El accidente sufrido durante una escala del viaje es responsabilidad del transportista, pues la responsabilidad objetiva se extiende a toda la duración del contrato.

imagePartes: D’Apice Diana Virginia c/ Derudder Hermanos S.R.L. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 27-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96551-AR | MJJ96551 | MJJ96551

El accidente sufrido durante una escala del viaje es responsabilidad del transportista, pues la responsabilidad objetiva se extiende a toda la duración del contrato.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la atribución de responsabilidad por las lesiones sufridas para la actora, pues el art. 184 del CCom. responsabiliza objetivamente al transportista por los daños que sufran los pasajeros mientras dure el contrato de transporte, y las escalas, -momento en que ocurrió el infortunio-, quedan comprendidas en el itinerario, y dicha responsabilidad se mantiene en cada una de ellas.

2.-Debe confirmarse la responsabilidad del transportista por las lesiones sufridas por la actora en la escala programada en el viaje pues le incumbía a aquel probar el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder, para eximirse de las consecuencias referidas, y no lo ha hecho (conf. Art. 184 del CCom.).

3.-Se confirma la procedencia y monto de la reparación del daño moral pues está fuera de toda duda la angustia que generó el accidente en la actora, quien además del dolor que sufrió durante todo el tiempo que duró su rehabilitación, se vio limitada seriamente en su movilidad y no tuvo la aptitud de llevar una vida normal, ni siquiera para atender sus necesidades más básicas porque dependía de un acompañante.

4.-No corresponde limitar la cantidad establecida por el concepto de gastos asistenciales pues con independencia de que la actora haya sido atendida por la obra social, cabe señalar que la cobertura de las mismas está restringida a un porcentaje del valor de las prestaciones, entre los que no se encuentran los padecimientos de la actora.

5.-De conformidad con lo prescripto por el art. 7 del CCivCom. corresponde juzgar que el presente caso está regido por el ordenamiento civil y comercial vigente al momento de los hechos.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «D’Apice Diana Virginia c/ Derudder Hermanos S.R.L. s/ daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. Diana Virginia D’Apice demandó ante el fuero civil, a la firma Derudder Hermanos S.R.L. (en adelante «DERUDDER») por el cobro de $87.400 con más los intereses y las costas del juicio, en concepto de indemnización por las lesiones sufridas durante su viaje de vuelta desde Entre Ríos a la terminal de Retiro en un micro perteneciente a la empresa demandada (ver fs. 44/51).

Refirió la actora que había contratado con DERUDDER un paquete turístico con destino a Federación, Provincia de Entre Ríos. Relató que durante el viaje de vuelta a Buenos Aires, se bajó en una de las paradas programadas y que minutos después, cuando estaba volviendo al micro, tropezó y cayó al piso lesionándose. Afirmó que la caída había sido provocada por la llamada intempestiva de la empresa para continuar el viaje y por el modo inapropiado en que el micro estaba estacionado para el ascenso de los pasajeros. Sostuvo que sufrió una «fractura de epífisis de cúbito (miembro superior) y peroné (miembro inferior)» (fs. 45), la que trajo como consecuencia «una lesión de menisco interno de rodilla derecha, con desgarro del cuerno posterior y prolapso del cuerpo, subluxación externa y edema prepatelar, infrapatelar que provoca dolor, y trastorno severo para la ambulación» (fs. 45, último párrafo).

Encuadró su reclamo en la órbita de la responsabilidad objetiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio.

El juez Civil se declaró incompetente (fs. 54), y remitió la causa a este fuero en el que quedó radicada (ver fs. 56vta./58vta.).

A fs.98 la actora amplió la demanda contra ACE SEGUROS S.A., quien contestó el traslado de la demanda oponiendo como excepción la inexistencia de seguro (fs. 135/137vta.). Frente a ello la actora desistió de la acción contra la compañía (ver fs. 141 y resolución de fs. 486).

II. A fs. 187/193vta. compareció DERUDDER contestando el traslado de la demanda. Aportó su versión de los hechos, impugnó los rubros y montos reclamados y, en resumidas cuentas, alegó la culpa de la víctima como eximente de su responsabilidad por lo que solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

En esa oportunidad denunció como aseguradora a PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (en adelante «PROTECCION MUTUAL») pidiendo que se la citara en garantía (fs. 193, punto XII).

A fs. 239/241vta. PROTECCIÓN MUTUAL se presentó y contestó la citación en garantía. Corroboró la vigencia del seguro pero invocó la franquicia convenida con el tomador (fs. 239vta., punto IV). En lo restante, adhirió al responde de la demandada íntegramente (fs. 240vta., punto VI).

III. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a DERUDDER y a PROTECCIÓN MUTUAL -con los límites de la franquicia- al pago de $42.400 con más los intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días computados, desde el hecho -18/09/2006- para los daños ya sufridos, hasta el efectivo pago. Para los gastos futuros (tratamiento psicológico), hizo correr los accesorios desde el momento en que el fallo quedara firme. Impuso la totalidad de las costas a las condenadas.

IV. Contra dicho pronunciamiento apelaron la demandada y la citada en garantía (fs. 510/vta., y auto de concesión de fs. 514), quienes expresaron agravios a fs. 519/522, dando lugar a la contestación de fs.524/526vta.

Existen recursos contra las regulaciones de honorarios que serán tratados, según sea el resultado al que se arribe, al finalizar el presente Acuerdo.

Los apelantes se agravian de la responsabilidad endilgada a la transportista. Al respecto reiteran que hubo culpa de la víctima en el hecho, y agregan que la dársena con la que tropezó la señora D’Apice no es de su propiedad sino de la terminal en la que se produjo el accidente (fs. 519, punto II). Se quejan también de los montos otorgados por los rubros daño moral y gastos asistenciales por considerarlos elevados (fs. 520/521, puntos IV y V). Por último, cuestionan los intereses fijados, solicitando se aplique «un interés puro del 6% anual o la tasa pasiva del BCRA, desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia» (fs. 521vta., anteúltimo párrafo).

V. Responsabilidad

Por cuestiones de orden lógico abordaré en primer lugar la queja relativa a la responsabilidad.

Antes de tratar los agravios atinentes a este tema, es necesario que me expida sobre el derecho aplicable en virtud de la sanción y promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 B.O. 8/10/2014, en adelante CCyCN) y de la vigencia que al momento de los hechos y de la traba de la litis tenían los Códigos Civil y Comercial sustituidos por aquél.

Sobre el particular ratifico mi adhesión al considerando V del voto de la doctora Graciela Medina en la causa n° 11.095/03 del 21/10/15 a cuyos fundamentos me remito.

En consecuencia y de conformidad con lo prescripto por el artículo 7 del CCyCN juzgo que el presente caso está regido por el ordenamiento civil y comercial vigente al momento de los hechos.

De las dos quejas vinculadas al tema del epígrafe, una de ellas, la que trata sobre el riesgo derivado de las construcciones existentes en la dársena donde se detuvo el micro, no integró la litis.En efecto, ni en el responde de DERUDDER ni en la contestación de la aseguradora, fue planteado ante el juez de primera instancia (artículos 34 inciso 4, 164 inciso 3, 330 incisos 3 y 4, y 357 inciso 2 del Código Procesal, DJA 26.939). Por ende, queda excluido de la jurisdicción revisora (artículo 278 del Código Procesal, DJA 26.939).

Cabe reiterar, una vez más, que el artículo 184 del Código de Comercio responsabiliza objetivamente al transportista por los daños que sufran los pasajeros mientras dure el contrato de transporte. Dado que las escalas quedan comprendidas en el itinerario, dicha responsabilidad se mantiene en cada una de ellas (artículo 184 del Código de Comercio; conf. Zabala Rodriguez C.J., Código de Comercio y leyes complementarias comentados y concordados, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1959, Tomo I, pág. 207 a 215 y 219 a 222; esta Sala, doctrina causa n°4103 del 14/08/1986 y sus citas, entre otras; Sala II, doctrina causa n°7668 del 20/02/1979). Le incumbe al transportista probar el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder, para eximirse de las consecuencias referidas.

En el sub lite el accidente ocurrió en una de las paradas previstas y decididas por la demandada, por lo que la obligación a cargo de DERUDDER subsistía. La culpa de la víctima aducida por la empresa, no pasó de ser un mera manifestación, es decir, carente de sustento probatorio (artículo 377 del Código Procesal).

Por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio de las apelantes y confirmar este aspecto del pronunciamiento.

VI.Definida la responsabilidad de DERUDDER y de PROTECCIÓN MUTUAL analizaré las quejas expuestas por los recurrentes respecto de la cuantía de los rubros indemnizatorios.

a) Daño moral.

En su escrito inicial, la actora solicitó la suma de $18.000 por daño moral y $20.000 en concepto de daño psíquico.

El juez otorgó la suma de $20.000 por daño moral, incluyendo el daño psicológico por no considerarlo, en principio, una categoría autónoma.

Los demandados se agravian de tal condena por considerarla elevada y solicitan la reducción del monto establecido.

