Corresponde realizar el pago del premio de Quiniela a quien resultó ganador, aun siendo menor de edad.

quinielaPartes: Palacio Luis Alberto c/ Lotería de Santa Fe s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 2da Nom.

Fecha: 12-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97174-AR | MJJ97174 | MJJ97174

Debe realizarse el pago del premio de Quiniela a quien resultó ganador siendo menor de edad, pues la demandada convalidó el acto y la nulidad relativa no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar los recursos de nulidad y apelación de la demandada y hacer lugar al recurso adhesivo de la actora, modificando la sentencia alzada en cuanto a que el pago debe realizarse al hijo del actor -hoy mayor de edad-, pues no tiene justificación la negativa al pago ni puede la demandada pretender la nulidad del acto, ya que si bien existe una prohibición administrativa disponiendo que los menores no tienen derecho al premio (sorteo de Quiniela), no puede soslayarse que la demandada convalidó el acto o en todo caso concurrió a su realización, y además que la nulidad relativa no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes.

2.-La jurisprudencia tiene dicho que la finalidad de la nulidad relativa consiste en la protección de la persona a fin de que su situación de inferioridad no se convierta en causa de males para el insano, en el presente caso, para el menor, quien gano un sorteo de Quiniela, considerándose a su vez que se trata de una transacción de escasa cuantía y propia de la vida cotidiana, pues los menores celebran compraventas de cosas de poco valor, siendo dichos actos el fruto de una costumbre que ha dado lugar a distintos debates en doctrina favoreciendo la validez y reconociendo una capacidad propia del menor, en consecuencia, desconocer la validez de este acto sería ir en contra de la realidadsocial que tuvo en cuenta la doctrina receptada positivamente en la nueva codificación.

3.-En cuanto al daño moral, tomando en cuenta la comprobada condición económica del actor menor de edad, seguramente generó en él un menoscabo espiritual la falsa expectativa de recibir como premio una importante suma de dinero que hubiese significado un beneficio y un cambio significativo en su vida, en virtud de lo cual se considera que el actor ha sufrido un daño moral resarcible.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, a los 12 días de Febrero de 2016, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Casella, María Eugenia Chapero y Carlos Corti, para resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la resolución dictada por el señor Juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación, Distrito N°4, Reconquista, Santa Fe, en los autos: “Palacio, Luis Alberto c/ Lotería de Santa Fe s/ Ordinario”, Expte. N° 01, año 2009. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Casella, Chapero y Corti y se plantean las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia apelada?

SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia apelada?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Casella dijo: El recurso de nulidad no es sostenido en esta Alzada, y no advierto irregularidades que hagan menester considerar de oficio la cuestión planteada, por lo que voto por la negativa.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Corti luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

A la segunda cuestión, el Dr. Casella dijo: Que los Sres. Luis Alberto Palacio y Norma Beatriz Correa en representación de su hijo menor Mirko Luis Palacio, demandan por cobro de pesos por cumplimiento de contrato más daños y perjuicios por la suma de $10.000 a la Lotería de Santa Fe – Caja de Asistencia Social – y/o la Provincia de Santa Fe. En su demanda pretenden $5.000 (pesos cinco mil) por el premio no abonado, ya que como argumentan en fecha 8 de Octubre de 2003 a la hora 19:40 se llevó a cabo el sorteo extra N° 594 resultando favorecido con el premio , el menor Mirlo Luis Palacio, DNI 35.769.299. La Lotería publicó en su extracto oficial el nombre del ganador y su número de documento de identidad, perfeccionándose el sorteo.Y por otra parte pretenden igual suma en concepto de daño moral.

Contestada la demanda, negando los hechos y dando su propia versión la accionada, y producida y agregadas las pruebas y alegatos, el 26 de Diciembre de 2008 el Juez a quo resuelve hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato y en consecuencia condenar a la demandada, Provincia de Santa Fe a abonar a la actora Norma Beatriz Correa la suma de cinco mil pesos ($5.000) y a abonar igual suma en concepto de daño moral al menor Mirko Luis Palacio, en ambos casos con intereses desde la mora, con costas (fs. 154/156).

