Se confirma la multa impuesta al escribano por el incumplimiento de la registración ante la Unidad de Información Financiera por la suma de $10.000.

EscribaniaPartes: C. H. E. c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 10-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96301-AR | MJJ96301 | MJJ96301

Se confirma la multa impuesta al escribano por el incumplimiento de la registración ante la Unidad de Información Financiera por la suma de $10.000.

Sumario:

1.-La registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquéllos y facilitar el contacto permanente y fluido. Asimismo, constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet, de modo que no resulta admisible el cuestionamiento de la sanción con fundamento en la falta de entidad de la infracción, máxime cuando el organismo aplicó el mínimo de la pena prevista (art. 24 de la Ley 25.246).

2.-Las alegaciones del recurrente no resultan suficientes para desvirtuar la materialidad omisiva de la infracción, toda vez que las simples manifestaciones en torno a la efectiva registración en el sitio web del organismo no resultaron siquiera mínimamente respaldadas por elemento probatorio alguno .

3.-Tratándose de materia sancionatoria, aun de naturaleza administrativa, en los procesos por sumarios ante el UIF rige, como regla de raigambre constitucional, el principio de inocencia. Sin embargo, los recursos de las resoluciones que en su caso impongan sanciones suponen la existencia de un acto administrativo dictado por la autoridad que, como principio, goza de presunción de legitimidad (conf. art. 12 , Ley 19.549), razón por la cual su invalidez, como regla, debe ser alegada y probada por quien la invoca.

4.-El razonamiento efectuado por la UIF con apoyo en los elementos objetivos que menciona y que se compadecen con las constancias de autos, constituye una interpretación razonada de los hechos a la luz de las normas vigentes al momento que ellos ocurrieron y, por ende, la reiteración por parte del actor de los argumentos ya expuestos en sede administrativa no es idónea para demostrar la arbitrariedad de la sanción impuesta.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015.

VISTOS:

Para resolver el recurso directo interpuesto a fs. 2/3 por Horacio Enrique Claria contra la resolución UIF 338/14; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, mediante la citada resolución 338/14, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, impuso al escribano Horacio Enrique Claria la sanción de multa por la suma de $10.000, por el incumplimiento de la registración ante dicho organismo en los términos de la resolución UIF 50/11 (fs. 96/105 de las actuaciones administrativas).

2º) Que el recurrente planteó, en lo sustancial, que la UIF no tuvo en cuenta su descargo, oportunidad en la cual había alegado la efectiva registración cuya omisión se le imputa. Asimismo, destacó que tal hipotética omisión no habría causado perjuicio alguno, en la medida en que no habría configurado una infracción en el desempeño de su actividad como escribano, sino una mera falta de registración. Finalmente, señaló que la imputación se efectuó a meses de su jubilación y sobre el final de su carrera profesional, circunstancia que dificultó su defensa en el sumario administrativo.

3º) Que la Unidad de Información Financiera contestó el recurso y solicitó el rechazo de la totalidad de los planteos y la confirmación de la resolución impugnada, con costas (fs. 116/139).

4º) Que el Ministerio Público Fiscal se pronunció por la admisibilidad formal del recurso (fs. 141) y se llamó autos al acuerdo, providencia que se encuentra firme y consentida (fs. 142).

5º) Que las alegaciones del recurrente no resultan suficientes para desvirtuar la materialidad omisiva de la infracción, toda vez que las simples manifestaciones en torno a la efectiva registración en el sitio web del organismo no resultaron siquiera mínimamente respaldadas por elemento probatorio alguno (arg. sala V, causa 11154/13, “Ale Huidobro David Alejandro y otro c/ UIF – resol. 18/I/13 (ex 217/13)”, sent. del 18/9/14, consid.V.2).

En este sentido, las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (v. doctrina de Fallos: 308:1881; 319:1577, 324:115 , entre otros).

