Con base en la ley 24.240, multan a prepaga por incumplir las prestaciones mínimas en favor de quien sufrió un ACV.

3-1Partes: Cobensil S.A. c/ DNCI s/ defensa del consumidor – ley

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 15-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97482-AR | MJJ97482 | MJJ97482

El Director Nacional de Comercio Interior impuso a una empresa de medicina prepaga una multa por violación de lo establecido en el art. 19 de la ley 24.240, ya que infringió elementales deberes en relación con la cobertura del tratamiento de rehabilitación necesario para un afiliado.

Sumario:

1-Corresponde imponer una multa a una empresa de medicina prepaga por el incumplimiento en las prestaciones mínimas que debía recibir un paciente que sufrió un ACV -rehabilitación kinésica-, pues más allá de su constitución como empresas, dichos entes tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial, la cual se vincula con la importancia de los intereses en juego, como ser la salud de las personas. 2-Ha de proceder la condena a la empresa de medicina prepaga pues actuó en violación a lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 24.240, dado que no probó que la auditoría médica hubiera denegado expresamente la atención requerida por el actor y comunicado tal circunstancia al interesado, sino que de la prueba se desprende que reconoció la necesidad del tratamiento de rehabilitación, pero no lo ofreció con posterioridad al reclamo del afiliado.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que, mediante la disposición 143/15, el Director Nacional de Comercio Interior impuso a Cobensil SA una multa de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), en los términos del artículo 19 de la ley 24.240, por incumplimiento en la prestación del servicio de salud al no brindar la cobertura del tratamiento de rehabilitación necesario para un afiliado. A su vez, intimó a la encartada a resarcir al consumidor denunciante por el daño directo ocasionado, fijándolo en el equivalente a 5 Canastas Básicas Total para el Hogar 3 que publica el INDEC (fs.49/61).

Para resolver como lo hizo, en lo que aquí interesa, recordó que las actuaciones tenían origen en la denuncia del señor S. F. C. contra la empresa mencionada, por falta de rehabilitación kinesiológica motora en la internación de su padre, O. R. C., quien sufriera un ACV con foco motor izquierdo. Explicó que la médica tratante, perteneciente a la cartilla de la empresa, había prescripto iniciar de manera inmediata un tratamiento intensivo con el fin de restablecer en la mayor medida posible sus aptitudes motrices, severamente disminuidas, y que la auditoría médica puso en duda la necesidad de otorgarlo, obligándolo a solventar los gastos.

Aclaró que lo expuesto configuraba un incumplimiento al Plan Médico Obligatorio (PMO), normativa que era aplicable a las obras sociales y a las empresas que prestan servicios médicos prepagos en virtud de la ley 24.754, y exigible por el principio interpretativo del artíc Remitió a los términos del artículo 19 de la ley 24.240 y aclaró que el contrato de medicina prepaga, por sus características, estaba comprendido en el ámbito de aplicación de esa norma (arg. art.1º).

Especificó que las obligaciones a cargo de la encartada obedecían a las prescripciones del artículo 1º de la ley 24.754 y también a los artículos 1º y 7º de la ley 26.682.

Destacó que la suscripción del contrato entre las partes y la orden emitida por la médica tratante el 31 de octubre de 2012 no eran materia de controversia, y que la profesional había ordenado rehabilitación kinésica motriz en internación (v. fs. 5); sin perjuicio de lo cual, el paciente egresó del Sanatorio Colegiales el 1º de noviembre de 2012 para ser trasladado al centro de rehabilitación que contrataron sus familiares, indicándose continuar con el tratamiento médico por consultorios externos dentro de un día (v. fs. 4).

Aclaró que la sumariada había acompañado copia de la consulta realizada a la galena el 01/11/12, donde aquélla manifestó que no era indispensable que la rehabilitación fuera con internación, pero que no constaba la fecha en que lo respondió (v. fs. 37/38), ni que hubiera sido comunicado al denunciante en tiempo oportuno. Además, dijo que de la copia de la carta documento emitida por Cobensil SA el 28/12/12 (v. fs. 7) se desprendía que aquélla negó la necesidad de que la prestación de la rehabilitación fuera inmediata; circunstancia que acreditaba la negativa a la cobertura del servicio.

Agregó que, transcurridos casi dos meses desde el egreso del paciente, la empresa todavía no había otorgado el servicio; lo que recién obtuvo con el reclamo formal del señor S. C. (v.fs.34).

Puso de resalto la responsabilidad agravada que pesaba sobre la sumariada, debido a los ijados a favor del letrado de la siguiente manera (art.17):

La suma de ($.) corresponde al doctor Olivari, profesional que intervino por la parte demandada, los que deberán ser depositados a la cuenta que deberá abrirse a la orden de esta Sala y como correspondiente a estos autos en el Banco Nación Argentina.

Por último, se aclara que retribución que anteceden no incluye el impuesto al valor agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: 1) Confirmar la disposición 143/15; con costas (art. 68, CPCCN); 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada en los términos y con los alcances del considerando 8º.

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General subrogante en su público despacho- y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORAN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

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