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Se tiene por contestada la demanda, pues la sentencia de Cámara que había considerado vencido el plazo adolece de serios defectos de fundamentación, y posee términos de redacción confusa, complicada e ininteligible en algunos párrafos.

contrato (2)Partes: Fundación Doctor Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 18-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95993-AR | MJJ95993 | MJJ95993

Se tiene por contestada la demanda, pues la sentencia de Cámara que había considerado vencido el plazo adolece de serios defectos de fundamentación, y posee términos de redacción confusa, complicada e ininteligible en algunos párrafos.

Sumario:

1.-Corresponde descalificar la sentencia apelada y tener por contestada la demanda a fin de evitar una dilación del trámite del juicio, pues se revocó el fallo que había suspendido el plazo para contestar la demanda, y tuvo por tempestiva tal contestación, mediante términos de redacción confusa, complicada e ininteligible en algunos párrafos, que hacen dificultoso apreciar el razonamiento de la cámara para considerar que el término para contestar la demanda se encontraba vencido y para dar por perdido el derecho a efectuar el responde. Dicha falencia lleva a que el fallo carezca de una motivación adecuada y necesaria que permita a las partes una correcta defensa de sus derechos, lo que lo torna arbitrario.

2.-Adolece del mismo defecto de fundamentación y tampoco constituye una decisión razonada del derecho vigente con arreglo a los antecedentes del caso y a las resoluciones adoptadas en el curso del proceso, la posterior sentencia de la cámara, pues por un lado, la sola manifestación de que el hecho de haberse contestado la demanda no modificaba lo resuelto sobre el derecho pertinente porque a ese tiempo el plazo ya estaba vencido -una vez más, sin mencionar las fechas que tuvo en cuanta a tal fin-, importó una mera afirmación dogmática desprovista de todo desarrollo argumentativo que es dable exigir a las sentencias y que devenía necesario frente a lo señalado en su intervención previa. Por otro, las motivaciones sobre el momento en que debió contestarse la demanda resultan contradictorias con lo expresado con anterioridad al sustentarse en un criterio diferente, en perjuicio del derecho de defensa del demandado y del debido proceso.

3.-Cabe apreciar que la valoración de las constancias de la causa no trasluce una inactividad negligente en el ejercicio del derecho a contestar demanda que, a modo de sanción, justifique su pérdida, sino que por el contrario, el hecho de que esa presentación hubiera sido efectuada de manera tardía parece obedecer más bien a las vicisitudes del proceso, la conducta e impugnaciones de las partes y las decisiones adoptadas por los jueces intervinientes, que, apreciadas en forma conjunta, pudieron generar en la demandada una situación de incertidumbre razonable sobre el cómputo del plazo para contestar la demanda.

4.-Resulta inadmisible la variación repentina de criterio, que, además de ser sustancial, se aparta de lo expresado sobre la misma cuestión en una resolución anterior y conspira contra la ilación lógica que debe presidir el trámite de los juicios, como también contra la doctrina del Tribunal según la cual la garantía de la defensa en juicio comprende el derecho a conocer con certeza las reglas del procedimiento a las que las partes han de atenerse para hacer valer sus derechos.

5.-También deben revocarse las decisiones que dispusieron apartar al juez de la causa del conocimiento del asunto, pues carecen de sustento que las justifiquen, y ponen en tela de juicio la garantía del juez natural y del debido proceso sin un pedido de parte, sin seguir el trámite previsto específicamente a esos efectos y sin contar con fundamentación suficiente y válida, lo que autoriza su descalificación a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

6.-Por todo ello, corresponde, descalificar la sentencia apelada y, por resultar innecesaria mayor sustanciación, en uso de la facultad prevista en el art. 16 de la Ley 48, tener por contestada en término la demanda y disponer que las actuaciones continúen su trámite por ante el juez de la causa.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Las cuatro resoluciones de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aquí cuestionadas fueron dictadas en el marco de un conflicto iniciado cuando el demandado en la presente causa se notificó espontáneamente de la interposición de la demanda. En ese entonces, requirió que se declare la preclusión del derecho a ampliar la demanda, 10 que fue rechazado por el juez de primera instancia (fs. 16/18 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario). El demandado apeló dicha decisión, así como el posterior traslado de la demanda y su respectiva ampliación por el plazo de quince días -notificados el 31 de julio de 2009- (fs. 437, 440/441, 449, 450 Y 459/460). Asimismo, a pedido del demandado, el 4 de agosto de 2009 el juez de grado suspendió el plazo para la contestación de demanda hasta tanto la Cámara, resolviera el recurso de apelación (fs. 442, 446, Y 640). El juez fundó esa decisión en el carácter suspensivo con que fue concedida la impugnación deducida contra la decisión que permitió al actor ampliar la demanda.

A su vez, dicha suspensión del plazo para contestar demanda motivó la impugnación del actor, denegada en primera instancia y concedida tras el trámite de la queja ante la segunda instancia, siendo notificado el demandado del traslado del respectivo memorial de agravios el 9 de marzo de 2010 (fs. 446, 471, 640, 657/61, 666 Y 678). Frente a ello, el juez mantuvo los alcances de la suspensión y elevó las actuaciones para el tratamiento de los recursos (fs. 677 y 693). Mientras la causa se encontraba en la Alzada, el 29 de marzo de 2010 el demandado presentó la contestación de demanda en el juzgado de primera instancia, por 10 que fue reservada (fs.2247/2356 y 2357).

El 9 de septiembre de 2010, la Cámara confirmó la providencia de primera instancia que había dispuesto que la presentación espontánea del demandado no impedía que el actor amplíe su demanda (fs. 1026/1027). En la misma oportunidad, declaró abstracta la apelación interpuesta por el demandado contra el traslado de la demanda y de la ampliación. Además, haciendo lugar a un recurso de aclaratoria interpuesto, aclaró que la concesión otorgada en el marco de la queja -apelación del actor contra la suspensión del plazo (fs. 666)-tenía efecto suspensivo.

Ante la presentación de un pedido de aclaratoria del actor (fs. 1036), la Cámara resolvió el 7 de abril de 2011 revocar la suspensión del plazo para contestar demanda (fs. 1048). A su vez, dio por perdido e! derecho del demandado a contestar la demanda sobre la base de! plazo transcurrido desde los siguientes actos procesales: la expresión de agravios del recurso interpuesto por el actor contra la suspensión del plazo para contestar demanda; la resolución de fojas 1015/1016 que rechazó un planteo de recusación; y la resolución de fojas 1026/1027 precedentemente reseñada.

Una vez vuelta la causa, el juez de grado agregó la contestación de demanda que se encontraba reservada en el juzgado (fs. 1056) Y la tuvo por presentada en tiempo porque entendió que el plazo se había reanudado con e! traslado de la apelación contra la suspensión (fs. 2580/2583). Contra esta sentencia, el actor interpuso recurso de apelación (fs. 2584).

La Cámara revocó la decisión de la instancia anterior. Señaló que la pérdida del derecho a contestar demanda resuelta en su intervención anterior no se encontraba afectada por la contestación del demandado, puesto que ésta había sido efectuada mientras el plazo se encontraba vencido. Así, dispuso que se desinsacule otro juez para que tramite el proceso a fin de mantener el orden y propiciar un clima adecuado para la resolución del conflicto (fs.2634/2635).

Finalmente, ante el requerimiento del juez de primera instancia, la Cámara aclaró los motivos del apartamiento remitiéndose a un escrito presentado por el actor, en e! que sostenía que la conducta de! magistrado no era imparcial (fs. 2637, 2641/2642 Y 2643).

-II-

Contra esas decisiones (fs. 1026/1027, 1048, 2634/2635 Y 2643), el demandado interpuso sendos recursos extraordinarios (fs. 2505/2523 y 2650/2709), cuyas denegatorias (fs. 2945/2947) dieron lugar a las quejas en estudio (fs. 47/51 del cuaderno S.C. F. 510, L. XLIX, Y 65/69 del cuaderno S.C. F. 513, L. XLIX).

El apelante aduce que las sentencias apeladas son asimilables a definitivas puesto que conculcan con arbitrariedad manifiesta su derecho a la defensa y a la garantía del juez natural, circunstancias que no son susceptibles de reparación ulterior a tenor de las consecuencias que aparejan.

El recurrente afirma, en lo principal, que aquellas sentencias son contrarias a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa consagrados en la Constitución Nacional.

Asimismo, sostiene que las sentencias recurridas son arbitrarias. En primer término, destaca que han prescindido de constancias trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas, pues no tuvieron en cuenta que los recursos de apelación interpuestos contra las providencias que admitieron la facultad de ampliar la demanda y que corrieron el traslado de la acción fueron concedidos con efecto suspensivo.

Indica que al momento de la sentencia de fojas 1048, la Cámara desconocía el hecho de que él había contestado demanda en la instancia anterior. Advierte que en la decisión de fojas 2634/2635, el a quo no especificó el momento a partir del cual se reanudó el plazo para contestar demanda. En relación con este punto, agrega que la Cámara varió infundadamente su postura:en la primera oportunidad consideró relevante el momento en que el demandado tomó conocimiento de la concesión de la apelación dirigida contra la suspensión, pero luego ignoró que la contestación de demanda había sido efectuada de acuerdo a la circunstancia aludida.

En segundo término, sostiene que la suspensión dictada por el juez de grado era inapelable, y que la reanudación de los plazos debía notificarse mediante cédula o personalmente en virtud de los artículos 176 y 135, inciso 7, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este sentido, añade que la retroactividad de la revocación afecta el derecho de defensa y el debido proceso. Explica que la Cámara no ponderó la providencia de fojas 677, que mantuvo la suspensión del plazo.

Finalmente, alega que la Sala D no tenía competencia para emitir las decisiones de fojas 2634/2635 y 2643 en razón de la recusación planteada. Menciona que no se siguieron los pasos previstos normativamente para remover al juez de la causa, lo que atenta contra el principio de legalidad. Critica que la Cámara haya fundado su sentencia en un escrito del actor que contiene explicaciones falaces.

-III-

En mi opinión, la vía federal no puede prosperar en lo que respecta a la decisión de la Cámara de fojas 1026/1027, toda vez que no es la sentencia definitiva de la presente causa ni puede ser equiparable a tal (art. 14, ley 48). Por consiguiente, el recurso extraordinario fue correctamente denegado en ese aspecto.

A diferencia de lo expuesto, las decisiones del a quo de fojas 1048 Y 2634/2635, que dieron por perdido el derecho a contestar demanda y consideraron que la contestación había sido realizada fuera de plazo, conllevan la pérdida absoluta de la posibilidad de ejercer ese derecho en lo sucesivo. En este marco, son equiparables a sentencia definitiva en la medida que ocasionan un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 330:1389; dictamen de la Procuración General en la causa S.C. P.144, L. XLVII, «Premium Pilar SA c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario» emitido el 31 de mayo de 2013). De igual modo, las resoluciones de fojas 2634/5 y 2643, que resuelven apartar al juez de primera instancia del conocimiento de la causa, deben ser asimilables a una decisión definitiva en tanto importan un atentado irreparable contra las garantías de juez natural y del debido proceso.

Sentado ello, corresponde precisar que, si bien las cuestiones a resolver remiten al examen de extremos de índole fáctica y procesal, ajenos a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no constituye un obstáculo para conceder el recurso extraordinario si la decisión recurrida se ha apartado de las constancias de la causa, y de la adecuada interpretación de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (Fallos: 329:4524; 330:4735; 331:583; entre otros).

-IV-

Ante todo, cabe destacar que la Corte Suprema ha otorgado, invariablemente, una amplia protección al derecho de defensa en juicio y del debido proceso (Fallos: 238:550; 332:2487; S.C. A. 2443, 1. XLI, «Andrade Estela Gloria y otros c/ MO Público -art. 110 Y 120 CN- s/ amparo ley 16.986 (REX)», sentencia del 1 de julio de 2008; S.C. C. 1056, «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Carat – Fax S.A. c/ Unión Cívica Radical (Comité Capital) si ordinario», sentencia del 30 de septiembre de 2014; y dictamen de esta Procuración General en la causa S.C.F.509, 1.XLV «Frigorífico de Aves Soychu SALCFI c/ Municipalidad de Gualeguay», emitido el 16 de junio de 2011). En este sentido, ha establecido que estando en juego el alcance del derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional (Fallos:

329:3673; dictamen de la Procuración General en la causa «Premium Pilar SA c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario», cit.).

Para más, no puede obviarse que en el sub lite está controvertido el derecho del demandado a contestar la demanda, que es una de las manifestaciones más importantes del derecho a ser oído. De hecho, ello permite la vigencia del principio de bilateralidad, que supone que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo traslado a la parte, dándole oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso (Fallos: 321:2082, dictamen de esta Procuración General en la causa S.C. M. 738, 1.XLVIII, «M inisterio de Trabajo c/ Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor s/ Ley Asociaciones Sindicales», emitido el 19 de agosto de 2014).

En este marco interpretativo, entiendo que es arbitraria la decisión de la Cámara de fojas 1048 que, en forma intempestiva, resolvió que el demandado había perdido su derecho a contestar demanda en tanto que, para así decidir, omitió considerar constancias conducentes de la causa; en particular, el escrito presentado el día 29 de marzo de 2010, que se encontraba reservado en el juzgado de primera instancia.

A su vez, la decisión de fojas 2634/35 en cuanto sostuvo que esa pieza procesal fue presentada fuera de plazo no resulta ser una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa.

En efecto, la referida contestación de demanda no luce extemporánea en tanto el plazo, que se encontraba suspendido por decisión del juez de primera instancia de fojas 446, se reanudó, en el caso menos beneficioso para el aquí impugnante, cuando éste tomó conocimiento de la concesión del recurso presentado por el actor contra la suspensión del plazo para contestar demanda. Esa notificación del traslado del memorial se realizó el 9 de marzo de 2010 (fs. 678) y, recién en esa ocasión, el demandado tuvo razones para pensar que el plazo podía considerarse reanudado, a pesar de la decisión del juez de grado de fojas 677. Para más, el propio a quo, en la decisión anterior de fojas 1048, había entendido que ése era el momento a partir del cual debía computarse el plazo en cuestión. Luego, en su decisión posterior, en forma contradictoria y sin fundamentación suficiente, el tribunal cambia su criterio en perjuicio del derecho de defensa en juicio del accionado.

Por último, cabe destacar que el juez de primera instancia reiteró que el término para contestar demanda se encontraba suspendido hasta tanto la Cámara resolviera el planteo pendiente sobre el derecho del actor a ampliar la demanda (fs.677).

Ello pudo haber generado una incertidumbre razonable en el demandado sobre el cómputo del plazo.

La valoración de las constancias de la causa no trasluce una inactividad negligente del demandado en el ejercicio de su derecho de contestar demanda.

Por el contrario, el hecho de que esa presentación fuera realizada recién el 29 de marzo de 2010 parece obedecer más bien a las vicisitudes del· proceso, las impugnaciones de las partes y las decisiones adoptadas por los jueces actuantes. En cuanto a esto último, no puede obviarse que la garantía de defensa en juicio comprende el derecho a conocer con certeza las reglas del procedimiento a las que las partes han de atenerse para hacer valer sus derechos (Fallos: 311:2082; 321:1248; 325:1578; en el mismo sentido, dictamen de la Procuración General en la causa S.C. S. 209, L. XLIX, «Sociedad Rural Argentina el Estado Nacional- PEN si acción meramente declarativa», emitido el 19 de junio de 2013).

En suma, entiendo que las resoluciones de fojas 1048 y 2634/35 deben ser dejadas sin efecto en tanto se desentienden de las constancias de la causa y son incompatibles con la vigencia del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, que son pilares de nuestro ordenamiento jurídico.

En atención a la solución que propicio, las decisiones apeladas de fojas 2634/5 y 2643, en cuanto resolvieron apartar al juez de primera instancia del conocimiento de la causa, lucen carentes de todo sustento. Además, esa decisión, que pone en tela de juicio la garantía del juez natural y del debido proceso, fue adoptada sin un pedido de parte, sin seguir el trámite previsto específicamente a esos efectos y sin contar con fundamentación suficiente y válida.En virtud de ello, entiendo que debe ser dejada sin efecto en atención a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

-V-

Por todo lo expuesto, opino que cabe declarar admisibles los recursos de queja con los alcances señalados, admitir los recursos extraordinarios interpuestos, dejar sin efecto los pronunciamientos de fojas 1048, 2634/2635 Y 2643, Y remitir los autos al tribunal de origen para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014.

ES COPIA

ADRIANA IRMA GARCÍA NETTO

Procuración General de la Nación

La cuestión planteada en este recurso de hecho ha sido examinada en mi dictamen del día de la fecha en la causa S.C F. 510, L. XLIX, «Fundación Doctor Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento», a cuyos términos me remito, en razón de brevedad.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015

Vistos los autos: «Recursos de .hecho deducidos por la demandada en la causa Fundación Doctor Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico S.A. s/ daños y perjuicios», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el marco de una acción de daños y perjuicios, confirmó la decisión de primera instancia en cuanto había reconocido a la actora la facultad de ampliar la demanda hasta que se notificara al demandado la resolución que confería su traslado. Asimismo, al decidir el pedido de aclaratoria formulado por la demandante, revocó el fallo que había suspendido el plazo para contestar la demanda hasta que se decidiera la cuestión señalada precedentemente, al tiempo que también consideró que la contraria había perdido su derecho a contestar la demanda por haber vencido el plazo pertinente (fs.1026/1027 Y 1048 del expediente principal) Contra dichos pronunciamientos la demandada dedujo recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la queja CSJ 510/2013 (49-F) /CS1.

2º) Que con posterioridad, la cámara revocó la resolución de primera instancia que había tenido por contestada la demanda en término por entender que la cuestión referente a su tempestividad ya había sido decidida con anterioridad y porque a la fecha de la presentación del escrito el término pertinente ya estaba vencido. Añadió que debió haberse efectuado el responde subsidiariamente al pedido de suspensión del plazo respectivo, toda vez que la conducta contraria importaba asumir el riesgo de que no fuera admitido y perder el derecho en cuestión.

Asimismo, consideró prudente disponer para el futuro que tanto la causa que había motivado su elevación, como los expedientes vinculados o conexos, pasaran a tramitar por ante otro juez, decisión que sustentó, según lo señaló en el fallo aclaratorio posterior, en los motivos expresados por la actora en su presentación (art. 17, incisos 7, 9 y 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Contra ambas sentencias la demandada dedujo recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la queja CSJ 513/2013 (49-F)/CS1.

3º) Que los antecedentes del caso, la inadmisibilidad de los planteas de la recurrente respecto de la decisión de fs. 1026/2027, en cuanto había reconocido a la actora la facultad de ampliar la demanda, como la procedencia de la vía intentada con relación a los agravios deducidos contra las sentencias de fs.1048, 2634/2635 y 2643, han sido reseñados y examinados adecuadamente en los puntos 1 a 111 del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad.

4°) Que es criterio reiterado de la Corte Suprema que las sentencias, en resguardo de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso, deben estar debidamente fundadas -tanto fáctica como jurídicamente- de modo de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas de la causa, y no bastan a tal fin las meras apreciaciones subjetivas del juzgador ni los argumentos carentes de contenido. La ausencia de dicho requisito autoriza al Tribunal, sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, a descalificarla por no constituir un acto jurisdiccional válido, sin que obste a ello la naturaleza de las cuestiones propuestas (conf. Fallos: 327: 5456 ; 329: 3673; 330:1060 , entre muchos otros)

5°) Que dicha situación se presenta en el caso, pues los términos del decisorio que revocó la resolución que suspendió el plazo para contestar la demanda -de redacción confusa, complicada e ininteligible en algunos párrafos-, hacen dificultoso apreciar el razonamiento de la cámara para considerar que el término para contestar la demanda se encontraba vencido y, en consecuencia, para dar por perdido el derecho a efectuar el responde.

Dicha falencia lleva a que el fallo carezca de una motivación adecuada y necesaria que permita a las partes una correcta defensa de sus derechos, lo que lo torna arbitrario (art. 18 de la Constitución Nacional)

6°) Que en efecto, además de que no precisa las fechas que tuvo en cuenta para resolver de ese modo, precisión que era exigible en autos dado el particular trámite del juicio y la importancia del derecho en juego, las referencias de las que hace mérito el a quo en sus pronunciamientos de fs.1026/1027 y 1048 dejan traslucir que el plazo para contestar la demanda se reanudó a partir de la concesión del recurso de apelación deducido por la actora contra la decisión que lo había suspendido.

Sin embargo, las constancias de autos dan cuenta de que la demandada solo tuvo conocimiento del citado recurso cuando se le notificó el traslado del memorial pertinente el 9 de marzo de 2010, por lo que su contestación presentada el 29 de marzo de 2010 resultaba tempestiva (conf. fs. 471, 640, 666, 678 Y 2247/2356 del expte. principal).