La demandada apela dicha resolución, y expresa agravios a fs. 166/169 vto., al hacerlo manifiesta discrepar en cuanto a la situación de considerar a la Sra. Norma Beatriz Correa como analfabeta, basándose en que la última firma el poder que expresamente dice “que previa lectura y ratificación firma el compareciente (fs. 3), a fs. 9 también consta la comparecencia de la señora ante el Juzgado Comunal de Florencia y al pie del acto consta que previa lectura y ratificación firman los comparecientes. Sostiene además que el hecho de depositar un cupón en la urna no constituye la validación de la jugada, por el contrario, el mismo debe ajustarse a una serie de requisitos que la normativa vigente en la materia – Reglamento de los Concursos Extras de la Quiniela de Santa Fe aprobado por la Resolución de Dirección General Nro. 219/00 – establece, y a la que el apostador debe someterse por tratarse de un contrato de adhesión expresamente establecido en la cláusula decimoquinta de la misma y que resultan de aplicación sin admitir prueba en contrario. El art. 17 del citado Reglamento dispone que no pueden participar en dichos sorteos los menores de 18 años de edad.Sostiene que en el momento de efectuarse la apuesta, por parte del apostador, la Caja desconoció si quien lo hizo fue una persona mayor o si el cupón participante se encontraba habilitado para hacerla.

En su segundo agravio, considera que en estos contratos, el principio “favor debilis”, a los fines de interpretar las cláusulas predispuestas no tiene una vigencia irrestricta en cuanto no cabe considerar al apostador como un consumidor de productos o servicios, porque su participación no apunta a satisfacer una necesidad sino un deseo. De allí que argumenta, que no estamos en presencia de un contrato de adhesión común sometido a los principios y reglas interpretativos del derecho privado, como cualquier operatoria bancaria, de, de seguros, inmobiliaria, etc., sino un contrato de adhesión regido por las normas de derecho administrativo, organizado por la Autoridad Pública con fines de asistencia social, donde la voluntad del apostador se encuentra legítimamente restringida a la aceptación o no de las condiciones impuestas por aquélla que rigen el juego.

En su tercer agravio, la recurrente manifiesta que el sólo hecho de realizar apuestas en el sistema de Juego de los concursos sometidos a estudio, implica para los permisionarios y el público apostador el conocimiento y aceptación integral del Reglamento de Juego y demás normas que resulte de aplicación, implicando automáticamente el perfeccionamiento de un contrato de adhesión aleatorio y al portador, a cuyas cláusulas e integras condiciones, someten las partes. Agregando que la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe y la Provincia de Santa Fe, no han violado ninguna norma, quienes precisamente vulneraron la reglamentación, son quienes pretenden cobrar un premio aclarando además que se trata de una participación en un Concurso de forma gratuita y no onerosa.

Por otro lado, en su cuarto agravio considera erróneo que el a quo considere que la responsabilidad del estado es la del principal por el hecho del agente.Argumenta que más allá de que el agenciero en modo alguno constituye un dependiente del Estado provincial ni es posiblemente seriamente asimilarlo, lo cierto es que el hecho de depositar un cupón en la urna no constituye la validación de la jugada, por el contrario el mismo debe someterse a una serie de requisitos que la normativa vigente en la materia Reglamento de los Concurso Extras de la Quiniela de Santa Fe.

Finalmente, se agravia por ser condenado a abonar la suma de cinco mil pesos en concepto de daño moral al menor. Sus argumentos aquí refieren a que en materia de responsabilidad contractual como sería la del caso, la indemnización por daño moral no es la regla sino la excepción, pudiendo el juez concederla sólo cuando las circunstancias del caso lo ameriten, en tal sentido en autos no está probado algún padecimiento o angustia que tenga por víctima al menor.

