Reputada la herencia vacante y en ausencia de albacea es el curador quien deberá realizar el inventario y avalúo de los bienes, tal como surge con claridad de los arts. 628 del CPCC y 3541 del CCiv.

testamento-df_0Partes: F. L. E. s/ declaratoria de herederos y aprobación de testamento

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-97600-AR | MJJ97600 | MJJ97600

Reputada la herencia vacante y en ausencia de albacea es el curador quien deberá realizar el inventario y avalúo de los bienes, tal como surge con claridad de los arts. 628 del CPCC y 3541 del CCiv.

Sumario:

1.-Si quien fue designado por el testamento como albacea asumió su intervención como apoderado de la legataria, y no como albacea, no se encuentra facultado para hacer el inventario de los bienes de la causante (menos aún la denuncia de bienes , instituto no regulado en el Código de Procedimientos local ni en el CCiv. derogado) sino que, para satisfacer el interés que tiene en la sucesión, y ante la reputación de vacancia, sólo podría solicitar se nombre un curador de la herencia (arts. 486 y 3540 del CCiv.).

2.-El testamento reputado válido que contiene un legado de cosa cierta y la designación de un albacea para el cumplimiento de la voluntad de la causante, para ser tenido como tal el albacea así designado, debe aceptar expresamente el cargo, o, cuanto menos, asumir tácitamente su función a través de acciones que demuestren tal intención, lo que no sucedió en el caso.

3.-Reputada la herencia vacante y en ausencia de albacea -situación que se configura paradójicamente, según hemos reseñado- será el curador quien deberá realizar el inventario y avalúo de los bienes, tal como surge con claridad de los arts. 628(rEF:LEG7451.628) del CPCC y 3541 del CCiv.

Fallo:

VISTOS: Estos caratulados “F., L. E. S/DECLARATORIA DE HEREDEROS Y APROBACION DE TESTAMENTO” (Expte. Sala I N° 155 – Año 2012), originarios del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad, venidos para resolver los recursos de apelación y nulidad deducidos por el apoderado de la legataria Irma Beatriz Farías a fs. 86, contra el decisorio de fecha 8.11.2010 (v. fs. 84/85 vta.), que fueran concedidos a fs. 87 y,

CONSIDERANDO:

1. En fecha 17.8.2007 Irma Beatriz Farías, por apoderado, promovió “declaratoria de herederos y aprobación de testamento” de L. E. F., dictándose la pertinente resolución en fecha 14.12.2007, por la que se resolvió: “I.- Declarar formalmente válido el testamento anteriormente mencionado [realizado mediante Escritura Pública N° 30 de fecha 30/05/06, pasada ante la Escribana Pública Carolina Culzoni, titular del Registro N° 737 con asiento en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe]. II- Reputar vacante la herencia por el fallecimiento de L. E. F. Para que tenga lugar la designación de curador de la herencia de la lista de oficio de abogados fíjese fecha de audiencia [.] Cítese al Ministerio de Educación. Dese intervención al Sr. Fiscal” (v. fs. 25).

Comparecieron los apoderados del Ministerio de Educación de la Provincia a fs. 38 y se los tuvo por parte (v. fs. 39). El 11.2.2008 el mandatario de la Sra. Irma Beatriz Farías solicitó “se fije una nueva fecha de audiencia para la realización del sorteo de un curador de la herencia” (v. fs. 27 vta.), que tuvo lugar el 29.5.2008, designándose al Dr. Eduardo Roberto Gutiérrez, quien aceptó el cargo a fs. 41.

2. El 17.9.2008 el representante convencional de la Sra.Farías (quien conforme los términos del testamento aprobado en autos ostenta el carácter de legataria de la causante) “denunció” el inmueble legado a su mandante, indicando que la presente es una sucesión mixta, por un lado constituye una testamentaria y por el otro una ab intestato, y que siendo él representante de los intereses de la testamentaria se ocuparía de finalizar esa parte del trámite dejando luego al curador designado a fin de que cumplimente con el suyo (v. fs. 51).

Por decreto del 18.9.2008 el A quo tuvo “Por efectuada denuncia de bienes” (v. fs. 52) y el 15.10.2008 reguló los honorarios del letrado que la formuló (v. fs. 56).

3. El 7.5.2009 el curador designado dedujo recurso de apelación (denegada por el A quo -aspecto éste que se encuentra firme-) contra la resolución dictada el 14.12.2007 -en cuanto aprobó el testamento- y revocatoria “de los actos posteriores a la misma”.

Argumentó -en lo que aquí interesa- que luego del dictado de la resolución mencionada se realizaron actos que no se ajustan a lo normado en la ley de fondo y de rito, ya que existiendo un curador designado, el letrado que inició los actuados se atribuyó facultades propias de aquél al efectuar una denuncia de bienes sin observar el artículo 3541 del Código Civil, que disponía que es un deber del curador hacer inventario de la herencia, además de ejercer activa y pasivamente los derechos hereditarios, teniendo como facultad y deber los propios de aquel heredero que hubiere aceptado la herencia con beneficio de inventario. Entendió que todas las acciones que se inicien contra la sucesión (entre las que incluyó este juicio sucesorio) deben ser atendidas por el curador en su carácter de representante de la misma, y que resolver de otra manera viola el derecho de defensa y la garantía de debido proceso de la sucesión vacante, tornando inútil e inocuo su nombramiento (v. fs. 65).

4.Al contestar el traslado que se le corriera, el apoderado de la legataria solicitó el rechazo de ambos recursos y, respecto de la “revocatoria”, señaló que el artículo 598, en su inciso 1, autoriza al legatario a tramitar el juicio sucesorio respecto de lo legado, con lo que los decretos atacados fueron ajustados a derecho, pues su parte cumplió con la norma al denunciar el bien legado que le pertenece. Por lo demás, argumentó que el planteo es extemporáneo pues se deduce a los cinco días de la notificación de los actos cuestionados. Finalmente destacó que no se denunciaron daños y pareciera que se persigue la nulidad por la nulidad misma (v. fs. 69 vta.).

A fs. 74/vta. contestó el traslado uno de los apoderados del Ministerio de Educación de la Provincia.

A fs. 81 obra acta de audiencia de vista de causa celebrada en el marco de la presente incidencia.

5. El 8.11.2010 el A quo resolvió denegar la apelación y revocar los actos cuestionados efectuados por el apoderado de la legataria.

Para así decidir, consideró que el curador es el representante legal de la sucesión y es quien debe hacer las operaciones de inventario y avalúo de los bienes del acervo hereditario de conformidad con lo reglado en los artículos 3541 del Código Civil y 628 del C.P.C. y C. (v. fs. 84/85 vta.).

Contra dicho decisorio la legataria dedujo recursos de apelación y nulidad (v. fs. 86).

6. Radicados los autos en esta Sede, expresó agravios señalando en primer lugar que pese a la expresión “revocar” utilizada por el A quo, lo que resolvió fue un incidente de nulidad. Reiteró lo mencionado en la primera instancia en relación a que el pedido -en su entender- sería extemporáneo, lo que no fue considerado por el magistrado que dictó la resolución en crisis. Señaló que de esa forma el nulidicente convalidó las actuaciones, por lo que si hubiera habido algún vicio éste quedó purgado.Como segundo agravio destacó que el curador no indicó el perjuicio que le causaba el acto cuya validez atacaba, por lo que se debe concluir que pretende la nulidad solamente por un fin teórico y por aplicación de la ley por la ley misma. Que no afirmó el recurrente ni lo hizo el magistrado que se haya violado el derecho de defensa. Que por ello la sentencia ignoró el principio de trascendencia. También se agravia de que se omitiera argumentar las razones que llevaron al juez a apartarse de la regla del artículo 124 del C.P.C. y C. en el sentido que para que un acto pueda ser declarado nulo, dicha sanción debe estar contemplada expresamente en la norma, pues -señaló- a falta de tal especificación, el juez puede declararla excepcionalmente indicando razones suficientes en forma clara de manera que puedan ser conocidos por el apelante, pero en el caso nada se ha dicho. Como cuarto agravio sostuvo que el magistrado desconoció el principio de conservación de los actos jurídicos procesales, pues la declaración de nulidad debe interpretarse restrictivamente y, en el caso, se nulificó por el sólo hecho de hacerlo. Finalmente y refiriéndose a la cuestión de fondo, dijo que el acto de la denuncia del bien legado efectuado por la beneficiaria del testamento encuentra amparo en el artículo 598, inciso 1 del C.P.C. y C. en cuanto permite al legatario promover juicio sucesorio una vez dictada la declaratoria de herederos (v. fs. 105/108 vta.).

7. Corrido el pertinente traslado, el mismo fue contestado por los apoderados del Ministerio de Educación de la Provincia a fs. 111/113 y por el Curador de la herencia a fs. 116/vta. A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 118 y, luego, se informó desde el Juzgado de origen que no obran registros de retiro de los autos entre los días 29.4.2009 y 10.5.2009 (v. fs. 128 vta.).

8.Corresponde entonces el abordaje de los recursos planteados.

Ab initio, se advierte que, en el memorial de expresión de agravios, la recurrente no funda autónomamente el recurso de nulidad deducido. No obstante, en el cometido oficioso que corresponde a este Tribunal de Alzada, se observa que la reputación de vacancia de la herencia de la Sra. F. fue dictada sin que se dé cumplimiento a la citación edictal que mandaba el artículo 3539 del Código Civil por el término allí prescripto (30 días), situación que -en principio- podría configurar una violación del debido proceso legal y un desmedro al derecho de defensa de eventuales herederos, lo que constriñe a esta Integración a analizar la cuestión previo al tratamiento de los agravios de la apelante, toda vez que el resultado al que se arribe podría incidir sobre la validez del procedimiento anterior a la intervención de esta Sala.

Al respecto, cabe apuntar que la norma procedimental mencionada no fue replicada en nuestro código de rito. En efecto, el artículo 592 del C.P.C. y C. dispone que, presentada la solicitud de declaratoria de herederos, “se llamará por edictos que se publicarán cinco veces en diez días, a todos los que se creyeren con derecho a la herencia, sin perjuicio de hacerse las citaciones directas a los que tuvieren domicilio conocido”. Ello fue lo que aconteció en autos, pues la publicación tuvo lugar los días 20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre de 2007 (v. fs. 19/20).

Y si bien se ha señalado que, en el ámbito local, cuando se pretende la reputación de vacancia de una herencia, debe efectuarse una nueva publicación por el término señalado en el artículo 3539 del Código Civil (cfm. Natale, Roberto; comentario a los artículos 627 y 628 del C.P.C. y C., en Peyrano, Jorge W., Director, Vázquez Ferreyra, Roberto A., Coordinador; “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.Análisis doctrinario y jurisprudencial” Editorial Juris, Rosario, abril de 1998, Tomo 3, págs. 212/213, con cita de Carlos y Rosas Lichtschein, “Explicación de la Reforma Procesal Civil y Comercial Santafesina, Ley 5531, Santa Fe, 1962, p. 244, punto III -ver notas al pie nros. 589 y 74-), el Código Civil y Comercial -vigente desde el 1.8.2015- no recogió el criterio de su antecesor, y ni siquiera dispone de una previsión especial sobre la citación edictal para el caso de que se pretenda la reputación de vacancia de una herencia. Sólo regula con carácter general la citación que debe realizarse en caso de sucesión intestada (que así califica a aquélla en la que no hay testamento, o bien que éste no dispone de la totalidad de los bienes) previ endo que en tal caso habrán de publicarse edictos por un sólo día citando a herederos, acreedores y todos quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que acrediten su derecho dentro de los treinta días (ver artículos 2340 y 2441).

Por lo tanto, tratándose de una norma de carácter eminentemente procedimental, no corresponde anular el procedimiento -con la consecuencia de que se reanude el trámite desde la citación por edictos-, pues la publicación que tuvo lugar los días 20, 22, 26, 28 y 30 de noviembre de 2007 satisface la exigencia del artículo 592 del C.P.C. y C., que resulta aplicable a partir de la desaparición del dispositivo contenido en el derogado artículo 3539 del Código Civil. Resolver de otra manera importaría la nulidad por la nulidad misma, pues la nueva publicación edictal debería realizarse cinco veces en diez días, y no treinta como regulaba la norma abrogada, exigencia que quedó satisfecha con la publicación verificada en autos.

9.Ingresando al tratamiento del recurso de apelación, en primer lugar corresponde responder el agravio relativo a la extemporaneidad del remedio deducido por el curador contra los “actos posteriores” a la resolución aprobatoria del testamento.

La apelante considera que la impugnación fue deducida al sexto día de la notificación de los actos procesales cuestionados, por lo que sería extemporánea (en la primera instancia había referido que fue al quinto día, aunque proponiendo idéntica calificación y consecuencia).

No se comparte la visión de la legataria, pues, a pesar de que ésta basó su cálculo en un supuesto retiro de las actuaciones por parte del curador, la secretaria del Juzgado de la anterior instancia informó -a pedido de esta Sala- que “no obran en los registros de [ese] Juzgado (escritos y/o informáticos) retiro de los autos por las partes en el período mencionado” (v. fs. 128 vta.).

Por lo tanto, el planteo del curador de la herencia fue introducido antes de que transcurran cuatro días hábiles desde dicha notificación, habida cuenta que la cédula con transcripción del decreto que tuvo por efectuada la denuncia de bienes fue diligenciada el 14.10.2008 (v. fs. 67/vta.) y el curador solicitó la suspensión de los términos procesales el 16 del mismo mes (v. fs. 58), lo que fue proveído favorablemente por el A quo (v. fs. 59), sin que conste en autos que tales términos se hayan reanudado antes de la introducción del escrito del 7.5.2009 (v. fs. 69) por el que se cuestionaron los actos procesales cuya revocación motivó la apelación del apoderado de la legataria.

Por lo tanto, el planteo de extemporaneidad debe ser desestimado.

10. Dicho ello, y despejando otro de los argumentos de la quejosa, cabe señalar que en este caso no se está frente a una declaración de nulidad, esa no fue la sanción que solicitó el curador ni la que adoptó el magistrado.El primero dedujo “revocatoria de los actos posteriores” a la resolución que aprobó el testamento (v. fs. 65), y el judicante resolvió “revocar los actos cuestionados efectuados por el letrado de la legataria” (v. fs. 85 vta.).

Si bien no se precisa cuáles son los actos que se revocan, del contexto de la causa se infiere fácilmente que se trata de los decretos de fs. 52 y 56 (esto es, el que tiene por efectuada “denuncia de bienes” y el que contiene la regulación de los honorarios del Dr. Recamán).

No podría ser de otra manera, puesto que, pese a que de la literalidad del auto recurrido podría inteligirse otra solución, no es posible “revocar” actos procesales cumplidos por las partes, sino solamente aquellos que emanan del Tribunal. Y si bien el recurrente solicitó la revocatoria de los actos “posteriores a la resolución aprobatoria del testamento”, lo hizo argumentando que el apoderado de la legataria, al efectuar una “denuncia de bienes”, había invadido funciones que le son propias, y nada dijo sobre los actos anteriores, como ser el sorteo y designación del Dr. Gutiérrez como curador, y la admisión en la causa de los apoderados del Ministerio de Educación (todos estos cumplidos luego de la resolución mencionada y antes de la “denuncia de bienes”), por lo que debe entenderse que los mismos no fueron atacados.

11. Ingresando ahora en la cuestión central del recurso, tenemos que el testamento -que fue reputado válido por el A quo, siendo éste un aspecto de lo actuado en la anterior instancia que ha adquirido firmeza- contiene un legado de cosa cierta y la designación de un albacea para el cumplimiento de la voluntad de la causante.

Ahora bien, el albacea así designado, para ser tenido como tal y actuar en ese carácter dentro del juicio sucesorio, debe aceptar expresamente el cargo, o, cuanto menos, asumir tácitamente su función a través de acciones que demuestren tal intención (ver al respecto:Cafferata, José Ignacio; “El albacea testamentario en el derecho argentino”, Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba, mayo de 1952, pág. 45; Pérez Lasala, José Luis; “Curso de derecho sucesorio”, Editorial Lexis Nexis, 2da. edición, Buenos Aires, 2007, pág. 665).

No es el caso de autos.

El Dr. Gabriel Ignacio Recamán actuó en todo momento como apoderado de la legataria, situación que alguna doctrina califica como incompatible con la función de albacea (se ha dicho, por ejemplo, que como la labor del albacea debe ser compatible con los supuestos previstos en la ley, expresa o implícitamente, ante el silencio legal cabe optar por la incompatibilidad de la calidad de albacea con la de patrocinante de herederos o legatarios -Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, sentencia del 24.4.1979 en la causa “Estrugamou, Alejandro”, J.A., 1979-IV-206, citado en: Ugarte, Luis A., comentario al artículo 3851 del Código Civil en Bueres, Alberto J., Director, Highton, Elena I., Coordinadora, “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Tomo 6B, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, noviembre de 2001, pág. 172-).

En efecto, promovió la sucesión testamentaria de la causante acompañando un poder especial extendido a su favor por Irma Beatriz Farías (v. fs. 2) y manifestando ser “apoderado especial para pleitos” de la misma, “tal como lo acredito en el poder que adjunto y al cual me remito por los demás datos de mi cliente” (v. fs. 7). Solicitó que “se apruebe el testamento acompañado a favor de Irma Beatriz Farías”, mas no hizo ninguna referencia a su condición de albacea (v. fs.7/vta.). Conducta que mantuvo coherentemente a lo largo de todo el proceso.

Por lo tanto, debe considerárselo mandatario convencional de la legataria, lo que repercute directamente sobre la valoración de los actos cumplidos en la causa.

Es que, de haber asumido la función de albacea, y en caso de que el legado hubiera consumido todo el activo de la sucesión (cuestión que no está acreditada ni discutida en esta instancia), ostentaría amplísimas facultades, entre las que se incluirían la entrega de los bienes a los legatarios y la de representar a la sucesión activa y pasivamente, lo que tornaría innecesario -en principio- designar un curador (cfm. artículos 3851, 3854 y 3857 del Código Civil) (Ferrer, Francisco A. M., comentario a los artículos 3851 y 3852 del Código Civil, en Ferrer, Francisco A. M., Medina, Graciela, Directores, “Código Civil Comentado. Sucesiones”, Tomo II, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, págs. 655 y 659. En igual sentido: Ugarte, Luis A., comentario al artículo 3854 del Código Civil en Bueres, Alberto J., Director, Highton, Elena I., Coordinadora, “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Tomo 6B, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, noviembre de 2001, pág. 177) .

Mas este tampoco es el caso de marras.

Como consecuencia de que el Dr. Recamán asumió su intervención como apoderado de la legataria, y no como albacea, no se encuentra facultado para hacer el inventario de los bienes de la causante (menos aún la “denuncia de bienes”, instituto no regulado en el Código de Procedimientos local ni en el Código Civil derogado) sino que, para satisfacer el interés que tiene en la sucesión, y ante la reputación de vacancia, sólo podría solicitar se nombre un curador de la herencia (arts.486 y 3540 del Código Civil) y pedir a éste la entrega del bien legado (interpretación que corresponde según el juego armónico de los artículos 3541, 3767 y 3867 del Código Civil, en cuanto el primero dispone, respecto del curador de la herencia, que sus “facultades y deberes son los del heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario”, el segundo, que “[e]l legatario no puede tomar la cosa legada sin pedirla al heredero o albacea, encargado de cumplir los legados.”, y el tercero, que, en ausencia de albacea, “la ejecución de las disposiciones del testador corresponde a los herederos”), quien deberá hacerlo luego de realizar el inventario de los bienes con las formalidades prescriptas legalmente (art. 3541, Código Civil).

En este aspecto, no se comparte la posición del recurrente en el sentido de que la norma del artículo 598, en su primer inciso, autoriza al legatario a efectuar “denuncia de bienes” respecto de los que le fueran legados.

El dispositivo mencionado autoriza al legatario a promover el juicio sucesorio, lo que no significa que pueda inventariar los bienes legados, valuarlos y pedir al juez su entrega. Tal función es encomendada al curador de la herencia vacante (art. 3541, Código Civil) o bien, en caso de existir herederos universales, a éstos, quienes lo harán a través de un perito inventariador y tasador o de común acuerdo, conforme artículos 600 y siguientes del C.P.C. y C.

En el caso que analizamos, reputada la herencia vacante y en ausencia de albacea -situación que se configura paradójicamente, según hemos reseñado- será el curador quien deberá realizar el inventario y avalúo de los bienes, tal como surge con claridad de los artículos 628 del C.P.C. y C. y 3541 del Código Civil.

Por lo tant o, la revocación de los decretos impugnados resulta ajustada a derecho, correspondiendo confirmar la resolución en crisis.

12.Por todo ello, cuanto corresponde es declarar desierto el recurso de nulidad y no hacer lugar al recurso de apelación, con costas a cargo de la recurrente, de acuerdo al principio objetivo de vencimiento (arg. art. 251, C.P.C. y C.).

Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad y no hacer lugar al recurso de apelación, con costas a cargo de la recurrente. 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, hágase saber y bajen.

FABIANO VARGAS ALETTI

(En abstención)

PENNA

(Secretaria)

ABSTENCION DE LA DRA. ALETTI:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

Siguen las firmas

ALETTI

PENNA

(Secretaria)