fbpx

Reducción de la indemnización debida por un supermercado al consumidor que se resbaló por haber pisado mayonesa derramada cuando se encontraba de compras en las instalaciones de la demandada.

cache_2439923979Partes: Cuadrado Elvira L. c/ COTO S.A. s/ daños y servicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-96319-AR | MJJ96319 | MJJ96319

Reducción de la indemnización debida por un supermercado al consumidor que se resbaló por haber pisado mayonesa derramada cuando se encontraba de compras en las instalaciones de la demandada. Cuadro de rubros indemnizatorios.nmg

Sumario:

1.- No han sido objeto de cuestionamiento las razones jurídicas por las que el juez confirió la indemnización, concretamente, aquellas por las que atribuyó responsabilidad a la demandada y juzgó procedente la obligación de indemnizar.

2.- Las objeciones de la demandada que refieren a la prueba del hecho no constituyen un reparo adecuadamente fundado en los términos del artículo 365 del Código Procesal, que exige el planteamiento de una crítica jurídicamente sustentada y no la formulación de objeciones generales que -como en el caso ocurre- sólo manifiestan el disgusto de la recurrente con el resultado expresado en la resolución atacada.

3.- Procede el reconocimiento de gastos médicos, traslados, etc., que haya tenido que efectuar el damnificado por un hecho ilícito que ha afectado su salud, aunque no hayan sido acabadamente probados, porque cabe presumir, según el normal acontecer y los datos de la experiencia común, que este tipo de erogaciones son necesarias en esas situaciones.

4.- Los criterios que sujetan los perjuicios por lesiones físicas a la demostración de la gravitación que éstos han tenido solamente en la capacidad productiva de la víctima, se encuentran en pugna con las posturas actualmente prevalecientes que han dejado de lado la visión preponderantemente patrimonialista que tenía el Código Civil derogado, por una personalista.

5.- Las indemnizaciones deben incluir, especialmente y entre otras, las consecuencias en la salud psicofísica de la víctima sin relacionarlo necesariamente con sus capacidades lucrativas, lo que impide que en un caso como el de autos el daño que ha sido efectivamente demostrado y atribuido al obrar de la demandada, deje de ser resarcido solamente por cuestiones de prueba relacionadas con la repercusión del perjuicio en la vida productiva de la demandante, pues no requiere demostración especial que una lesión como la que ha padecido la actora con las secuelas que se relacionan en las diversas constancias incorporadas al expediente, ha tenido innegable aptitud para afectar de modo significativo los diversos ámbitos (laborales, sociales, de esparcimiento, etc.) en los que los seres humanos desarrollan su existencia.

6.- Cuando se trata de la reparación de los daños ocasionados por hechos ilícitos, la mora es automática y desde la fecha del suceso, y los intereses moratorios se aplican desde el incumplimiento de la obligación, el cual se verifica con la producción del perjuicio.

7.- La aplicación de la tasa fijada en el pronunciamiento -que no ha sido cuestionado- arroja un resultado que se juzga elevado en relación a las circunstancias del caso. Ello, teniendo en consideración que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto reiteradamente que los jueces no deben desentenderse de las consecuencias económicas de sus pronunciamientos.

8.- Cuando se trata de un hecho ilícito que afecta la salud de un individuo, el daño moral debe considerase probado in re ipsa, por lo cual, como se ha expresado, el reparo carece de sustento atento a que la procedencia del perjuicio extra patrimonial se tiene por probada con la ocurrencia misma del hecho y la comprobación de sus secuelas.

9.- La tarea de valorar el daño moral debe realizarse independientemente de otras circunstancias, como pudo haber sido una lesión anteriormente padecida por la actora, porque esa disminución preexistente puede ser tenida en consideración para cuantificar las incapacidad física subsecuente, pero no para minorar el daño moral, porque no es admisible como hipótesis -como propone el fallo recurrido- que a consecuencia de aquel evento previo la damnificada haya padecido menos en el suceso por que se reclama; ya que a partir de ese modo de ver, podría sostenerse que debe minorarse el daño moral derivado de la pérdida de un hijo, para aquellos padres que han padecido anteriormente la pérdida de otro.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 30días del mes de Setiembre de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, doctores María Mercedes Serra, Ariel C. Ariza y María de los Milagros Lotti para dictar sentencia en los autos caratulados «CUADRADO, Elvira Lilia contra COTO S.A. sobre Daños y perjuicios» (expte. n° 241/2014), venidos para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la actora y por la demanda contra el fallo número 1.388 de fecha 8 de mayo de 2014 dictado por el juez de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia impugnada?

