Procedencia del reclamo por daños derivados de los ruidos molestos que causaba la música y fiestas que organizaba un vecino.

P5225275edbfa3f287c005515._w.1500_s.fit_artes: B. R. J. y otro c/ G. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 10-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97769-AR | MJJ97769 | MJJ97769

Procedencia del reclamo por daños y perjuicios derivados de los ruidos molestos que causaba un vecino. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por daños y perjuicios que tiene su origen en el reclamo efectuado con motivo de los ruidos constantes que interfirieron de manera agresiva en sus vidas, provenientes del departamento ubicado arriba de su unidad funcional, pues son contundentes las constancias que surgen de la instrucción contravencional, demostrativo de la producción de ruidos molestos por parte del demandado, impidiendo la tranquilidad y el descanso de los vecinos, que exceden el nivel normal de tolerancia, al menos para la parte actora, vecinos inmediatos de aquél.

2.-Resulta aplicable el art. 2618 del CCiv., norma que coincide con lo dispuesto en el actual art 1973 párr. 1° del CCivCom., puesto que la situación de inmisiones que se ventila ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, ello considerando que las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica.

3.-El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7 , sobre la base de la irretroactividad de la ley, respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes

4.-El art. 6 de la Ley 13.512 impone la obligación de los consorcistas de sujetarse a las normas de la moral, las buenas costumbres y las prohibiciones del reglamento, así como establece en general el deber de abstenerse de perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos.

5.-Las restricciones y límites al dominio implican que todo propietario tiene el deber de soportar aquellas incomodidades normales de la vecindad, pues no existen derechos absolutos sino que todos deben estar reglamentados, de allí las restricciones al dominio previstas por el propio ordenamiento civil.

6.-El recurso de apelación debe ser declarado parcialmente desierto puesto que el memorial de agravios no contiene una refutación jurídica ni técnica, mucho menos una indicación clara y concreta contra los argumentos y las pruebas en los que se sustentó el fallo recurrido, sin alegar medio de persuasión alguno para desvirtuar los fundamentos esgrimidos en el fallo.

Fallo:

Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en el Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «B R J y otro c/ G E s/ Daños y Perjuicios» La Dra. Marta Del Rosario Mattera dijo:

I.­ La sentencia definitiva obrante a fs.463/469 hizo lugar a la demanda incoada condenando en consecuencia a E G, a hacer cesar de modo inmediato, los ruidos molestos en horarios inapropiados, provenientes del departamento 8° A, del edificio sito en la calle Formosa 751, de esta ciudad, en infracción a lo estipulado por el art 6° de la ley 13512 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de requerir la intervención de la fuerza pública en los términos reglados por el art. 15 de la ley 13.512 y a abonar a la parte actora la suma de pesos $75.000 con mas las costas del juicio.­ Contra dicho pronunciamiento apela y expresa agravios la parte demandada a fs 488/496. Corrido el pertinente traslado de ley luce a fs. 499/502 el responde de su contraria.­ A fs. 505 se llama autos para sentencia, providencia que se encuentra firme quedando los presentes en n estado de resolver.­

II.­ La presente acción de daños y perjuicios tiene su origen en el reclamo efectuado por los accionantes, con motivo de los ruidos constantes que interfirieron de manera agresiva en sus vidas, provenientes del departamento 8° A, ubicado arriba de su unidad funcional.Relatan que se efectuaban en el mismo, reuniones con música a niveles intensos de volumen, karaokes y corridas de muebles constantes, gritando y conviviendo en un ambiente festivo, todos los días sean o no laborales.­

Los agravios de la parte demandada se basan fundamentalmente en torno a la errónea valoración de la prueba documental, testimonial y pericial como por los montos resarcitorios otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral y la imposición de costas a su parte.­

III.­ Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos, cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994, ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley, respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.­ El citado art. 7 alude a situación y relación jurídica, al igual que lo hacía el art. 3 Cod. Civil. La teoría de la situación jurídica y el principio inmediato de la ley nueva fue desarrollada por el jurista francés Roubier en 1929, fecha en que publicó su artículo sobre la ley con relación al tiempo. Esta doctrina se construye sobre la base de las ideas de irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos y efecto inmediato de la ley sobre las situaciones jurídicas.

Situación jurídica es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada, concepto claramente superior al de derecho adquirido, por cuanto está desprovisto de todo subjetivismo y carácter patrimonial.La situación jurídica se puede encontrar: 1) constituida, 2) extinguida 3) en curso, o sea, en el momento de producir sus efectos.­ Roubier recurrió a la idea de «situación jurídica» estableciendo que ésta tiene una faz estática y una faz dinámica, en esta última se aplica el principio del efecto inmediato de la ley nueva. Para esta teoría los aspectos dinámicos son los de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella. Pero la situación jurídica no se agota en su aspecto dinámico, sino que tiene una fase estática, durante la cual ella produce sus efectos: los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la ley nueva). (Roubier, Paul, «Le Droit transitoire (conflits des loisdans le temps)», Paris, 1960, citado por Medina, Graciela, «Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código», LA LEY 2012­E, 1302 ­ DFyP 2013 (marzo), 01/03/2013, 3, Cita Online: AR/DOC/5150/2012).­ Si la situación jurídica constituida ya está extinguida, como ocurre en el caso de autos, no hay problema, ya que no le afecta la nueva ley. Si la nueva ley dispusiera expresamente que estas situaciones queden bajo su imperio, tal ley tendría carácter retroactivo. Respecto de las situaciones en curso, van a quedar sometidas a la nueva ley producto de su efecto inmediato. Si la nueva ley ordena que las nuevas situaciones sigan bajo el imperio de la antigua ley, se estaría derogando el efecto inmediato y aplicando el efecto diferido o ultraactividad de la ley.­ Por su parte, la doctrina de la relación jurídica distingue etapas:1) la constitución(momento de creación); 2) los efectos de una relación jurídica anteriores a la entrada en vigencia de una nueva ley, 3) los efectos posteriores a esa entrada en vigencia; y 4) la extinción de la relación jurídica.La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo (en general los contratos de duración).­ La doctrina de la relación jurídica establece criterios especialmente útiles para las relaciones de larga duración, distinguiendo su constitución, sus efectos; y su extinción:

1) En cuanto a su constitución: las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución; 2) En cuanto a los efectos, se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva; 3) En cuanto a la extinción, se rige por la ley vigente al momento en que ésta ocurre.­ En los presentes la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.Las consecuencias son los efectos, ­de hecho o de derecho­ que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende corresponde analizar la cuestión a la luz de la legislación anterior, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.­ IV.­ En primer término cabe señalar que en el caso autos resulta aplicable el entonces vigente artículo 2618 del Código Civil, norma que dispone expresamente que «Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmueble vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquellas», norma que coincide con lo dispuesto en el actual art 1973 párrafo 1° del CCyCN.­