El perito psicólogo en su informe indicó que la señora D’Apice presentaba «una personalidad que se encuentra dentro de la normalidad, sobre la cual se ha injertado un proceso psicorreactivo de índole neurótico con indicadores de rasgos depresivos y fóbicos (reacción vivencial anormal)- que tienen un carácter reactivo debido a que se instauran en reacción y en respuesta a la denominada situación vivenciada por la examinada traumática -accidente en la vía pública-» (fs. 324, punto 6). Concluyó que presentaba una limitación equivalente a un 12% del VTO, según el Baremo para Daño Psíquico y Neurológico de Castex y Silva (fs. 322/325, en especial fs. 325). No estoy contemplando esa minusvalía desde el punto de vista económico, sino tomando en consideración las consecuencias que ella produce en la esfera de la intimidad, esto es, las frustraciones por el detrimento de la realización íntegra de la persona.

Está fuera de toda duda la angustia que generó la situación de autos en la actora, quien además del dolor que sufrió durante todo el tiempo que duró su rehabilitación, se vio limitada seriamente en su movilidad y no tuvo la aptitud de llevar una vida normal, ni siquiera para atender sus necesidades más básicas porque dependía de un acompañante.En virtud de lo expuesto y del prudente criterio judicial que guía la cuantificación de esta partida, me parecen adecuados los $20.000 reconocidos por el magistrado, los que corresponde confirmar (artículo 166 del Código Procesal).

b) Gastos asistenciales.

En su tercer agravio los recurrentes solicitan que se limite la cantidad establecida en el fallo por este concepto toda vez que «las atenciones médicas y farmacéuticas fueron abonadas por terceros» (fs. 520vta., punto V).

Al respecto, cabe aclarar que los gastos asistenciales no se tratan únicamente de las prestaciones o medicamentos, sino que comprenden otras erogaciones tales como el traslado, personal para cuidado, entre otras. Adviértase que la actora sufrió una «fractura de cúpula radial, fractura avulsión de maléolo peroneo derecho y un traumatismo de rodilla izquierda» (fs. 359) que llevó a la inmovilización de su brazo izquierdo con un «yes o braquio palmar» durante 45 días; y que tuvo que utilizar bota corta de tobillo derecho como parte del tratamiento (ver historias clínicas agregadas a fs. 3023/303 y 310/311vta., y pericia médica de fs. 359/364).

Por lo demás, con respecto al argumento de los apelantes relativo a que la actora fue asistida por la Obra Social Ciudad de Buenos Aires a la que era afiliada, cabe señalar que la cobertura de las obras sociales está usualmente restringida a un porcentaje del valor de las prestaciones, salvo casos puntuales establecidos expresamente por la autoridad correspondiente -v. gr. diabetes, HIV, etc.- entre los que no se encuentran los padecimientos de la actora.

En virtud de lo manifestado, del tiempo en que se encontró inmovilizada la demandante y del tratamiento que debió efectuar, estimo que la suma de $2.400 otorgada por el a quo es ajustada a derecho.

VII.Intereses.

El magistrado fijó los intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, desde la fecha del accidente (18 de septiembre de 2006) para los daños ya sufridos, y desde que la sentencia quede firme para los gastos futuros (considerando 4, fs. 500).

En su recurso, los demandados pretenden que se aplique «un interés puro del 6% anual o de la tasa pasiva del BCRA, desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia» (fs. 521vta., anteúltimo párrafo).

Más allá de que se trata de una cuestión introducida tardíamente (artículo 278 del Código Procesal), es conocido el criterio de las tres Salas de esta Cámara sobre el particular, que el juez adopta en el fallo (v.g. esta Sala, causa n° 978/03 del 10/06/2008 y sus citas, entre muchas otras).

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada, con costas (arts. 70, primer párrafo del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de octubre de 2015.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 70, primer párrafo del Código Procesal).

Primera instancia: por la manera en que se resuelve corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 500vta./501 (fs. 509 y 510 concedidos a fs. 511 y 514).

Teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -$42.000, con más los intereses, calculados prudencialmente a los fines regulatorios-, la naturaleza del proceso (fs. 61), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas, se confirman los honorarios fijados en primera instancia (arts.5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 y 37 de la Ley de Arancel).

Por el incidente resuelto a fs. 277/278, se confirman los emolumentos regulados por el a quo a los profesionales allí intervinientes (artículo 32 de la Ley de Arancel).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio de los expertos designados en autos, a la calidad y extensión de sus dictámenes, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se confirman los emolumentos del perito médico psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio, del perito médico legista Mario Arnaldo Malfatti, del perito contador Diego J. Martín y de la consultora técnica Jacinta Krumecadyk.

Segunda instancia: por la instancia de Alzada se establece a favor de la letrada patrocinante de la actora, doctora Carla M. Cortés, la suma de ($.) y del letrado de la demandada y de la citada en garantía ($.) (arts. 5, 6, 8 y 13 de la Ley de Arancel).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJn).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

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