Segunda: En su caso, ¿es justa?

Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Sobre la primera cuestión la señora vocal doctora Serra dijo:

El recurso de nulidad interpuestos a foja 413 no ha sido sostenido de modo autónomo en esta sede. A todo evento, las críticas refieren a vicios in iudicando y no in procedendo que pueden ser respondidas en el tratamiento de la apelación. Por ello y no advirtiendo vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde desestimarlos. Voto, pues, por la negativa.

Sobre esta primera cuestión el señor vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en segundo lugar, dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra y vota por la negativa.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Lotti, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que coincide con lo manifestado por la señora vocal doctora Serra y vota negativamente a esta cuestión.

Sobre la segunda cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

1.La sentencia de primera instancia.

Mediante resolución número 1.388 de fecha 8 de mayo de 2014, el juez a quo resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada Coto S.A. a abonar a la actora Elvira Lilia Cuadrado los montos reconocidos en el pronunciamiento correspondientes a los rubros indemnizatorios reclamados, intereses y costas (fs. 404/411).

Para así decidirlo, tuvo en cuenta que la actora, Elvira Lilia Cuadrado, promovió demanda de daños y perjuicios contra Coto S.A., por la suma que surgiera de las pruebas a producirse, con intereses y costas, derivados del accidente sufrido en fecha 10.01.2009, cuando se encontraba de compras en las instalaciones de la demandada, en la sección verdulería, lugar en el que se habría resbalado y caído al piso por haber pisado mayonesa derramada en el suelo, sin que hubiera señalización que advirtiera dicha anomalía.

Refirió que la demandante relató haber sido trasladada al Hospital Español donde le diagnosticaron fractura supracondilea del fémur izquierdo, habiendo sido intervenida quirúrgicamente en fecha 16.01.2009 y que le colocaron una placa bloqueada para fémur distal dinámica y comprensiva con tornillos de angulación variada de 30 Stryker, dándosele el alta médica el 18.01.2009; que de resultas del accidente se resintió una operación anterior (del 09.02.2008) que le ocasionó un retroceso en la recuperación y un nuevo pedido de licencia en su lugar de trabajo.

Mencionó que en la ampliación de la demanda (fs. 84/86), la demandante invocó la existencia de una relación de consumo entre las partes que confirmaba el alegado factor objetivo de atribución del deber de responder fundado en el Código Civil, consagrado también en la Ley de Defensa del Consumidor (art.40 ley 23.361).

Destacó el magistrado que la invocada lesión prexistente y la edad de la actora tenían incidencia en la producción del hecho dañoso, circunstancia que debía tenerse en cuenta para fijar la indemnización.

Expresó que la existencia en el caso de mayonesa derramada no constituía un hecho fortuito, siendo responsabilidad del dueño del establecimiento arbitrar los medios conducentes para minimizar los efectos de roturas o derrames, colocando por ejemplo preventivamente y hasta tanto se habilitara la circulación del sector en cuestión señales de precaución; que aún sin atribución de responsabilidad de tipo subjetiva, resultaba ineludible la imputación objetiva de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa riesgosa, resultando aplicable al caso el deber de seguridad impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor.

Consideró procedente el daño emergente pretendido correspondiente a gastos complementarios (material descartable, farmacéuticos, colaboración hospitalaria, traslado, etc.), el que cuantificó a la fecha del pronunciamiento en la suma de mil seiscientos sesenta y tres pesos con once centavos ($ 1.663,11) con más el interés calculado según la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

En cuanto a la reparación del daño por incapacidad (estimado por la actora en $ 396.000.- de acuerdo al 33% de incapacidad total y permanente determinado en la pericial médica), el magistrado señaló que debía tenerse en cuenta la lesión que padecía la actora en el mismo miembro izquierdo con anterioridad al hecho reclamado en la presente causa, por lo que entendió que debía atribuir un veinticinco por ciento (25%) de incidencia en la lesión final a la primigenia sufrida por aquélla y estableció la indemnización por incapacidad física al momento de la sentencia en la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000.-) con la tasa anteriormente establecida.

