La oposición busca forzar cambios en el debate por el blanqueo.

Télam, Buenos Aires 15/12/05 La Cámara de Diputados votó en general afirmativamente el presupuesto 2006. Foto: Daniel Darrás/Télam /cf

Tras siete horas de un extenuante debate en comisión en la Cámara de Diputados, se vislumbraban ayer dos certezas sobre el rumbo legislativo que tendrá el megaproyecto de ley de pago de las deudas a los jubilados y blanqueo de capitales que propicia el Gobierno. La primera, que tendrá media sanción en no más de 15 días. La segunda, que no se aprobará a libro cerrado: la oposición, si bien coincide con el espíritu general, introducirá varias modificaciones.

Así lo dejó entrever durante la discusión, por momentos áspera, con los funcionarios del Gobierno que asistieron al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Encabezados por el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, participaron, además, el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci.

Si bien el megaproyecto, de más de 90 artículos, tiene como ejes principales el pago de los juicios y aumentos a jubilados y el «sinceramiento fiscal» -eufemismo al que apelaron los funcionarios para evitar la menos simpática palabra «blanqueo de capitales»-, incluye también capítulos por demás relevantes, como la instrumentación de una pensión universal a la vejez a partir de los 65 años, cambios en los impuestos a los bienes personales y ganancias y la homologación de los acuerdos de Nación con las provincias por el reintegro de 15 puntos de la coparticipación que hoy retiene la Anses.

El ex ministro de Economía y actual diputado kirchnerista Axel Kicillof, reclamó en vano que se lo dividiera en distintos proyectos de ley.El oficialismo no modificará el formato, a sabiendas de que el pago a los jubilados será la zanahoria para asegurarse el apoyo opositor.

Más allá de las cuestiones de forma, hubo planteos de fondo que obligarán al oficialismo a replantear algunos artículos. Uno de ellos lo anticipó el propio bloque de Cambiemos: además de los funcionarios del Gobierno, también quedarán excluidos del blanqueo de capitales los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No se descarta sumar en la lista a gobernadores e intendentes. El kirchnerismo dobló la apuesta: reclamó que se incluyan a los parientes más próximos de los funcionarios del Estado.

Otro tema a discutir son los jubilados que cobran el haber mínimo y que no están contemplados en el proyecto oficial.

«Creemos que deben tener también algún beneficio. Hoy están castigados por la inflación y el alza de tarifas», sostuvo Marco Lavagna (Frente Renovador). En efecto, el texto sólo apunta a quienes tienen sentencias firmes de la Justicia por el mal cálculo en el cobro de sus haberes; a quienes tienen una demanda en trámite y a quienes no iniciaron planteos judiciales pero que también cobran un haber menor al que indica la Justicia. En todos ellos habrá una mejora promedio del 45 por ciento en sus haberes. Pero no habrá beneficios para los de la mínima. «Cobran según la ley de movilidad. En septiembre tendrán una suba del 14%», indicó Basavilbaso.

En cuanto al blanqueo de capitales, Lavagna sostiene que la recompensa para los cumplidores es muy exigua. Por otra parte, el diputado Jorge Ziliotto advirtió que la pensión universal para la vejez perjudicará a las mujeres, que deberán esperar a los 65 años para el cobro, mientras que con la moratoria, que vence en setiembre, pueden jubilarse a los 60.

«Además, la pensión no tiene los beneficios sociales de una jubilación», criticó Kicillof.

Pero hay otros puntos en los que las diferencias son más visibles y en los que difícilmente haya acuerdo. Diego Bossio, ex jefe de la Anses, advirtió que el proyecto aplica un índice de mejora de los haberes jubilatorios inferior al que ordena la Corte Suprema en el fallo Elliff.

«Esto representará una quita para los jubilados», acusó Bossio, quien estimó que, de aplicarse el índice Elliff, el aumento de las jubilaciones sería del 80%. «Esto podría dar lugar a más litigiosidad», advirtió.

«No habrá quita. No contribuyamos a meter temor en la sociedad», retrucó Quintana. «Hubo diferentes fallos judiciales con distintos índices; la Anses decidió cuál era el más conveniente», sostuvo Basavilbaso.

Bossio y Kicillof rechazaron que el Gobierno venda las acciones de la Anses en distintas empresas privadas. Esta operación hoy le está vedada por una ley del kirchnerismo que el Gobierno busca ahora derogar.

«Quieren privatizar el sistema jubilatorio», bramó Kicillof. Quintana retrucó: «No pretendemos liquidar las acciones de la Anses, sólo contar con más flexibilidad para preservar así el patrimonio de los jubilados».

Las posturas frente al proyecto

Cambiemos

El interbloque oficialista defendió, junto a los funcionarios, el megaproyecto de ley de pago a los jubilados y de blanqueo de capitales. El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, enfatizó que, de ser ley, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que hoy cuenta con $ 750.000 millones y genera utilidades por $ 70.000 millones anuales, se utilizará sólo para hacer frente a los compromisos con los jubilados. Así, marcó distancia con el destino que le dio el kirchnerismo a los fondos.

Frente Renovador

El diputado Marco Lavagna está de acuerdo con el pago a las deudas con los jubilados, pero marcó dudas sobre la sustentabilidad del FGS para afrontar los pagos. También sostiene que es exigua la recompensa para quienes cumplen con el pago de impuestos y propondrá que haya algún beneficio para los jubilados que cobran el haber mínimo.

Kirchnerismo

Los diputados Kicillof y Díaz Roig rechazaron que se vendan las acciones de la Anses en empresas privadas para engrosar el FGS, como pretendería el Gobierno. Díaz Roig se opuso a la pensión por vejez y el aumento de la edad jubilatoria en las mujeres, Kicillof rechaza la eliminación del impuesto a los bienes personales y enfatizó que el blanqueo es una «amnistía» que beneficiará «a los ricos».

Bloque justicialista

Diego Bossio celebró el pago de las deudas a los jubilados, aunque advirtió que el proyecto oficial utiliza un índice de reajuste de haberes jubilatorios inferior al que ordenan los fallos de la Corte Suprema. También rechazó la posibilidad de vender las acciones del FGS e insistió en el carácter «público y solidario» que debe tener el sistema previsional. El legislador también requirió mayores precisiones sobre el costo fiscal de la medida. «Los retroactivos (el pago de sentencias) ascienden a más de $ 150.000 millones y el flujo anual va a superar los $ 80.000 millones», dijo.

Fuente: La Nación

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