CSJN: La concesión de arresto domiciliario por cuestiones de salud requiere la previa intervención del Cuerpo Médico Forense.

web1_HOUSEARREST_052213JS_001_0Partes: Bergés Jorge Antonio s/ recurso de casación

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 26-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98092-AR | MJJ98092 | MJJ98092

La concesión de arresto domiciliario por cuestiones de salud requiere la previa intervención del Cuerpo Médico Forense.

Sumario:

1.-Corresponde descalificar por arbitraria la sentencia que concedió el arresto domiciliario por razones de salud a quien fuera condenado por sentencia no firme a la pena de veinticinco años de prisión por delitos de lesa humanidad, con base exclusivamente en lo informado por la Jefatura de División y Tratamiento del Hospital Penitenciario del complejo penitenciario donde se encontraba alojado, sin darle intervención al Cuerpo Médico Forense a fin que sus integrantes intervinieran en calidad de peritos de oficio para dictaminar sobre el estado actual de salud del inculpado, habida cuenta que tal resolución no se basó en estudios científicos que puedan entenderse suficientes.

2.-Los informes del Cuerpo Médico Forense no solo son los de un perito sino que constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada por normas específicas, y que es requerido por las normas procesales aplicables para la resolución de incidencias vinculadas a la detención domiciliaria de procesados o condenados -arts. 314 , 493 inc. 4° , 495 , 496 y 502 del CPPN.-, que en general, prevén que el juez debe darle intervención al perito, prioritariamente oficial, cuando sea necesario conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa y sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, y, de manera expresa, en forma previa a resolver la suspensión de la ejecución de la pena o la internación del detenido en un establecimiento de salud no penitenciario con base en razones de salud.

Fallo:

Procuración General de la Nación

I

La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial y concedió el arresto domiciliario a J. Al B (fojas 1 a 2 vuelta del presente incidente).

Contra ese pronunciamiento esta parte interpuso el recurso que prevé el artículo 14 de la ley 48, que fue declarado admisible por el a quo(fojas 25).

II

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la causa 2955/09, condenó a J. A. B., por ser autor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con aplicación de tormentos reiterados, retención y ocultamiento de un menor, a la pena de veinticinco años de prisión.

Con posterioridad a la condena, la defensa pidió que se autorizara la prisión domiciliaria de B , beneficio que le fue denegado por el tribunal oral, pero concedido por la cámara de casación.

Para adoptar esa medida, el a quo se basó solo en el informe de la jefa de la División Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, donde B( se encontraba alojado desde el 20 de diciembre de 2012, sin dar intervención al Cuerpo Médico Forense para que se expidiera respecto a las patologías actuales de B que éstas requerían La casación declaró y el tratamiento médico admisible el recurso extraordinario con el argumento de que hay cuestión federal toda vez que se encuentran comprometidos en la causa derechos de raigambre constitucional e internacional sobre derechos humanos, y se ha invocado la existencia de gravedad institucional.

III

En lo que se refiere a la admisibilidad formal del recurso federal, considero que éste ha sido bien concedido, ya que el Estado argentino asumió el compromiso internacional de garantizar no sólo que se sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino también que se los sancione de manera adecuada, lo que resulta decisivo eneste caso para adjudicarle naturaleza federal.

Tal como afirmó el Tribunal, «el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en diversos tratados y documentos, prescriben la obligación por parte de toda la comunidad internacional de ‘perseguir’, ‘investigar’ y ‘sancionar adecuadamente a los responsables’ de cometer delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos», y esa obligación resulta de aplicación perentoria en la jurisdicción argentina (considerandos 10 y 11 a 27, respectivamente, del voto de la mayoría en «Mazzeo» [Fallos: 330:3248]; la bastardilla no está en el original).