Finalmente, fijó la indemnización por daño moral a la fecha del fallo en la suma de diez mil pesos ($10.000.-) con los réditos ya establecidos.

2. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la demandada. Radicada la causa en esta Sala, expresó agravios a fojas 435/438, los que fueron contestados por la actora quien dedujo apelación adhesiva (fs. 441/445), siendo éstos contestados por la contraria (fs. 447/448). Consentida la providencia de autos (fs. 451/54) y la integración del tribunal (fs. 455/461) quedó la causa en estado de resolver.

No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes contenidos en el fallo apelado, por lo que por razones de brevedad corresponde remitirse a lo allí expuesto.

3. Los recursos de apelación.

3.1. Agravios de la demandada (fs. 435/438).

3.1.1. Cuestiona el fallo por haber tenido por acreditado el hecho (caída de la actora) sin que la demandante hubiere relevado satisfactoriamente la carga probatoria que le incumbía, resultando insuficiente para ello las testimoniales producidas.

3.1.2. Critica el reconocimiento de la indemnización otorgada en concepto de rubro daño emergente por gastos complementarios, por excesiva, arbitraria y carente de fundamentos.

3.1.3. Se agravia de la admisión de la suma de $ 300.000.- en concepto de incapacidad sobreviniente, por no haber sido acreditada y resultar desproporcionada, pretendiendo a todo evento su modificación.

3.1.4. Cuestiona la suma reconocida en concepto de daño moral, por carecer de prueba que acredite el referido rubro y el monto establecido.

3.2. Agravios de la actora (fs. 442/444).

3.2.1. Se agravia del porcentaje de incapacidad y de los montos reconocidos en concepto de daños no patrimoniales (daño moral, psíquico y estético).

Expresa que contrariamente a lo afirmado en el fallo, la pericial médica no se expidió sobre la incidencia de la anterior lesión en la producción de la nueva ni sobre la existencia de un porcentaje de incapacidad sobreviniente; que la sentencia se aparta sin fundamento de la prueba científica, por lo que corresponde reconocer a la actora el 33% de incapacidad determinado por el perito médico.Reitera que el magistrado se aparta arbitrariamente de la prueba producida e incurre en afirmación dogmática respecto de la supuesta incidencia de la anterior lesión; que resulta exiguo el monto reconocido por el rubro daño no patrimonial, debiendo ser elevado a la suma de $ 242.250.- o lo que en más o en menos determine el tribunal.

4. Sobre la procedencia de los recursos de apelación.

Como aclaración preliminar corresponde dejar sentado que no han sido objeto de cuestionamiento las razones jurídicas por las que el juez confirió la indemnización, concretamente, aquellas por las que atribuyó responsabilidad a la demandada y juzgó procedente la obligación de indemnizar.

4.1. Aclarado lo anterior, las objeciones de la demandada que refieren a la prueba del hecho no constituyen un reparo adecuadamente fundado en los términos del artículo 365 del Código Procesal, que exige el planteamiento de una crítica jurídicamente sustentada y no la formulación de objeciones generales que -como en el caso ocurre- sólo manifiestan el disgusto de la recurrente con el resultado expresado en la resolución atacada.

En efecto, en esencia, expresa la apelante que las declaraciones de los testigos rendidas en autos resultan insuficientes para tener por demostrado el hecho dañoso (la caída de la actora). Empero, no explica por qué esas declaraciones no son suficientes, no son atendibles o indignas de crédito y tampoco se hace cargo de otra circunstancia indiciaria que tuvo en cuenta el magistrado anterior, cual es que la demandante fue atendida por una empresa de emergencias médicas, en el local de la demandada, el día del hecho y por una lesión compatible con la que demandó (v. fs. 321).

Tampoco explica cuáles son los medios de prueba más idóneos mediante los que debió acreditarse el hecho disputado, ni cuál sería el medio específico de demostración a que se debió acudir para ese cometido.