7°) Que la posterior sentencia de la cámara (fs. 2634/2635), lejos de encauzar el proceso a la luz de lo decidido y del nuevo escenario fáctico, adolece del mismo defecto de fundamentación y tampoco constituye una decisión razonada del derecho vigente con arreglo a los antecedentes del caso y a las resoluciones adoptadas en el curso del proceso.

Ello es así pues, por un lado, la sola manifestación de que el hecho de haberse contestado la demanda no modificaba lo resuelto sobre el derecho pertinente porque a ese tiempo el plazo ya estaba vencido -una vez más, sin mencionar las fechas que tuvo en cuanta a tal fin-, importó una mera afirmación dogmática desprovista de todo desarrollo argumentativo que es dable exigir a las sentencias y que devenía necesario frente a lo señalado en su intervención previa.Por otro, las motivaciones sobre el momento en que debió contestarse la demanda resultan contradictorias con lo expresado con anterioridad al sustentarse en un criterio diferente, en perjuicio del derecho de defensa del demandado y del debido proceso.

8º) Que la variación repentina de criterio, además de ser sustancial, resulta inadmisible pues no solo se aparta de lo expresado sobre la misma cuestión en una resolución anterior, sino que principalmente conspira contra la ilación lógica que debe presidir el trámite de los juicios, como también contra la doctrina del Tribunal según la cual la garantía de la defensa en juicio comprende el derecho a conocer con certeza las reglas del procedimiento a las que las partes han de atenerse para hacer valer sus derechos (Fallos: 311:2082; 321:1248 ; 325:1578 ).

9º) Que esta Corte ha sostenido invariablemente que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte (conf. Fallos: 238:550; 312:1656; 314:629; 315:1186 y 1203; 320:730 y 2209; 321:2106 y 322:179 ). Las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que en su ámbito específico tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de defensa en juicio.

10) Que en ese contexto, este Tribunal ha otorgado una amplia protección al derecho de defensa en juicio y debido proceso y en ese sentido ha establecido que estando en juego el alcance de dichos derechos, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional (Fallos:332:2487; 329:3673). Dicha doctrina adquiere en autos especial consideración habida cuenta de la naturaleza y la entidad del derecho que se encuentra controvertido, en tanto el derecho a contestar la demanda importa una de las manifestaciones más importantes del derecho a ser oído y a ejercer las defensas con la amplitud que exige el debido proceso, al tiempo que permite la vigencia del principio de bilateralidad (arg. Fallos: 321:2082 ; 323:52 ).

11) Que a la luz de lo expresado y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se aprecia que la valoración de las constancias de la causa no trasluce una inactividad negligente en el ejercicio del derecho a contestar demanda que, a modo de sanción, justifique su pérdida.

Por el contrario, el hecho de que esa presentación hubiera sido efectuada recién el 29 de marzo de 2010 parece obedecer más bien a las vicisitudes del proceso, la conducta e impugnaciones de las partes y las decisiones adoptadas por los jueces intervinientes, que, apreciadas en forma conjunta, pudieron generar en la demandada una situación de incertidumbre razonable sobre el cómputo del plazo para contestar la demanda (véase fs. 676 y 677 del expte. principal).

12) Que frente a lo expresado, las decisiones que dispusieron apartar al juez de la causa del conocimiento del asunto, carecen de sustento que las justifiquen. Además ponen en tela de juicio la garantía del juez natural y del debido proceso sin un pedido de parte, sin seguir el trámite previsto específicamente a esos efectos y sin contar con fundamentación suficiente y válida, lo que autoriza su descalificación a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

13) Que atento a que las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art.15 de la ley 48), corresponde, con el alcance indicado en los considerandos precedentes, descalificar la sentencia apelada y, por resultar innecesaria mayor sustanciación y a fin de evitar una dilación del trámite del juicio, en uso de la facultad prevista en el art. 16 de la ley 48, tener por’ contestada en término la demanda y disponer que las actuaciones continúen su trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 50.

Por ello, se declaran admisibles las quejas con los alcances señalados en el considerando 3°, formalmente procedentes los recursos extraordinarios y se revocan las decisiones de fs.

1048, 2634/2635 y 2643. Asimismo, en uso de la facultad que otorga el art. 16 de la ley 48, se tiene por contestada en término la demanda y se dispone que las actuaciones continúen su trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 50. Con costas. Agréguense las quejas al principal. Reintégrense los depósitos. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS S. FAYT –

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