Conversaciones en los Tribunales sobre la corrupción y la ira.

Fechjusticia1a: 12-abr-2016

Cita: MJ-MJN-92116-AR

Por Alberto Azubel (*)

Hay aires de ira en la sociedad argentina. Y, por qué no decirlo, también airadas miradas dirigidas a nuestra profesión. En las calles aledañas a los Tribunales el coro pregunta: «¿hasta cuándo soportaremos la mentira bajo el nombre del derecho a la legítima defensa en juicio?».

Algunos colegas se sienten interpelados, y no pueden dejar de reconocer que algo huele mal en el cuerpo de nuestro derecho. «¿Cuánto tiempo lleva el cadáver en su sitio?», se preguntan. «¿Acaso está en proceso de corrupción?».

Nada más viejo en Argentina que hablar de corrupción. El lamento de la pérdida de los valores morales tiene raigambre patricia, a pesar de la rabieta popular de Discépolo. Sin embargo, el tema preocupa porque escala exponencialmente ante la impostura, es decir, ante el relato. Porque si los valores republicanos en el manejo de la cosa pública pudieron ser sustituidos por imposturas democráticas, como aquella de que todo se puede por el único principio de la mayoría, entonces, deberíamos reconocer que defendemos principios que ya no se corresponden con nuestras formas reales de actuar y mantenemos concepciones teóricas que ya no se corresponden con el sentido de nuestra experiencia.

Mi formación e interés ético me obligan a circunscribir estas conversaciones sobre el proceso social de corrupción, al campo institucional de la Justicia, en el cual ejercemos nuestras prácticas que, aunque diferenciadas, creen estar orientadas por alguna pretensión de justicia.

Para nosotros, la corrupción nos interpela por la justicia, ya no como un ideal regulatorio sino como un hecho que acontece bajo su nombre. Se dice «acontece la injusticia» y frente a ella el coro canta una letanía que se arrastra por generaciones, a los oídos del campo jurídico argentino: «¿cuánta injusticia debe soportar la legalidad?». O dicho de otro modo, ¿cuánto sufrimiento estamos dispuestos a infligir y soportar como sociedad?

Se dice: «La justicia no puede desligarse de la legalidad ni la corrupción de la injusticia, y la injusticia del dolor que sufren aquellos que pretenden acceder a lo que les puede ser debido por derecho, en la convivencia ciudadana». Pero, ¿el hecho y las consecuencias de la «tragedia de Once» satisfacen este entramado ético-jurídico o son solo una manifestación de su expresión retórica cuando el exministro de Planificación Federal en el 2012 es hoy diputado nacional recientemente electo?

Se dice «la corrupción está asociada principalmente al abuso del poder público así como que las leyes lo están a la protección de los ciudadanos contra el ejercicio de aquel». Sin embargo, el exministro de Economía es hoy diputado nacional recientemente electo.

Ellos, entre otros, usando las paradojas de la libertad democrática, cuestionan la legitimidad de la legalidad republicana y obligan a actuar jurídicamente a fin de evitar las lagunas jurídicas que protegen actos delictivos que nunca estuvieron en la mente del legislador al proteger al pensamiento, la expresión y la acción políticos.

La Ley 25.320 del año 2000 extendió la inmunidad, prevista por los arts. 69 y 70 de la CN para senadores y diputados, a funcionarios y magistrados.

Quizás sea tiempo de repensar ética y jurídicamente la figura del art. 69 de la CN: «excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva».

En la semana, un expresidente deberá dar explicaciones sobre su gestión ante los Tribunales. El coro se pregunta: «¿aún puede decirse algo?».

Acaso, ¿no hemos comprendido que el mundo ha cambiado, que la libertad se expandió más allá de la propiedad, que los propietarios se convirtieron en consumidores, que el daño se universalizó y que los artificios tecnológicos del poder han sobrepasado largamente los alcances normativos de nuestro viejo y clásico derecho nacional, así como pervertido nuestra profesión hasta convertirla en una competencia que poco tiene que ver con la justicia?

Antes la corrupción se escondía entre las hojas de los expedientes, a la sombra de los actos administrativos o bien entre las manos de algunos funcionarios y otros interesados. Pero hoy, la corrupción ya como proceso social ya como instrumento de abuso de poder ha mutado cualitativamente.

En su versión general la corrupción está asociada a la degradación o deterioro de un proceso, cosa o vida, y no sin razón lamentamos del tiempo de nuestros expedientes que no es sino el lamento por la degradación de nuestros derechos.

Hoy en la Argentina la corrupción ha devenido un sistema estructural que muestra desnuda a la Justicia; y una pasión suicida que alimentamos diariamente en nuestra disciplina y en nuestra práctica.

Hoy, la novedad en Argentina es que la corrupción salió mutada del clóset y nosotros, profesionales del derecho, no sabemos qué hacer con ella, porque en el vértigo de la mutación tecnológica nuestra cultura jurídica ha quedado a la zaga.

La novedad es que la corrupción salió del clóset travestida y, con ella, la palabra «obscenidad» ganó rápidamente su lugar en el lenguaje para describir imágenes que aturden a los sentidos.

Decimos: «parece increíble».

El impacto mediático ayudó a congelar nuestra capacidad de comprensión de los hechos y aceitó nuestro mecanismo psicológico de la negación.

Devenida la corrupción en proceso social, debería ser juzgada no solo como una manifestación de abuso de poder público, sino como un proceso de deterioro sociopolítico institucional con un gravoso impacto traumático, a nivel psicosocial.

El ánimo sociocultural ha sido desequilibrado por las muestras de desmesura y avaricia en el ejercicio del poder, que poca relación tienen con las ambiciones tradicionales del poder político, porque hasta ellas han sido desvirtuadas.

La Justicia requiere hoy de una psicohistoria para la comprensión del relato y el juicio sobre el estado de cosas social.

Nos preocupan nuestras limitaciones éticas y las de nuestras categorías jurídicas que las tornarían insuficientes para comprender los hechos nuevos que se muestran a diario en los enfrentamientos entre medidas de gobiernos y la ira, la incredulidad, el miedo y la indiferencia de los ciudadanos ante ellas.

Hoy vivimos un tiempo de ira, un tiempo malo en el que nuestros marcos de comprensión fueron corrompidos por prácticas públicas que hemos consentido, y que nos obstaculizan orientarnos en los actuales acontecimientos. Debemos modificarlo en un tiempo de justicia.

Hoy, diluir las irascibles demandas de éticas, aun escépticas, en los márgenes formales de la legalidad, sin profundizarla con medidas procesales, como la unificación de causas radicadas en distintos Tribunales, que articulen una unidad de sentido a los distintos actos presuntamente delictivos, no solo será un escándalo jurídico, sino -y especialmente- será consentir en los espacios grises donde anidan las condiciones para los procesos de corrupción.

Quizás sea tiempo de desarmar la alianza entre la inteligencia y la impunidad.

La corrupción es un proceso intercultural que asola y degrada mundialmente la calidad institucional de las democracias occidentales, pero también una oportunidad para que formemos transversalidades disciplinarias, nuevas ciencias para esta nueva cultura y archivemos las ya caducas que no lograron articular, a lo largo del siglo XX, un discurso válido para la comprensión de la injusticia y la ira de los actos humanos. Es tiempo de justicia y de aprendizaje.

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(*) Abogado.

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