4.2. De igual modo, no resulta adecuadamente sustentado el agravio por la suma conferida por gastos.Es criterio indiscutido en la doctrina judicial el que sostiene que procede el reconocimiento de gastos médicos, traslados, etc., que haya tenido que efectuar el damnificado por un hecho ilícito que ha afectado su salud, aunque no hayan sido acabadamen te probados, porque cabe presumir, según el normal acontecer y los datos de la experiencia común, que este tipo de erogaciones son necesarias en esas situaciones.

Dado que en el caso se trata de una suma razonable en relación al daño y su tratamiento y, además, resulta prima facie respaldada en las constancias aportadas por la demandante (fs. 42/69), la crítica debe ser desestimada.

4.3. La parte actora cuestiona que el juez anterior se haya apartado del porcentaje de incapacidad que fijó el perito y la demandada objeta la cuantía de la indemnización establecida por este rubro.

4.3.1. La apelación de la demandante no cumple con los recaudos del citado artículo 365 del Código Procesal.

Ello, porque si bien postula que debió habérsele reconocido un treinta y tres por ciento (33%) de incapacidad de acuerdo a lo establecido en el dictamen pericial, no expresa cómo debería incidir esa modificación en el resultado del pleito, detallando con precisión si la suma reconocida como indemnización debería ser elevada como consecuencia del incremento que propicia y, en su caso, a cuánto.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir el dictamen pericial y deben apreciar el mérito de la prueba según su criterio (art. 199 C.P.C.C.).

Atento a ello, para fundar lo decidido, en la sentencia se relacionan las constancias presentadas por la demandante que acreditan una lesión anterior (documental n° 6 de fs. 14 a 20, fs. 406) y se desarrollan diversos argumentos vinculados con las razones por las que ese detrimento pudo haber tenido incidencia en el resultado que expresa la pericial médica (fs.410 y vta.), que no son objeto de confutación en la apelación en tratamiento, ya que la recurrente -como se ha expresado- se limita a sostener que el juez a quo no debió apartarse de la peritación sin dar fundamentos científicos suficientes, sin hacerse cargo de los motivos expresados en la resolución.

4.3.2. En lo que refiere a la apelación de la demandada, es cierto que la sentencia es magra en cuanto a las razones de hecho sobre las que estableció la cuantía de la reparación.

La recurrente objeta puntualmente que no se haya probado que subsista alguna minoración, impedimento o dificultad que limite el desarrollo de actividades por parte de la damnificada. Pero los criterios que sujetan los perjuicios por lesiones físicas a la demostración de la gravitación que éstos han tenido solamente en la capacidad productiva de la víctima, se encuentran en pugna con las posturas actualmente prevalecientes que han dejado de lado la visión preponderantemente patrimonialista que tenía el Código Civil derogado, por una personalista.

Desde esa perspectiva las indemnizaciones deben incluir, especialmente y entre otras, las consecuencias en la salud psicofísica de la víctima sin relacionarlo necesariamente con sus capacidades lucrativas, lo que impide que en un caso como el de autos el daño que ha sido efectivamente demostrado y atribuido al obrar de la demandada, deje de ser resarcido solamente por cuestiones de prueba relacionadas con la repercusión del perjuicio en la vida productiva de la demandante, pues no requiere demostración especial que una lesión como la que ha padecido la actora con las secuelas que se relacionan en las diversas constancias incorporadas al expediente, ha tenido innegable aptitud para afectar de modo significativo los diversos ámbitos (laborales, sociales, de esparcimiento, etc.) en los que los seres humanos desarrollan su existencia.Tampoco es atendible el reparo que se funda en la supuesta demasía de la indemnización conferida, en función del valor asignado «al punto de incapacidad».

Esta Sala, conteste con el criterio judicial mayoritario, ha sostenido reiteradamente que la aplicación de tablas o baremos más o menos rígidos para cuantificar las indemnizaciones en función de una incapacidad determinada porcentualmente, resulta contraria al sistema de reparación integral que establecía el Código Civil derogado y que se regula, prioritariamente, por las circunstancias de cada caso (v. Ac. n° 11 del 07.02.2013, «Spolli, Mariela Carolina c. Karcher, Carlos y/u otros sobre Daños y perjuicios» expte. n° 49/2012 y la jurisprudencia allí citada).