La actora contesta a fs. 171/175 y adhiere al recurso de la demandada a fs. 175/178 vto. Allí, se agravia considerando que la titular de la acción impetrada es la Sra. Correa por haber otorgado un poder por sí y por su hijo menor de edad y a partir de allí, la sentencia se endereza hacia la condena a favor de Correa, cuando ello no surge del tema traído a autos.Sostiene que la acción ha sido promovida por los padres de Mirko Palacios, ganador del Sorteo Extra de la Quiniela de la Provincia de Santa Fe, en nombre y representación del incapaz a fin que le sea abonado el premio obtenido y, por la injustificada conducta de la Caja de Asistencia Social – Lotería de la Provincia de Santa fe de abonar el premio.

Ingresando al tratamiento del recurso de la demandada, precisamente al primer agravio, relativo a la validez y consecuencias del acto del menor, corresponde comenzar advirtiendo que en los “Concursos Extras de la Quiniela de Santa Fe”, la relación entre el público apostador y la Caja de Asistencia Social reconoce su origen en un contrato de apuesta (Art. 2053 del Código Civil) a la vez sometido a las regulaciones que dictan las autoridades administrativas (art. 2069 Cód. Civil). En nuestra Provincia particularmente podemos destacar el “Reglamento General del Juego de Quiniela de Santa Fe”, el cual prevé que “realizar apuestas en las distintas Categorías del sistema de juego de Quiniela de Santa Fe implica para los Permisionarios y público apostador el conocimiento y aceptación integral del presente Reglamento de Juego. implicando automáticamente el perfeccionamiento de un contrato de adhesión aleatorio y al portador, cuyas cláusulas e integras condiciones someten a las partes” (art. 2). Y cuyo art. 40 prevé que “no podrán participar de las apuestas, ni por interpósita persona, los menores de dieciocho (18) años de edad.Las apuestas efectuadas en contravención a la presente disposición carecerán de derecho a percibir el premio que le hubiere correspondido”. En el caso de marras nos encontramos ante un contrato de apuesta del “concurso Extra” (N°594, según sorteo publicado fs.5), con la particularidad de que el apostador deposita los tickets originales de apuestas de la “Quiniela de Santa Fe” en las urnas especiales habilitadas al efecto en las bocas de expendio oficiales de la “Quiniela de SantaFe’ “o bien en las que pueda habilitar la Caja de Asistencia Social en su administración Central, delegaciones u otros locales que determine. Participan en dicho sorteo todos los tickets originales de apuestas de la “Quiniela de Santa Fe” cualquiera sea su modalidad, correspondientes a sorteos realizados en el período que para cada uno de ellos determine la programación respectiva y que en dicho lapso no hayan obtenido premio alguno ,y para tener derecho al premio en el caso de resultar favorecido en el sorteo respectivo que el ticket original de apuestas tenga escriturado el nombre y apellido y número de documento de identidad de su titular, admitiéndose como válidos aquellos donde se consignaren el o los nombres con iniciales y sin la especificación del tipo de documento de identidad. Los datos escriturados deberán coincidir con los que se consignan en el Documento de Identidad y en todos los casos la escrituración deberá ser legible (arts. 5, 6 y 7 Reglamento de los concursos extras de la “Quiniela de Santa Fe”).

