Rescisión del contrato de obra pública ante reiteradas y graves faltas de la empresa constructora accionante.

PartConstrucciónes: Asfaltos Trinidad S. A. c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ rec. contencioso administrativo

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 4-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97571-AR | MJJ97571 | MJJ97571

Rescisión del contrato de obra pública por medio de un decreto del Intendente, ante reiteradas y graves faltas de la empresa constructora accionante.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso contencioso administrativo deducido por la empresa constructora, contra el municipio cocontratante, tendiente a obtener la anulación del decreto del Intendente en cuanto ordenó la rescisión del contrato de obra pública por causas imputables a su parte e intimó la constitución de garantía de adjudicación toda vez que se han acreditado reiteradas y graves faltas que encuadran en el articulado del Pliego de Condiciones Generales que autorizan al ejercicio de dicha facultad, no siendo arbitrario ni temerario el obrar municipal.

2.- El hecho de que las calles pavimentadas se encuentren libradas al uso público, no implica la aceptación definitiva de la obra ni exime a la recurrente de la responsabilidad por la misma; que conforme lo establecido en el art. 43 del Pliego de Condiciones Generales, y atento a las deficiencias que ostentan los trabajos realizados, es a la parte actora quien carga con la prueba de que los vicios o defectos comprobados sobrevinieron con posterioridad a la fecha de entrega de los mismos; que la entrega jamás se perfeccionó por las múltiples deficiencias denunciadas, lo que no fue probado, por lo que no puede anularse el decreto del intendente por el que se rescindió el contrato de obra pública con la demandante.

3.-La falta de capacidad técnica de la parte actora que celebró contrato de obra pública con el municipio demandado, detalla una serie de desperfectos -compactación defectuosa y fuera de tiempo, falta de presencia del representante técnico en la obra, deficiencia en la terminación superficial, aparición de fisuras en algunos sectores, inconvenientes en los espesores de la carpeta- y aduce que, no obstante haber sido notificados mediante órdenes de servicio, los mismos no fueron subsanados y se incrementaron en los últimos tramos ejecutados, autoriza al municipio demandado a ejercer la facultad rescisoria atento lo normado en el pliego de condiciones.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reunió la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada al efecto por los doctores Alfredo Gabriel Palacios y Abraham Luis Vargas, con la presidencia del titular doctor Federico José Lisa, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASFALTOS TRINIDAD S.A. contra MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÉ sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” (Expte. C.C.A.1 n° 349, año 2008).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA:¿es admisible el recurso interpuesto?;

SEGUNDA:en su caso, ¿es procedente?; TERCERA:en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Lisa, Palacios y Vargas. A la primera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

I.1.La firma Asfaltos Trinidad S.A. Interpone recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Santo Tomé, tendente a obtener la anulación del decreto 200/08 -y su ratificatorio decreto 216/08-, dictado por el señor Intendente de la Municipalidad demandada en cuanto ordenó la rescisión del contrato de obra pública “CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES URBANAS”, del concurso de precios n° 6/07, por causas imputables a su parte e intimó la constitución de garantía de adjudicación. Relata que la Municipalidad de Santo Tomé llamó aconcurso privado de precios para la construcción de la obra señalada,disponiendo la apertura de ofertas el 31.5.2007. Expone que en el Pliego General de Bases y Condiciones se estableció una “garantía de oferta” -equivalente al 1% del presupuesto final-, y una “garantía de adjudicación” -consistente en el 5% de la obra adjudicada-; y que ninguna de ellas pudo ser válidamente constituida: la primera por carecer la obra de presupuesto oficial (art.3 del Pliego Complementario de Condiciones Particulares), no obstante lo cual, constituyó la garantía conforme lo establecido en el artículo 4 del Pliego Complementario; y la garantía de adjudicación, por carecer la obra de un valor determinado. Indica que en el contrato de obra pública sólo se estableció un precio de $ 42,30 por metro cuadrado de obra de pavimentación y un plazo de 60 días de ejecución, pero no se determinó el volumen de obra a ejecutar ni las calles urbanas de la ciudad de Santo Tomé sobre las que se realizarían los trabajos. Precisa que los trabajos a realizar consistían en:limpieza de terreno -cuyo precio se cotizó a $1,15 el metro cuadrado-;escarificado y perfilado de base -cuyo precio se tasó a $ 3,22 el metro cuadrado-; riego emulsión de base -cuyo precio se tasó en $ 1,67 el metro cuadrado-; y construcción de carpeta de concreto asfáltico -a un precio de $ 36,26 el metro cuadrado-. Delo expuesto concluye que al no existir base que permita hacer algún cálculo, el cumplimiento de la garantía de adjudicación se transformó en una obligación de cumplimiento imposible.Señala que el día 8.6.2007 se celebró el contrato de obra pública sin la previa constitución de garantía.Continúa diciendo que comenzó a realizar la obra en la forma y el modo contratado y que, encontrándoselas calles pavimentadas libradas al uso público y en buenas condiciones, la Municipalidad demandada procedió a la recepción definitiva de los trabajos consignados en el certificado n° 1.Destaca que, no obstante lo expuesto, la demandada “certificó y abonó sólo parcialmente el certificado n° 1” al haber certificado sólo dos de los cuatro rubros contratados; y que hasta la fecha no se emitió el certificado n° 2.Explica que la mezcla asfáltica utilizada fue la convenida, es decir, la que cumple con las normas vigentes de la Dirección Provincial de Vialidad tal como consta en el Pliego de Especificaciones Particulares; que se comenzaron las tareas en las condiciones pactadas -mediciones por las cuales la Municipalidad de Santo Tomé emitió el certificado n° 1-; que, sin embargo, ante el requerimiento de la demandada el día 12.9.2007 su parte adjuntó un estudio de los materiales utilizados lo que dio origen al acta acuerdo celebrada el 10.10.2007 en la cual se dispuso la reanudación de los trabajos que habían sido suspendidos por la accionada y la utilización de materiales vírgenes para la reparación de las tareas que pudieran presentar desperfectos. Aduce que, suspendidas nuevamente las obras por disposición municipal, el 19.10.2007 presentó un nuevo estudio y una nota por la cual se requirió la reanudación de las tareas con un cambio en la operatividad, lo que llevó al dictado del acta acuerdo del día 18.3.2008en la que se decidió la prosecución de la obra y empleo de los materiales a utilizar.Puntualiza que presentó una nueva nota en la que manifestó su mejor disposición para la ejecución de los trabajos en la forma acordada y requirió “la certificación y pago de los trabajos realizados”; y que su requerimiento fue rechazado por la Municipalidad demandada mediante la resolución interna 52 de fecha 23.7.2008. Considera que lo dicho pone de relieve el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la accionada quien no obstante las requisitorias formuladas emitió la resolución interna 61 de fecha 29.8.2008 por la cual expresó, insólitamente, que “nada adeuda a la contratista”. Refiere que el 12.10.2008, el Intendente dictó el decreto 200 por el cual se ordenó la rescisión del contrato de locación de obra pública por causa imputable a su parte y en virtud de las causales de falta de capacidad técnica (art. 34 del Pliego General de Bases y Condiciones), incumplimiento de la constitución de la garantía de adjudicación (art. 13 del citado pliego) y vencimiento de los plazos contractuales. Expone que “ninguna de las causales invocadas por la Municipalidad es acertada ni posibilita la rescisión que se pretende atribuir a [su] parte”. Con relación a la supuesta falta de capacidad técnica, advierte que el artículo 34 del Pliego

General de Bases y Condiciones no refiere a la capacidad técnica; y que precisamente su capacidad técnica fue motivo de demostración y análisis antes de la adjudicación de los trabajos y determinante al momento de la contratación; que, asimismo, su capacidad empresaria fue puesta de relieve en la ejecución de la obra al haberse realizado gran parte de los trabajos ordinarios -tal como surge del certificado n° 1-. En cuanto a la segunda causal invocada por la Municipalidad de Santo Tomé para rescindir el contrato, esto es, el incumplimiento de la garantía de adjudicación, reitera que se trata de una obligación de cumplimiento imposible ante la inexistencia de cuantificación de los trabajos; invoca la doctrina de los actos propios.Con relación al vencimiento de los plazos de obra señala que dicha causal no puede ser invocada para rescindir el contrato; que no resulta aplicable lo establecido en el artículo 88, inciso c) de la ley 5188 -en cuanto establece que para que el vencimiento del plazo pueda ser causal de rescisión que el contratista no logre justificar las demoras- por cuanto el plazo de 60 días quedó prácticamente sin efecto debido a las paralizaciones y reanudaciones ordenadas; que tampoco puede hablarse de rescisión por vencimiento de plazo, por cuanto no se especificó el volumen de obra a ejecutar ni la individualización de las mismas. Dice que interpuso recurso de reconsideración contra el decreto 200/08 y que mediante el dictado del decreto 216/08, la demandada rechazó el recurso intentado y confirmó lo dispuesto en el primer decreto. Refiere a las irregularidades en que incurrió la Municipalidad demandada en la contratación reiterando que no se individualizó la obra a ejecutar y que sólo se mencionó el tratamiento asfáltico a calles de la ciudad de Santo Tomé, sin indicación de cuáles calles ni el volumen de la obra; que la constitución del fondo de reparo sólo consistió en el 1% de su capacidad de contratación, lo cual fue cumplimentado por su parte; que sólo se determinó el precio por metro cuadrado sin especificar la cantidad de los mismos a realizar en el plazo de 60 días.Agrega que el plazo de la obra quedó indeterminado al haber ordenado repetidamente la demandada la suspensión de los trabajos con alegación de deficiente ejecución de los mismos; que las partes suscribieron varios acuerdos para continuar la ejecución de la obra pero sin determinar las calles que serían objeto de pavimentación; que la Municipalidad abonó el certificado n° 1 en forma parcial; que dicho certificado corrobora que la obra fue realizada de conformidad a lo acordado; que sin embargo, si se producen deficiencias en el plazo de conservación y garantía, la contratista debe reparar las mismas, incluso por así haber sido convenido en los pliegos y en las actas; que debe tenerse en cuenta que la constituci ón del fondo de reparo tiene por objeto avalar la realización de las reparaciones pertinentes y que tal fondo de reparo fue deducido del certificado n° 1.Explica que si bien en el contrato no constan normas claras sobre la forma y fecha de recepción de los trabajos, en los casos de pavimentación de calles o rutas, la habilitación de las mismas al tránsito implica inexorablemente la recepción provisoria de las trabajos restando sólo la conservación de las mismas dentro del término respectivo, el cual ya transcurrió en exceso produciéndose la recepción definitiva de los trabajos certificados. Indica que los trabajos de pavimentación se realizaron correctamente y que, a pesar de haber transcurrido los plazos de conservación y garantía, se encuentran en condiciones satisfactorias; que fueron libradas al uso público muchas cuadras que fueron objeto de repavimentación lo que implicó ejecutar trabajos que no fueron certificados ni abonados. Hace reserva del caso constitucional y solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2.Declarada la admisibilidad del recurso(f.42),comparece la Municipalidad de Santo Tomé (f.50)y contestalademanda (fs.64/67). Luego de realizar una negativa general de los hechos y el derecho invocados por la recurrente y de reconocer que llamó a concurso de precios para la construcción de carpeta asfáltica en calles urbanas de la ciudad de Santo Tomé, relata que en el artículo 13 del Pliego General de Bases y Condiciones se dispuso una garantía de oferta y otra de adjudicación, consistentes en el 1% y 5%, respectivamente, de la obra adjudicada y niega que las mismas no hayan podido ser válidamente constituidas. Al respecto señala que, conforme lo establecido en el artículo 5 del Pliego de Condiciones Generales -el cual transcribe-, del monto estipulado como “Garantía de la Propuesta u Oferta” podía deducirse, con una simple operación aritmética, la garantía de adjudicación incumplida. Agrega que dicha garantía también podría haberse calculado multiplicando los metros cuadrados por lo dispuesto en el artículo 1 del Pliego Complementario de Condiciones Particulares -30 cuadras de carpeta asfáltica como mínimo y con un ancho de 6,50 metros-, y deduciendo de ello el 5%. Transcribe el artículo 47 del Pliego General de Bases y Condiciones -en cuanto refiere a que la falta de integración la garantía de adjudicación permite rescindir el contrato-, y el artículo 18

del Pliego Complementario de Condiciones Particulares -en cuanto establece el plazo en que debe ser depositada la garantía de adjudicación-. Expone la suscripción y pago del certificado de obra N° 1 y el hecho de que las calles pavimentadas se encuentren libradas al uso público, no implica la aceptación definitiva de la obra ni exime a la recurrente de la responsabilidad por la misma; que conforme lo establecido en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, y atento a las deficiencias que ostentan los trabajos realizados, es a la parte actora quien carga con la prueba de que los vicios o defectos comprobados sobrevinieroncon posterioridad a la fecha de entrega de los mismos; que la entrega “jamás se perfeccionó por las múltiples deficiencias denunciadas”. Con relación al pago parcial del certificado n° 1 esgrimido por la actora aduce que existe “mala fe en dicha petición”, por cuanto tanto la limpieza de terrenos como el escarificado y perfilado fueron ejecutados por su parte tal como consta en la liquidación practicada en el referido certificado, la cual fue firmada sin protesto por el presidente de la empresa actora. Niega que la recurrente haya utilizado la mezcla asfáltica convenida y que haya comenzado las tareas conforme a las condiciones pactadas como así también que por tal razón se hayan efectuado las mediciones y el pago del certificado n° 1.Respecto a esto último dice que en el acta acuerdo celebrada el día 13.8.2008 -erróneamente consignada por la actora como de fecha 10.10.2007-, el presidente de la firma recurrente reconoció expresamente que las obras no respondieron a los parámetros consignados en los pliegos correspondientes y agrega que “al no impugnar los ensayos oportunamente efectuados, ha aceptado que los mismos fueron realizados por los Organismos competentes, y en un todo de acuerdo con las pautas técnicas”. Afirma que no dispuso la rescisión del contrato con anterioridad al decreto 200/08 por cuanto intentó hacer prevalecer el principio en virtud del cual la Administración debe procurar el cumplimiento del contratos y sólo en última instancia proceder a la rescisión de los mismos. Con respecto a la falta de capacidad técnica de la parte actora detalla una serie de desperfectos -compactación defectuosa y fuera de tiempo, falta de presencia del representante técnico en la obra, deficiencia en la terminación superficial, aparición de fisuras en algunos sectores, inconvenientes en los espesores de la carpeta- y aduce que, no obstante haber sido notificados mediante órdenes de servicio, los mismos no fueron subsanados y se incrementaron en los últimos tramos ejecutados.Concluye diciendo que las “reiteradas y graves faltas” en que incurrió la recurrente encuadran en lo establecido en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, en el artículo 34 del Pliego de Condiciones Particulares, en el artículo 88 inciso 1 de la ley 5188 y, en su caso, artículos 1201 y 1203 “de nuestro Código Civil”, y que por lo tanto su postura es legítima, no arbitraria ni temeraria al haber hecho uso de las herramientas previstas en el derecho para quien no cumple con sus obligaciones. Ofrece prueba, hace reserva del caso constitucional y solicita -en síntesis- se rechace el recurso interpuesto, con costas. 3.Abierta la causa a prueba (f. 73), alegan las partes sobre el mérito de la causa (fs. 117/121 vto. y 122/125 vto.), y se dicta la providencia de autos (f. 127); una vez consentida, queda la causa en estado de ser resuelta. 4.De conformidad al artículo 23, inciso a), de la ley 11.330, corresponde emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso. Al respecto no se han invocado, ni se advierten, razones que autoricen a apartarse del auto obrante a foja 42 (A. y S. T. 15, pág. 435). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios coincidió con lo expresado por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargasdijo: Habiendo tomado conocimiento de los autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos Jueces, de conformidad al artículo 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir pronunciamiento. A la segunda cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisadijo:

II.1.Conforme se extrae del relato precedente, la actora limita su pretensión a la anulación del decreto 200/08 -por el que se dispuso la rescisión del contrato celebrado con la demandada para la construcción de la obra pública “Construcción de Carpeta Asfáltica en calles urbanas” (concurso de precios 6/07)-, y la del decreto 216/08 -por el que se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra el anterior-. No incluye, pues, ningún reclamo de tipo patrimonial. En tales condiciones, carecen por completo de decisividad para el caso sus agravios vinculados a la emisión y pago parcial del certificado n° 1 -cuestión por lo demás suficientemente explicada por la demandada (fs. 65 y 125/vto.; lo que resulta corroborado a foja 105/vto.)-; a la falta de emisión y pago del certificado n° 2; y a que la Administración habría expresado que “nada adeuda a la contratista” (f. 28). Es más, no integran el objeto de impugnación ni la resolución interna 51/08 (fs. 1001/1003, expte. adm. reservado bajo el número 417-A) ni su similar 61/08 (fs. 1131/1134, expte. adm. cit.), por las que, en síntesis, se explica que “no se expedirá certificado alguno de los tramos ejecutados, por los resultados de los ensayos y las condiciones en que se observa la obra”; y la actora tampoco invoca que tal insuficiencia y falta en los pagos haya sido la causal de los incumplimientos que la Administración le achaca como fundamento de la rescisión impugnada.La cuestión a decidir en autos, por ende, se agota en dilucidar si la rescisión impugnada es legitima; esto es, si concurren o no las causales de rescisión invocadas por la Administración y negadas por la actora. Conforme se ha relatado, tal rescisión se funda -básicamente- en las siguientes causales: a. falta de integración de la garantía de adjudicación; b. vencimiento del plazo contractual; y c. deficiencias e irregularidades en la ejecución de los trabajos.Considero suficientemente demostrada la concurrencia de las causales imputadas, por lo que adelanto mi opinión desfavorable a la procedencia del recurso. a.En cuanto a la falta de integración de la garantía de adjudicación, liminarmente deben recordarse los inveterados criterios en torno a que “la ley de la licitación o ley del contrato es el pliego en donde se especifican el objeto de las contrataciones y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario” (C.S.J.N.: Fallos 308:618; 314:491; 316:382; de la Corte local: por todos, “Busaniche”, A. y S. T. 127, pág. 254; de esta Cámara: “Santa Fe Construcciones”, S. T. 2, pág. 193, entre otros); y a que “queda en claro que no hay divergencias en cuanto al significado que tiene el pliego de condiciones como documento fundamental para la elección del contratista en el contrato de obra pública. Es por ello que siendo la ley del contrato (Manuel M. Diez, ‘Derecho Administrativo’, T. II, pág. 488), sus cláusulas deben cumplirse estrictamente” (CSJP: “Gardebled”, A. y S. T. 39, pág. 294). Pues bien, de conformidad al Pliego General de Bases y Condiciones (P.G.B.C.) “para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones”, tanto proponentes como adjudicatarios debían constituir, además de la garantía de oferta (efectivamente constituida por la actora -f. 651, expte. adm. cit.- y oportunamente devuelta por la Administración -f. 894, expte. adm. cit.-), una garantía de adjudicación del cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta adjudicada (art. 13), la que debía ser “entregada o depositada por el adjudicatario dentro de los 10 (diez) días siguientes a la recepción de la notificación fehaciente de la adjudicación y previo a la firma del Contrato respectivo” (art.15). Y, es decisivo, siempre de conformidad al mencionado pliego, “si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Adjudicación dentro del plazo fijado, se podrá rescindir el contrato en las condiciones establecidas, sin necesidad de intimación previa por medio idóneo por parte de la Municipalidad” (art. 47, P.G.B.C.).Como se observa, la causal ahora en examen era por sí suficiente para que la Administración rescindiera el contrato, para lo cual no es óbice lo argumentado por la actora en torno a que se trataría de una obligación de cumplimiento imposible. Ya se ha relatado que así lo afirma con base en que la “obra carece de presupuesto oficial” y “no tiene un valor determinado”, por cuanto no se determinaron “ni el volume n de obra a ejecutar ni [.] cuáles calles urbanas de Santo Tomé se realizarían los trabajos [.]”, con lo que “no existe base alguna que permita hacer ningún cálculo” (fs. 26 vto./27); refiere también a la “inexistencia de cuantificación de los trabajos” (f. 28 vto.) y, en suma, a que “siendo que no existe un monto de oferta, sino que el contrato se limita a establecer una suma por m2, mal se podría exigir al contratista la constitución de la garantía que se pretende [.]” (f. 30 vto.). Tales argumentos no pueden aceptarse.En primer lugar, y más allá de que no es posible pensar que la actora formuló una oferta y suscribió un contrato sin saber de qué y para qué, observo que de semejante falta de imprecisión acerca del objeto contractual no se seguiría la nulidad de la rescisión, sino -en los términos planteados- la nulidad del contrato mismo (al que sin embargo concurrió a perfeccionar al suscribirlo sin reservas) y, consiguientemente, el de la propia adjudicación (con la natural imposibilidad de reconocimiento de derechos fundados en ella). En segundo lugar, es evidente que si existían dudas en torno al objeto contractual que impedían u obstaculizaban el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ellas debieron ser oportunamente planteadas por la empresa ya al tiempo de la elaboración de las ofertas (hasta dos días corridos anteriores de la fecha fijada para abrir la propuesta; artículo 7, P.G.B.C.); o al menos, en lo que refiere a la integración de la garantía, antes de la suscripción del contrato, e incluso -siempre específicamente en relación al quantum a integrar- después. En ese orden, es sabido que “el principio de buena fe contractual impone al contratista un comportamiento oportuno, diligente y activo, antes que displicente [.] (CSJP: “Bonfanti di Biasio”, A. y S. T. 140, pág. 1, “Carlucci”, A. y S. T. 159, pág. 377; “Sucesión Werner Grassle”, A. y S. T. 186, pág. 366; de esta Cámara: “Santa Fe Construcciones”, citado); criterio este adecuadamente examinado por la doctrina. Así, Julio Rodolfo Comadira destaca que “si el oferente no cumple, entonces, con la diligencia colaboradora que le es exigible, de acuerdo con las circunstancias del caso y la magnitud de los intereses en juego, las dudas interpretativas que se puedan originar durante el desarrollo contractual se deben resolver, pues, en su contra, y en favor, por tanto, del interés inspirador del accionar administrativo” (Comadira, Julio Rodolfo; “La licitación pública (nociones, principios, cuestiones)”, Depalma, ps. 34 y ss., Buenos Aires, 2000; y en “Derecho Administrativo” (Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.Otros Estudios)”, 2da. Edición actualizada y ampliada, Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, ps. 284 y ss., Buenos Aires, 2003). En el caso, aunque sea a la fecha de suscripción del contrato – o incluso después, como dije- la actora pudo y debió plantear las dudas sobre el punto, o derechamente consultar a cuánto ascendía el monto a integrar, en vez de convenir expresamente condiciones contractuales incompatibles con su planteo -ahora en examen- fundado en nada menos que la absoluta imprecisión del objeto mismo del contrato. Sin perjuicio de ello, le asiste razón a la demandada en torno a las simples operaciones matemáticas que podían realizarse a efectos de deducir el monto de la garantía de adjudicación; a lo que cabe agregar que estaba expresamente determinado el mínimo de cuadras (treinta), las dimensiones de la carpeta y el material a utilizar, y que podían determinarse -o consultarse si eran desconocidos- al menos los sectores urbanos a los que refería el contrato. Al respecto, no es posible marginar que, como se expresa ya en el decreto 94/07 de adjudicación (fs. 868/869, expte. adm. cit.), el llamado a este concurso privado se efectuó dentro de las previsiones de la ley 12.709 de declaración de emergencia y de zonas de desastre, y, concretamente, para la construcción de las carpetas de concreto asfáltico “en los sectores que sufrieron las consecuencias del desastre hídrico pluvial excepcional ocurrido desde el mes de marzo de 2007” (considerando primero). Por otra parte, y contrariamente a lo que al parecer entendería la recurrente, tampoco puede considerarse que la mera tolerancia de la Administración en el efectivo y oportuno ingreso de la garantía pueda alcanzar para derogar la exigencia o eximir al contratista de su cumplimiento de ningún modo puede aceptarse lo sostenido por la actora acerca de que el depósito de la garantía “no se realizó por haberlo así convenido las partes” (f.28 vto.), las que -agrega a foja 30 vto.- “dejaron de lado toda obligación de constituir garantía”. Aun cuando, como se adelantó, esta causal podía operar como supuesto autónomo de rescisión -con lo que la verificación de su concurrencia bastaría para declarar improcedente el recurso-, igualmente se analizarán las restantes invocadas por la demandada en el acto impugnado. b.El vencimiento de los plazos contractuales también debe entenderse configurado en el caso. Así lo admite, por lo demás, la propia actora, aunque considerando -con cita del artículo 88, inciso c, de la ley 5188- que las demoras estaban justificadas en razón de las “paralizaciones y reanudaciones ordenadas” por la Administración, y por la ya aludida falta de especificación del volumen de obra e individualización de las mismas (fs. 28 vto. y 120 vto.). Entiendo que tampoco le asiste razón a la actora en este punto. De conformidad al artículo 21 del Pliego Complementario de Condiciones Particulares (P.C.C.P.), al que reenvía el artículo 36 del P.G.B.C., “el Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de la Municipalidad de Santo Tomé”, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la primera acta de replanteo. En el caso, el acta de iniciación de obra fue suscripta el 3.7.2007, dejándose expresamente consignado que a partir de esa fecha “comienza a computarse el plazo de ejecución establecido en el contrato respectivo” (f. 880, expte. adm. cit.), el que, en tales condiciones, vencía el 3.9.2007, “fecha prevista de terminación” según se expresa en el certificado n° 1 (f. 879, expte. adm. cit.). Sin embargo, el 7.9.2007 debió detallarse -sin objeción de la empresa (que suscribió la nota 67860 obrante a foja 994, expte. adm. cit.)- la modalidad que deberá seguirse para “reiniciar la obra”; luego de lo cual debió suscribirse el “acta-acuerdo” en fecha 18.3.2003 (f. 993, expte. adm.cit.), por la que -con notificación y aceptación de la Contratista- se resolvió suspender la ejecución “visto el estado de la obra y considerando los resultados de los ensayos efectuados

por la Dirección Provincial de Vialidad, como así el deterioro de la obra ejecutada [.]” (cláusula primera). Se dispuso también, con la aceptación de la actora, que deberá rehacer los trabajos ejecutados, como los futuros, utilizando materiales vírgenes y dando cumplimiento estricto a las especificaciones Técnicas del llamado, dejando sin efecto la colocación de cualquier material reciclado (cláusula segunda); que deberá reiniciar los trabajos siguiendo la metodología expresada en la mencionada nota 67860 del 7.9.2007 y con la “reconstrucción de las carpetas en calle H. Irigoyen desde Alberdi hasta Richieri” (cláusula cuarta); y que deberá presentar un nuevo cronograma de trabajos dentro de los cinco dias desde la firma de la señalada acta-acuerdo (cláusula quinta). Del exhaustivo informe (obrante a fojas 977/979, expte. adm.cit.) acerca de cómo fue la marcha de la obra con posterioridad a dicho acuerdo, surge -entre otras circunstancias que serán analizadas en el considerando siguiente- que finalmente la obra se reinició el22.4.2008con la ejecución de la carpeta sobre “Irigoyen desde Richieri al norte”, extrayéndose muestras para enviar a la D.P.V.; que ese día el rodillo neumático tenía problemas y no pudieron hacer una correcta compactación y terminación; que al día siguiente (23.4.2008), el rodillo neumático se terminó de romper por lo que “suspendieron la ejecución de carpeta por el inconveniente del compactador”; y que, habiendo continuado los trabajos, el día21.5.2008-por deficiencias vinculadas al espesor de ciertos tramos- “se ordenó paralizar los trabajos al capataz de la obra (no se pudo tomar contacto con el representante técnico)”. Como se observa, si bien lo plazos debieron suspenderse, no lo fue por razones de fuerza mayor ni por otras imputables a la Administración, no habiendo acreditado la actora que las demoras hayan sido en verdad justificadas. Por el contrario, puede afirmarse, como se hace a foja 105, que las paralizaciones se debieron “a deficiencias en los trabajos, deterioros prematuros en un sector de la obra, por lo cual se había ordenado la demolición de un sector de la obra”; deficiencias estas que, al menos algunas de ellas, fueron finalmente admitidas por la propia Empresa al suscribir el acta-acuerdo de fecha 18.3.2008. Es más, no surge de las constancias de la causa que haya solicitado, y menos que la Administración haya concedido, la ampliación y prórroga del plazo contractual (artículo 37, P.G.B.C.); lo que, por lo demás y según el P.C.C.P., se trataría de un derecho del contratista pero previsto para supuestos de “causales de lluvias y sus consecuencias” (art.23). Por último, el argumento de la actora vinculado a la indeterminación del plazo en razón, a su vez, de la supuesta falta de precisión del objeto contractual, recibe suficiente respuesta de lo ya expresado sobre el punto en el considerando anterior, por lo que igualmente corresponde desecharlo. No puede considerarse, en suma, que el acto impugnado -en cuanto mediante él se imputa a la actora el vencimiento de los plazos contractuales- sea irrazonable o de otro modo ilegitimo. c.Resta entonces analizar lo afirmado en el acto impugnado en torno a las deficiencias e irregularidades en la ejecución de los trabajos, cuestión vinculada, no sólo al tema del plazo contractual anteriormente considerado, sino especialmente a la llamada “incapacidad técnica” y a la “grave negligencia” (decreto 216/08) en la ejecución de la obra tras la firma del acta acuerdo del 18.3.2008. Si bien es cierto que, como la admite la propia demandada (f. 66), la tacha de “incapacidad t écnica” podría resultar excesiva, también lo es que la idoneidad del contratista -como la del empleado público- termina de verificarse durante la concreta ejecución de tareas: ni el más exhaustivo de los concursos (en sentido genérico) obsta a que la Administración pueda disponer la ruptura de la relación por deficiencias técnicas en el desarrollo efectivo de los trabajos. Tal el supuesto de autos, en el que, en suma, las deficiencias e irregularidades técnicas que también justificaron la rescisión del contrato reciben suficiente apoyo de las constancias de la causa. En efecto, además de las fotografías obrantes a fojas 55/63 de autos (fs. 981/990, expte. adm. cit.) -las que darían cuenta de escurrimientos deficientes, deformaciones y ondulaciones superficiales, grietas, deficientes terminaciones superficiales, etc.- pueden computarse las ya mencionadas resoluciones internas 52/08 y 61/08, cuya legitimidad -como se adelantó- no integran la presente litis.En ellas se afirma que ciertos trabajos no fueron certificados en virtud de que los ensayos realizados sobre las muestras de concreto asfáltico extraídas en obra no alcanzaron los valores de estabilidad requeridos según pliego; que se utilizaron materiales reciclados que no cumplieron las especificaciones técnicas produciéndose el inmediato deterioro de la carpeta; que si bien ciertos tramos no fueron demolidos por razones operativas, se produjeron las mismas anomalías que en toda la carpeta; que respecto a otros tramos no se verifica la ejecución de ninguna reparación y subsisten las deficiencias observadas (fs. 1002 y 1132/1133, expte. adm. cit.). A su vez, personal técnico de la Dirección Provincial de Vialidad informó en sede administrativa que en el pliego de Especificaciones de la obra de referencia “se exige una estabilidad de 400 kg”, y que ninguna de las muestras (seis determinaciones efectuadas entre julio y agosto de 2007) cumple con dicha exigencia (f. 996, expte. adm. cit.); que de las seis nuevas muestras sólo tres cumplen el requerimiento (informe de fecha 9.5.2008; f. 997, expte. adm. cit.); y que las determinaciones efectuadas en el mes de junio de 2008 sobre otras siete muestras, arrojan una estabilidad (kg) de 290, 270, 260, 250, 290, 275, 250 (f. 995, expte. adm. cit.). Asimismo, en el mencionado informe sobre la marcha de obra -referido con exclusividad a trabajos realizados entre los días22.4.2008y 6.6.2008 (esto es, con posterioridad al acuerdo del 18.3.2008)- la Inspección concluyó -luego de describir los aspectos relevantes de la ejecución del contrato en cada uno de los días comprendidos en dicho lapso- en que “durante la ejecución de los trabajos ser observaron los siguientes inconvenientes operativos y de ejecución por parte de la Empresa:compactación defectuosa y fuera de tiempo; falta de presencia del representante técnico en obra; deficiencias en la terminación superficial; aparición de fisuras en algunos sectores; inconvenientes con los espesores de la carpeta”; y que “no obstante haberse observado y notificado a la Empresa mediante órdenes de servicio, las deficiencias no fueron subsanadas y se incrementaron en los últimos tramos ejecutados” (ver en especial f. 978, expte. adm. cit.). Por su parte, en su declaración testimonial rendida en esta sede judicial, el técnico químico señor José María Diez (Jefe de Departamento Materiales Elaborados de la Dirección Provincial de Vialidad) expresa que en algunos sectores a la obra “se la vio bien y en otros con algunos problemas puntuales o generalizados”; que hay “ensayos que no se ajustaron” a las exigencias del pliego, “y hay ensayos que sí”; que el método utilizado para medir la calidad del material “es el que utiliza Vialidad Provincial y que tiene un reconocimiento a nivel mundial”; y que el comportamiento en obra del material fue irregular: en algunos tramos con buen comportamiento, sin desprendimiento, sin fisuración, una buena respuesta al servicio, “y en otros tramos hemos visto desprendimientos, fisuras, en general un comportamiento bastante deficiente” (fs. 101/102). Por último, puede señalarse que el técnico constructor señor Martin Guillermo Pujato, en su declaración testimonial de fojas 105/106, en síntesis ratifica las circunstancias verificadas durante su desempeño como inspector de obra.

2. De lo expuesto se sigue la legitimidad de la rescisión dispuesta por la demandada, lo que así corresponde concluir aun teniendo presente el conocido criterio según el cual “la rescisión de los contratos administrativos -por definición orientados a la satisfacción de intereses públicos-, constituye una medida extrema, sólo concebible ante graves situaciones que obstan [.] a que la obra se realice”, ya que “afecta no sólo al contratista sino que también perjudica a la Administración entorpeciendo la ejecución del servicio” (C.S.J.P.: criterio de “O’Brien”, A. y S. T. 28, pág.166; de esta Cámara “Trakalo”, A. T. 6, pág. 122). Es que, en el caso, se observa de parte de la demandada, lejos de una precipitada opci ón por la rescisión, algunos esfuerzos en orden a mantener la vigencia del contrato, los que se evidencian con -entre otros elementos- las distintas autorizaciones para que se reiniciaran los trabajos. En síntesis, de prosperar este voto, corresponderá rechazar el recurso, e imponer las costas a la actora. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios expresó similares fundamentos a los expresados por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargasdijo: Conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir pronunciamiento. A la tercera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisadijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto; con costas a la actora. Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se efectúen las estimaciones pertinentes. Así voto. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y así votó. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargas dijo:

Por las razones expresadas al tratar las cuestiones anteriores, me abstengo de emitir opinión.En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 -integrada- RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto; con costas a la actora. Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se efectúen las estimaciones pertinentes. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Jueces de Cámara por ante mi, doy fe. Fdo. PALACIOS. LISA. VARGAS (Abstención -art. 26, ley 10.160-). Di Mari (Sec)