Se extiende la condena a la aseguradora por el accidente vehicular causado por quien conducía con licencia vencida.

licencia CONDUCIRPartes: Kerlakian Jaquelina Jacinta c/ Grela Silvia Alejandra y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 23-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97824-AR | MJJ97824 | MJJ97824

Se extiende la condena a la aseguradora por el accidente vehicular causado por quien conducía con licencia vencida. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Respecto al encuadre jurídico que habrá de regir la causa que persigue la indemnización de los perjuicios sufridos por el accidente de tránsito, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el mismo, resulta de aplicación lo establecido en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 del CcivCom., actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

2.-Corresponde confirmar lo resuelto en el fallo apelado respecto a la falta de licencia de conducir y la defensa interpuesta por la citada en garantía, sobre lo cual esta cámara se ha expedido en causas similares, adhiriéndose al criterio sentado en la causa ‘Giuliani, Mario’ en la que se ha sostenido que la falta de la licencia para conducir es una cuestión administrativa de importancia y que en determinados casos puede vincularse con una actitud de infracción reglamentaria, pero que no excluye la cobertura de la compañía aseguradora.

3.-Corresponde hacer extensiva la condena a la aseguradora dado que, cuando el seguro es obligatorio, como es el caso de los automotores, la aseguradora no puede oponer al dañado las cláusulas contractuales de exclusión porque la ley ha tutelado un interés superior que es, precisamente, en materia de accidentes de tránsito, la reparación del daño a terceros.

4.-Debe elevarse la indemnización por incapacidad psicofísica sobreviviente, cantidad que incluye el costo del tratamiento psicoterapéutico, en razón de la edad de la actora, que tiene estudios terciarios completos, y que se desempeñaba en una empresa; junto a las demás circunstancias personales que han sido prolijamente reseñadas en el fallo recurrido, sin que obste a ello que sea un monto inferior al pedido en la demanda ya que en dicha presentación específicamente se aclaró que la cuantía de las sumas pretendidas quedaba supeditada a lo que en más o en menos resulte de las probanzas del juicio.

5.-Corresponde elevar la cuantía otorgada en concepto de daño moral así, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física, el tipo de tratamiento recibido y sus características personales, por lo que estimo que la suma establecida es reducida.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: «Kerlakian, Jaquelina Jacinta c/ Grela, Silvia Alejandra y otros s/ daños y perjuicios», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 460/469), que acogió la demandada de daños y perjuicios interpuesta por Jaquelina Jacinta Kerlakian respecto de Silvia Alejandra Grela, condena que alcanza a Caja de Seguros S.A. ya que se desestimó la defensa opuesta por la compañía con sustento en que la licencia de conducir de la demandada estaba vencida, apelan las partes; quienes, por las razones expuestas en sus presentaciones de fs. 495/498 (citada en garantía) y 500/505 (actora), intentan obtener la modificación de lo decidido. A fs. 507/512 y 514/518 fueron contestados dichos argumentos, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

La compañía de seguros afirma que debe declararse desierto el recurso de su contraria. Entiendo que no le asiste razón porque la expresión de agravios contiene fundamentos suficientes y constituye una crítica a la sentencia apelada que tiene que ser estudiada. Ante todo resaltaré que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el accidente, resulta de aplicación lo establecido en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, en virtud de lo dispuesto en el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

Es un hecho no controvertido que el 17 de septiembre del 2010, aproximadamente a las 10,00 hs., Jacquelina Jacinta Kerlakian se encontraba detenida con su Volkswagen Suran en el semáforo de la Avenida del Libertador y Olleros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco se niega que en ese momento Silvia Alejandra Grelo, que iba en un Chrysler Neón, la embistió desde atrás, y que el impacto desplazó al Volkswagen Suran hacia delante haciendo que colisione con una camioneta Honda CRV que se encontraba al frente. Finalmente, se encuentra fuera de discusión que en esa fecha el registro de conducir de Silvia Alejandra Grelo estaba vencido.

Las partes no se quejan de que la responsabilidad por el accidente se le haya atribuido a la demandada.

Por ende, primero me ocuparé de analizar los agravios desarrollados con motivo del límite de cobertura.

El juez de primera instancia consideró que no correspondía acoger la defensa opuesta por Caja de Seguros S.A. porque la conductora tenía el registro vencido. Ello, con sustento en que la exoneración de la responsabilidad del asegurador por falta de habilitación administrativa para conducir sólo lo es en la medida en que dicha circunstancia guarde relación con el siniestro. También resaltó que la licencia estaba vencida, extremo que autoriza a presumir que la demandada contaba con las capacidades necesarias para manejar un rodado.

De acuerdo con lo que surge de la documentación adjuntada, Silvia Alejandra Grela estaba asegurada por Caja de Seguros S.A. mediante la póliza 5370-0108254-07. Los instrumentos dicen, además, que el inc. c) del art. 7 de la póliza establece que quedaban excluidos de cobertura los siniestros ocurridos mientras el automotor asegurado fuere conducido por personas sin permiso municipal (fs.115/123).

Sobre la falta de licencia de conducir y la defensa interpuesta por la citada en garantía ya me he expedido al emitir mi voto en los autos «Moguilevsky, Jacobo c. Beltrán, Marta Susana y otro», del 3 de diciembre del 2007.

En dicha ocasión me adherí al criterio sentado por la Sala L en cuanto a que la falta de la licencia para conducir es una cuestión administrativa de importancia y que en determinados casos puede vincularse con una actitud de infracción reglamentaria, pero que no excluye la cobertura de la compañía aseguradora (CNCiv., sala L, 23/9/1996, Giuliani, Mario y otro v. Khafif, Issac y otros, JA 1998-IV, síntesis).

Destaqué que se había demandado al propietario del automóvil causante del hecho generador del ilícito conforme al art. 1113 del Código Civil, y que se había citado en garantía a la aseguradora en virtud de una póliza que tiende a amparar al patrimonio del asegurado, así como por implicancia, los daños de la víctima. La exclusión se opuso, en mérito de las condiciones generales de la póliza, por cuanto quien conducía el móvil carecía de registro habilitante.

A su vez, apunté que constituye principio recibido en el derecho de seguros que en caso de duda acerca de la extensión del riesgo debe estarse por la obligación del asegurador, habida cuenta de que es quien se encuentra en mejores condiciones para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones, sin que pueda pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente (CNCom., sala C, 17/05/1984, Bourre, Jorge c/Arco Iris Coop. de Seguros Ltda.).

Cuando el seguro es obligatorio, como es el caso de los automotores (art.68, ley 24.449), la aseguradora no puede oponer al dañado las cláusulas contractuales de exclusión porque la ley ha tutelado un interés superior que es, precisamente, en materia de accidentes de tránsito, la reparación del daño a terceros (Ghersi, Carlos, Contrato de seguro, Astrea, 2007, ps. 239/40).

Así, en dicha ocasión terminé haciendo extensiva la condena a la aseguradora.

Por las razones antedichas es que propongo que se confirme lo resuelto en este punto del fallo.

Seguidamente estudiaré los agravios formulados por Jaquelina Jacinta Kerlakian en torno a la indemnización.

Cuestiona la partida otorgada por incapacidad psicofísica sobreviniente, que asciende a $15.600. Dicha suma incluye el costo del tratamiento psiquiátrico y psicológico.

De la contestación de oficio remitida por la Clínica Olivos surge que el día del accidente la reclamante fue atendida en la guardia por presentar una intensa cefalea, cervicalgia y una lesión por latigazo. También resulta que le indicaron que haga reposo por 48 hs., la medicaron y le sugirieron tratamiento kinesiológico (fs. 274/279). El perito médico, Dr. Carlos Enrique Díaz, sostuvo que por el accidente la actora padece de una cervicobraquialgia leve. Dijo, asimismo, que sufre de una neurosis fóbica de grado leve que la afecta en su vida diaria. Estimó su incapacidad total en un 20%. Aconsejó la realización de tratamiento psiquiátrico y psicológico focalizado por no menos de 24 meses a razón de dos veces por semana (fs. 336/341).

El informe fue impugnado. Sin embargo, entiendo que el médico respondió y replicó a todas las observaciones. Igualmente, considero que las presentaciones formuladas por el perito oficial se encuentran fundadas en principios y procedimientos científicos y resultan congruentes con el resto de la prueba rendida. Por eso, pienso que se deben aceptar a la luz de los arts.386 y 477 CPCCN.

En consecuencia, entiendo que si se evalúa que la actora es joven (tenía 45 años al momento del accidente) y estudios terciarios completos, y que se desempeñaba en una empresa; junto a sus demás circunstancias personales que han sido prolijamente reseñadas en el fallo recurrido, la presente partida tiene que subirse. No obsta a ello que sea un monto inferior al pedido en la demanda ya que en dicha presentación específicamente se aclaró que la cuantía de las sumas pretendidas quedaba supeditada a lo que en más o en menos resulte de las probanzas del juicio.

De manera tal que propicio que se fije la partida en $80.000, cantidad que incluye el costo del tratamiento psicoterapéutico.

La actora critica el costo de reparación del rodado, establecido en $9000.