En el caso de marras, nos encontramos ante contrato celebrado por un menor (incapaz de hecho o de ejercicio), es decir, un acto jurídico que podría revestir a simple vista un supuesto de nulidad meramente relativa (art. 1047 C.C.) en virtud de que no existe un motivo de orden público vinculado.Aclarado ello, la recurrente intenta anular el contrato que ha celebrado con un menor, el cual ha significado un beneficio para este último, pues luego de haber participado en el sorteo extra de la Quiniela de Santa Fe, el incapaz resultó beneficiado con el primer premio según la misma demandada lo publicó con n° de ticket, de agencia, nombre y apellido y n° de Documento(nómina obrante a fs. 5 y fs.83). Dicho sorteo fue realizado por funcionarios de la Caja de Asistencia Social de la Provincia, ante Escribano del Área Notarial, según surge del informe y acta agregados a fs.101/103, donde consta que fue extraído el ticket (“soporte”) del actor. Y se consigna el nombre y también el n° de Documento, que ponía en evidencia la posibilidad de que se tratara de un menor (n. 35.769.299, Acta del 08/10/2003. donde es notable la diferencia de numeración con los demás beneficiarios, fs.103), sin que ello moviera a los funcionarios actuantes a realizar la verificación del caso, procediendo por el contrario a cerrar el acto, cuyos resultados fueron luego publicados; esta actuación desvirtúa la vehemente afirmación de la demandada de que “la condición” del actor “sólo se dilucidó al presentarse a efectivizar el premio” (contestación, fs. 80 vta.). De allí, que no tiene justificación la negativa al pago ni puede la demandada pretender la nulidad del acto, ya que si bien existe una prohibición administrativa disponiendo que los menores no tienen derecho al premio en este tipo de contratos, no puede soslayarse que la demandada convalidó el acto o en todo caso concurrió a su realización, y además que la nulidad relativa no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes (art. 1048 C.C.) “por cuanto ella se funda en la protección de un interés particular; ella tiene un beneficiario, un destinatario en cuyo favor opera la sanción legal de invalidez” (Conf. Llambías, J. J., “Código Civil Anotado” T. II B, pág.231. Abeledo-Perrot). En este sentido la jurisprudencia tiene dicho que la finalidad de la nulidad relativa “.consiste en la protección de la persona a fin de que su situación de inferioridad no se convierta en causa de males para el insano” (C. Civ., Sala A, LL 127-868) en nuestro caso, para el menor. A su vez hay que considerar que se trata de una transacción de escasa cuantía y propia de la vida cotidiana, pues los menores celebran compraventas de cosas de poco valor, como cuando contratan viajes en el transporte público o pagan un boleto para ir al cine o teatro y otras compraventas de características similares (un boleto de lotería). Dichos actos son el fruto de una costumbre que ha dado lugar a distintos debates en doctrina favoreciendo la validez y reconociendo una capacidad propia del menor, que surgía de una costumbre contra legem; o como sostenía otra postura, que eran contratos celebrados por los menores por mandato de sus representantes legales y también estaban aquellos que entendían que se trataba de actos nulos de nulidad relativa, confirmados por la inacción del titular. A tal punto llegó la doctrina que el Proyecto de 1998 en su art. 26 sostenía que “los menores pueden concertar los actos usuales correspondientes a su edad y condición” y actualmente se presumen realizados con la conformidad de los progenitores -art. 684 C.C. y C.(Lorenzetti,R. L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. T. IV, págs. 496/497. Rubinzal- Culzoni). En consecuencia, desconocer la validez de este acto sería ir en contra de la realidadsocial que tuvo en cuenta la doctrina en la evolución señalada, receptada positivamente en la nueva codificación.

Entiendo que los fundamentos que anteceden son suficientes para desestimar el recurso de apelación en cuanto cuestiona la decisión del a quo de hacer lugar al pago del premio.Ello no obstante me referiré a continuación a las críticas de los agravios segundo, tercero y cuarto, que adelanto no logran tampoco revertir el fallo apelado.

En primer lugar, no se puede obviar que el Permisionario es un representante del Estado Provincial, toda vez éstos tienen un reglamento administrativo específico (Decreto N° 1179, Anexo, Título II) que rige su designación, acciones y desempeño. Son designados con el fin de comercializar juegos en la Provincia de Santa Fe por la Caja de Asistencia Social a raíz de un acto administrativo que otorga un permiso precario mediante la suscripción de un contrato (art. 1 y 2). La presentación de la solicitud como aspirante a ser titular de un permiso, implica el conocimiento y aceptación integral del presente reglamento, de los reglamentos de cada juego y de toda otra disposición dictada por la Caja, no pudiendo con posterioridad alegar su desconocimiento (Art. 5). Dichas solicitudes solo serán aceptadas a exclusivo juicio de la Caja, teniendo en cuenta razones de oportunidad, mérito y conveniencia (art. 5). Los aspirantes a permisionarios para ello deben acreditar determinados requisitos y condiciones exigidas por el art. 7, y acompañar la documentación requerida por el art. 8. Y por si ello fuera poco, el reglamento prevé que la Caja fiscaliza el accionar de los permisionarios a través de inspectores designados a tal fin, pudiendo aplicar distintos tipos de sanciones según la entidad y reiteración de los incumplimientos detectados (art. 47 y siguientes). Este criterio también lo sostuvo, el Ministro del Más Alto Tribunal de la Provincia Dr. Gutierrez, quien determinó que “no puede soslayarse que los permisionarios son sujetos colocados por la organizadora del juego para agilizar y desarrollar su comercialización, por lo que si aquélla pretende no responder por sus agencieros, debe ejercer, dentro de sus posibilidades un control diligente y razonable tendiente a hacerlos cumplir las reglamentaciones vigentes, teniendo en cuenta para ello la especial complejidad de la organización de la cual se está hablando” (“Galian, Ernesto y ot.contra Caja de Asistencia Social y/u otros” AyS. T. 228, pág. 61-77). Sabido es que el Estado al emplear a otras personas para el manejo de funciones, lleva consigo la responsabilidad de su elección y por ello debe responder por los perjuicios que el permisionario hubiera a terceros en el desempeño de su función. En el caso en exámen, sin perjuicio de la actuación de funcionarios en la conclusión y validación del acto antes referido, y de que el procedimiento dispuesto por la demandada consiste simplemente en depositar el ticket en una urna especial ubicada en el local, debería igualmente considerarse que el permisionario pese a lo dispuesto en el Reglamento General del Juego de Quiniela de Santa Fe permitió participar del “Concurso Extra de la Quiniela de Santa Fe” a un menor de 18 años, en el que resultó ganador y hasta hoy la Provincia de Santa Fe se niega a entregar el premio.

Por otra parte, en atención al segundo agravio, la ley de defensa del consumidor resulta plenamente aplicable, toda vez que quedan obligados a su cumplimiento “todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios” (art. 2 ley 24240), entendiendo por tales a aquellas “personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social … la prestación de servicios” (Art. 1). La doctrina es coincidente en este sentido señalando que “resulta de toda obviedad que el proveedor que se dedica al rubro “juegos y apuestas” está incluido en la LDC. Y no solamente eso, su conducta deberá ser analizada con particular atención pues del otro lado de la relación tendrá sujetos que, en muchos casos, presentarán características de hivervulnerabilidad. El deber de trato digno y equitativo del art. 8 bis, LDC, jugará aquí un rol fundamental” (Conf. “Derecho Comercial. Defensa del Consumidor”. Autor: Chamatropulos, D. A., Directores:Chomer H. O., Sícoli, J. S. La Ley, T. IV, págs. 156/157). Y la jurisprudencia en concordancia con ello ha dicho que “La interpretación armónica de la ley 24.240 le impone a la Lotería Nacional Sociedad del Estado hacerse cargo de los daños cometidos por el agente por ella designado para la comercialización del servicio, como consecuencia de la infracción. El agente es representante de la Lotería Nacional, cuyos productos comercializa, frente a los consumidores y sus actos generan responsabilidad para su comitente quien posee facultades in eligendo y de control respecto del mismo” (“Speiser, Esther y otro c. Nocito, Julio y otro s/ daños y perjuicios”. El DERECHO. ADMINISTRATIVO. T. 2012, págs. 431/442). En rigor, se advierte que en el particular, cabe la aplicación de la interpretación “favor debilis” al contrario de lo que sostiene la recurrente. De este modo la responsabilidad de la Provincia de Santa Fe estaría dada por los términos del art. 40 de la ley 24.240 que dispone “.si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en lacosa o servicio.”. Como ya hemos adelantado, en la realización de las apuestas el Permisionario debe conocer la reglamentación y, contrariándola, no impidió que el menor introdujera con sus datos el ticket en la urna, indicando que lo hiciera con los datos de su madre a quien acompañaba . A mayor abundamiento, en cuanto a las consecuencias de dicha omisión, cabe recordar que “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los p erjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución”. Esa idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art.1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad “por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas” (Fallos: 182:5 en ANALÍA ELIADES, “La responsabilidad del Estado: prospectiva y perspectiva de un clásico instituto jurídico que atraviesa nuestras vidas”. Infojus 06.05.13). Así considero que aún si el contrato no fuera válido, está clara la responsabilidad del Estado por la “falta de servicio”, entendida esta como la ejecución irregular o defectuosa de la función administrativa cuando la misma ocasiona dañosa los ciudadanos -figura que se aplica jurisprudencialmente en nuestro país desde el fallo “Vadell” y que fue tomada y agrega a la ley 26.944 – y sobre la que señala, Graciela Ritto que la expresión francesa “falta” (en alusión a la “falta de servicio”), que en francés es “faute”, tiene un significado mucho más amplio y más objetivo que el término culpa y tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa asignan carácter objetivo a la falta de servicio, la apreciación de la falta es una apreciación de elementos objetivos (Conf. ANALÍA ELIADES, “La responsabilidad del Estado…”).

