respecto en el conocido caso “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.s/ accidentes ley 9688″ 21/9/2004 estableció que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional.”cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecúan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

El art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de la Corte, es inconstitucional.”al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta conclusión torna inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional”. (Cons. 14).

En mi criterio la referida norma fue declarada como portadora de una inconstitucionalidad directa absoluta a conforme el criterio mayoritario expresado en el precedente citado, por violación del principio de no discriminación e igualdad ante la ley, lo que no justifica efectuar test comparativo con la tarifa de las prestaciones que incluye el sistema de la LRT.

Ello se deduce claramente de párrafos esenciales de AQUINO:

.”Que puesto el debate en el quicio indicado, lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el art. 39, inc. 1, no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil. Varias razones justifican este aserto. Por un lado, de admitirse una posición contraria, debería interpretarse que la eximición de responsabilidad civil impugnada carece de todo sentido y efecto útil, lo cual, regularmente, es conclusión reñida con elementales pautas de hermenéutica jurídica” (Fallos: 304:1524, y otros), mayormente cuando se trata de una norma que, en el seno de las dos cámaras del Congreso de la Nación, despertó encendidos debates y nada menos que en torno de su constitucionalidad (v. Antecedentes parlamentarios, Buenos Aires, La Ley, 1996-A, págs.465, 468, 469/470, 476/477, 481 y 505/515 -para la Cámara de Diputados-; y 555, 557/558, 562, 569/574 -para la de Senadores-; ver asimismo, el despacho en minoría formulado en la primera de las citadas cámaras -ídem, pág. 462-).

.”es manifiesto que, contrariamente a lo que ocurre con el civil, el sistema de la LRT se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida”. (Considerando 6).

.”Que, por ende, no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales antes expuestos, a pesar de haber proclamado que tiene entre sus “objetivos”, en lo que interesa, “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales” (art. 1, inc. 2.b). Ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia” (Fallos: 299:125, 126). (Cons.7).

En consecuencia, no puede prosperar la impugnación dirigida al punto en cuestión.

Cabe, ahora, analizar el recurso de apelación de la codemandada Federación Patronal Seguros SA en torno a su condena.

En ese sentido, en la presentación se limita a expresar que el accionante, en términos genéricos y transcribiendo jurisprudencia, que no logró probar que hubiese existido incumplimiento alguno, pero lo cierto es que no puntualiza de qué constancias de autos se desprenden elementos probatorios que acrediten el cabal cumplimiento del deber de prevención a la que está legalmente obligada (art. 4 ley 24.557 y art.18 y 19 dto. 170/96), y en especial a refutando lo dicho por la magistrado de grado en cuanto a que no obran constancias en la causa medidas de seguridad de ninguna naturaleza, en particular a reducir los efectos dañosos del ruido ambiente.

Ahora bien, y como lo he sostenido con anterioridad, era la ART quien se encontraba en inmejorables condiciones de probar el cumplimiento de tales obligaciones para desactivar la aplicación a su respecto del art. 1074 del Código Civil y de las presentes actuaciones surge que no lo ha hecho, ya que no reseña las constancias que demuestren el cumplimiento del deber de prevención; no se indica las visitas periódicas o las recomendaciones que se hubiesen efectuado o capacitaciones que se hubiesen dictado para los dependientes.

Nótese que tampoco en oportunidad de contestar de demanda -fs. 143/161- no se mencionaron ni se acompañaron constancias de las medidas de seguridad y prevención llevadas a cabo de conformidad con las normas legalmente impuestas -art. 4 de la ley 24.557 y arts. 18 y 19 dto. 170/96-.

Seguidamente, las codemandadas cuestionan la cuantificación del daño efectuado por la magistrado de grado, y sostienen que el monto lo encuentran excesivo, en tanto, a su entender, carece de respaldo en las constancias de la causa -pericia médica, no se observan elementos fehacientes que indiquen la existencia de secuelas psíquicas incapacitantes derivadas del supuesto de autos-. Teniendo en cuenta que la codemandada JBS Argentina SA también se queja por el monto diferido a condena trataré en forma conjunta dichos agravios.

Al respecto señalo que los planteos efectuados no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos dados en la instancia anterior de acuerdo con las exigencias del art.116 de la LO, sino que resultan ser manifestaciones vagas y genéricas; y en ese sentido la recurrente no refiere parámetros u elementos objetivos que permitan su determinación y por lo cual resultaría excesivo el monto diferido a condena; asimismo tampoco expresa ningún elemento científico que controvierta seriamente el dictamen médico en que se basó la Sra. Juez “a quo” para decidir como lo hizo.

Por lo demás, destaco que, como he referido en reiteradas oportunidades, para la cuantificación del daño laboral no cabe estarse a una fórmula rígida; dicha cuestión ha sido expresada por la Corte Suprema de la Nación en la doctrina del fallo, “Arostegui Pablo Martín c/ Omega ART S.A. s/ Accidente” (29/04/2008), en el que se estableció que no sólo cabe justipreciar en el monto indemnizatorio el aspecto laboral, sino, también, las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio

Siguiendo dicha la línea argumental en el fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” (21/9/04) la CSJN expresó que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente materiales, sino a partir de “. una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia”.

De acuerdo a lo dicho y teniendo en cuenta los parámetros descriptos en origen estimo que el monto diferido a condena se ajusta a derecho.

Las coaccionadas -Servicios Buenos Aires SA y JBS Argentina SA- se quejan porque la sentenciante de grado admitió el rubro “daño moral”.

Sostienen al respecto que “.no existe ningún elemento aportado por la actora tendiente a acreditar el mismo.”, y que el monto diferido a condena por dicho concepto luce excesivo y desproporcionado.

Estimo que los agravios deben ser desestimados ya que no cumplen con las exigencias del art.116 de la LO, en tanto la sola expresión genérica de la codemandada Servicios Buenos Aires SA que “no se configura el supuesto” y la transcripción de jurisprudencia que cree en apoyo a su postura pero sin fundamentación y análisis de las constancias de autos, no resulta impugnación válida. Por otra parte, la mención acerca de que resulta excesiva y desproporcionada la suma por dicho concepto sin un examen de las constancias del expediente y de los parámetros objetivos tenidos en cuenta para sostener dicha afirmación resulta ineficaz a los fines pretendidos.

aclaro que la cuantía determinada resulta proporcional al monto de la indemnización fijada para reparar el daño material.

La queja de Federación Patronal Seguros SA referida a que la fecha a partir de la cual deben correr los intereses, debe ser desestimada.

Ello por cuanto, esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión sujeta a debate, sosteniendo que no se encuentra motivo alguno que justifique apartarse de del principio general de las obligaciones civiles, en el sentido que el cómputo de los intereses debe efectuarse desde el momento del evento generador del daño, hecho que da nacimiento a la ob ligación de indemnizar (arts. 1748 Código Civil y Comercial antes 1083 y concs. del Código Civil y SD Nro. 63.474 del 21/11/2011, del registro de esta Sala, “Araujo Narciso Miguel c/ La Palmina S.A.y otro s/ Accidente – Acción Civil.

Ahora, bien, respecto de la tasa de interés establecida en origen, considero corresponde confirmar lo decidido en la instancia de grado en tanto, esta Cámara decidió modificar lo establecido por el Acta 2357, que aplicaba el promedio mensual de la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de préstamos desde el 1° de enero de 2002 y estableció mediante ACTA 2601 la “tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.” precisamente para evitar que el trabajador pudiera quedar desguarnecido frente al envilecimiento del valor de su crédito, que reviste carácter alimentario.

la tasa a la que remite el Acta CNAT N° 2601 aporta, en mi opinión, una compensación suficiente, tanto de la depreciación monetaria como de la privación del capital, y de esa forma permite armonizar los textos legales vigentes, en tanto se respeta la prohibición establecida por el art. 4° Ley 25.561, y también se preserva el valor del crédito del trabajador, a lo que se añade que se evita colocar en situación más ventajosa al deudor moroso.

La imposición de costas decidida en origen propongo sea confirmada en tanto se ajusta a derecho de conformidad con el principio general sentado por el art. 68 CPCCN, que las impone al perdidoso en la contienda; y no encuentro elemento alguno para apartarme del mismo.

Las regulaciones de honorarios cuestionadas a fs. 498 cabe confirmarlas ya que las encuentro razonables en atención al mérito y extensión de las tareas realizadas y pautas arancelarias de aplicación (art. 38 LO; arts.6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839).

El planteo en relación con la aplicación de la Ley 24432, deberá en todo caso, ser deducido en la etapa procesal oportuna -ejecución-, ya que constituye una limitación de la responsabilidad del condenado en costas, no un impedimento para la regulación de honorarios por sobre el porcentaje indicado en la norma.

En atención a como ha sido resuelta la cuestión propicio imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa (art. 14 de la ley arancelaria).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE:

I) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de agravios. II) Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas. III) Regular los honorarios de los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013.

Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y vuelvan.