Nulidad de la escritura de cesión de derechos hereditarios instrumentada aprovechando el estado de inferioridad del cesionario.

ParteEscribanias: P. J. G. c/ S. S. E. J. s/ nulidad de acto jurídico

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 11-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97244-AR | MJJ97244 | MJJ97244

Procede la nulidad de la escritura de cesión de derechos hereditarios pues fue instrumentada aprovechando el estado de inferioridad del cesionario.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la nulidad de la escritura de cesión de derechos hereditarios toda vez que existió de parte del demandado, -empresario-, un aprovechamiento de la situación de inferioridad del actor, -quien fuera su cuñado en ese entonces-, pues sin vacilación aprovechó el estado depresivo por el que atravesaba y la confianza que entre ellos existía pues eran familiares, obteniendo una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

2.-Se confirma la nulidad de la escritura de cesión de derechos hereditarios pues todos los bienes que conforman el acervo, sin dudas, resultan excesivos en comparación al dinero que por la cesión recibió el actor, aún cuando sobre alguno de ellos tenga constituido usufructo vitalicio, lo que traería aparejado una mengua de su valor.

3.-Corresponde confirmar la condena a abonarle al actor una suma en concepto de daño moral pues lucen evidentes los padecimientos que debió atravesar al sentirse traicionado por su propio entorno y justamente en momentos difíciles tanto económicos como personales.

4.-En virtud de lo normado por los arts. 1050 y 1052 del CCiv. vigente al momento del acto, si la nulidad pronunciada vuelve las cosas al mismo estado en que se encontraban antes del acto anulado en virtud del efecto retroactivo de la sentencia, debe disponerse la restitución del valor que oportunamente fuera percibido por el actor, ya que mal puede decretarse la nulidad del acuerdo impugnado ignorando o soslayando los efectos propios que el acto mismo acarrea.

5.-El actor debe restituir la suma de dinero recibida toda vez que la restitución que ordena el art. 1052 no es sino la recepción en materia de nulidades de la teoría del enriquecimiento sin causa, por lo que la sentencia que decreta la nulidad del acto jurídico, necesariamente debe obligar la restitución de lo percibido en virtud de dicho acto.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del mes de febrero de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “P., J. G. c/ S. S., E. J. s/ Nulidad de Acto Jurídico”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) El pronunciamiento.

La sentencia dictada a fs. 247/253 rechazó la excepción de prescripción interpuesta por el demandado y admitió la demanda entablada por J. G. P. En consecuencia, declaró la nulidad de la escritura de cesión de derechos hereditarios instrumentada mediante escritura pública Nº 371 del 22 de Mayo de 2008 pasada por ante el Escribano Eduardo Alfredo Arias y condenó al demandado E. J. S. S. a abonarle al actor la suma de $50.000, en concepto de daño moral, dentro del término de diez días con más los intereses calculados desde la fecha de la cesión hasta el efectivo pago a la tasa activa (Plenario “Samudio”), con costas a cargo del demandado.

Sostuvo el juzgador la existencia de una gran desproporción en la contraprestación de la cesión que se examina en autos, la que resulta palmaria a la luz de los valores informados por los expertos intervinientes. Asimismo señaló que los problemas económicos, judiciales y el perfil psicológico del actor indudablemente lo ponían en una situación de vulnerabilidad ante su inexperiencia y el grado de fragilidad en el que se encontraba. Por último consideró que hubo de parte del demandado S. S. un aprovechamiento de la situación de inferioridad de quien fuera entonces su cuñado.Concluyó que en el caso se ha dado el supuesto de lesión contemplado en el art. 954 del CCiv. vigente a la época del acto y que deriva en la nulidad de la cesión de derechos hereditarios que efectuara el accionante a favor del demandado. Por último, accedió a una indemnización en concepto de daño moral de $50.000 en tanto consideró que el actor ha sufrido no solo por verse privado de su parte en la sucesión de su madre sino porque se han aprovechado de su situación de vulnerabilidad e inferioridad, especialmente cuando sus condiciones económicas eran apremiantes, situación que no se revirtió luego de la celebración del acto jurídico anulado.

II) Apelación y Agravios.

Contra este pronunciamiento se alzaron el actor a fs. 259 y el demandado a fs. 257, con recursos concedidos libremente a fs. 264 y 261 respectivamente.

La parte actora presentó sus quejas a fs. 283/6 cuyo traslado fue contestado a fs. 288/91 y el accionado hizo lo propio a fs. 278/82 cuyo traslado fue contestado a fs. 293/6.-

El reclamante cuestiona por reducido el monto acordado para resarcir el daño moral y pide su sensible elevación.

A su turno el demandado se queja de la admisión de la demanda. Cuestiona la valoración económica que se da a los bienes del sucesorio y que daría una diferencia abismal a favor del cesionario lo que justificaría el elemento objetivo de la lesión requerido para anular la escritura suscripta por las partes. Asimismo cuestiona la apreciación que el “a quo” realiza del testimonio del Dr. Abramson a quien se lo juzgó interesado en el resultado del pleito por ser apoderado del demandado. Asimismo entiende erróneo el reconocimiento de una indemnización por daño moral a la luz de las inexistentes pruebas producidas por el reclamante y pide su eliminación.Subsidiariamente y para el caso de que se confirme la decisión, considera incompleta la sentencia pues el magistrado omitió ordenar la restitución de las cosas al estado anterior, lo que implica la devolución del dinero entregado al actor al momento de la firma de la escritura. Cita normativa del Código Civil y Comercial y pide se ordene la devolución de las sumas percibidas en su oportunidad, representadas por su valor actual.

III) La solución:

En primer lugar, es dable señalar que nuestro más alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

1) La lesión. a) La reforma parcial de nuestro Código Civil, producida en el año 1968 (Adla, XXVIII-B, 1798) introdujo la lesión que comúnmente conocemos como lesión subjetiva.

Como se destacara en el fallo en crisis, el art. 954 del Cód. Civil requiere la concurrencia de dos elementos, el objetivo que radica en la notable desproporción entre las prestaciones de ambas partes; y el subjetivo que consiste en la explotación de la situación de inferioridad de uno de los contratantes por el otro, aun cuando la doctrina y jurisprudencia más moderna se inclinan por desdoblar a este último requisito en dos: por un lado la necesidad, ligereza o inexperiencia del sujeto que lo sufre, y por otro el aprovechamiento de esa situación por el beneficiario del acto.

Así las cosas, la redacción del art. 954 del Código Civil (actualmente receptado en el art.332 del Código Unificado) le otorga a la víctima de la lesión una acción de anulabilidad del acto jurídico lesivo, o una acción de reajuste, el que también podrá ser ofrecido por el demandado.

Es sabido que, desde luego, el accionado podrá probar la existencia de causales de justificación de la evidente o notable desproporción o la inexistencia de explotación, para desvirtuar la presunción, o la inexistencia del estado de inferioridad en el impugnante.

El art. 954 del Cód. Civil no requiere porcentajes para establecer cuándo se configura una desproporción notable y grosera en las prestaciones, pues lo deja librado al criterio del juez de acuerdo a las circunstancias.

Ahora bien, dado que toda grosera desproporción entre las prestaciones hace presumir explotación, al lesionado le basta probar dicha desproporción. La otra parte, si quiere demostrar que no hubo lesión, debe acreditar su buena fe, debe probar que no hubo explotación.

Para desvirtuar la presunción que establece el art. 954 del Cód. Civil el demandado por lesión debe acreditar que no medió una situación de inferioridad en el actor, o bien que no aprovechó o explotó tal situación (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala “H” en los autos “Gómez, Carlos J. c. Alvarez, Gustavo C” • 22/10/1996 Publicado en: LA LEY 1998-B, 112 • DJ 1997-1, 688 Cita online: AR/JUR/3255/1996), circunstancia que adelanto no se acreditó en el caso. b) Recordemos que en autos se presentó una cesión de derechos hereditarios, instrumentada conforme a la escritura Nº 371 de fecha 22 de mayo de 2008 (ver copia agregada a fs. 140/1 de la sucesión de la Sra. Flora Greller) mediante la cual el actor J. G. P. cedió y transfirió a favor del demandado J. S. S.todos los derechos y acciones hereditarios que le correspondían tanto en la República Argentina como en el Uruguay en la sucesión de su madre por un precio total de veinte mil dólares estadounidenses (U$S 20.000) que, como se indica en el instrumento, el cedente recibió en el acto escriturario.

Además de ello, el demandado señaló en su contestación de demanda que al mismo tiempo se hizo cargo de contratar a un abogado para asistir al actor en las causas civiles y penales que le inició su ex-mujer y aportó los fondos para lograr su sobreseimiento, los que -según sus dichos- ascienden a cinco mil dólares más.

Aquí en la Alzada el accionado reitera esta cuestión y considera inaceptable que no se haya valorado el testimonio del Dr. Abramson, quien afirmó que por el trabajo realizado en las causas en las que representó al Sr. P. recibió de parte del demandado cinco mil dólares.

Según mi criterio, la declaración del Dr. Abramson quien depuso a fs. 62/3 carece de la suficiente objetividad y precisión para formar convicción sobre el particular, pues tal como lo señaló el “a quo” es incuestionable que el letrado es apoderado del accionado (ver poder de fs. 14/6) más allá de que, como lo indicara en las quejas, no ejerciera tal representación, circunstancia que por otra parte tampoco fue aseverada por el dicente, pues preguntado si recuerda tener un poder general judicial del demandado señaló que cree que no lo ejerció nunca.En definitiva, entiendo que el testimonio del abogado carece de la neutralidad e imparcialidad necesaria para ser valorado como testigo idóneo en el caso en estudio.

Entrando al fondo de la cuestión, el demandado critica la valuación económica que se ha dado a los bienes del sucesorio, alegando que el porcentaje indiviso que le corresponde al actor no puede identificarse con valor alguno con certeza por cuanto no hay datos de los pasivos que pueda tener la explotación comercial, al igual que el departamento de Avenida del Libertador, el que tiene un usufructo vitalicio y los bienes que tenía en Uruguay fueron vendidos en forma personal por el actor.

De las constancias de la sucesión de la Sra. Greller, que tengo a la vista, surge que parte del acervo hereditario está constituido por: 1) el 50% del inmueble sito en Avenida Del Libertador 5500 UF 22 del piso 12, cuya valuación fue informada por el perito designado en estos autos en la suma de U$S 425.224 (v.fs.168 vta.); 2) el inmueble sito en la calle Medrano 852/54 9º “4” de esta Capital Federal, cuya valuación fue informada por el perito designado en la suma de U$S 159.545 (v.fs. 170); 3) el inmueble sito en Avenida Colon 1540, 5º “C” Mar del Plata (fs. 123/4) valuado en U$S 43.810 (según per icia de fs. 165/70); 5) acciones pertenecientes a la actora en Santa Flora S.A. y 6) al menos dos lotes en la Localidad de Baradero, Provincia de Buenos Aires.

Con relación a las acciones, el perito ingeniero agrónomo estimó que el establecimiento Santa Flora sito en el Partido de Baradero tiene un valor comercial (año 2008) de U$S 9.983 la hectárea, y teniendo en cuenta que el mismo cuenta con 250 hectáreas, el valor alcanzaría los U$S 2.495.755 (ver fs. 187).- Lo expuesto no se neutraliza con las impugnaciones que corren agregadas a fs.174/5 y 192/3 cuyos traslados fueron contestados por los peritos a fs.190 y 200 respectivamente. Es que, como se sabe, no basta la mera alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones.

La impugnación debe constituir una contra experticia, donde se demuestre los errores incurridos o el uso inadecuado por el experto de los conocimientos técnicos o científicos;; y esta situación no se verificó en autos (del voto del Dr. Mizrahi, Sala “B” de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, in re “Argentieri c/ Trenes de Buenos Aires y ot.”, del 21/3/2006, ED del 11/4/2007, p. 4 y ss., n 11.735).-

En este orden de ideas, es dable destacar que todos estos bienes sin dudas resultan excesivos en comparación al dinero que por la cesión recibió el actor, recordemos, solo U$S 20.000, aún cuando sobre alguno de ellos tenga constituido usufructo vitalicio, lo que traería aparejado una mengua de su valor.

Tocante a la prueba relacionada al estado en el que se hallaba P. al momento del acto, observo que de la pericia psicológica surge que se trata de una persona con una base depresiva muy fuerte que no puede enfrentar situaciones básicas de la vida, que necesita ser cuidado y mantenido emocional y económicamente. Aclara la experta a fs. 150 que la patología que presenta tiene su origen en la deficiente estructuración de su personalidad que comienza en la infancia y que puede haberse agravado por situaciones donde se sintió desprotegido.

Agrega que puede caer en una depresión mayor si debe enfrentarse con situaciones de pérdida o con situaciones con un mínimo grado de complejidad o de conflicto. Concluye que el actor no puede hacerse cargo de sí mismo.

Sumado a esto tenemos la declaración testimonial que brindó la Sra. Juana del Valle Córdoba, a fs. 89/91, quien refirió haber trabajado como empleada doméstica para la madre del actor.Relató que conoce al actor en razón de esas labores y que conoce al demandado hace diez años desde que se casó con la Sra. Claudia, hermana del acccionante. Relativo a la personalidad de P. manifestó que es depresivo, siempre estaba con medicamentos (antidepresivos) que se los daba la madre y a veces la dicente en los horarios que los tenía que tomar. Agregó que estuvo internado por su problema de depresión por que se había separado de su mujer. Cuando lo trajeron de la clínica siguió viviendo en la casa de los padres. Agrega que se quiso tirar del balcón, que recuerda ese día y que se salvo porque lo sostuvo la madre. Estaba muy depresivo. Luego de la internación dice que seguía igual, se fue a vivir con los padres, y la dicente que trabajaba allí lo veía diariamente. Preguntada por el grado de instrucción que alcanzó el actor, señaló que terminó la primaria y cursó solo hasta segundo año de la secundaria. Que los padres los ayudaban económicamente porque solo tenía trabajos temporarios, por ejemplo en un barco o haciendo changas y también trabajó en un kiosquito en Av. Belgrano frente al hospital Fiorito. Afirma que que era “como que no le daba la cabeza” (sic) y entre la depresión, su falta de estudios y la enfermedad que padece (soriasis) nadie le daba trabajo. Interrogada desde cuando sufre depresión, contestó desde chico. En cuanto al estado financiero de P. la testigo mencionó que no contaba con medios económicos, que lo ayudaban los padres y luego no mejoró, sigue igual.

A fs.118/128 obra contestación de oficio de la Clínica Las Heras de la que surge la circunstancia aludida por la testigo reseñada en cuanto al tiempo de internación por cuadro depresivo.

En función a todo lo expuesto, no tengo dudas que existió de parte del demandado -empresario- un aprovechamiento de la situación de inferioridad de J. G.P., quien fuera su cuñado en ese entonces, quien sin vacilación aprovechó esa circunstancia del damnificado y la confianza que entre ellos existía pues eran familiares, obteniendo una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.

En consecuencia, en base a lo expuesto y en concordancia con lo resuelto por el Juez de grado, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia en lo que a este punto respecta. c) Ahora bien, en virtud de lo normado por el art. 1050 del Código Civil vigente al momento del acto “La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado”, y lo que surge del art. 1052 del citado código “La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado”.

Entonces, si la nulidad pronunciada vuelve las cosas al mismo estado en que se encontraban antes del acto anulado en virtud del efecto retroactivo de la sentencia, considero que debe disponerse la restitución del valor que oportunamente fuera percibido por el actor P., según lo que surge de la escritura cuya anulación se decidió.

En este aspecto coincido con el apelante, en que mal puede decretarse la nulidad del acuerdo impugnado ignorando o soslayando los efectos propios que el acto mismo acarrea.

La jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que “los arts.

1050 a 1055 del CC, regulan los efectos propios de la sentencia de nulidad de los actos jurídicos, en tanto el acto se ve privado en sus efectos y deben restituirse las cosas a su estado anterior” (C1° Civ. y Com. Tucumán, 1977/11/23, JA, 1979-I- 108; CNCom., Sala B, 1977/07/08, LL, 1978-C, 649; SCBA, 1972/02/29, LL, 147-376; CNCiv., Sala A, 1967/05/04, LL, 127-872).

Y la propia Corte Suprema de Justicia ha dicho que “la restitución que ordena el art. 1052 no es sino la recepción en materia de nulidades de la teoría del enriquecimiento sin causa” (Fallos:310:2228 del 17/11/1987).

Vale decir entonces que la sentencia que decreta la nulidad del acto jurídico, necesariamente debe obligar la restitución de lo percibido en virtud de dicho acto.

En casos similares la jurisprudencia se ha expedido en el sentido que “Declarada la nulidad del boleto de compraventa, y de la escritura mediante la cual se constituyó una hipoteca a favor del vendedor y se instrumentó una cesión onerosa de derechos hipotecarios, cabe hacer lugar a la demanda incoada por el cesionario a efectos de que el cedente le restituya la suma entregada en el acto escriturario nulo pues, conforme a lo establecido en el art.

1052 del Cód. Civil, la declaración de nulidad del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto anulado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M en los autos “Mugni, Mabel N. c. Álvarez, Manuel y otro • 03/05/2006 Publicado en: La Ley Online Cita online: AR/JUR/4476/2006).- En el sublite, la cesión celebrada el 22 de mayo de 2008 protocolizado por Escritura Pública N° 371 pasada ante el Escribano Eduardo Alfredo Arias fue declarada nula, por lo que el importe de U$S 20.000 (veinte mil dólares billetes estadounidenses) que J. G. P. recibió en el acto escriturario debe ser restituido al Sr. E. J. S. S. en su totalidad. Por ello, propongo admitir parcialmente las quejas introducidas por el demandado y ordenar la devolución señalada, dejando en manos del juez de grado la forma y oportunidad en que dicho reintegro deberá efectuarse, único monto que corresponde ser restituido por encontrarse ínsito dicho efecto en la nulidad decretada, y en virtud del principio de congruencia.

2) El daño moral.

Entrando ahora a ponderar las quejas formuladas respecto de la admisión y del monto correspondiente a la indemnización por daño moral, debo señalar que con referencia a esta figura comparto la posición doctrinaria y jurisprudencial según la cual la misma cumple una función reparadora (conf.Acuña Anzorena, “Estudios sobre la responsabilidad civil”, p. 55; Mosset Iturraspe, “Reparación del daño moral”, J.A. 2-1975-295; Orgaz, “El daño resarcible”, p. 221; CNCiv, Sala “G”, L.L. 100-179).

A los fines de graduar la indemnización, entre otros factores, corresponde considerar la gravedad de los hechos, la cuantía de los perjuicios materiales -si existieren-, las condiciones personales de su autor, de la víctima y de su familia (conf. CNCiv. Sala “B”, E.D. 57- 455; Sala “D”, id. 43-740; sala “E”, L.L. 1997-C-262; Sala “F”, id. 56- 451; Sala “H”, L.L. 1997- E-1000; CNFed., Civ. y Com., Sala “II”, L.L. 1997-D-823).

En materia contractual, donde resulta de aplicación el art. 522 del Cód. Civil, el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien invoca la acreditación precisa del perjuicio que alega haber sufrido (conf. SCJBA, Ac. 56.328, 5-8-97, “Bernard, T. c/Banco Municipal de La Plata s/ds. y ps).- Asimismo, tratándose del incumplimiento de obligaciones contractuales, la indemnización del daño moral sólo es procedente a expensas de que el mismo se acredite fehacientemente (conf. art. 522 del Cód. Civil), al par de distinguir entre las lesiones a los sentimientos, a los afectos y a la tranquilidad anímica y espiritual -que perfilan el daño moral- y las inquietudes propias y corrientes de los negocios o los pleitos.

Por todo ello, en atención a las constancias de autos y en concordancia con lo señalado por el magistrado de grado en cuanto a los padecimientos que el Sr. P.debió atravesar al sentirse traicionado por su propio entorno y justamente en momentos difíciles tanto económicos como personales, considero adecuada la suma establecida en primera instancia de $50.000 (pesos cincuenta mil) y propongo su confirmación, con el consecuente rechazo de las quejas introducidas sobre este punto.

IV) Costas.

Atento al resultado de los recursos interpuestos, las costas de esta instancia se imponen por su orden (art. 71 del CPCCN).- V) Conclusión:

Por todo y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión propicio al Acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso impetrado por el demandado, confirmando la declaración de nulidad de la cesión celebrada el 22 de mayo de 2008 protocolizada por Escritura Pública N° 371 pasada ante el Escribano Eduardo Alfredo Arias, pero ordenando al accionante restituir al Sr. E. J. S. S. la suma de U$S 20.000 (veinte mil dólares billetes estadounidenses) recibidos en el acto escriturario anulado, debiendo el magistrado de primera instancia determinar la forma y oportunidad de dicho reintegro; 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 71 del CPCCN); 4) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto los emolumentos sean fijados en primera instancia.

Así mi voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María R. Brilla de Serrat, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

PATRICIA BARBIERI

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de febrero de 2016.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:1) Hacer lugar parcialmente al recurso impetrado por el demandado, confirmando la declaración de nulidad de la cesión celebrada el 22 de mayo de 2008 protocolizada por Escritura Pública N° 371 pasada ante el Escribano Eduardo Alfredo Arias, pero ordenando al accionante restituir al Sr. E. J. S. S. la suma de U$S 20.000 (veinte mil dólares billetes estadounidenses) recibidos en el acto escriturario anulado, debiendo el magistrado de primera instancia determinar la forma y oportunidad de dicho reintegro; 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) imponer las costas de esta instancia por su orden; 4) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto los emolumentos sean fijados en primera instancia.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez

Ana María Brilla de Serrat