En cuanto al daño moral, la recurrente no formula una crítica al fundamento del a quo, esto es, que el actor sufrió padecimientos y angustias como consecuencia del incumplimiento contractual de la demandada. Aduce que no están comprobados. Como es sabido, se trata de afecciones espirituales cuya apreciación deriva de la misma experiencia teniendo en cuenta el comportamiento habitual de las personas frente a ciertas situaciones. En este caso, especialmente si tomamos en cuenta la comprobada condición económica del actor menor de edad, seguramente generó en él un menoscabo espiritual la falsa expectativa de recibir como premio una importante suma de dinero que hubiese significado un beneficio y un cambio significativo en su vida.Este menoscabo además queda respaldado con la testimonial prestada por la señora Carina Gladis Rivarola, quien en respuesta a la pregunta séptima sostuvo que “quedaron muy mal, inclusive, me faltaron el respeto porque no se le pagaba el premio, a pesar de mis explicaciones y de haber hecho lo imposible para que le pagaran” y a la repregunta sobre la condición económica ha dicho que “son personas muy humildes y creo que viven de un plan”. De modo que coincido con el a quo en que el actor ha sufrido un daño moral resarcible, entendiéndolo “como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso y comprende los padecimientos y angustias, modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentirlo, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”(Partes: ROLDAN, Cristian Sebastián c/ OJEDA, OsvaldoAlberto y/u otross/ declaratoria de pobreza y juicio ordinario. Juzgado: Tostado – Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado. Fecha: 18-09-2012).

Pasando a considerar el recurso adhesivo de la actora, le asiste razón en su agravio, por lo que corresponde dejar establecido que la condena al pago a Norma Beatriz Correa dispuesta por la sentencia apelada (fs.156), debe entenderse en el carácter de representante legal del actor, por lo que la demandada debe abonar las sumas de condena a Mirko Luis Palacio, quien como surge de las constancias de autos ha alcanzado la mayoría de edad y compareció por apoderado (fs. 192.) Por lo tanto se hará lugar al recurso adhesivo de la actora, modificando la sentencia y en su lugar disponer hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato y en consecuencia condenar a la demandada, Provincia de Santa Fe a abonar al actor Mirko Luis Palacio la suma de cinco mil ($5.000). e igual suma en concepto de daño moral.En ambos casos con intereses desde la mora, con costas.

Voto por lo tanto por la desestimación del recurso de apelación de la demanda y la admisión del deducido adhesivamente por la actora, con costas a la accionada.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Corti luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

A la tercera cuestión, el Dr. Casella dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación de la demandada; 2) Hacer lugar al recurso adhesivo de la actora, modificando la sentencia alzada en cuanto a que el pago debe realizarse a Mirko Luis Palacio – hoy mayor de edad – ; 3) Imponer las costas a la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y el Dr. Corti luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación de la demandada; 2) Hacer lugar al recurso adhesivo de la actora, modificando la sentencia alzada en cuanto a que el pago debe realizarse a Mirko Luis Palacio – hoy mayor de edad – ; 3) Imponer las costas a la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

Regístrese, notifíquese y bajen.

CASELLA

CHAPERO

CORTI

En abstención

WEISS

Secretario de Cámara