También el art. 6 de la ley 13.512 impone la obligación de los consorcistas de sujetarse a las normas de la moral, las buenas costumbres y las prohibiciones del reglamento, así como establece en general el deber de abstenerse de perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos.­ En virtud de ello y según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños y perjuicios o la cesación de tales molestias.­ Las restricciones y límites al dominio implican que todo propietario tiene el deber de soportar aquellas incomodidades normales de la vecindad, pues no existen derechos absolutos sino que todos deben estar reglamentados, de allí las restricciones al dominio previstas por el propio ordenamiento civil. Es un criterio elástico pero debe considerarse en orden a las condiciones que una vida moderna impone en urbes como esta ciudad.Hay una imposición de la vida social que determina la necesidad de tener que tolerar ciertas molestias inevitables en muchos casos, y que puede ser una contrapartida de las numerosas ventajas que el avance tecnológico proporciona al hombre.­ Las pautas a considerar para entender la normal tolerancia son las que estima el común de la población o lo que las tablas indican como tolerable para la población en general. Los ruidos molestos y la normal tolerancia. (Conf » La legislación civil, la contravencional y de faltas y su relación con la Ley especial del Régimen de Propiedad Horizontal» Resqui Pizarro, Jorge C. 25­mar­2010,Cita: MJ­DOC­4608­AR | MJD4608).­ En relación a como debe apreciarse, la normal tolerancia, se ha sostenido que «la cuestión no es matemática, pues su evaluación se hace sobre elementos de relativa apreciación, y debe hacerse de manera que se tome como cartabón a una persona normal y exenta de deficiencias psíquicas o auditivas, sin considerar la edad y otras circunstancias personales, pues en tal caso habría que tomar en cuenta a cada persona en particular lo que es contrario al establecimiento de criterios o reglamentaciones abstractas.» (CNCiv sala D «Fortunato, José M. y otros c. El Hogar Obrero Coop. de C. E. C. L. 17/03/1989 ; LA LEY 1990D , 145; Cita online: AR/JUR/70/1989 M. S. y ots. c/ F. M. C. s/ daños y perjuicios» idem 3/9/2012 CApel en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza Cita: MJ­JU­M­74464­AR | MJJ74464 | MJJ74464).­ Asimismo se ha dicho que es necesario buscar un patrón objetivo para todo tipo de inmisiones, «ninguna fórmula rígida sería bastante y adecuada»: porque los supuestos son tan innúmeros y variables que impiden una «tabulación» exacta.Es por esta razón que nuestra jurisprudencia ha debido establecer directivas, configuradas no sólo por la intensidad y continuida d de las molestias, sino también por su naturaleza, frecuencia, y según las características de las zonas en cuestión, los usos tolerados en ellas y teniendo en cuenta las épocas y la evolución social y económica» (Spota, Alberto G., «La responsabilidad objetiva en el derecho de vecindad», Rev. LA LEY, t. 39, p. 166.).­

De la prueba colectada en autos, cabe ponderar las constancias que surgen de la instrucción contravencional, causa N° 61267, del 11­12­2010, caratulada «G E s/ infr art 82 Ruidos molestos» en la cual consta la declaración del oficial interviniente, D A M (ver fs. 3) quien manifestó que habiéndose apersonado en la finca en cuestión, pudo escuchar lo detallado por la denunciante (música alto volumen) que consultado el Ministerio Público Fiscal, se procedió a efectuar la pertinente acta contravencional, por infracción al Art 82 del C.C.C.A.B.A ( ruidos molestos) la cual luce a fs. 4 de dichas actuaciones.­ Asimismo de la causa N° 30968, del 26­06­2011, surge la declaración del Sargento J A, quien manifestó haberse desplazado a la calle Formosa 751, por denuncia por ruidos molestos, habiendo entrevistado a la Sra. F A C, la cual le manifestó que deseaba radicar una denuncia debido a que un vecino del piso de arriba, se encontraba con música con alto volumen, provocando sonidos que excedían la normal tolerancia y perturban el descanso de la damnificada, luciendo a fs. 5 de dicha causa el acta contravencional pertinente labrada, como el informe de fecha 13 de julio de 2011 (ver fs. 8) del auxiliar investigador, manifestando que se había comunicado con la Sra. F A, quien manifestó que su vecino del 8° A los días jueves, viernes y sábados, desde las 22 hasta las 5 de la mañana, realiza reuniones con amigos, donde escuchan música en alto volumen, cantan, bailan, imposibilitando el descanso de los vecinosA fs.12 luce el informe de fecha 15 de julio de 2011, en el cual J G, testigo presencial del hecho, manifestó que el propietario del piso 8° A los días Viernes y Sábado escucha música en alto volumen, impidiendo el descanso de los vecinos.­ De las declaraciones testimoniales obrantes en los presentes surge la de M B (fs. 167/168) domiciliado en Formosa 751 1°A, quien dio cuenta de los conflictos existentes en el consorcio por ruidos, música muy alta a altas horas de la noche, zapateos, movimiento de muebles, no de ocurrencia esporádica, sino todos los meses, especialmente en horarios no habituales, en días indistintos, días de semana, fines de semana, sin un patrón lógico, hasta que llegaba la policía, que había varios afectados en el edificio y particularmente el mas afectado es Jorge Blanco y un empleado del consorcio que es el encargado del edificio que vive en el mismo piso. Añadió que el tema fue tratado en la asamblea ordinaria del consorcio, que consta en actas y que él mismo ha escuchado, ruidos molestos pues vive en el primer piso A y desde el patio que es el aire y luz del edificio puede ver las unidades-«.­

