Dado que el último domicilio conyugal y el domicilio del demandado se encuentran en la República del Uruguay, el juez argentino carece de competencia para entender en la medida protectoria de los supuestos bienes de la sociedad conyugal.

embargo inmublePartes: S. S. M. c/ E. C. F. s/ medidas precautorias art. 233 CCiv.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 15-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97586-AR | MJJ97586 | MJJ97586

Dado que el último domicilio conyugal y el domicilio del demandado se encuentran en la República del Uruguay, el juez argentino carece de competencia para entender en la medida protectoria de los supuestos bienes de la sociedad conyugal.

Sumario:

1-Corresponde declarar la incompetencia en razón del territorio del juez argentino para entender en la solicitud de la cónyuge de medidas precautorias a los efectos de individualizar y garantizar sus derechos sobre los bienes muebles de situación permanente y los bienes raíces situados en la República Argentina de carácter ganancial, toda vez que el art. 717 del CCivCom establece es competente el juez del último domicilio conyugal, que se encuentra en la República del Uruguay.

2.-A los fines de determinar la competencia internacional para entender en la solicitud de medidas precautorias interpuesta por la cónyuge sobre los bienes muebles y bienes raíces de carácter ganancial, la nueva normativa contenida en el CCivCom. ha incorporado el art. 2603 que dispone los casos en que los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares y el cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera, pronunciada en el juicio principal.

3.-Puede admitirse la competencia internacional de los jueces argentinos a fin de individualizar la existencia de bienes o derechos de carácter ganancial, sin que ello implique admitir que las medidas peticionadas sean o no atendibles, en cuanto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, valoración que corresponderá al magistrado que resulte competente.

4.-El art. 722 del CCivCom. referido a las medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio, dispone que en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial.

Fallo:

Buenos Aires, Marzo 15 de 2016.-

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se remiten a este Tribual a los efectos de conocer acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 88 por la actora contra la resolución de fs. 84/85, concedido a fs. 89.

Presenta memorial a fs. 90/93, que no fue sustanciado en ausencia de contraparte.- En el decisorio apelado, la Sra. Jueza «a quo» se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones, disponiendo el archivo de la actuaciones.- A fs. 97 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara, quien remite a lo que expresara a fs. 81/82 y propicia la confirmación de la resolución de fs. 84/85.- Dirige la acción contra C F E, domiciliado en Paysandú, República Oriental del Uruguay, con quien contrajo matrimonio el 22 de Diciembre de 1991, en San Isidro, Pcia De Buenos Aires, según acredita con la partida de fs. 2/2 vta.- Expresa que establecieron el primer domicilio conyugal en San Isidro, conforme fs. 6/9.- Agrega que en el año 1995 por motivos laborales del Sr. E fijaron su domicilio en la Ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay.

Actualmente se encuentra tramitando el divorcio vincular con el demandado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 7mo Turno, de la Ciudad de Paysandú, por haber sido éste el último domicilio del matrimonio.- En la especie, la actora dice en su escrito inaugural que solicita medidas precautorias a los efectos de individualizar y garantizar sus derechos sobre los bienes muebles de situación permanente y los bienes raíces situados en la República Argentina de carácter ganancial.Sin embargo, al referirse más concretamente a la competencia, luego de aclarar que el divorcio vincular tramita en la República Oriental del Uruguay, señala que se encuentra legitimada activamente «para solicitar las medidas precautorias en despacho, especialmente sobre aquellos bienes fácilmente liquidables, como son el dinero en efectivo, las participaciones societarias y los inmuebles inscriptos a nombre de sociedades, sitos en esta jurisdicción».- Señala que en el mes de agosto de 2012 se produjo la separación definitiva (fs. 65 vta.), que le consta que la actividad de su cónyuge se ha estructurado a través de sociedades comerciales tanto en Argentina como en Uruguay, «recurriendo incluso a sociedades de otros países, sociedades «off shore» y sociedades «holding» de manera tal que nos encontramos frente a un sujeto que ha destinado recursos económicos para asesoramiento y planificación jurídica, societaria, fiscal, etc, a fin de constituir sofisticados instrumentos donde alojar su creciente patrimonio producto de la actividad laboral y empresaria desempeñada durante la vigencia de la sociedad conyugal» (fs.65 y 66).- Detalla entonces las sociedades cuya existencia conoce, algunas con sede en Uruguay y otras en Argentina, manifestando desconocer la participación accionaria que tiene en cada una de ellas, manifiesta que su esposo ha realizado una serie de actos tendientes a modificar la situación de la sociedad conyugal evitando el ingreso de bienes en su perjuicio o excluyendo bienes fraguadamente, lo que la obliga a solicitar estas medidas para «recomponerlo y garantizarlos». En síntesis, lo que requiere concretamente no son medidas cautelares sobre bienes muebles de situación permanente y bienes raíces situados en la República Argentina cuya titularidad se encuentre en cabeza de los cónyuges, sino prueba informativa relativa a las sociedades, exhibición de libros y designación de veedor de dichas entidades.- Con relación a los posibles bienes de titularidad de su esposo requiere embargo de cuentas bancarias, intervención de cajas de seguridad (incluso respecto de aquellas en las que sólo figure como autorizado), embargo de acciones, intimación a denunciar bienes e inhibición general de bienes. Como se advierte, se trata de medidas de distinta índole cuya procedencia no corresponde tratar en la presente, por cuanto el ámbito de conocimiento del Tribunal se encuentra circunscripto a la cuestión de competencia planteada.-

Ello implica que, sin perjuicio de cuál resulte ser la ley aplicable en definitiva al caso en examen, lo que aquí debe discernirse es, en primer término, la competencia internacional para intervenir en la causa y, en caso afirmativo, en cuál de las jurisdicciones territoriales de nuestro país debe tramitar el expediente.- En este orden, la nueva normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado expresamente disposiciones atinentes a la cuestión. Así, el art.2603 se refiere a las medidas provisionales y cautelares, disponiendo los casos en que los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares, uno de los cuales prevé «en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender en el proceso principal» (inc. b), con la aclaración, en el último párrafo del mismo artículo, que «El cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera, pronunciada en el juicio principal».- Con este alcance, entonces, puede admitirse la competencia internacional de los jueces argentinos, sin que ello implique admitir que las medidas peticionadas sean o no atendibles, en cuanto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, valoración que corresponderá al magistrado que resulte competente.- Sentado lo expuesto, habremos de determinar la competencia en razón del territorio.

Al respecto el art. 717 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que «en las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta…» En la especie, el último domicilio conyugal y el domicilio del demandado se encuentran en Paysandú, República del Uruguay.La peticionaria, también tiene su domicilio real en Uruguay.

Por ello, y ateniendo a que el único domicilio que las partes tuvieron en nuestro país, es el primer domicilio conyugal sito como indica la actora en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, consideramos que el presente debe tramitar en aquella jurisdicción.- Obsérvese que ninguna otra circunstancia vincula a las partes con esta Jurisdicción nacional, toda vez que la presente no es una acción real -como pretende argüir la actora en el memorial de fs.90/93- que queda determinada por el lugar de radicación de los bienes que pretende cautelar sino que es una medida protectoria de los supuestos bienes de la sociedad conyugal.- Por otra parte, más concretamente en relación a lo que aquí se ventila, el art. 722 del Código Civil y Comercial referido a las medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio, dispone que «…en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial». Esta disposición está destinada a los juicios de divorcio o nulidad de matrimonio que sean de competencia del juez nacional, pero puede ser extensivamente aplicada al caso, por cuanto contiene previsiones específicas relacionadas con lo que es materia de la petición inicial:

«También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares».- A mayor abundamiento, el art.2625 del mismo ordenamiento dispone que en defecto de convenciones matrimoniales, el régimen de bienes se rige por el derecho del primer domicilio conyugal, y será además ante el tribunal provincial que, en su oportunidad, deberá requerirse la inscripción de la sentencia de divorcio que eventualmente se dicte en el proceso principal radicado en el extranjero.- Consecuentemente, los agravios vertidos, pese al esfuerzo argumental desplegado, habrán de ser rechazados.- En orden a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución de fs. 84/85 en todo cuanto decide y ha sido materia recursiva. 2) Sin costas de Alzada, en ausencia de bilateralización. (Conf. art. 161 inc. 3 del Código Procesal).-

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de trámite, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Con antelación, a los fines de la notificación de la presente, dése vista al Fiscal de Cámara. –

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