Sentado lo expuesto cabe señalar que resulta evidente que en orden a fundar la cuantía del resarcimiento, la sentencia se apoya en la utilización de un criterio discrecional (fs. 410 vta.) de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 245 del Código Procesal.

Además, se infiere que la suma asignada a la partida ha sido evaluada a la fecha del hecho y no a la del pronunciamiento, habida cuenta que establece intereses de tasa activa, mientras que cuando la indemnización es cuantificada a la fecha de la sentencia, la tasa de interés que se establece no contiene correctores inflacionarios (conforme al criterio de esta Sala en «Calabrese c. AUFE S.A.C.», Ac. n° 443 del 10.11.2009; «Sánchez, Leopoldo M. c. Bertolotti, Fátima y otros s. Daños y perjuicios», Ac. n° 120, del 11.06.2015, expte.n° 118/2014, entre muchos otros).

Vale recordar también, que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que cuando se trata de la reparación de los daños ocasionados por hechos ilícitos, la mora es automática y desde la fecha del suceso, y los intereses moratorios se aplican desde el incumplimiento de la obligación, el cual se verifica con la producción del perjuicio, pues la sentencia que establece la responsabilidad del causante del daño y fija la indemnización es declarativa y no constitutiva de la obligación de indemnizar; el fallo simplemente reconoce la existencia del daño resarcible que nace del hecho ilícito y a cuya reparación está obligado el responsable desde el mismo momento que éste acaeció, y los intereses tienen, pues, el mismo punto de partida toda vez que propenden a reparar el retardo en el cumplimiento de la obligación (cfr. CCCRos, Sala 1, «Corbellini c. Serrani», Acuerdo nº 4 del 14.02.2000; C.S.J.N., causa «S.M.C. c. Provincia de Buenos Aires», RCyS 1999-1093, cons. nº 19; C.S.J.N., causa «Schauman c. Provincia de Santa Cruz», R. C. y S. 2000-483, cons. nº 16; S.C.B.A., 28.06.1977, Revista Sensus, T. XX, p.524 y sus citas; RAMÍREZ, Jorge O., Indemnización por daños y perjuicios. Actos ilícitos e incumplimiento contractual, T.2, p.224; CNCiv, en pleno, L.L. 93-667; S.T. Entre Ríos, B.D.P.E.R., sum. N° 50105; CCCRos., sala 1, Ac. n° 134 del 21.05.2014, «Muneratti, Victoria y otro c. Calenta, Gustavo H. y otra s. D. y perj.»).

Atento a ello, la suma establecida resulta elevada en tanto, como se ha expresado, la aplicación de la tasa fijada en el pronunciamiento -que no ha sido cuestionado- arroja un resultado que se juzga elevado en relación a las circunstancias del caso. Ello, teniendo en consideración que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto reiteradamente que los jueces no deben desentenderse de las consecuencias económicas de sus pronunciamientos (v.C.S.J.N., 21.10.2008, T.331, pág. 2271, «Ponce, Abel Astilve y otros c. E.F.A. s. Daños y perjuicios»).

Por tanto, se considera razonable admitir la objeción de la demandada y reducir la indemnización por este rubro a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.-).

4.4. La parte demandada se agravia por la indemnización conferida por daño extra patrimonial y la actora cuestiona por exigua la cuantía de la condena por esta partida.

4.4.1. La objeción de la demandada fundada en la falta de pruebas para sustentar la procedencia del resarcimiento, resulta claramente inatendible.

Conteste con lo que es criterio inveterado en la doctrina judicial y de los autores, cuando se trata de un hecho ilícito que afecta la salud de un individuo, el daño moral debe considerase probado in re ipsa, por lo cual, como se ha expresado, el reparo carece de sustento atento a que la procedencia del perjuicio extra patrimonial se tiene por probada con la ocurrencia misma del hecho y la comprobación de sus secuelas.

4.4.2. En lo que refiere a los agravios de la actora, juzgo que la crítica resulta procedente.

Si bien la sentencia brinda un adecuado fundamento jurídico con relación a la procedencia del rubro, considero que la suma reconocida para resarcir el perjuicio resulta baja si se la relaciona con el criterio que esta Sala ha aplicado a casos recientes en los que se ha reclamado también por la incapacidad derivada de lesiones (cfr. «Sánchez, Leopoldo M. c. Bertolotti, Fátima y otros s. Daños y perjuicios», Ac. n° 120 del 11.06.2015, expte.n° 118/2014, ya citado).

Debe destacarse que en materia de resarcimiento del daño moral derivado de hechos ilícitos, dado que no se requiere una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez, en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia, que juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita y en qué medida. Se trata, en suma, de «valorar el daño moral» para «cuantificar la indemnización» (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento del daño moral, Ed. Astrea, 2009, págs.66 y sgtes.).

Esa tarea debe realizarse independientemente de otras circunstancias, como pudo haber sido una lesión anteriormente padecida por la actora, porque esa disminución preexistente puede ser tenida en consideración para cuantificar las incapacidad física subsecuente, pero no para minorar el daño moral, porque no es admisible como hipótesis -como propone el fallo recurrido- que a consecuencia de aquel evento previo la damnificada haya padecido menos en el suceso por que se reclama; ya que a partir de ese modo de ver, podría sostenerse que debe minorarse el daño moral derivado de la pérdida de un hijo, para aquellos padres que han padecido anteriormente la pérdida de otro.

Atento a ello y teniendo en cuenta -como se ha señalado- precedentes anteriores de esta Sala, propongo que la indemnización por este rubro se eleve a la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000.-).

5. Referido a las costas, considero que deben imponerse íntegramente a la demanda.

Ello es así, en tanto esa parte ha resultado vencida en su recurso y si bien las pretensiones de la actora no han sido atendidas totalmente, tampoco se ha revertido el pronunciamiento anterior en relación a las partidas acordadas; por lo que tratándose de una pretensión reparadora de daños, mientras no medie rechazo, debe aplicarse el principio de resguardo de la incolumidad de la indemnización (esta Sala, Ac.n° 357, 04.09.2010, «Martínez c. Escuela 658»; Ac. n° 240, 22.11.2011, «Arredondo c. Rosario Bus; Ac. n° 171, 29.07.2015, «Scozzatti c. Gorr»).

Sobre la segunda cuestión, voto parcialmente por la negativa.

Sobre esta misma cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con lo propuesto por la señora vocal doctora Serra y vota de la misma manera.

Sobre esta segunda cuestión, la señora vocal doctora Lotti, dijo: Que hace suyas las razones expuestas por la señora vocal preopinante y vota en idéntica forma.

Sobre la tercera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede corresponde, desestimar el recurso de nulidad y declarar parcialmente procedente el recurso de apelación de la demandada, en consecuencia, reducir el resarcimiento acordado por incapacidad física a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.-). Declarar parcialmente procedente el recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, elevar la indemnización por daño moral a la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000.-).

Imponer las costas de ambos recursos íntegramente a la demandada.

Regular los honorarios de los profesionales que actuaron en esta sede y por cada recurso en el cincuenta por ciento (50%) de los que se establezcan en la primera instancia por la cuestión principal.

Así voto.

Sobre esta tercera cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en idéntica forma.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Lotti, a esta tercera cuestión dijo: Que concuerda con lo propuesto por la señora vocal preopinante y vota en consecuencia.

Por tanto, la Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de nulidad de la demandada. 2. Declarar parcialmente procedente el recurso de apelación de la demandada, en consecuencia, reducir el resarcimiento acordado por incapacidad física a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.-). 3. Declarar parcialmente procedente el recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, elevar la indemnización por daño moral a la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000.-). 4. Imponer las costas de ambos recursos íntegramente a la demandada. 5. Regular los honorarios de los profesionales que actuaron en esta sede y por cada recurso en el cincuenta por ciento (50%) de los que se establezcan en la primera instancia por la cuestión principal. Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del Juzgado de origen. (Expte. Nro. 241/2014).

SERRA

ARIZA

LOTTI

A %d blogueros les gusta esto: