La empresa de telefonía debe indemnizar a agencia de remises por la interrupción del servicio.

CelularFacturaPartes: García Miriam Elisabet c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 17-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97226-AR | MJJ97226 | MJJ97226

La empresa de telefonía debe indemnizar al cliente por la interrupción del servicio, que afectó el normal desenvolvimiento de una agencia de remises. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar parcialmente la condena a la empresa de telefonía al pago de la indemnización en concepto de los daños y perjuicios sufridos por la actora -dueña de una remisería- a raíz de un corte en el suministro del servicio de telefonía.

2.-Debe rechazarse el agravio esgrimido por la demandada, tendiente a cuestionar su responsabilidad en el hecho denunciado, sosteniendo que la interrupción del servicio de telefonía no obedeció a una conducta negligente de su parte, sino a la falta de pago en la que había incurrido la actora, habida cuenta que ello no se condice con las constancias probatorias de autos, toda vez que no sólo fue la propia accionada quien reconoció que existieron desperfectos en la línea de la actora que dieron lugar a diversos reclamos por averías, sino que -además- la propia Comisión Nacional de Comunicaciones sancionó a la empresa de telefonía por incumplimiento, entre otros, del art. 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, referido a la interrupción o deficiencias en la calidad del servicio telefónico.

3.-Corresponde confirmar la suma fijada por el juez de grado en concepto de lucro cesante, dado que en autos no existen indicios, más allá de las apreciaciones de la propia actora y de las declaraciones testimoniales de sus dependientes, insuficientes por sí mismas para tener por debidamente acreditado el extremo en cuestión, y por ello no existe prueba, como ser datos contables, que acredite las ganancias concretas que la actora dejó de percibir a consecuencia de verse privada de la utilización de la línea telefónica, en tanto el cálculo del lucro cesante no puede efectuarse en base a meras expectativas, debiendo guardar estrecha relación con las pautas de realidad en cuanto al perjuicio efectivamente causado.

4.-Cabe rechazar el planteo dirigido a la improcedencia del rubro fondo de comercio, pues no existe en autos prueba que demuestre que el cierre del negocio de la actora se debió a la falta de suministro del servicio de telefonía en el período en cuestión.

5.-Debe confirmarse el monto reconocido por el a quo en concepto de daño moral, puesto que, aun cuando el agravio moral, debe descartarse habida cuenta de que las personas jurídicas carecen de toda subjetividad que pueda ser afectada, y en tal sentido cualquier perjuicio mensurable en términos económicos -por ejemplo, disminución de utilidades, rentabilidad, prestigio, etc.- no puede ser resarcido sino a título de daño materia, su procedencia no ha sido materia de agravio por parte de la demandada.

6.-Corresponde modificar la sentencia apelada, respecto a la tasa aplicable dado que le asiste razón al recurrente en el sentido que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, debe aplicarse la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en casos similares al presente.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “García Miriam Elisabet c/ Telefonica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Miriam Elisabet García y condenó a Telefónica de Argentina S.A. al pago de $ 30.000, con más sus intereses y costas. Ello, en concepto de los daños y perjuicios sufridos por la actora -dueña de una remisería- a raíz de un corte en el suministro del servicio de telefonía (fs. 388/392).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes a fs. 398 y 399, recursos que fueron concedidos a fs. 407, fundados a fs. 414/420 y 421/422vta. y replicados a fs. 424/425 y 427/428vta.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados, de así corresponder, por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

II. En autos se encuentra debidamente acreditado que la señora Miriam Elisabet García era dueña de la remisería “M & M”, la cual funcionaba en un local que aquélla alquilaba, sito en Av. Lobería 853 en la ciudad de Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires. En dicho inmueble había sido instalada por Telefónica de Argentina S.A. la línea N° (02262)45-3322, respecto de la cual debieron efectuarse diversos reclamos en virtud del mal funcionamiento.Esta falta de servicio dio lugar a una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Comunicaciones en el mes de septiembre de 2007, denuncia que culminó con la Resolución N° 4929 del 18 de noviembre de 2010, mediante la cual se impusieron diversas sanciones -multas e intimaciones- a la empresa de telefonía (ver documentación acompañada por la actora a fs. 4/35; informativa de fs. 190/277; peritaje contable de fs. 317/318).

Es en este contexto fáctico en el que deben dirimirse los planteos de las partes.

a) Debo para ello analizar en primer término el agravio que la demandada esgrime a fs. 421/vta., tendiente a cuestionar su responsabilidad en el hecho denunciado. Sostiene en este aspecto la recurrente que la interrupción del servicio de telefonía no obedeció a una conducta negligente de su parte, sino a la falta de pago en la que había incurrido la actora.

Sin embargo, dicho argumento defensivo no se condice con las constancias probatorias de autos, toda vez que no sólo fue la propia accionada quien reconoció que existieron desperfectos en la línea de la actora que dieron lugar a diversos reclamos por averías (ver escrito de responde, fs. 103, y documental acompañada), sino que -además- la propia Comisión Nacional de Comunicaciones sancionó a Telefónica de Argentina por incumplimiento, entre otros, del art. 31 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, referido a la interrupción o deficiencias en la calidad del servicio telefónico (ver Resolución de fs. 242/244).

Corresponde, en consecuencia, desestimar el agravio en examen.

b) Confirmado el decisorio en crisis en el aspecto tratado en el apartado precedente, me abocaré al punto relativo al lucro cesante, que el juez de grado fijó en la suma de $ 22.000 (fs. 390vta./391), para lo cual trataré conjuntamente la queja de la demandada de fs. 421vta./422, segundo agravio, y los planteos de la actora de fs.414/418vta., puntos 1, 2 y 3, dado que ni la supuesta deuda que la demandada le atribuye a la actora ni las declaraciones testimoniales que esta última le endilga al sentenciante haber omitido valorar tuvieron efecto alguno en la conclusión a la que arribó el a quo en punto a la responsabilidad de la empresa de telefonía en la interrupción del servicio, sino -antes bien- en la determinación de los rubros y montos indemnizatorios.

Comienzo por aclarar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes en sus agravios, sino sólo aquéllos que estimen conducentes para la solución del litigio (conf. CSJN, Fallos: 310:267; 324:3421 , entre muchos otros).

Pues bien, sabido es que la indemnización del lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva cierta que emana o resulta del curso natural de las cosas y de las circunstancias generales o especiales del caso concreto (conf. esta Sala, causa 5581/97 del 23/09/05). En el lucro cesante, se pierden ganancias o beneficios materiales, como vertientes posibles de un daño de naturaleza económica.

Sin embargo, en autos no existen indicios -más allá de las apreciaciones de la propia actora y de las declaraciones testimoniales de fs. 188/189vta., insuficientes por sí mismas para tener por debidamente acreditado el extremo en cuestión, dado que se trata de dependientes de la accionante- que avale los guarismos denunciados en el escrito de inicio. Es así que no existe prueba -como ser datos contables- que acredite las ganancias concretas que la actora dejó de percibir a consecuencia de verse privada de la utilización de la línea telefónica.

Es necesario aclarar aquí que el proveído de fs. 112 que admitió la oposición de la demandada a determinados puntos de la prueba pericial contable ofrecida por la actora no obedeció a “que era más importante una cuestión formal, ante las amplias facultades que embisten a los Magistrados en busca de la verdad objetiva” (fs.415, anteúltimo párrafo), sino a que la propia actora omitió ofrecer concretamente el medio probatorio adecuado.

En estas condiciones, y toda vez que el cálculo del lucro cesante no puede efectuarse en base a meras expectativas, debiendo guardar estrecha relación con las pautas de realidad en cuanto al perjuicio efectivamente causado, corresponde confirmar la sentencia apelada también en este aspecto.

Resta señalar que la defensa esgrimida por la demandada respecto de este capítulo resarcitorio se basa en su falta de responsabilidad en el hecho, extremo que -por las conclusiones a las que arribé en el punto a) del presente considerando- no puede atenderse.

c) El rechazo de la indemnización del rubro “fondo de comercio” también es materia de queja de la actora (fs.418vta./419, punto 4). Pues bien, no le asiste razón en su planteo.

En primer término, concuerdo con el a quo en cuanto a que no existe en autos prueba que demuestre que el cierre del negocio de la actora se debió a la falta de suministro del servicio de telefonía en el período en cuestión.

En otro orden de ideas, la actora funda su pretensión en las ganancias que dejó de percibir a raíz del incumplimiento contractual de la empresa demandada, cuestión que ha sido tenida en cuenta al momento de indemnizar el lucro cesante.

d) Se queja asimismo la actora por el monto de $ 8.000 reconocido en la instancia de grado en concepto de daño moral (fs. 419/vta., punto 5).

Lo primero que debo poner de resalto es que habida cuenta de la naturaleza de los bienes que deben ser afectados para que proceda la indemnización del agravio moral (tranquilidad de espíritu, libertad individual, la paz, el honor, la integridad física), no alcanzo a advertir cómo pueden sufrir ese daño los entes comerciales.

En consecuencia, y sin desconocer ciertamente que alguna doctrina reconoce la procedencia de la indemnización en tales supuestos, debe ceñirse la reparación de este rubro a las personas físicas.Es que en la persona individual, la lesión a cualquiera de esos bienes personalísimos a los que he hecho referencia, puede generar daño material o moral. Sin embargo, en la persona jurídica, la lesión a esos atributos similares a los de la persona humana, sólo puede producir daño patrimonial. El agravio moral, en tales hipótesis, debe descartarse habida cuenta de que las personas jurídicas carecen de toda subjetividad que pueda ser afectada. Como consecuencia de ello, cualquier perjuicio mensurable en términos económicos -por ejemplo, disminución de utilidades, rentabilidad, prestigio, etc.- no puede ser resarcido sino a título de daño material.

Sin embargo, la procedencia del daño moral en el presente caso no ha sido materia de agravio por parte de la demandada, por lo que me veo impedido de revisar el decisorio en crisis en dicho aspecto, lo cual me lleva a confirmar el monto reconocido por el a quo.

e) Con respecto a los intereses que lleva el monto de condena, el a quo fijó dicho monto a valores actuales, por lo que estableció la tasa de interés en el 6% anual desde la fecha de la interrupción del servicio telefónico hasta la fecha de la sentencia, y a partir de allí, la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina (fs. 391, considerando e del decisorio en crisis). De la tasa aplicable es de lo que se queja la actora (fs. 419vta., punto 6).

Pues bien, le asiste razón en su planteo, toda vez que según reiterada jurisprudencia de esta Sala, debe aplicarse la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en casos similares al presente.

III. Por los fundamentos que anteceden, corresponde modificar la sentencia apelada, en los términos que se desprenden del apartados e) del considerando II de la presente. Las costas de primera instancia se imponen a la demandada.Por la instancia de Alzada, respecto del recurso interpuesto por Telefónica de Argentina S.A., los gastos del juicio corren a cargo de dicha parte.

En punto al recurso de la actora, ésta soportará el 70% de las costas, imponiéndose el 30% restante a cargo de la accionada (arts. 70, 73 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – DJA).

Así voto.

El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires 17 de febrero de 2016.

Y VISTO: Lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el acuerdo prec edente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada, en los términos que se desprenden del apartados e) del considerando II de la presente. Las costas de primera instancia se imponen a la demandada. Por la instancia de Alzada, respecto del recurso interpuesto por Telefónica de Argentina S.A., los gastos del juicio corren a cargo de dicha parte. En punto al recurso de la actora, ésta soportará el 70% de las costas, imponiéndose el 30% restante a cargo de la accionada (arts. 70, 73 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – DJA).

Difiérese la regulación de honorarios hasta que sea practicada la liquidación definitiva, en concepto de capital e intereses.

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo