La aseguradora no es deudora de los honorarios regulados al letrado del asegurado.

contrato firmaPartes: Farabello María Cristina y otro c/ Campostrini Materiales y otras s/ ordinario – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 17-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97380-AR | MJJ97380 | MJJ97380

La aseguradora no es deudora de los honorarios regulados al letrado del asegurado, ni existe acción directa de esos acreedores contra la aseguradora.

Sumario:

1.-Si bien conforme a los arts. 109 , 110 inc.a) y 118 inc. c) de la Ley de Seguros las aseguradoras tienen el deber de mantener indemnes al asegurado, asumiendo la dirección del proceso, ello no importa que deba soportar el crédito del abogado que asiste al asegurado. Corrobora esa lectura que la mencionada ley en su art. 110, inc.b) prevé que si el asegurado asume su defensa penal las costas son a su cargo, con lo cual a fortiori deben serlo si la pretensión es exclusivamente civil.

2.-La aseguradora no es deudora de los honorarios regulados al letrado del asegurado, ni, obviamente, existe acción directa de esos acreedores contra la aseguradora.

3.-En torno a la limitación de la responsabilidad por el pago de costas conforme a las disposiciones del art. 505 CCiv, es conveniente remarcar que el art. 730 del CCivCom., entrado en vigencia con posterioridad al dictado de la resolución apelada, contiene igual factura que las disposiciones de la norma aludida del código derogado.

4.-Conforme lo dispuesto por el art. 505 del CCiv., la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios… , especificando que para el cómputo de dicho porcentaje no deben considerarse los estipendios de los profesionales de la condenada en costas.

5.-El tope porcentual fijado por el art. 505 CCiv. (conf. redacción Ley 24.432 ) es una limitación a la condena en costas, y no un techo a los honorarios de los profesionales y en virtud de ello, el juez debe determinar los honorarios conforme a las leyes arancelarias locales, y si al liquidar la deuda, el total de las costas supera aquél porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios, incluso en la ejecución si la hubiera, y aunque haya quedado firme un honorario superior. Esto pues el invocado párrafo incorporado por la Ley 24.432 al art. 505 CCiv., no opera como un límite máximo al que deba someterse la cuantificación de los honorarios profesionales, sino que sólo prevé un límite de responsabilidad del deudor por el pago de las costas del juicio. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

GUALEGUAYCHU, 17 de febrero de 2016.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso interpuesto y fundado por el Dr. JULIO J. MAJUL (fs. 375/378), en representación de Federación Patronal Seguros S.A., contra la resolución de fs. 369/371 y vta. mediante la cual la Señora juez le impuso las costas y reguló honorarios a favor de los Dres. Gustavo Razetto -apoderado de Materiales Campostrini-, Rafael Arnolfi -apoderado de la Municipalidad local- Marcos Rodríguez Allende y Luciano Paulin -apoderados del EPRE-.

La resolución recurrida tiene como antecedente el acuerdo arribado entre las partes -fs. 364/366- y el pedido de fs. 367.

II.- Al fundar sus disconformidades, el recurrente expone que Campostrini Materiales debe asumir los costos de los honorarios de su letrado, no habiéndose declinando nunca la defensa de aquél; refiere que la actuación de los apoderados de la Municipalidad local como los del EPRE fue ineficaz e inoficiosa; que la citación como terceros se encuentra justificada, caso contrario, la judicante no la hubiese aceptado o se hubiese solicitado algún tipo de garantía, incluso ninguna de aquéllas participó del convenio, por lo cual nada las perjudicó; expone la ausencia de pauta razonable de proporcionalidad entre las costas por honorarios y el capital abonado, violentándose lo establecido por el art. 505 del CCiv, debiéndose ajustar la condena en costas al porcentaje máximo determinado en el citado artículo.

III.- A su turno (fs. 481/483), los Dres. Luciano Paulin y Marcos Rodríguez Allende, en primer lugar, expresan que los honorarios han quedado firmes y consentidos en razón de no apelarse por “altos”, sino sólo la imposición a su parte; que su actuación no fue inoficiosa o ineficaz pues a pesar de haberse desistido de su citación, ello no le fue notificado, provocando que su parte se presentara y contestara como tercero. Se sostuvo que por ser Federación Patronal quien desistió de la accion contra su parte, debía soportar las costas causadas.

IV.- A fs.488/489 el apoderado de la Municipalidad local, respondió que el recurrente no cuestionó adecuadamente los argumentos brindados por la judicante de grado y que dada la forma como concluyeron las actuaciones, con la celebración de un acuerdo, es improbable determinar si fue ineficaz o inoficiosa la labor de los profesionales en cuestión, entendiendo que es adecuado que la regulación de honorarios lo haya sido con base en el acuerdo arribado y homologado y no conforme al aporte de capital de la aseguradora.

V.- Finalmente se agregó a fs. 495/497 la contestación de Campostrini Materiales, donde se auspició la declaración de deserción recursiva por incumplimiento del art. 257 del Código de rito y en subsidio, sostuvo que las contingencias suscitadas en etapas previas a la instancia judicial y no acreditadas en autos, no son una razón para que la recurrente se exima de su obligación de mantener indemne al asegurado, no existiendo comprobación de cláusula contractual que limite aquélla; manifiesta que la apelación de los montos de los honorarios regulados debían plantearse por vía del art. 109 de la LA, tramitando éste como un recurso separado respecto de la apelación de la imposición de costas; se insistió con que la reducción pretendida por la recurrente no podía perjudicar al asegurado, puesto que su deber es mantenerlo indemne.

