Viñetas normativas que justifican la posibilidad de pedir daños en violencia familiar.

violenciaFamiliarSUMARIO: <i>I. Introducción. II. Viñetas nacionales. III. Viñetas internacionales. IV. A modo de conclusión.</i>

Por Diego O. Ortiz (*)

«Aquello que no se legisla explícitamente para el débil,
se legisla implícitamente para el fuerte».
Raúl Scalabrini Ortiz

I. INTRODUCCIÓN
Cuando no hay normativa específica sobre un tema, se necesita recurrir a normas generales o similares que permitan fundar la admisibilidad de un pedido. La doctrina y jurisprudencia son argumentos débiles por sí solos si no se acompañan con normativa acorde que respalde las solicitudes.
La idea de este artículo es plantear algunas viñetas nacionales e internacionales que justifican el pedido de daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia familiar.

II. VIÑETAS NACIONALES
Las leyes de protección contra la violencia familiar, la Ley 24.417 y la Ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires (con su modificatoria, la Ley 14.509), omiten tratar el tema.
A nivel provincial, el art. 10 de la Ley 2466 (1) de Protección contra la Violencia Familiar de Santa Cruz plantea lo siguiente: «El juez en la sentencia podrá ordenar a pedido de parte que el agresor indemnice los daños causados incluyendo gastos de mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales, médico psiquiátrico o de orientación, alojamiento, albergue y en general la reparación de todos aquellos daños que el maltrato causó».
El art. 5 del Decr. 1745/2001, que reglamenta la Ley 11529 de Protección contra la Violencia Familiar de Santa Fe (2), dispone lo siguiente: «Hasta tanto no cese la situación de violencia, el juez interviniente deberá prever que las citaciones a las partes para comparecer ante el juzgado, sean efectuadas de tal forma que impidan la coacción física y / o moral del presunto agresor sobre la presunta víctima. Dentro de las medidas enunciadas, el juez podrá ordenar la reparación o restitución al estado anterior de las cosas dañadas por los hechos de violencia».
Con la sanción de la Ley 26.485 (3), el tema tiene tratamiento especial en el ámbito nacional.
El art. 35 plantea que la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia. Si bien este artículo se halla dentro del capítulo dedicado al «Procedimiento», no significa que esta cuestión sea procesal, ya que no se duda de que es un tema de fondo, de aplicación inmediata y para todo el territorio nacional.

III. VIÑETAS INTERNACIONALES
Diferentes leyes latinoamericanas plantean la admisibilidad de estos pedidos. La Ley 54 de Puerto Rico (4) dispone en el art. 2 que cuando el tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de violencia doméstica, podrá emitir una orden de protección. Dicha orden podrá incluir «pagar una indemnización económica. Dicha indemnización podrá incluir, pero no estará limitada a compensación por gastos de mudanza, gastos por reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento, albergue y otros gastos similares, sin perjuicio de otras acciones civiles».
La Ley 26.763 de Perú (5) plantea, en su art. 9, que «las pretensiones sobre violencia familiar se tramitan como proceso único». En la parte de efectos de la sentencia sostiene que «la resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y establecerá entre otras cosas, la reparación del daño» (inc. c).
La Ley 11.340 de Brasil (6), llamada «Ley María da Penha», define en el art. 5 a la violencia doméstica y familiar como «cualquier acción u omisión basada en el género que le cause muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual, psicológico y daño moral o patrimonial».
En el ámbito internacional, ciertos instrumentos, como la Recomendación 19 del Comité de la CEDAW, en su art. 24 (7), contienen un catálogo de obligaciones de los Estados para que adopten entre otras cosas, recursos civiles e indemnización para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia (8).
La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención «Belem do Pará» (9)- en el art. 1 expresa que se entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo el art. 7 señala que es deber del Estado establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (inc. f).
Cabe aclarar que dicha Convención fue aprobada en la Argentina por la Ley 24.632 (10).
Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (11) plantean entre las causas de vulnerabilidad al género. Con respecto al concepto de víctima, se la considera como toda persona física que ha sufrido un daño, incluye la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico (regla 10).
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluyendo la indemnización (12). La obligación de proporcionar reparaciones adecuadas implica entre otras cosas, garantizar a la mujer el acceso a remedios penales y civiles.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Ya no podemos negar la posibilidad de este tipo de peticiones en contexto de situaciones de violencia familiar. Por eso, mostrar un punteo de normas que respaldan esos pedidos es fundamental para la defensa de las personas en situación de violencia.
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(1) Sancionada el 26/6/1997.
(2) Sancionada el 20/7/2001.
(3) Sancionada el 11/3/2009.
(4) Sancionada el 15/8/1989.
(5) Publicada el 25/3/1997.
(6) Sancionada el 7/8/2006.
(7) Durante el 11.° período de sesiones de 1992.
(8) CEDAW/C/1992/L.l/Add.l5, párr. t del art. 24 de la Recomendación General N.° 19.
(9) Adoptada por la OEA el 9/6/1994.
(10) Sancionada el 13/3/1996.
(11) Aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008.
(12) Comité CEDAW. Recomendación General N.° 19. Supra nota 14. párr. 24 letra.
(*) Abogado, UBA. Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Docente de Contratos Civiles y Comerciales y Derecho de Familia y Sucesiones, UBA. Director de la Revista de Actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. Autor de libros y artículos sobre su especialidad.

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