En particular, resulta oportuno recordar que el Comité contra la Tortura, órgano de supervisión de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sus cripta por el gobierno de nuestro país en 1984 y ratificada dos años después, afirmó que los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura, como B » y que la imposición de penas menos severas es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas («Sr. Kepa U Ha Guridi v. Spain», Comunicación N° 212/2002,U.N. Doc. CAT/C/34/D/212/2002 [2005]) (considerando 26 del voto de la mayoría en «Mazzeo», ya citado).

Por lo tanto, la cuestión que se pretende someter a la revisión de V.E. exige, cuanto menos, un pronunciamiento acerca de SI la aplicación de una modalidad menos severa y excepcional, como la detención domiciliaria, resulta adecuada en este caso y, por consiguiente, compatible con las obligaciones asumidas en el plano internacional por el Estado argentino.

IV

En oportunidad de recurrir, se sostuvo que de la lectura del informe de la jefa.de la División Diagnóstico y Tratamiento del HPC I de Ezeiza surge que la dificultad para caminar viene del año 1996, con lo cual B ha sobrellevado la prisión con este problema, sin que se explique cuál es el impedimento para que continúe así. Tampoco se ha evaluado por qué la consulta de nefrología por insuficiencia renal no podría realizarse en un hospital extramuros. Por lo demás, no se entiende la conclusión de que si bien está compensado hemodinámicamente, hay un alto grado de des compensación.

De ello resulta, que los jueces, sin contar con un dictamen médico preciso y sin evaluar los riesgos procesales, ni la consecuente responsabilidad del Estado argentino, otorgó el arresto domiciliario a E Es de resaltar, como ya se expresara, que el hecho de que el imputado tenga 71 años no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria, según lo dispone el artículo 32, inciso d, de la ley 24660, ya que esa facultad jurisdiccional debe responder a estrictas razones humanitarias, que en este caso no han sido debidamente comprobadas, y a la verificación de que ese arresto domiciliario no comporta un aumento en el riesgo de fuga de quien se encuentra condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Si bien la edad avanzada -más de 70 años- es uno de los supuestos del artículo 32, letra «d», de la ley 24.660 por los cuales el juez puede (no debe) conceder la detención domiciliaria; esa condición etaria no es suficiente para conceder un beneficio que constituye una excepción al cumplimiento en una unidad penitenciaria de la pena privativa de libertad.Entonces debemos analizar cuál o cuáles son las otras circunstancias que el juez debe valorar para autorizar la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, ya que la ley no establece esa condición como suficiente, pero tampoco indica expresamente cuáles serían las otras, necesarias también, para conceder el beneficio.

Pues bien, para determinar aquellas circunstancias, sin incurrir en arbitrariedad, es imprescindible tener en cuenta que la finalidad del instituto de la detención domiciliaria, tal como se desprende de los fundamentos de los proyectos de la ley que finalmente fue aprobada el 17 de diciembre de 2008 bajo el número 26.472, es garantizar el trato humanitario y evitar la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta.

De tal motivación se concluye: (a) que la detención domiciliaria es una excepción al cumplimiento en la cárcel de la pena privativa de libertad, (b) que el legislador previó la condición etaria mencionada como supuesto no suficiente para conceder tal excepción, por lo que debería valorarse junto a otras circunstancias no especificadas en la ley, (c) que la finalidad de la detención domiciliaria, según el legislador, es garantizar el trato humanitario del condenado a pena privativa de libertad y evitar la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta, y (d) que, por lo tanto, para la concesión de la detención domiciliaria se debe demostrar, incluso cuando el condenado supere los 70 años de edad, que el encarcelamiento podría producir alguna de las dos consecuencias que aquélla está encaminada a evitar; por lo que surge, de manera evidente que el a quo debió basar su resolución en los estudios médicos adecuados a la importancia del caso.

El escueto informe de una médica del hospital penitenciario donde B. se encontraban alojado, no es en absoluto suficiente para excarcelar a un acusado -condenado por sentencia no firme- por delitos de lesa humanidad.

Dice la profesional que e!nosocomio no cuenta con un servicio de nefrología para tratar la insuficiencia renal que padece B , pero no explica qué tipo de tratamiento debe hacerse en concreto, cuál es la tecnología exigida y por qué el hospital penitenciario no podría tenerla y era preferible la atención médica en su domicilio.

En síntesis, no se ha demostrado que mantener el encarcelamiento, a raíz de las condiciones personales excepcionales del sujeto de la medida, provocaría alguna de las dos consecuencias que la ley está encaminada a evitar, o sea, el trato cruel, inhumano o degradante del detenido o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar (cL dictamen del 28 de febrero de 2013 en la causa O. 296, L. XLVIII, «Olivera Róvere, Jorge Carlos s/recurso de casación»).

Por consiguiente, considero que la Corte debe revocar la medida del a quo y ordenar que se hagan los estudios médicos pertinentes, con la intervención de especialistas de! Cuerpo Médico Forense, y con notificación a las partes para que propongan, si lo estimaren menester, peritos de parte.

V

En consecuencia, entiendo que el a quo ha incurrido en arbitrariedad al no basar su resolución en estudios científicos adecuados, por lo que solicito al Tribunal que declarare procedente el recurso extraordinario y revoque la decisión impugnada.

Buenos Aires 16 de marzo de 2015

ES COPIA

IRMA ADRIANA GARCIA NETTO.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 26 de abril de 2016

Vistos los autos: «Bergés, Jorge Antonio s/ recurso de casación».

Considerando:

1°) Que la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la defensa oficial y concedió el arresto domiciliario a Jorge Antonio Bergés.

2°) Que contra dicha resolución, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso extraordinario fundado en la doctrina de la arbitrariedad, que obra a fs. 3/12 del incidente de recurso extraordinario y fuera concedido a fs.25.

3°) Que en el recurso extraordinario el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución impugnada resultaba arbitraria en tanto habría sido adoptada con base exclusivamente en lo informado por la Jefa de División y Tratamiento del Hospital Penitenciario Central 1 del complejo penitenciario donde Bergés se encontraba alojado pero sin que se hubiera dispuesto previamente la realización de un informe médico por parte del Cuerpo Médico Forense que, al detallar las patologías actuales de Bergés y el tratamiento indicado, pudiera justificar la concesión del arresto domiciliario fundado en razones de salud. De este modo, concluyó que lo resuelto debía ser descalificado porque no se había acreditado que concur rieran las razones humanitarias que, desde su óptica, animan dicho instituto receptado en el arto 32 inciso d de la ley 24.660. Además, sostuvo que no se había ponderado debidamente, conforme lo establecido por esta Corte en el precedente CSJ 261/2009 (45-V) /CS1 «Vigo, Alberto Gabriel s / causa n° 10.519» (sentencia del 14 de septiembre de 2010, entre muchos otros que expresamente invocó), el riesgo de fuga que dicha medida podría aparejar en atención a que Bergés se encontraba condenado por sentencia no firme a la pena de veinticinco años de prisión por delitos que fueran calificados de lesa humanidad.

4°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible en razón de dirigirse contra una decisión que proviene del tribunal superior de la causa; que, por sus efectos, resulta equiparable a definitiva (cf. CSJ 296/2012 (48-0) /CS1 «Olivera Róvere, Jorge Carlos s/ recurso de casación», sentencia del 27 de agosto de 2013, entre muchos otros) y que suscita cuestión federal suficiente toda vez que se denuncia violación a la garantía de defensa en juicio protegida en el arto 18 de la Constitución Nacional por mediar arbitrariedad en lo resuelto (Fallos: 308:1662; 314:1358; 330:4226) por lo que su tratamiento resulta pertinente por la vía establecida en el art.14 de la ley 48.

5°) Que es doctrina del Tribunal que, dada la íntima relación entre la función jurisdiccional y el auxilio especializado, «cuando sea necesario efectuar comprobaciones especializadas en juicio, las llevarán a cabo profesionales habilitados, quienes transmitirán al juez su opinión y deducciones ; y, al hacerlo, le suministrarán argumentos o razones para la formación de su convencimiento con relación a temas cuya aprehensión vaya más allá de la ciencia jurídica, viniendo así a completar el conocimiento del juez en materias que escapan a su formación» (Fallos: 331:2109 y 335:854)

6°) Que, en este orden de ideas, corresponde precisar que, si bien el artículo 33 de la ley 24.660 establece, en lo que aquí interesa, que la concesión del arresto domiciliario por razones de salud «deberá fundarse en informes médico, psicológico y social», no puede soslayarse que el ordenamiento procesal que resulta aplicable para la resolución de incidencias vinculadas a la detención domiciliaria de procesados o condenados (cf. arts. 314, 493 inc. 4° y 502 del Código Procesal Penal de la Nación) prevé, en general, que el juez debe darle intervención al perito -prioritariamente oficial- cuando sea necesario «conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa (y) sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica» (cf. arts. 253 y 358 del Código Procesal Penal de la Nación) y, de manera expresa, en forma previa a resolver la suspensión de la ejecución de la pena o la internación del detenido en un establecimiento de salud no penitenciario con base en razones de salud (cf. Arts. 495 y 496 del Código Procesal Penal de la Nación) o 7°) Que, asimismo, esta Corte ha remarcado que los informes del Cuerpo Médico Forense no solo son los de un perito sino que constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada por normas específicas (Fallos: 319: 103; 327:4827 y 6079) y, por tal motivo, le ha dado intervención a dicho organismo en oportunidad de ordenar, como medidas para proveer, la realización de informes médicos tendientes a determinar el estado de salud o capacidad de las personas (cf. CSJ 760/2012 (48-L) /CS1 «Lupa, Giuseppe Romualdo c/ Anses s/ retiro por invalidez (art. 49 P4 ley 24.241)», resolución del 16 de septiembre de 2014; CSJ 376/2013 (49-0)/CS1 «O.M.A. s/, declaración de incapacidad», resolución del 30 de abril de 2014; CSJ 523/2012 (48-A) /CS1 «Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias» , del 1° de junio de 2012; entre muchos otros).

8°) Que, en función de todo lo antes expuesto, en la medida que el a qua concedió el arresto domiciliario a Jorge Antonio Bergés sin darle intervención al Cuerpo Médico Forense para que sus integrantes intervinieran en calidad de peritos de oficio para dictaminar sobre el estado actual de salud del nombrado, debe concluirse que no basó su resolución en estudios científicos que puedan entenderse suficientes, por lo que corresponde adoptar en el presente un criterio análogo al sentado en los precedentes de Fallos:331:2109 y 335:854, antes citados, y descalificar la sentencia impugnada por haber mediado arbitrariedad.

9°) Que en esta línea resulta oportuno resaltar la importancia de que la adopción de un temperamento respecto a la petición incoada por Jorge Antonio Bergés sea precedida de una instancia en que, sin mengua de la debida celeridad que demanda la naturaleza de las cuestiones aquí involucradas, se asegure el pleno resguardo del contradictorio de modo tal que las partes puedan hacer pleno uso del derecho a controlar las conclusiones de los informes del Cuerpo Médico Forense cuya realización es ineludible consecuencia de lo que aquí se resuelve y en la que puedan también plantear las cuestiones que estimen pertinentes para la correcta resolución de la incidencia.

10) Que, en consecuencia, en razón de los fundamentos desarrollados precedentemente y sin que ello implique abrir juicio sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, ha de acogerse favorablemente el recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, atento el temperamento adoptado, deviene inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios.

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, corresponde declarar procedente el recurso extraordinario y, por los fundamentos aquí expuestos, revocar la sentencia apelada.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. Hágase saber y devuélvase.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA

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