Se queja de que para fijar el monto se haya tomado en cuenta lo señalado por el perito ingeniero en vez de lo que resulta de la factura que dice que pagó $12.700 por las reparaciones. Asimismo, destaca que del informe pericial surge que el costo de los arreglos era de $12.912 El perito mecánico, Ing. Ismael Noe de Maria, manifestó que únicamente era posible inferir la magnitud de los daños sufridos en el Volkswagen Suran y calculó el precio total de la reparación en $12.912. Dicha suma se encuentra compuesta por $5950 en concepto de materiales, $4380 por mano de obra y $2582 por gastos generales (fs. 328/338). También recuerdo que a la fecha de ejecución del informe el rodado ya había sido reparado y que a fs. 14/37 se encuentran unas fotos en las que puede apreciarse como estaba el auto antes de la ejecución de los arreglos.

Con respecto al momento en que se estimó el costo de reparación, creo que es claro que el experto se refirió a la fecha de presentación de su informe, el 17 de septiembre del 2013.Obsérvese que el perito dijo expresamente «.cuyo detalle a dichos efectos a la fecha, es el siguiente» (fs. 330).

Recuerdo que si el costo de la factura, cuya autenticidad no se acreditó, no se condice con lo apuntado por el experto debe estarse a lo dictaminado por el perito ya que recurrir a su experticia y conocimientos son la mejor manera de otorgar una indemnización justa. A su vez, el demandado no tiene por qué pagar una suma más elevada que las que indica el perito. Ello, claro está, debido a que el ingeniero señaló cuál era el costo promedio de mercado y se supone que cualquier persona que hubiera actuado con diligencia podría haber obtenido un precio como el expuesto por el perito. Otro punto que no puedo pasar por alto es que seguramente el costo de la reparación a la fecha en que se hizo, es decir, en el 2010, seguramente debe haber sido más bajo que el que informó el experto.

Al ser ello así, propicio que se confirme esta parte del fallo apelado.

La apelante critica al daño moral, establecido en $3500.

Para estimar la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.- «La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia en tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambías, «Obligaciones» T. I, pág.229).

Así, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física, el tipo de tratamiento recibido y sus características personales, estimo que la suma establecida es reducida.

Así, propongo que se la eleve a $30.000.

Resta aún que me expida con respecto al modo en que se dispuso realizar el cómputo de los intereses.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios, como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que, si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), corresponde computarlos desde la fecha del accidente.

Por lo demás y referente a la tasa que debe usarse, recuerdo el plenario dictado por esta Cámara in re «Samudio de Martinez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios» (20-4-2009). Entonces, creo que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago a todos los rubros, remitiéndome -brevitatis causae- a los fundamentos vertidos en autos «Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero» (recurso499.526 del 24/04/09).

En suma, considero que los intereses deberán liquidarse de la manera indicada, por todo concepto.

Las costas de la Alzada propicio que se impongan a Caja de Seguros S.A., sustancialmente vencida (art. 68 CPCCN).

Por las razones antedichas, propongo al Acuerdo que se modifique parcialmente el fallo recurrido, elevándose la indemnización por incapacidad psicofísica sobreviniente a ochenta mil pesos ($80.000.-), partida que incluye al costo de tratamiento psiquiátrico y psicológico, y la de daño moral a treinta mil pesos ($30.000.-) ; y disponiendo que todos los intereses se calculen conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago; debiendo confirmarse el fallo apelado en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de la Alzada conforme lo expuesto precedentemente.

El Dr. José Benito Fajre dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M.Kiper.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Modificar parcialmente el fallo recurrido, elevándose la indemnización por incapacidad psicofísica sobreviniente a ochenta mil pesos ($80.000.-), partida que incluye al costo de tratamiento psiquiátrico y psicológico, y la de daño moral a treinta mil pesos ($30.000.-); y disponiendo que todos los intereses se calculen conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago; debiendo confirmarse el fallo apelado en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de la Alzada a Caja de Seguros S.A. (art. 68 CPCCN).

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal entiende que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (cfr. Esta Sala, «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11).

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los beneficiarios y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, regúlase el honorario de los Dres.Sergio Andrés Tagliani y María Gabriela Hernández, en conjunto, por sus intervenciones como letrados apoderados del actor en las tres etapas del proceso, en la suma de ($.).

Los del Dr. Roberto Schlagel letrado patrocinante de la parte demandada a partir de su presentación a fs. 159 en la suma de ($.).

Los del Dr. Jorge Andrés Sierra letrado apoderado de la citada en garantía por su actuación en las tres etapas del proceso en la suma de ($.).

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito ingeniero mecánico Ismael Noe De María y los del perito médico Carlos E. Díaz en la suma de ($.) para cada uno de ellos.

IV.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase el honorario de la Dra. María Gabriela Hernández en la suma de ($.) y el del Dr. Jorge Andrés Sierra en la suma de ($.) (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

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