A fs.169/170 luce el testimonio de N de J G, quien depuso que en el piso octavo ponían la música fuerte, hasta altas horas de la madrugada, tres o cuatro veces por mes, no había días fijos generalmente viernes y sábados. A fs. 171/172, M E. T, declaró en forma coincidente, que existían conflictos por los ruidos molestos, que provenían del 8° A, música fuerte, zapateo incluso gente cantando en coro, que los días eran variados, tanto los días de semana como los fines de semana hasta altas horas de la noche. A fs.205/206 presto declaración testimonial K V Á, señalando que se escuchaban ruido de fiestas y música durante la semana y la madrugada, proveniente del departamento 8° A, que no puede precisar fecha y que se trataba de música fuerte, que corren los muebles, sillas, muebles en general.­ En cuanto al agravio vertido en torno a la valoración de la prueba testimonial cabe señalar que de los artículos 386 y 456 del Cód. Procesal se subordina la apreciación de la prueba testimonial, a las reglas de la sana critica, así el juez apreciara las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.­ El juez es soberano en la valoración de los testimonios, en función de los principios de la sana crítica racional, esto es, las reglas de la lógica y de la experiencia aplicadas con recto criterio.­ En tal sentido el magistrado goza de amplias facultades: admite o rechaza la que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito obrantes en el expediente (Conf. Fenochietto­Arazi, «Código Procesal Comentado», Tomo 2, pág. 446).­ Una pauta fundamental que el juez debe seguir consiste en la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, «Derecho Procesal Civil», Lexis Nº 2507/004573).­ En definitiva, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador (Conf.Falcón, Enrique «Código Procesal Civil y Comercial .», T.III, pág.365 y sus citas).­ Los testimonios vertidos son contestes, en cuanto a la percepción de ruidos y vibraciones que superaban la normal tolerancia en el inmueble, no encontrando razón alguna para invalidar o desechar sus dichos, ni signos de mendacidad, ni incoherencias o contradicciones en sus relatos que de algún modo permitan descalificarlos o disminuir la credibilidad de los mismos.­ Jurisprudencia de esta Excma Cámara ha señalado al destacar la importancia de la prueba de testigos, que la aportación de la prueba testimonial referida a las molestias, encuentra su medio más adecuado en la testifical, ya que, precisamente, son las personas quienes podrán advertir si las actividades desarrolladas producen exteriorizaciones que exceden su marco físico y, a través de sensaciones olorosas o auditivas, pueden llegar a perturbar la tranquilidad, el sosiego, el sueño o el descanso de terceros (cf. C.N.Civ., sala H, L. 242.630, del 19/10/01, publicado en Doctrina Judicial del 27/02/02, pág. 465). Es «una noción de experiencia. Más saben de ella los testigos que los peritos» (cf. Valdés, Horacio y Orchansky, Benito, Lecciones de Derechos Reale», Tomo I, pág. 222, citado en C.N.Civ., Sala G L. 521.296, del 15/5/09, ídem 25/9/2009 «Cabado Agustín Gastón y otros c/ Granjas Avicar S.R.L. y otros s/daños y perjuicios» Cita: MJ­JU­M­50968­AR | MJJ50968).­

Ello sumado a las contundentes constancias que surgen de la instrucción contravencional, demostrativo de la producción de ruidos molestos por parte del demandado, impidiendo la tranquilidad y el descanso de los vecinos, que exceden el nivel normal de tolerancia, al menos para la parte actora, vecinos inmediatos de aquél, argumento mas que suficiente para compartir las conclusiones formuladas por la sentenciante de grado.­

Determinar si las molestias exceden la normal tolerancia, según las previsiones del art. 2618 del Cód.Civil, es una cuestión de hecho librada a la apreciación judicial. Sabido es que el juez interviniente es quien evalúa y supedita al análisis de las particulares circunstancias de hecho que la causa ofrece, es decir , valorar las » condiciones del lugar», y que las molestias excedan los límites de la tolerancia normal, y como se indicara queda librada exclusivamente a la apreciación judicial ( CNCiv. Sala C, 25/10/2012, «C., M. y otros c7 Arocs Dorados SA y otros s/ daños y perjuicios»).­

A mayor abundamiento tampoco la demandada propició prueba alguna que lleve a la convicción contraria.­ Atento que los elementos de juicio obrantes en el proceso han sido prolijamente evaluados no encontrando fundamento alguno en la queja vertida como para modificar el decisorio apelado, propongo al Acuerdo su confirmación.­

V.­Reclamo Patrimonial Incapacidad sobreviniente daño psíquico y daño moral En relación a la queja vertida sobre el reclamo patrimonial admitido corresponde establecer en primer término si resulta procedente la declaración de deserción del recurso por incumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 265 del Código Procesal.­ La expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.­ Por ello, resulta inviable la apelación en mérito a lo establecido por el art. 265 del Código Procesal, cuando los agravios de los recurrentes se limitan a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos ante el a quo en el escrito de inicio, sin hacerse cargo de las consideraciones que aquél expresó al fundar su sentencia, por cuanto se pone en evidencia la falta de un agravio específico respecto de las apreciaciones efectuadas por el magistrado de la instancia previa. (Conf. CNCiv. esta Sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 «Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M.Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios»; Idem., id., 23/6/2011, Expte. 90.579/2003 «Rivera Cofre José Alejandro y otros c/ Clínica Gral. de Obstetricia y Cirugía Nstra. Sra. de Fátima y otros s/ daños y perjuicios», entre otros).­ He de señalar que reiteradamente hemos sostenido que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obten ción de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, 1/10/09, expte. Nº 2.575/2004 «Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca». Idem., 23/6/2010, expte. Nº 59.366/2004 «Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios»).­

Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, «M. R. E c/ F, R A»; Idem, 18/2/2010 expte. Nº 100.658/2000 «Coronel, Juan Carlos y otros c/ Cerzosimo, Claudio Fabián y otros s/ daños y perjuicios» Ídem. Id, 15/7/2010, expte. Nº 72.250/2002 «Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M.Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios» entre muchos otros).­ La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas». Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto «Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado», t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; CNCiv., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, «Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca» del 1/10/09).­

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.­ De allí entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto. (Conf. C.N.Civ.esta sala, 11/5/2010, expte. Nº 75.058/2000,»Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios» Ídem 21/12/2010, expte 108.705/2005, «Comte Olivares Juan Carlos c/ Rekz Miguel Omar y otros s/ daños y perjuicios» entre otros muchos).­

Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, 17/12/2009, expte. Nº 62.375/2006 «Enser, Luis Alberto c/ Empresa de Transporte General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros»; id; 14/08/2009, expte. Nº 70.098/98 «Agrozonda S. A. c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/ escrituración» y expte. Nº 60.974/99,»Agrozonda S. A. c/ Santurbide S. A. y otros s/ daños y perjuicios»; id; 21/12/2009, Expte. Nº 43.055/99, «Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros»).­

Esto es -a mi criterio­ lo que ocurre en el caso de autos, donde el memorial de agravios no contiene una refutación jurídica ni técnica, mucho menos una indicación clara y concreta contra los argumentos y las pruebas en los que se sustentó el fallo recurrido, sin allegar medio de persuasión alguno para desvirtuar los fundamentos esgrimidos en el fallo, efectuando un planteo claramente extemporáneo de nulidad del dictamen pericial.­ Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto «Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado», t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; no configurándose en la especie, los extremos requeridos propiciaré se declare desierto el recurso interpuesto.­

VI.­Costas Respecto de su imposición, el Código Procesal ha adoptado en su art. 68, el principio objetivo de la derrota, que no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que simplemente tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos que su conducta lo obligó a realizar.­ El principio objetivo del vencimiento que sirve de fundamento a la imposición de las costas no supone necesariamente la derrota del discurso del vencido por el del vencedor, sino que opera también cuando la pretensión del primero (en el caso trasuntada en la gestión recursiva incoada) es inadmitida por deficiencias propias; tal circunstancia acarrea para el oponente el dispendio derivado de la imperatividad de concurrir a defenderse, independientemente de que los argumentos fundantes de la defensa sean o no tenidos en cuenta para repeler la pretensión, por cuanto tan vencido es quien resulta superado por las razones de la contraria como quien fracasa por «mérito» propio.­ Al decir de Chiovenda, la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (conf. Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, pág. 280 y ss.).­ En materia de costas, sabido es que como regla ellas deben ser impuestas al vencido (cfr. el primer párrafo del art. 68 del Código Procesal; Colombo, «Código Procesal Civil y Comercial.», Abeledo­Perrot, t.I, pág. 385; Alsina, «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil.», Ediar, 1961, t. IV, pág. 535, núm. 7.a; Palacio, Lino. E., «Derecho Procesal Civil», Abeledo­Perrot, t. III, pág. 366, núm. 312).­

El principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal), no implica una penalidad para el litigante vencido, sino que simplemente tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos que su conducta la obligó a realizar.­ La preservación de la integridad del resarcimiento o, en términos generales, del derecho reconocido en la sentencia, justifica que sea el vencido quien cargue con las costas derivadas del litigio, pues, de lo contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado.

En virtud de las consideraciones expuestas y a la luz de las circunstancias objetivas de la causa propongo rechazar la queja planteada al respecto, confirmando lo resuelto en la instancia de grado.­ Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

1.­ Declarar parcialmente desierto el recuro interpuesto a fs. 472 y concedido a fs. 477.­ 2.­ Confirmar el fallo apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios, con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).­ Tal es mi voto.­ Las Dras. Beatriz A.Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.­

Buenos Aires, marzo 10 de 2016.­

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1.­ Declarar parcialmente desierto el recuro interpuesto a fs. 472 y concedido a fs. 477.­ 2.­ Confirmar el fallo apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios, con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).­ Para conocer los honorarios regulados a fs. 469/469 vta y que fueran apelados a fs.472.­ En virtud de la naturaleza, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado así como la incidencia de su labor profesional en el resultado del proceso, etapas cumplidas, ameritando las pericias presentadas y la injerencia de las mismas en el resultado del pleito, y de conformidad con lo dispuesto por el art 478 del CPCCN ponderando la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los demás profesionales intervinientes (CSJN Fallos: 300:70; 320:2349; 325:2119 entre otros muchos precedentes) y en orden a las pautas establecidas en los arts 6, 7, 9, 10, 19, 33, 39, 47 y conc de la ley 21839 modificada por ley 24432, se confirman por considerarlos ajustados a derecho los honorarios regulados a los profesionales y perito intervinientes en la instancia de grado.­ Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839 se regulan los honorarios del Dr. F G C en la suma de ($.) y los del Dra. N S.M. G en la suma de ($.).­

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.­

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