Indemnizan al actor por el fallecimiento de su hijo, embestido por un móvil de la provincia demandada.

accidente moto 1Partes: P. C. c/ Ballar José y Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 5-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96322-AR | MJJ96322 | MJJ96322

Indemnización por fallecimiento del hijo del actor embestido por un móvil de la provincia demandada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que admitió la demanda enderezada contra la provincia por el fallecimiento del hijo de los actores al ser embestido por un móvil del demandado desde que éste no produjo prueba alguna que desvirtuara la presunción, por lo que le cabía la culpa exclusiva del accidente como conductor del vehículo que por imprudencia e impericia chocó contra la motocicleta y provocó la muerte del hijo de los actores, recayendo sobre la Provincia demandada como empleadora y usuaria del móvil en cuestión, la responsabilidad objetiva del hecho, dado que el siniestro ocurrió mientras aquél realizaba tareas propias de su actividad policial, con el referido móvil (art. 1.113 CCiv ).

2.-Corresponde rechazar el agravio contra el monto concedido por el sentenciante en concepto de pérdida de vida de un hijo desde que el hecho que no se haya acreditado que el fallecido produjera ingresos comprobables o cuantiosos, no impide considerar que contaba con la plenitud de su capacidad productiva atendiendo a la edad que tenía (25 años), lo que posibilita aceptar que su fallecimiento tuvo aptitud para generar un detrimento económico para su núcleo familiar.

3.-A los fines de la cuantificación del valor pérdida de la vida de un hijo no debe perderse de vista que la atención de otras personas puede prodigarse mediante servicios y atenciones que, sin embargo, no aportan recursos dinerarios, pero cuya pérdida resultan igualmente ponderable desde el punto de vista patrimonial

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 5 días del mes de Octubre de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, integrada para esta causa por los doctores María Mercedes Serra, Ariel Carlos Ariza y María de los Milagros Lotti, para dictar sentencia en los autos caratulados «PIEDRABUENA, Celmira contra BALLAR, José y Gobierno de la Provincia de Santa Fe sobre Daños y perjuicios» (expte. nº 287/2011), venidos para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos a foja 275 por la codemandada Gobierno de la Provincia de Santa Fe contra el fallo número 2.538 de fecha 9 de diciembre de 2010, proveniente del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 2 de San Lorenzo.

Realizado el estudio de la causa, se plantearon las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término a la señora vocal doctora Serra, sobre la primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto a foja 275 no ha sido mantenido en esta instancia de manera autónoma. A todo evento, las críticas contenidas en el memorial refieren a vicios in iudicando y no in procedendo que pueden ser respondidos con el tratamiento de la apelación. Por ello y no advirtiendo irregularidades en el procedimiento que precedió al dictado del fallo que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra y vota en el mismo sentido.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Lotti, a quien le correspondió votar en tercer término, y esta cuestión dijo:Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la segunda cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

1. La sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia número 2.538 de fecha 9 de diciembre de 2010 (fs. 268/273 vta.), la jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y, en consecuencia, condenó a José Inocencio Ballar y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, solidariamente, a pagar a la actora Celmira Piedrabuena, en el plazo de veinte días, las sumas establecidas en los considerandos, con intereses y costas.

Para así decidir, tuvo en cuenta que la actora promovió demanda por daños y perjuicios contra los demandados, pretendiendo el cobro de la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.-) con más intereses, causados por el accidente de tránsito en el que perdiera la vida el hijo de la demandante, Pedro Ignacio Franco.

Refirió que si bien el codemandado Ballar no había contestado la demanda pese a estar debidamente notificado (céd. fs. 74), en los supuestos de litisconsorcio pasivo la falta de contestación de la demanda por uno de los litisconsortes, no aparejaba el apercibimiento contenido en el artículo 143 del Código Procesal cuando el otro litisconsorte la había contestado oponiéndose; que la codemandada Provincia de Santa Fe, sólo había reconocido la existencia del accidente y las partes intervinientes, estando controvertida la mecánica de aquél, la atribución de responsabilidad, los daños reclamados y sus montos.