VI.- Así estractos los antecedentes del caso sometido a decisión, corresponde tratar en primer lugar la queja de la aseguradora relativa a que deba cargar con los honorarios del apoderado de Campostrini Materiales, su asegurada.

Al respecto ya hemos sostenido (en Expt.Nº 4662/C, “FREYRE ARMANDO ALBERTO C/ I.A.P.S.E.R S/ EJECUCION DE HONORARIOS”, del 04/09/2014) que si como ocurre en este supuesto el asegurado voluntariamente asumió su propia defensa, la consecuencia es que deba afrontar el pago de su letrado. Esto es así porque si bien conforme a los arts. 109, 110 inc.a) y 118 inc.c) de la Ley de Seguros las aseguradoras tienen el deber de mantener indemnes al asegurado, asumiendo la dirección del proceso, ello no importa que deba soportar el crédito del abogado que asiste al asegurado. Corrobora esa lectura que la mencionada ley en su art. 110, inc.b) prevé que si el asegurado asume su defensa penal las costas son a su cargo, con lo cual “a fortiori” deben serlo si la pretensión es exclusivamente civil.

Bajo ese enfoque ha sido dicho que la aseguradora no es deudora de los honorarios regulados al letrado del asegurado, ni, obviamente, existe acción directa de esos acreedores contra la aseguradora (MARTÍNEZ, H.J.: “Procesos con Sujetos Múltiples”, p.463, segunda edición actualizada, ed. Thomson Reuters La Ley).

Conforme a ello, el agravio propuesto sobre el punto es acertado.

Sin embargo otra suerte ha de merecer la queja destinada a la imposición de costas originadas a raíz de las citaciones como terceros de la Municipalidad de Gualeguaychú y del ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) -fs.196 vta.-, ya que la tarea profesional desplegada por los Dres. Arnolfi, Rodríguez Allende y Paulin, estuvo motivada por aquél acto procesal realizado por la aquí apelante y la ausencia de notificación del desistimiento de la citación al EPRE de fs. 309, sin que la idoneidad, eficacia o inoficiosidad pudiera ser medida en la etapa del juicio en la que se celebró el acuerdo, hasta cuando solo podía medirse la tempestividad con la que dichos profesionales realizaron las respectivas contestaciones.

Resta tratar el planteo de limitación de la responsabilidad por el pago de costas conforme a las disposiciones del art. 505 CCiv. Es conveniente remarcar que el art. 730 del Código Civil y Comercial, entrado en vigencia con posterioridad al dictado de la resolución apelada, contiene igual factura que las disposiciones de la norma aludida del código derogado.La Sala ha especificado en relación a dicha disposición que “.la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios.”, especificando que para el cómputo de dicho porcentaje no deben considerarse los estipendios de los profesionales de la condenada en costas (Confr.: “COBAS SEBASTIÁN C/REBORI SERGIO EDGARDO Y OTRA S/SUMARIO”, Expte. Nº 664/C, 31/03/2010; “BENEDETTI SERGIO JAIME C/ JEWSBURY CARLOS ANÍBAL Y OTRA S/ INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expt. Nº 817/C, 19/05/2010; “BARROSO FABIÁN EUSEBIO Y OTRA C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA DE E.R. Y OTROS S/ ORDINARIO”, Expt. Nº 3264/C, 22/10/2013; “CAMPOSTRINI IMELDA MARÍA C/ LIZZI HÉCTOR SANTIAGO y otros S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expt. Nº 4855/C, 10/12/2014).

Ahora bien, en tales antecedentes concluimos que el tope porcentual fijado por el art. 505 CCiv (conf. redacción ley 24.432) es una limitación a la condena en costas, y no un techo a los honorarios de los profesionales.

En efecto, el juez debe determinar los honorarios conforme a las leyes arancelarias locales, y si al liquidar la deuda, el total de las costas supera aquél porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios, incluso en la ejecución si la hubiera, y aunque haya quedado firme un honorario superior. Esto pues el invocado párrafo incorporado por la ley 24.432 al art. 505 CCiv, no opera como un límite máximo al que deba someterse la cuantificación de los honorarios profesionales, sino que sólo prevé un límite de responsabilidad del deudor por el pago de las costas del juicio.Así el agravio referido al punto no puede ser receptado.

VII.-Conforme a las razones expresadas, el recurso tratado merece parcial acogida. Las costas debe soportarlas la apelante con excepción de las generadas por la actuación de Campostrini Materiales SACI el, que se establecen a su cargo y conforme a ello se regularán honorarios profesionales por la tarea desplegada en torno al recurso tratado.

Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando;

SE RESUELVE:

1.- HACER lugar de modo parcial al recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 375/378 contra la resolución de fs. 369/371 y vta., la que se revoca en cuanto declara que los honorarios del Dr. Gustavo Razetto apoderado de la asegurada Campostrini Materiales SACI” son a cargo de FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., debiendo soportarlos su mandante, y confirmar las restantes cuestiones apeladas.

2.-IMPONER las costas a la apelante con excepción de las generadas por la actuación de Campostrini Materiales SACI, que se establecen a su cargo.

3.-REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Julio J. MAJUL, Lilia A. GAITÁN en la suma de ($.) para cada uno, Gustavo RAZETTO en la suma de ($.); Rafael ARNOLFI en la suma de ($.) Marcos G. RODRIGUEZ ALLENDE y Luciano G. PAULIN en la suma de ($.) para cada uno, arts. 3, 5, 7, 29, 30, 31, 64 y conc. LA.

REGÍSTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.

ANA CLARA PAULETTI

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO O. DELRIEUX

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

En ././. se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria