Merma en el monto indemnizatorio debido a que las víctimas no llevaban colocado el cinturón de seguridad.

Cinturón de SeguridadPartes: Lelli Bubillo Cristian Javier c/ Celia Francisco s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 23-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97146-AR | MJJ97146 | MJJ97146

Puesto que las víctimas no estaban usando el cinturón de seguridad, no corresponde imputar a la demandada la totalidad de las consecuencias dañosas del accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

BBBB

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el monto de la indemnización por incapacidad pues si bien gran parte de las secuelas que presentan ambos accionantes se debe al desplazamiento que han sufrido contra el parabrisas del rodado, esto sucedió por no contar con el correspondiente cinturón de seguridad; y tal omisión tuvo una incidencia causal crucial en el agravamiento de todos los daños padecidos.

2.-No corresponde imputar a la demandada la totalidad de las consecuencias dañosas del accidente por cuanto la falta de utilización de cinturón de seguridad por parte de la víctima del accidente hace recaer sobre ella una porción de la incidencia causal en la producción de las lesiones sufridas, dado que tal actitud facilitó que se incrementara la entidad de las secuelas dañosas.

3.-Toda vez que la neutralización del impacto, -que conlleva la utilización del cinturón de seguridad-, presumiblemente hubiese disminuido las consecuencias disvaliosas del accidente, teniendo en cuenta los porcentajes de incapacidad física y psíquica determinados, la entidad de las lesiones padecidas, que se ha indemnizado de forma autónoma el tratamiento psicológico, las sumas fijadas en concepto de indemnización por incapacidad resultan adecuadas para enjugar el daño sufrido.

4.-Corresponde admitir la responsabilidad del chofer pues el camión se encontraba detenido sobre la ruta sin siquiera utilizar las balizas externas que advirtiesen la existencia de un vehículo, lo que denota una conducta absolutamente imprudente, en tanto no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias requeridas para el caso (art. 59 de la Ley 24.449).

5.-Se debe confirmar que el vehículo que estaba estacionado indebidamente y sin la señalización correspondiente se ha vuelto un obstáculo insalvable para los reclamantes, por lo que corresponde confirmar la atribución de responsabilidad, pues las estimaciones o juicios conjeturales del experto en cuanto a la ubicación de los rodados no pueden prevalecer en este caso por sobre la palabra de quienes presenciaron el siniestro y sobre los cuales no hay dudas en cuanto a la veracidad de sus dichos; máxime cuando se trata de un lugar cuya fisonomía ha mutado.

6.-Sin perjuicio de que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca, dado que las víctimas no usaban el cinturón de seguridad y que por ello las consecuencias del accidente se agravaron, el monto fijado resulta justo.

7.-Con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo CCivCom. y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la que aquí se dispone, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado (ver. art. 1740 CCivCom.).

8.-Puesto que, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio aún , el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Cciv., según reforma de la Ley 17.711 , el nuevo CCivCom. es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

9.-Al haberse la relación jurídica consumado antes del advenimiento del actual CCivCom., debe ser juzgada, -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-, de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – Ley 17.711, sin perjuicio de que la interpretación que guíe la decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código (art. 1º y 2º ), sino porque así lo manda la CN. (cfr. art 31 y art 75 inc. 22° ).

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Diciembre de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Lelli Bubillo, Cristian Javier c/ Celia, Francisco s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 689/702 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO. -ROBERTO PARRILLI.-.

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 689/702, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Cristian Javier Lelli Bubillo y Rubén Ignacio Berra y, en consecuencia, condenó a Francisco Celia al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas. Asimismo, el a quo dispuso extender la condena a “Liderar Compañía de Seguros S.A”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 118 de la ley 17.418. Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 76/92. En esa oportunidad, los accionantes relataron que con fecha 3 de julio de 2004 circulaban a bordo del automóvil marca Fiat 147 -dominio AKE 675- por el Camino de Cintura en dirección hacia Morón; que los precedía una camioneta marca Renault Traffic que realizó una rápida maniobra de evasión hacia su izquierda para no colisionar con el camión marca Ford 350 -dominio UQG 944- que se encontraba detenido; y que la repentina acción impidió visualizar tal rodado y el consiguiente impacto en su parte trasera. Tal evento, precisamente, fue el que le habría provocado a los pretensores los diversos daños y perjuicios que reclaman en estos actuados.

II. Los agravios Contra el referido pronunciamiento se alzó la citada en garantía, expresando agravios a fs.717/723, y la parte actora, cuyas quejas obran a fs. 724/727. Ninguna de las citadas piezas mereció réplica de su contraria. La compañía aseguradora se agravió de la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado. Adujo que se había comprobado en autos la culpa de la víctima en la producción del siniestro, en tanto el vehículo de los accionantes embistió al camión, que se encontraba debidamente detenido en la zona de banquina. De otro lado, ambos apelantes cuestionaron las sumas concedidas en concepto de incapacidad psicofísica y daño moral y la tasa de interés aplicable al monto de condena. A su vez, la actora impugnó el importe otorgado por la partida indemnizatoria de tratamiento psicológico.

III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios que fueran materia de agravio y la tasa de interés aplicable al monto de condena. Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

IV.La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso. Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”. Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley. Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo. En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”). Esta es la solución que siguió esta Cámara en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr.Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias.”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28). Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal. De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

V. La atribución de responsabilidad Para comenzar, diré que no resulta objeto de debate en esta Alzada la aplicación en la especie del art. 1113 del Código Civil hoy derogado. Esto significa, que resulta pertinente dilucidar si -tal cual aduce la citada en garantía- ha quedado comprobada, ya sea total o parcialmente, la interrupción del nexo causal en la producción del acontecimiento de marras.Desde ya adelanto que compartiré la postura adoptada por el juez de grado en su pronunciamiento, que no ha logrado ser desvirtuada por las escuetas quejas oportunamente incoadas. Es que si bien es cierto que de la causa penal se desprende que el camión se encontraba detenido en la banquina (lo cual fue tenido en cuenta por el experto mecánico designado en el expediente), no es menos veraz que obran anejados en autos diversos elementos de juicio que abonan la posición de los actores. Al respecto, coincido con el a quo en que resultan determinantes los

testimonios brindados en las actuaciones represivas. En efecto, tan sólo apen as unos días de sucedido el evento dañoso depusieron Mario Héctor Apat, Enrique Alberto Gómez, Emiliano León Flores y Sulema Graciera Cáceres, quienes fueron categóricos al corroborar el relato de los hechos plasmado en el escrito inaugural y resaltar que “el camión estaba detenido.sobre la ruta.sin ningún tipo de señalización”. A su vez, indicaron estar “furiosos por la imprudencia del conductor del camión, dado que resulta ser una ruta nacional con alto tránsito vehicular”; e “indignados”, lo que los llevó -incluso- a insultar al chofer (v. fs. 25, 27, 29 y 30 de la causa penal). En definitiva, en base a los testimonios referidos y al acta de la policía (que nada indica al respecto), puede colegirse que el camión ni siquiera utilizaba las balizas externas que advirtiesen la existencia de un vehículo detenido. He aquí una conducta absolutamente imprudente; en tanto no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias requeridas para el caso (arg. artículo 59 de la ley 24.449). No puede soslayarse la importancia vital que debe otorgarse a las deposiciones cercanas al momento del evento dañoso, las cuales poseen mayor relevancia en tanto se las puede considerar, en principio, como el fiel reflejo de lo verosímilmente ocurrido.Se ha dicho, en este sentido, que las primeras declaraciones vertidas ante la autoridad policial deben tener especial consideración en tanto son inmediatas al hecho, y -por ende- resultan espontáneas y no desviadas por la reflexión o por los consejos de los letrados (conf. CNCiv, Sala J, in re “Gandini, Máximo c/ De Nardis, Luis s/ daños y perjuicios”, del 23/11/1999). De otro lado, todo indica que los deponentes, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar el accidente desde un lugar cercano, son terceros ajenos, sin interés alguno en el resultado del pleito (conf. CNCiv, Sala E, in re “Rodríguez, Juan B. y otro c/ Taborda, Bernardo A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 21/10/1997). Como si ello fuera poco, cabe añadir que dos de los referidos testigos -Apat y León Flores- declararon en forma casi idéntica al ser citados en estas actuaciones; no resultando objeto de impugnación por la demandada. En lo pertinente, cabe añadir que el primero de los citados deponentes adujo que “el camión estaba parado sobre la derecha, prácticamente allí no hay banquina” (v. fs. 132/135). Sabido es que en el terreno de la apreciación de la prueba, y en especial de la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe en concordancia con los restantes elementos de mérito que obren en el expediente, siendo ello en concreto una facultad privativa del magistrado; aunque desde luego sin apartarse de las reglas de la sana crítica. Claro está que la credibilidad de los testimonios depende de su verosimilitud, latitud, seguridad, conocimiento del deponente, razones expuestas y, en fin, de la confianza que inspiran; elementos que deben ser apreciados de conformidad con los arts. 386 y 456 del ritual (ver. Rosa, Eliézer, “Diccionario de proceso civil”, Río de Janeiro, 1957, pag. 341; CNCiv, Sala A, in re “Domínguez, Nelson N.c/ Gómez Eugenio s/ daños y perjuicios”, del 5/5/1998). La mentada evaluación -precisamente- me inclina a dar crédito a las mentadas deposiciones. En este sentido, tal como arguyó el juez de grado, las estimaciones o juicios conjeturales del experto en cuanto a la ubicación de los rodados (que se basó únicamente en el informe de fs. 1 de la causa penal y no en el resto del marco probatorio) no pueden prevalecer en este caso por sobre la palabra de quienes presenciaron el siniestro y sobre los cuales no hay dudas en cuanto a la veracidad de sus dichos. Máxime cuando se trata de un lugar cuya fisonomía ha mutado (ver comparación de fotos de fs. 8/13 y 522/524). En resumidas cuentas, estoy persuadido de que el vehículo estacionado indebidamente y sin la señalización correspondiente se ha vuelto un obstáculo insalvable para los pretensores. De tal guisa, y dando especial consideración a los testimonios oportunamente acompañados, habré de proponer a mis colegas que se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta en la anterior instancia.

V I . La indemnización.

VI.a. Trataré inicialmente los agravios incoados respecto de la suma concedida en concepto de incapacidad sobreviniente, en la que el juez de grado analizó tanto el daño físico como el psíquico ($85.000 para Rubén Ignacio Berra y $158.453,93 a favor de Cristian Javier Lelli Bubillo -en tanto se le descontó a los $192.000 fijados inicialmente la indemnización de $33.546,07 concedida por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Al respecto, cabe señalar que la partida por incapacidad física procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual (conf. CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: “Arias Gustavo G.c/ Fuentes Esteban”). Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo, dado que aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable (cfr. mi anterior voto in re “Domínguez c. Arakaki s/ds. y ps.”, del 31/10/2005). Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima. Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr. CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, ED, 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, ED, 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, ED, 1-58; entre muchos otros). En la especie, cabe destacar que Cristian Javier Lelli Bubillo contaba, al momento del siniestro, con 25 años de edad, era de estado civil casado, padre de una hija, con estudios secundarios completos y se dedicaba a la venta de casas.

Por su parte, Rubén Ignacio Berra tenía 28 años de edad, padre de una hija, con estudios universitarios incompletos, y se desempeña en relación de dependencia como vendedor (v. fs. 345/348). A su vez, del Beneficio de Litigar sin Gastos que corre por cuerda al presente -oportunamente concedido- se desprende que los accionantes presentan una situación económica modesta.En lo que se refiere al daño psíquico, por supuesto que con la partida del caso se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis. En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en los informes periciales practicados en el expediente. Es así que el experto médico adujo que Cristian Javier Lelli Bubillo padeció, con motivo del siniestro, “una fractura consolidada de ambos maxilares superiores a predominio del derecho, fractura de arco cigomático derecho y del seno frontal (ostosíntesis), fractura de los huesos propios de la nariz, pérdidas de varias piezas dentarias”, por lo que concluyó en una incapacidad del 45% (v. fs. 300/301). Asimismo, indicó que Rubén Ignacio Berra sufrió “una fractura maxilar inferior con pérdidas dentarias y con prótesis dentarias, la dificultad de la masticación no corregible con prótesis, las pérdidas dentarias incisivas, premolares y molares y la cervicalgia”, que le generan una incapacidad del 16% (v. fs. 322/323). En lo que respecta a la faz psíquica, el experto designado adujo que Cristian Javier Lelli Bubillo presenta un “trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo crónico” que le genera una incapacidad del 15% y que Rubén Ignacio Berra padece una incapacidad psíquica del 10% (v. fs.347, 349 y 501). Repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del idóneo no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Asimismo, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala D, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre n1 25.403/93

del 27/12/96). (cfr., además, mi anterior voto in re “Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.”, del 15/12/2005). Ahora bien, no puede soslayarse que gran parte d e las secuelas que presentan ambos accionantes se debe al desplazamiento que han sufrido contra el parabrisas del rodado; ello así, por no contar con el correspondiente cinturón de seguridad (v. fs. 181, 299 y 321). En la inteligencia apuntada, como bien destacó el a quo, ha quedado acreditado que tal omisión tuvo una incidencia causal crucial en el agravamiento de todos los daños padecidos; por lo que así habrá de considerarse en cada partida.Para decirlo en otras palabras, las consecuencias dañosas del accidente no pueden ser enteramente imputadas a la encartada. Ello es así por cuanto la falta de utilización de cinturón de seguridad por parte de la víctima del accidente hace recaer sobre ella una porción de la incidencia causal en la producción de las lesiones sufridas, dado que tal actitud facilitó que se incrementara la entidad de las secuelas dañosas (cfr. CNCiv., Sala I in re “Rivero c/ Osne S.A. y ots.”, del 21/10/1999; íd. Sala E en autos “Goncalvez c/ Giusti Norma D. y otros”, del 7/9/2006, DJ del 29/11/2006, p. 963). Es que la neutralización del impacto -que conlleva la utilización del referido instrumento de seguridadpresumiblemente hubiese disminuido las consecuencias disvaliosas del caso de marras; máxime teniendo en cuenta las lesiones padecidas. En función de lo expresado, teniendo en cuenta los porcentajes de incapacidad física y psíquica informados por los expertos, la entidad de las lesiones padecidas, que se ha indemnizado de forma autónoma el tratamiento psicológico -que podrá paliar las afecciones psíquicas, aunque no suprimirlas-, especialmente la omisión de contar con el cinturón de seguridad reglamentario, lo que se dirá respecto de los intereses, y las particulares circunstancias de autos, estimo que las sumas fijadas por el magistrado que me precedió resultan adecuadas para enjugar el daño sufrido. De tal guisa, propondré a mis colegas su confirmación. VI.b. Seguidamente me referiré a las quejas vertidas respecto del importe otorgado por tratamiento psicológico ($4.800). Sobre el punto, cabe señalar que la idónea designada en autos recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico de una extensión de un año con una frecuencia de una sesión semanal, a un costo aproximado de $100 por sesión (v. fs.347 y 349). Me permito reiterar que cuando la experticia está debidamente fundada, y no existen argumentos científicos de mayor valor que logren desvirtuar el dictamen vertido en los informes técnicos cuestionados (tal es el caso de autos), ni obren pruebas que determinen que éstos fueron irrazonables, lo que resulta lógico y atinado es aceptar las mentadas conclusiones del idóneo (arg. art. 477 del ritual; Daray, Hernán,”Accidentes de Tránsito”, Ed. Astrea, tomo I, pág. 560). A la luz de lo delineado, teniendo en cuenta la incidencia de la omisión de utilización del cinturón de seguridad, considero por demás razonable y ajustada a derecho la suma establecida en el pronunciamiento de grado. En consecuencia, propondré al Acuerdo su confirmación. VI.c. Por último, ambas partes se agraviaron de las sumas concedidas por daño moral ($40.000 para cada pretensor). Sobre la cuestión, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho. Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p.287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL”, LL, online; íd., Sala E, 26- 5-2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros”). No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que “no contiene más que lo subjetivo puro” (ver Principios metafísicos del Derecho”, p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873). No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente– tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, p. 247, 9° edición, Abeledo-Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto “previsto de antemano por la norma” (ver Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, p. 86, Ed.Orbir, 2° edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2b, p. 593 y ss.). Claro está que, a los fines indemnizatorios, no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales de la víctima al momento del evento -antes destacadas- sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido a consecuencia del hecho dañoso. En virtud de lo referido, de acuerdo a las circunstancias particulares de autos, y nuevamente tomando en cuenta la omisión en la utilización del cinturón de seguridad reglamentario, estimo que los importes fijados por el juez de grado resultan adecuados para enjugar el daño sufrido. Por lo tanto, propondré a mis colegas su confirmación.

VII. Los intereses En lo que respecta a los intereses, ambas partes se agraviaron (por distintas razones) de que el magistrado de la anterior instancia haya resuelto aplicarlos, desde la fecha de mora y hasta la fecha del fallo, de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina; y desde el fallo en adelante, la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. En primer lugar, he de precisar que no comparto la postura del a quo relativa a la “actualidad” de los valores indemnizatorios.Es que, vale la pena reiterarlo, las indemnizaciones que establecen los jueces no pueden contener actualización alguna pues -de lo contrario- se violarían las leyes 23.928, 25.561 y sus decretos reglamentarios (ver, entre tantos precedentes, esta Sala in re “Walas c/ Fernández”, del 20/12/2007 y el fallo de nuestra Corte Federal en “Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.” , 20-4- 2010, LL, del 25-10-2010, p. 9). Más aún, de hecho no surge del pronunciamiento cuestionado que se haya aplicado alguna tabla que contenga índices de actualización monetaria por la inflación acaecida; lo que de por sí descarta que los valores determinados puedan calificarse de propiamente actuales. Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios”, LL, Online, AR/JUR/55224/2013). A la luz de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios” , dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros” (del 2-8-1993) y “Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.” (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, desde el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.Es verdad que el mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso.

A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir. En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de la mencionada doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo modificar la sentencia de grado en este punto, disponiendo que se le adicionen a los capitales de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el momento del hecho y hasta la oportunidad del efectivo pago. Para finalizar, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la que aquí se dispone, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado (ver. art. 1740 del mismo código).

VII I . Conclusión A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y en lo que respecta al monto de condena; y modificarla en lo atinente al modo de cómputo de los intereses.Éstos se calcularán desde el día del hecho dañoso y hasta el momento del efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia. Los Dres. Ramos Feijóo y Parrilli , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

ROBERTO PARRILLI -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Buenos Aires, Diciembre de 2015.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, resuelve confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y en lo que respecta al monto de condena; y modificarla en lo atinente al modo de cómputo de los intereses. Éstos se calcularán desde el día del hecho dañoso y hasta el momento del efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.