En relación a la mecánica del accidente, la magistrada coincidió con lo narrado por el perito ingeniero mecánico en su dictamen (fs.161/165) en cuanto a que ocurrió en el carril de circulación este-oeste, por el cual se desplazaba la motocicleta y que fue el móvil conducido por Ballar quien invadió el carril de circulación de Franco impactando con su frente contra la moto: que a causa del impacto, el conductor de ésta cayó al suelo y perdió la vida; que luego de la colisión el automóvil siguió su marcha hacia el este, quedando detenido sobre la banquina norte, a metros del lugar del impacto y que la moto siguió su marcha quedando detenida sobre la banquina sur hacia el oeste del lugar del siniestro; que el automóvil al invadir el carril de la moto era el embestidor; tuvo en cuenta además, las actuaciones obrantes en la causa penal, el croquis realizado por la preventora el mismo día del hecho (fs. 11) del que surgía que el móvil 651 conducido por Ballar terminó su fatal recorrido en el lado norte del carril este-oeste, que los restos de la motocicleta y el zapato del hijo de la actora quedaron en el carril este-oeste, infiriendo de ello que el siniestro sucedió sobre la mano de circulación de Franco y no de Ballar; ponderó también las declaraciones de los testigos en sede policial (fs. 35/39), la indagatoria de Ballar en sede penal (fs. 49/50) y la absolución de posiciones de éste en sede civil (fs. 98); la pericial mecánica realizada en el sumario penal (fs. 106/108).

Destacó que el demandado José Ballar no produjo prueba alguna que desvirtuara la presunción, por lo que le cabía la culpa exclusiva del accidente como conductor del vehículo que por imprudencia e impericia chocó contra la motocicleta y provocó la muerte de Franco; que sobre la Provincia de Santa Fe como empleadora de Ballar y usuaria del móvil en cuestión, recaía la responsabilidad objetiva del hecho, dado que el siniestro ocurrió mientras aquél realizaba tareas propias de su actividad policial, con el referido móvil (art. 1.113 Cód.Civil).

En relación al daño emergente originado en la pérdida por la vida de Pedro Franco, la magistrada tuvo en cuenta que la víctima tenía veinticinco años a la fecha del deceso, que no vivía con su madre, trabajaba en relación de dependencia en una gomería, sin que hubiera acreditado cuál era el ingreso, que la actora vivía en la localidad de Pavón Arriba en la Provincia de Córdoba, que Pedro era el hijo mayor de siete hermanos y que, según los testigos, colaboraba con su madre económicamente. De resultas de lo expuesto, fijó la indemnización por pérdida de chance derivada de la muerte del hijo en la suma de ciento diez mil pesos ($ 110.000.-).

Estableció la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000.-), en concepto de daño moral y psicológico; dispuso que al capital establecido en los considerandos se le aplicaría, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina; impuso las costas a la demandada vencida.

2. El recurso de apelación.

Contra la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación la codemandada Gobierno de la Provincia de Santa Fe (fs. 275). Radicada la causa en esta Sala, expresó sus agravios a fojas 309/314, los que fueron contestados por la demandante (fs. 316/317). Consentida la providencia de autos (fs. 319/327) y la integración del tribunal (fs. 328/333.) quedaron los presentes en condiciones de dictar resolución.

No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes del caso que ha reseñado el fallo, por lo que en este aspecto corresponde remitirse a la sentencia de grado por razones de brevedad.

La apelante sostiene que el fallo resulta arbitrario, contiene afirmaciones dogmáticas y contradictorias y que carece de racionalidad y de motivación suficiente en relación a la determinación del daño material otorgado a la demandante.Realiza estimaciones en torno a cómo se podría determinar razonablemente el daño material reclamado por la actora, derivado de la pérdida de chance u oportunidad de ayuda por parte del hijo fallecido en la vejez de aquélla.

Insiste en que la sentencia incurre en graves irregularidades en el razonamiento implementado que ocasionan a la recurrente un perjuicio económico evidente. Pretende, en suma, la revocación parcial de la sentencia y la reducción del monto reconocido en concepto de daño material, pérdida de chance, con costas.

3. Sobre la procedencia de la apelación.

No se cuestiona la procedencia de la indemnización conferida con base en la pérdida de chance derivada de la muerte del hijo de la demandante, criterio que, por otra parte, resulta actualmente sustentado en lo dispuesto por el inciso c) del artículo 1745 del Código Civil y Comercial.

Conforme surge de la relación de antecedentes que se ha efectuado, la sentencia anterior avaló la procedencia del rubro cuestionado en que «… la doctrina admite la posibilidad de reparación vinculada con una colaboración económica actual y efectiva y más aún con un derecho a indemnización por chance de una cooperación posterior en la jubilación o ancianidad de sus padres» (fs. 272 in fine); en modo alguno el pronunciamiento circunscribe la eventual ayuda a la ancianidad de la demandante, como expone la recurrente sin formular una crítica jurídica puntual sobre el particular (fs.310). Y en este punto, tampoco resultan atendibles las consideraciones que efectúa con relación a la exigüidad de los ingresos del fallecido, pues esa circunstancia no constituye impedimento para que, pese a ello, en un futuro más o menos cercano a su deceso pudiese haberlos incrementado y, consecuentemente, haber aumentado la ayuda a su madre.

Sobre ese tema deben destacarse dos aspectos.

Primero, que es criterio aceptado que en tanto la vida humana no tiene un valor económico en sí misma, su pérdida debe resarcirse en función del detrimento que ocasiona para el damnificado, siendo necesario para ello confrontar las circunstancias particulares de la víctima y de los afectados, su edad, grado de parentesco, profesión, posición económica y expectativa de vida, etc. (C.S.J.N., 15.10.1987, «Prille de Nicolini, Graciela c. servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires y otra s. Daños y perjuicios», Fallos, 310:2103; 09.11.2000, «Saber, Ciro c. Pcia. de Río Negro y otro s. Daños y perjuicios», Fallos, 323:3614).

Conforme a ese criterio, el hecho que no se haya acreditado que el fallecido Franco produjera ingresos comprobables o cuantiosos, no impide considerar que contaba con la plenitud de su capacidad productiva atendiendo a la edad que tenía (25 años), lo que posibilita aceptar que su fallecimiento tuvo aptitud para generar un detrimento económico para su núcleo familiar. Además, no debe perderse de vista que la atención de otras personas puede prodigarse mediante servicios y atenciones que, sin embargo, no aportan recursos dinerarios, pero cuya pérdida resultan igualmente ponderable desde el punto de vista patrimonial (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de daños a las personas, T.I, Ed. Astrea, 2008, pág.162).

Esta Sala ha sostenido -con apoyo en doctrina judicial y de los autores- que la situación mencionada debe ser atendida muy especialmente con relación a los grupos humildes o más vulnerables económicamente, ya que el fallecimiento de un miembro de la familia supone siempre una disminución en los ingresos, aun cuando se trate de una persona desempleada, por lo cual, para determinarla es posible efectuar estimaciones presuntivas (v. de esta Sala, voto del doctor Silvestri en Ac. n° 443 del 10.11.2009, en «Calabrese, Sandra y otros c. AUFE S.A.C. s. Daños y perjuicios»).

La segunda cuestión a considerar radica en que la recurrente propicia que el rubro cuestionado sea circunscripto -erróneamente según se ha visto- a la ancianidad de la reclamante que al momento del deceso contaba con cuarenta y ocho años, lo que hace que su estimación no resulte certera, y aun cuando se admita que la cuantificación puede sustentarse en un criterio con base en cálculos aritméticos (el art. 1745 citado impone al juez «… tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y la de los reclamantes), lo que se indemniza en el caso es una posibilidad, una chance de ayuda en función de circunstancias que, como se ha mencionado precedentemente, resultan variables.

Por lo expuesto y no advirtiendo que la jueza anterior haya excedido el marco de sus atribuciones al estimar prudencialmente la cuantía del rubro indemnizatorio en tratamiento, corresponde rechazar el agravio.

Sobre la segunda cuestión, voto por la afirmativa.

Sobre esta misma cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con lo expuesto por la señora vocal doctora Serra y vota por la afirmativa.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Lotti, dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la tercera cuestión la señora vocal doctora Serra:Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde, desestimar el recurso de nulidad y rechazar la apelación de la codemandada Gobierno de la Provincia de Santa Fe, imponiéndole las costas de la alzada. Los honorarios de los profesionales que actuaron en esta sede deben ser regulados en el cincuenta por ciento (50%) de los que se establezcan en la primera instancia por la cuestión principal.

Así voto.

Sobre esta tercera cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en igual forma.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Lotti, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.

Por tanto, la Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de nulidad. 2. Rechazar la apelación de la codemandada Gobierno de la Provincia de Santa Fe, imponiéndole las costas de la alzada. 3. Regular los honorarios de los profesionales que actuaron en esta sede en el cincuenta por ciento (50%) de los que se establezcan en la primera instancia por la cuestión principal. Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (Expte. Nro. 287/2011).

mm.

SERRA

Siguen las firmas. (Autos: «PIEDRABUENA, Celmira contra BALLAR, José y Gobierno de la Provincia de Santa Fe sobre Daños y perjuicios» – Expte. Nro. 287/2011).

ARIZA

LOTTI

-art.26 ley 10.160-

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