No cabe impedir la admisibilidad del recurso extraordinario por cuestiones formales, en tanto se omitió resolver una cuestión federal relacionada con el derecho a la información y la correspondiente cita de fuentes.

jurisprudenciaPartes: L. J. A. c/ Diario La Unión y otros s/ daño moral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 2-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97207-AR | MJJ97207 | MJJ97207

No cabe impedir la admisibilidad del recurso extraordinario mediante óbices formales cuando se omitió resolver una cuestión federal, relacionada con el derecho a la información y a la cita de fuentes.

Sumario:

1.-Corresponde declarar admisible el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia que condenó al medio grafico a indemnizar al actor por las publicaciones injuriantes que lo involucraron en la practica de ritos umbanda, puesto que la omisión por parte de la Corte provincial de pronunciarse sobre los derechos que el recurrente fundó en normas de indudable carácter federal, apoyándose en óbices formales tales como que la doctrina citada como erróneamente interpretada era establecida por la corte local y no nacional, constituye un obstáculo para que la Corte ejerza correctamente su competencia apelada, pues lo que habilita su jurisdicción es la previa decisión de la cuestión federal por el tribunal a quo, en particular la inadecuada interpretación de la doctrina ‘Campillay’ , al imponer a los periodistas el deber de verificar la autenticidad de la noticia a pesar de que se había citado la fuente de la información, mediando relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas -art. 15 de la Ley 48-.

2.-Cabe resaltar que si bien esta Corte ha decidido reiteradamente que los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a esta instancia de excepción, por revestir carácter netamente procesal, a partir de los precedentes ‘Strada’ y ‘Di Mascio’ , se ha precisado que las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento.

3.-La Corte tiene decidido en una consolidada jurisprudencia que el mentado control -y el consiguiente tratamiento de las cuestiones federales introducidas por las partes- no pueden impedir a ningún tribunal de la República, y menos aún a los que son los supremos órganos jurisdiccionales de las provincias, que se pronuncien respecto de los agravios constitucionales oportunamente planteados por las partes.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca declaró improcedente el recurso de casación que había sido interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación, de la provincia de Catamarca, que lo condenó al pago de una indemnización por el daño que habrían provocado determinadas publicaciones periodísticas (fs. 71/75 del legajo del recurso de casación y fs. 5/9 del cuaderno respectivo). Para así decidir, el tribunal local consideró que el pronunciamiento cuestionado no era revisable en tanto el recurso presentado debía justificarse con base en la doctrina legal de ese cuerpo —de acuerdo al artículo 298 del código de rito provincial- y no en los criterios de la Corte Suprema a los que aludió el recurrente. Asimismo, indicó que el criterio aplicado resultaba acorde a un precedente que le pertenecía, que la materia que se pretendía examinar era propia de los jueces de grado y que no se denunció, ni demostró, la existencia de arbitrariedad o absurdo.

Contra esa sentencia, el actor dedujo recurso extraordinario federal, que fue contestado por la contraria y denegado por el a quo, lo que dio origen a la presente queja (fs. 5/19, 24/26 Y 30/31 del legajo del recurso extraordinario y fs. 10/23,24/26,27/28 Y 29/33 del cuaderno respectivo).

-II-

El apelante aduce que la sentencia es arbitraria puesto que se afirma, en forma dogmática, que lo que se debate es un tema de derecho civil y se omite analizar la cuestión federal invocada. Entiende que se incurrió en un exceso ritual manifiesto ya que se rechaza el recurso de casación con sustento en meros formalismos, eludiendo la aplicación de los precedentes de la Corte en materia de libertad de expresión.

Sostiene que la omisión de analizar la cuestión federal Involucrada importa una violación del artículo 31 de la Constitución Nacional.Expresa que lo resuelto contradice las doctrinas «Campillay» y de la «real malicia» de la Corte, pues el diario individualizó la fuente de la noticia y el demandante resulta ser un funcionario público.

-III-

Cabe señalar que, si bien se ha decidido reiteradamente que los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a esta instancia de excepción, por revestir carácter netamente procesal (Fallos: 288:403; 303:330; 307:1100; 310:1424), a partir de los precedentes «Strada» (Fallos: 308:490) y «Di Mascio» (Fallos: 311:2478), la Corte precisó que las limitaciones de orden local no pueden ser esgrimidas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento (Fallos: 334:295 , entre otros).

En ese contexto, si ante la naturaleza del debate éste resultara susceptible de tratamiento por la vía excepcional del arto 14 de la ley 48, es menester su previo juzgamiento por parte del más alto órgano judicial de provincia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, sin que la legislación o los jueces locales pueden vedar el acceso de los litigantes a esa instancia superior (Fallos: 330: 164 y 331:2217 , entre otros).

En la especie, el recurrente planteó en su recurso de casación – conforme a la posición que introdujo en la contestación de la demanda y luego al responder el traslado de la apelación (fs. 37/43 y 512/115 del expediente principal)- agravios de naturaleza federal, toda vez que cuestionó la condena por haberse efectuado, a su entender, una errónea interpretación de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, de acuerdo a los precedentes de la Corte que mencionó (fs.6/23 del legajo del recurso de casación).

Por su parte, el tribunal superior de la causa declaró improcedente el recuso con apego a óbices formales y no se expidió sobre dicho planteo, aunque hizo algunas consideraciones generales y sin un estudio del caso particular.

En tales circunstancias, la omisión por parte de la corte provincial de un pronunciamiento sobre los derechos que el recurrente fundó en normas de carácter indudablemente federal resulta palmaria y constituye un obstáculo para que la Corte ejerza correctamente su competencia apelada, pues lo que habilita su jurisdicción es la previa decisión de la cuestión federal por el tribunal a qua (Fallos: 308:490 y 311:2478).

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso extraordinario y ordenar al tribunal de origen que dicte una nueva sentencia conforme a derecho.

Buenos Aires, 18 de julio de 2014.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 2 de marzo de 2016

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa L., J. A. c/ Diario La Unión y otros s/ daño moral», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca que, al declarar improcedente el recurso de casación, dejó firme la sentencia de cámara que había admitido la demanda de daños y perjuicios deducida contra el Diario La Unión S.A. por considerar que las publicaciones que involucraban al actor en la práctica de ritos umbanda eran de carácter injuriante y resultaban aptas para generar responsabilidad civil, el vencido interpuso el recurso extraordinario federal cuya desestimación dio origen a la presente queja.

2°) Que para adoptar esa decisión la Corte provincial sostuvo que la vía intentada era improcedente porque el apelante había fundado el referido recurso en la causal prevista por el art. 298, inc.b, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia -errónea aplicación e interpretación de la doctrina legal- y dicha causal resultaba inadmisible a poco que se advirtiera que la doctrina legal a la que se hacía referencia era la establecida por la Corte provincial y no por la Corte Nacional.

3°) Que expresó también que el único precedente citado proveniente de la Corte provincial había sido fallado en sentido coincidente con el pronunciamiento apelado y que por medio del recurso intentado se pretendía la revisión de cuestiones de derecho común, ajenas a la instancia extraordinaria, sin que se hubiese demostrado la existencia de arbitrariedad o absurdo de la sentencia apelada.

4°) Que el apelante sostiene que el fallo impugnado debe ser dejado sin efecto porque la Corte provincial ha eludido el examen de los planteas de orden constitucional que habían sido invocados en el recurso extraordinario local y porque ha convalidado -mediante argumentos teñidos de excesivo rigor formal la decisión de la alzada que había efectuado una interpretación inadecuada de la doctrina «Campillay» (Fallos: 308:789), al imponer a los periodistas el deber de verificar la autenticidad de la noticia a pesar de que se había citado la fuente de la información.

5°) Que si bien esta Corte ha decidido reiteradamente que los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a esta instancia de excepción, por revestir carácter netamente procesal (Fallos: 288:403; 303:330; 307: 1100), a partir de los precedentes «Strada» (Fallos: 308:490) y «Di Mascio» (Fallos: 311:2478), se ha precisado que las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento (Fallos:334:295, entre otros).

6°) Que este Tribunal tiene decidido en una consolidada jurisprudencia que el mentado control -y el consiguiente tratamiento de las cuestiones federales introducidas por las partes- no pueden impedir a ningún tribunal de la República, y aún a los que son los supremos órganos jurisdiccionales de las provincias, que se pronuncien respecto de los agravios constitucionales oportunamente planteados por las partes (Fallos: 310:324; 311:2478).

7°) Que esta Corte ha señalado también que la exigencia de transitar exhaustivamente las instancias existentes en el orden local -ordinarias y extraordinarias- como recaudo de admisibilidad del remedio intentado, tiene como presupuesto el reconocimiento ineludible de la aptitud jurisdiccional de los tribunales de todo el país -incluidos obviamente los superiores de provincia- para considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional (art. 31). El fundamento último de esta atribución se halla precisamente en la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia (art. 5°), objetivo que reclama con carácter de necesidad que sus jueces no estén cegados al principio de supremacía constitucional para que dicha administración de justicia sea plena y cabalmente eficaz (Fallos: 308:490, considerando 9° y 310:324)

8°) Que el adecuado respeto al régimen federal de gobierno y a la zona de reserva jurisdiccional de las provincias impone reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Ley Fundamental, así como emplazar la intervención apelada de esta Corte en el juicio que ella le ha señalado: ser su intérprete y salvaguarda final.De ahí que el Tribunal haya expresado que los máximos organismos judiciales de cada provincia no pueden negar la tutela jurisdiccional por medio de las vías que autoricen la Constitución y leyes provinciales locales en función de la índole constitucional federal de la materia examinada, carácter que cabe asignar a los planteos referentes a la errónea interpretación de los arts. 14 Y 32 de la Constitución Nacional, a la luz de los precedentes dictados por este Tribunal que han sido expresamente invocados por la demandada.

9°) Que la omisión por parte de la Corte provincial de pronunciarse sobre los derechos que el recurrente fundó en normas de indudable carácter federal -apoyándose en óbices formales- constitu ye un obstáculo para que la Corte ejerza correctamente su competencia apelada, pues lo que habilita su jurisdicción es la previa decisión de la cuestión federal por el tribunal a quo (Fallos: 308:490 y 311:2478), motivo por el cual corresponde hacer lugar al recurso extraordinario pues media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente la queja, admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA

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