El Tribunal no pierde de vista que, tratándose de materia sancionatoria, aun de naturaleza administrativa, en los procesos por sumarios ante el UIF rige, como regla de raigambre constitucional, el principio de inocencia. Sin embargo, los recursos de las resoluciones que en su caso impongan sanciones suponen la existencia de un acto administrativo dictado por la autoridad que, como principio, goza de presunción de legitimidad (conf. art. 12, ley 19.549), razón por la cual su invalidez, como regla, debe ser alegada y probada por quien la invoca.

En efecto, tiene reiteradamente dicho este tribunal, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 328:53 ), que en materia de prueba:

“-las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo-, ‘a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 3824 y 372; 294:69)’-” (y esta sala, exte. n° 18.292/2001, “Vaisberg Horacio Adrián y otros c/ BCRA – resol 11/01 (expte. 100535)”, sent. del 21/5/13; y sus citas).

6º) Que la registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquéllos y facilitar el contacto permanente y fluido.Asimismo, constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet (considerandos de la resolución 50/11).

Sobre dicha base, no resulta admisible el cuestionamiento de la sanción con fundamento en la falta de entidad de la infracción, máxime cuando el organismo aplicó el mínimo de la pena prevista (art. 24 de la ley 25.246)

7º) Que, por otra parte, las constancias del sumario dan cuenta del efectivo ejercicio del derecho de defensa (fs. 42 de las actuaciones

administrativas), razón por la que resultan inoponibles los motivos personales invocados para justificar un supuesto déficit defensivo (vgr. acta de incomparecencia del sumariado a la audiencia fijada a fs. 45 de las actuaciones administrativas) y no resultan suficientes para desvirtuar el debido proceso cumplido en esa sede.

8º) Que lo expuesto exige concluir que el razonamiento efectuado por la UIF con apoyo en los elementos objetivos que menciona y que se compadecen con las constancias de autos, constituye una interpretación razonada de los hechos a la luz de las normas vigentes al momento que ellos ocurrieron y, por ende, la reiteración por parte del actor de los argumentos ya expuestos en sede administrativa no es idónea para demostrar la arbitrariedad de la sanción impuesta.

En este sentido, la UIF expuso los argumentos para fundar la imputación de la omisión del escribano Claria a la luz del reglamento precedentemente referido y en oportunidad en que este último se encontraba ejerciendo su profesión, sin que se advierta irrazonabilidad en el despliegue de tal poder sancionatorio. Tampoco surge con evidencia ni se ha acreditado irregularidad alguna en el uso de la referida potestad disciplinaria, teniendo en cuenta la presunción de validez de que gozan los actos administrativos (art. 12, ley 19.549) y la posición de aquéllos en el proceso (arg. art.377 del CPCC).

Por lo demás, el recurrente no insistió en esta sede respecto a su condición de jubilado y la legalidad del eventual mantenimiento de la sanción frente a tal circunstancia; ni en la existencia de la medida judicial instada por el Colegio de Escribanos que -según alegó en su descargo- habría suspendido la resolución UIF 50/11. Tampoco planteó la eventual inconstitucionalidad de este último reglamento, en razón de importar un enorme trasvasamiento del Poder de Policía que, por definición, corresponde al Estado, hacia el desenvolvimiento de una profesión de neto corte privado.

Por ello, corresponde desestimar el recurso deducido por Horacio Enrique Claria, con costas al impugnante vencido por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 primer párrafo del CPCCN).

9) Que, teniendo en cuenta el monto de la sanción, la complejidad del asunto, el resultado obtenido y la calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos (arts. 6º, 7º, 9º, 14 y 37 de la Ley N° 21.839), corresponde regular los honorarios en favor de las letradas de la UIF, Dras. Mariana Noemí

Quevedo y María José Fernandez en su carácter de patrocinantes, en conjunto, la suma de $700 (pesos setecientos) y a la Dra. María Celina Schiaffino, en su carácter de apoderada, la suma de $300 (pesos trescientos).

Se deja constancia de que dichos importes no incluyen el impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que las profesionales acrediten su condición de responsables inscriptos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) corresponde desestimar el recurso deducido por Horacio Enrique Claria y confirmar la resolución UIF 338/14, con costas; 2) regular los honorarios de las profesionales de la demandada con arreglo a lo indicado en el considerando 9.

Regístrese y notifíquese.

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI