Se revocó una sentencia que había admitido la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos pues el Código Civil y Comercial no atribuye esos efectos a las uniones convivenciales.

par-de-alianzas-en-oro-18kt-4gr-grabado-y-estuche-403401-MLA20313322264_062015-FPartes: F. M. L. c/ N. R. H. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 3-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96285-AR | MJJ96285

Se revocó una sentencia que había admitido la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos y asimiló la situación a un régimen de ganancialidad, considerando que ni siquiera el Código Civil y Comercial atribuye esos efectos a las uniones convivenciales.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que admitió la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos y entendió que la totalidad de los inmuebles que adquirieron formaban un capital común, asimilando la situación a un régimen de ganancialidad propio de la institución matrimonial, sin sustento jurídico alguno, pues ni siquiera en el nuevo régimen legal (arts. 509 a 528, CCivCom.) se atribuyen tales efectos a las uniones convivenciales, ello sumado a que el art. 1651 del CCiv. fulmina con la nulidad a una sociedad que incluyera todos los bienes futuros y presentes de los socios y la excepción, relativa a la sociedad conyugal, no es extensible al concubinato.

2.-Debe rechazarse la pretensión de la concubina de que se declare la existencia de una sociedad de hecho invocando que su pareja subastaba propiedades en su calidad de martillero y ella las adquiría, pues lo que se pretendería de esos bienes sería obtener beneficios de actos ilícitos, de conformidad con los arts. 959 , 1160 , 1361 , 1362 , 1658 , 1659 del CCiv., arts 335, primer párr. , 1101. , 1002. del CCivCom., art. 17, incs. d y e de la Ley 20.266 y art. 53, inc. d de la Ley 10.973, con lo cual cabe remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fin de que se valore la posible comisión de conductas delictivas.

3.-Habiendo transcurrido catorce años desde que se concretara la separación de las partes, a los fines de resolver la acción por disolución de sociedad entre concubinos, resulta inaplicable el Código Civil y Comercial ya vigente, pues, como la situación jurídica ya está extinguida no le afecta la nueva ley, ya que, de lo contrario, importaría reconocer a esta carácter retroactivo, ello más allá de que se pueda hacer una referencia circunstancial como argumento corroborante de que, aún en ese régimen, la decisión no sería diferente.

4.-En casos en que la concubina puede probar que facilitó, al menos parcialmente, el dinero para que se efectúe la compra, deberá ocurrir contra su compañero como mandatario infiel, sin poder impugnar la compraventa efectuada por este, que ha sido real y entre personas que asistieron al acto.

Fallo:

Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federa, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “F, M L c/ N, R H s/ disolución de sociedad” La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo: I.­ La sentencia obrante a fs. 6273/6281 hace lugar a la demanda entablada, declarando disuelta la sociedad civil de hecho entre las partes, con costas al demandado. Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de apelación el accionado, el que es fundado en la expresión de agravios que luce a fs. 6304/6328, cuyo traslado fuera respondido a fs. 6332/6343. El Tribunal convocó a las partes a dos audiencias cuyas actas lucen a fs. 6347/6348, no siendo posible arribar a un acuerdo conciliatorio. A fs. 6351, ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, siguiendo las pautas establecidas en casos análogos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requirió a las partes que manifestaran lo que estimaran corresponder. Ambas partes presentaron sendos escritos obrantes a fs. 6352/6354 y 6355. Finalmente, se dictó llamado de autos a sentencia a fs. 6357, providencia que se encuentra firme. II.­ En primer término, encontrándose ya vigente el nuevo ordenamiento, habrá de señalarse que asiste razón al accionado al afirmar que, habiendo transcurrido catorce años desde que se concretara la separación de las partes, a los fines de resolver la presente causa la aplicación de las nuevas normas importaría reconocer a éstas efecto retroactivo. Ello, más allá de que en el análisis se pueda hacer referencia circunstancial a dicha normativa, sólo como argumento corroborante de que, aún en el régimen actual, la decisión no sería diferente a la que se propiciará.

Este Excmo. Tribunal, en ocasión de fundar el voto mayoritario en el plenario “R., P. c.B., N.”, 22/06/1990 (La Ley 1990­D , 337, DJ 1990­2 , 570) efectuó un interesante análisis acerca de la evolución legislativa en la materia, señalando que el Código Civil, al igual que otras legislaciones del siglo XIX, organizó su sistema de derecho transitorio o intemporal sobre la base de la distinción, clásica en su tiempo, entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Su art. 3° sentó el principio de irretroactividad de las leyes, de inmediato relativizado por su art. 5° que disponía que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público; a su vez, en los arts. 4044 y 4045 estableció la aplicabilidad de las nuevas leyes a hechos anteriores cuando sólo privasen a los particulares de derechos en expectativa o facultades aún no ejercidas o que no hubiesen producido efecto, mas no cuando destruyesen o cambiasen derechos adquiridos. Esta distinción fue impugnada por la doctrina moderna que propició su sustitución por otra: los hechos cumplidos y las situaciones en curso a los fines de la aplicación inmediata de las nuevas normas (conf. Roubier, “Le droittransitoire. Conflits des loisdans le temps”, 2ª ed., Paris, 1960; “Dalloz et Sirey”, núm. 36, ps. 166 y sigts. núm. 37, ps. 171/174 y sus diversas aplicaciones en la parte especial de la obra). Difundida la crítica en nuestro medio (conf. Borda, “Retroactividad de la ley y derechos adquiridos”, en especial caps. I y VI, Buenos Aires, 1951), oportunamente recogida en una recomendación del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba en 1961 (publicación de la Universidad Nacional de Córdoba, t. I, ps. 68/91), la ley 17.711 reformuló el sistema de derecho transitorio. A tal fin derogó, entre otros, los arts. 5°, 4044 y 4045 del Cód. Civil y condensó el nuevo régimen en el texto actual del art. 3°, estructurado sobre estos principios:aplicación inmediata de las nuevas leyes imperativas a las consecuencias de las situaciones o relaciones jurídicas existentes; no retroactividad, salvo disposición en contrario, con el límite de los derechos amparados por garantías constitucionales; y ultraactividad de las normas supletorias por no ser aplicables las nuevas a los contratos en curso de ejecución. Con anterioridad a esta reforma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había vinculado el tema de los así llamados derechos adquiridos con la garantía de inviolabilidad de la propiedad establecida en el art. 17 de la Constitución Nacional. Fundamentalmente en el “leading case” “Horta c. Harguindeguy”, del 21/8/22, en el que se dijo: “En tesis general, el principio de no retroactividad no es de la Constitución sino de la ley. Es una norma interpretación que deberá ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no liga al Poder Legislativo, que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija. Esta facultad de legislar hacia el pasado no es, sin embargo, ilimitada. El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existentes; los jueces, investigando la intención de aquél, podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad” (conf. Fallos: t. 136, ps.59/70). En procura de mayor precisión conceptual acerca de qué debe entenderse, en acepción constitucional, por derecho adquirido ­­ya que es mera tautología decir que lo es cuando ya está incorporado al patrimonio­­, se ha profundizado aun después de la reforma de 1968, para puntualizarse que se está ante un derecho adquirido “si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho”, o bien “cuando los hechos jurídicos, fuente o productores de derechos, como que son la causa eficiente del nacimiento de éstos (nota in fine del Codificador a la sección segunda del libro II del Código Civil y nota al art. 896 del mismo) se han consumado en la forma prevista en la ley debe considerarse que han producido su efecto específico de crear un derecho pleno y no una mera expectativa” (conf. CSJN, Fallos: t. 296, ps. 723/727 “De Martín c. Banco Hipotecario Nacional”, del 28/12/76, La Ley, t. 1977­B, 302). En otros términos, es requisito indispensable que se haya integrado el presupuesto de hecho (“Tatbestand” de la doctrina germana; “fattispecie” de la italiana) al que el ordenamiento liga una consecuencia de derecho (conf. Orgaz, “Hechos y actos o negocios jurídicos”, ps. 9 y sigts. Buenos Aires, 1963). Señala Medina que el ahora derogado art. 3 del Código Civil y el actual art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación son muy similares, con lo cual la doctrina y la jurisprudencia nacida al amparo del Código Civil vigente va a tener aplicación en el futuro. La nueva norma corrige defectos de redacción de la anterior, mantiene su esencia y agrega una disposición específica con respecto a los contratos de consumo.Dispone la aplicación inmediata de la nueva ley, tanto a las situaciones y relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a ella como a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes al tiempo de entrada en vigor del nuevo texto legal. Contiene cuatro reglas, que son: 1) aplicación o efecto inmediato de las nuevas leyes a las situaciones y relaciones jurídicas en curso; 2) principio de irretroactividad salvo disposición legal en contrario; 3) límite de la retroactividad dado por los derechos amparados por la Constitución; 4) inaplicabilidad de las nuevas leyes supletorias a los contratos celebrados con anterioridad a ellas, con excepción de las normas más favorables al consumidor. También el citado art. 7 alude a situación y relación jurídica, al igual que lo hacía el art. 3 Cod. Civil. La teoría de la situación jurídica se construye sobre la base de las ideas de irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos y efecto inmediato de la ley sobre las situaciones jurídicas. Situación jurídica es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada, concepto claramente superior al de derecho adquirido, por cuanto está desprovisto de todo subjetivismo y carácter patrimonial. La situación jurídica se puede encontrar: 1) constituida, 2) extinguida 3) en curso, o sea, en el momento de producir sus efectos. Roubier recurrió a la idea de “situación jurídica” estableciendo que ésta tiene una faz estática y una faz dinámica, en esta última se aplica el principio del efecto inmediato de la ley nueva. Para esta teoría los aspectos dinámicos son los de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella. Pero la situación jurídica no se agota en su aspecto dinámico, sino que tiene una fase estática, durante la cual ella produce sus efectos:los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la ley nueva). (Medina, Graciela, “Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012­E, 1302; DFyP 2013 (marzo), 01/03/2013, 3, Cita Online: AR/DOC/5150/2012). En síntesis, si la situación jurídica constituida ya está extinguida no le afecta la nueva ley, tal como ocurre en el caso de autos. III.­ En ocasión de intervenir como vocal preopinante en el Expte. Nº 10.890/2005 “N, R H c/ F, M La s/ desalojo” (sentencia del 29/9/2009), la suscripta ya había tomado conocimiento de la situación de las partes. La cuestión relativa a la posible existencia de una sociedad de hecho había sido materia de reconvención en esos autos, reso lviéndose en ambas instancias la improcedencia del planteo dentro del ámbito del juicio de desalojo, que se refería a dos de los inmuebles que son también materia de esta litis (Bartolomé Mitre 1-. 1º piso y Bartolomé Mitre 1-., planta baja, local, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En dichas actuaciones, la aquí accionante había reconocido que el Sr. N era el titular registral, argumentando que había existido entre ambos un concubinato en cuyo marco se produjo la adquisición del inmueble, el cual sería propiedad de la sociedad de hecho que ambos habrían constituido. Se afirmó en aquel pronunciamiento que “Si el inmueble efectivamente fue escriturado sólo a nombre del actor, cuando en realidad la propiedad estaría en condominio por haber sido adquirida con dinero de ambas partes – ajustando la versión de la accionada, por cuanto la sociedad de hecho no sería una persona jurídica­ ello equivale a decir que el negocio estaría viciado con una simulación relativa, pues no habría sido el Sr. N el único adquirente, como se desprende de la escritura pública obrante a fs.15/18, sino dos, habiéndose omitido la inclusión como tal de la Sra. F. De ello se desprendería que lo que ésta pretende en realidad es que se le reconozca carácter de condómina, cuestión ésta que sin duda excede el ámbito cognoscitivo de este tipo de procesos (conf. C.N.Civ., esta Sala, 02/08/2005, “M., A. F. S. c. G., G. N. y otros”, publicado en L. L. 2005­E, 830)”. “Por otra parte, la propia accionada argumenta en la contestación de demanda acerca de que la acreditación del concubinato -que no se encuentra discutido en cuanto a su existencia­ no hace surgir ni presumir la existencia de una sociedad de hecho, debiendo a tal fin probarse los aportes efectuados por cada uno (fs. 1328 vta./1330). La prueba rendida en autos al respecto, resulta insuficiente para acreditar que hayan existido aportes materiales concretos de ambos, actor y demandada, empleados para la adquisición de este inmueble en particular, y es lógico que así sea, por cuanto no correspondía profundizar en un tema que excede el marco cognoscitivo de estas actuaciones y debe debatirse y analizarse con amplitud en el juicio pertinente, que ya se encuentra en trámite, y que involucra un listado elaborado por la accionada que abarca veintiséis inmuebles más”. De modo pues que no existe discrepancia entre las partes en ninguno de ambos expedientes en cuanto al prolongado tiempo de convivencia, como así tampoco en relación al hecho de que ambos realizaban tareas a lo largo de dicha relación, y que durante su transcurso se fueron adquiriendo una muy importante cantidad de bienes que figuran inscriptos a nombre de cada uno de ellos.

IV.­ El objeto de la demanda consiste, sintéticamente, en obtener que se declare la existencia de una sociedad de hecho entre los entonces concubinos, de modo de considerar que la totalidad de los inmuebles de titularidad individual de ambos conformen un capital común, incluyendo algunos que ni siquiera se encuentran escriturados.En el escrito de inicio la accionante afirma que “amén de la relación de pareja- conformaban junto con mi mandante una verdadera sociedad de hecho, al principio en el rubro zapatería, y con posterioridad en el rubro de inmobiliaria y administración de consorcios” (fs. 3). Se remonta en su relato a una relación que se había iniciado en el mes de enero de 1969, si bien la convivencia habría comenzado en el año 1975. Menciona que también fueron socios en la compra y venta de inmuebles, “mientras el Señor N subastaba propiedades F las adquiría”, mencionando una propiedad en la calle Cabildo 3-., UF 28 quinto piso, 4 locales comerciales en block en calle La Quila, La Matanza, Pcia de Bs. As., “entre muchas otras operaciones que realizaron”. También adquirió F propiedades “en comisión” para después revenderlas “o en algunos casos se las quedaban, tal el caso de la propiedad de la calle Peña 3-.-” (fs. 9/9vta.). En el listado de bienes incluidos en el reclamo figuran estas propiedades de Cabildo y La Quila individualizadas con los números 23) y 27), respectivamente (ver considerando VII), no así la de la calle Peña. Respecto de esta última, a fs. 523/524 de la causa conexa seguida entre las partes por desalojo (expte. N° 10.890/05) obra un boleto de compraventa acompañado por la aquí actora, del que resulta que la Sra. F suscribió dicho boleto en carácter de adquirente del depto. sito en Peña 2-., unidad veinticinco del sexto piso, siendo la enajenante la Sra. M de las M P, en el mes de octubre de 1979, sin que resulte de dicho documento la existencia de una subasta judicial previa. El art. 1160 del Código Civil, entonces vigente, establecía que no podían contratar, entre otros, “- los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas, o respecto de cosas especiales, ni aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos-“.

El art.1361 del mismo ordenamiento establecía la prohibición de comprar,”- aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona:- 6° A los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido su respectivo ministerio”, agregando el art. 1362 que la nulidad de las compras y ventas prohibidas en el artículo anterior, no podía ser deducida ni alegada por las personas a las cuales comprenda la prohibición”. En la misma línea, el actual 1001 Cód. Civ. y Com., al regular las inhabilidades para contratar, establece que “no pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. A continuación, el art. 1002 reproduce el criterio ya establecido en el Código Civil: “no pueden contratar en interés propio, entre otros, “b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido”. También el art. 17 incs. d) y e) de la ley 20.266 dispone, entre las prohibiciones a los martilleros, tanto la compra por cuenta de terceros, directa o indirectamente, de los bienes cuya venta se les hubiere encomendado, como la compra para sí de los bienes a rematar, o” adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados”. Otro tanto dispone el art. 53 inc. d) de la ley 10973 de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad, de manera casi unánime se acepta que en el caso de subasta judicial, el martillero no actúa como mandatario ni como comisionista de ninguna de las partes litigantes, ni de ambas conjuntamente, sino como un oficial público auxiliar del juez, o mejor aún como integrante del órgano judicial.Ahora bien, según lo disponía el art. 1648 del Código Civil, “habrá la sociedad civil cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado”. Por su parte, el art. 1° de la ley 19.550 (que la ley 26.994 no altera, salvo en lo que hace a la inclusión de la sociedad unipersonal) establecía que había sociedad “si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y participando en las pérdidas”. En el confuso planteo actoral, por momentos se refiere a lo que podría definirse como sociedad civil, en tanto que en otros párrafos pareciera plantear la posibilidad de una sociedad de hecho de las que se encuadraban en el art. 21 de la ley 19.550. En cualquiera de ambos casos, el art. 1651 descartaba la posibilidad de una sociedad que incluyera “todos los bienes presentes y futuros de los socios, o de todas las ganancias que obtengan”, fulminándola con la nulidad. La única excepción a esta regla, justamente, era la sociedad conyugal, no extensible a una situación de hecho como el concubinato. En relación con aquellas adquisiciones que configuraban, además, infracciones legales confesadas por la propia accionante, los arts.1.658 y 1659 del derogado Código establecían tajantemente que el socio que hubiese llevado a la masa común los beneficios que hubiese adquirido por medios dolosos o prohibidos, no puede obligar a sus coasociados a la restitución de lo recibido y que “los socios que forman sociedades ilícitas no tienen acción entre ellos para pedir la división de las ganancias o pérdidas, o los capitales o cosas que aportaron a la sociedad-“. De modo que aun cuando se hubiera acreditado -por hipótesis­ que efectivamente existió una sociedad de hecho entre la partes, la misma no podría haber sido invocada como fundamento de la acción entablada en relación con aquellas adquisiciones afectadas por su ilicitud. Más aún, a partir del año 1968, ley 17.711 incorporó un agregado al art. 959, Código Civil, disponiendo que: “salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la simulación”. El precepto legal, corolario de autorizada doctrina autoral, trataba lo relativo a la demanda de simulación ilícita entre las partes, en virtud de la cual los partícipes carecían de acción para reclamar la nulidad y restitución de derechos y bienes, excepto cuando no les aproveche el reclamo y el planteo tienda a dejar sin efecto el perjuicio causado a un tercero o la violación legal (Gagliardo, Mariano, “Simulación ilícita: Alcances”, LA LEY 2007­A, 428­Derecho Comercial Sociedades Doctrinas Esenciales Tomo I, 455). Así, se sostuvo que “esta regla gene ral quiere, por razones de moralidad, que la justicia no intervenga de ningún modo en la simulación fraudulenta, sufra quien sufra. Quien participó en una simulación ilícita ­­sea absoluta o relativa­­ no puede invocarla, tanto por vía de acción como de excepción, salvo que pretenda dejar sin efecto el acto sin obtener ningún beneficio. Por ende, lo establecido en el art. 958 del Cód.Civil sólo aprovechaba a quienes no participaron en el acto simulado. Interpretar otra cosa sería una gravísima inmoralidad, significando un verdadero aliciente para la ilicitud de ciertas simulaciones. De acuerdo con el precepto del art. 959 del Cód. Civil, a los autores del acto simulado ilícito, que evidentemente perpetraron un delito civil en los términos del art. 1072 del Cód. cit., les está vedado en principio, alegar la simulación, aun en el caso de que sea sólo relativa, para hacer volver o ingresar el bien sustraído de su patrimonio” (C.N.Civ., sala C, 19/11/1998, LA LEY 1999­F, 152 ­ DJ 2000­1, 184, entre otros). Una disposición similar contiene el nuevo Código Civil y Comercial, que en su art. 335, primer párrafo, dispone: “Los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación”. También desde este punto de vista, lo que se pretendería en relación a estos bienes sería obtener beneficios de tales actos ilícitos, si bien, paradojalmente, tales inmuebles se encontrarían incorporados al patrimonio de la accionante, atento la obvia imposibilidad de su adquisición directa por el demandado. Por otra parte, si tomáramos otra línea interpretativa -al menos en cuanto a los bienes que no tendrían, en principio, origen ilícito­, y pretendiéramos recurrir a la figura de la interposición real de personas, el mandante oculto que quisiera fijar el destino final de los bienes en su patrimonio tendrá que recurrir, no a una acción de simulación contra los intervinientes en el acto de constitución o transmisión de los derechos, sino a una acción de mandato contra el mandatario que se resista a transmitirle el bien (conf. arts. 1904, 1909, 1911 y 1929, Cód.Civil). Vale decir que el demandante fundará su derecho, no en el acto originario de transmisión de bienes, sino en el convenio paralelo (de prestanombre, de sociedad oculta, etc.) que haya celebrado con su testaferro. Por eso en casos en los que la concubina puede probar que facilitó, al menos parcialmente, el dinero para que se efectúe la compra, deberá ocurrir contra su compañero como mandatario infiel, sin poder impugnar la compraventa efectuada por éste, que ha sido real y entre personas que asistieron al acto, ni hablar de acto “simulado”. Ello así, a excepción de que se tratara de una operación que cayera dentro de las prohibiciones contempladas por el 1361, para ello la mandante defraudada, en los que ha habido una interposición de personas prohibida por la ley. Es evidente que no ha sido esto lo pretendido en la demanda, al englobar como si se tratara de un único patrimonio a bienes adquiridos por uno y otro separadamente a lo largo de la convivencia. Tal como acertadamente se señala en la contestación de demanda (fs. 2284) se mencionan una serie de inmuebles, sin indicar fecha de compra, ni precio, ni origen de los fondos ni identidad del comprador, con excepción del detalle antes indicado. V.­ Desde un punto de vista de desarrollo teórico de la cuestión, la sentencia atacada recoge y transcribe los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que fueron formando las pautas que desde hace ya muchos años han permitido en algunos casos resolver cuestiones de manifiesta injusticia e inequidad, reconociendo participación del conviviente no titular que acreditara la efectiva existencia de tal “sociedad de hecho”, por lo que se omitirá incurrir en reiteraciones innecesarias atento que, por otra parte, ello no es materia de agravio.Sin embargo, sin analizar si efectivamente existió algún aporte concreto de quien no fuera titular en la adquisición de cada uno de dichos bienes, declaró la existencia de dicha sociedad en forma genérica, aparentemente abarcando tanto los bienes de la actora como del demandado, asimilando la situación, lisa y llanamente, a un régimen de ganancialidad propio de la institución matrimonial, sin sustento jurídico alguno. Tampoco individualizó los bienes a los que se refería ni la proporción que a cada una de las partes correspondería en cada uno de ellos. Ni siquiera en el nuevo régimen legal (arts. 509 a 528 Cód. Civ. y Com.) se atribuyen tales efectos a las uniones convivenciales. Por el contrario, en el orden patrimonial, los bienes adquiridos por cada uno de los convivientes le pertenecen, salvo que se haya suscripto un pacto de convivencia en el que, uno de los aspectos admitidos, es la previsión acerca del modo de dividir “los bienes obtenidos por el esfuerzo común” en caso de ruptura (art. 514 inc. c) cod. cit.). De modo pues que en esencia el criterio no se ha modificado en este aspecto, por cuanto se alude al esfuerzo común que era también la pauta previa. Nada hubiera impedido, tampoco, que las partes hubieran constituido una sociedad -regular o no­ en la que participaran en proporción a sus aportes, o hubieran adquirido los bienes en condominio en los porcentajes que estimaran corresponder. Me refiero, obviamente, a aquellas adquisiciones que no tenían un origen ilícito. Optaron, en cambio, por ir efectuando las sucesivas adquisiciones alternativamente a nombre de uno u otro, y sin que se haya producido prueba alguna que evidenciara que en alguna de estas múltiples incorporaciones patrimoniales hubiera mediado simulación o interposición de persona. Para contratar entre sí tenían amplia libertad, ya que no se encontraban alcanzados por las prohibiciones que existían para los cónyuges, e incluso hubieran podido efectuarse donaciones. Resulta cuando menos sorprendente que ninguna de las partes haya requerido la realización de una pericia contable.La prueba testimonial que versa acerca del trabajo que ambos desempeñaban, incluso en algunos casos en colaboración, nada indica en cuanto a autorizar a presumir que existió una igualdad de aportes conjuntos en la compra de cada uno de los bienes. Por otra parte, las argumentaciones que darían sustento a la pretensión se refieren precisamente a aspectos que ya desde antiguo fueron descartados como prueba de la existencia de una sociedad de hecho. Así, en un trabajo publicado hace ya dos décadas, Ceriani Cernadas efectuaba una síntesis acerca de circunstancias que, conforme a la doctrina autoral y jurisprudencial, no podrían considerarse como aportes societarios, y que incluyen con justeza los invocados en la demanda:”a) El trabajo personal, cuando la concubina o el concubino ingresan a un establecimiento que ya pertenecía al otro, desempeñando distintas tareas aunque éstas incluyan funciones de dirección del personal o aunque la remuneración se integre con una participación en las ganancias; b) Colaboración con tareas del otro cuando se trata de simples actos o gestiones que pueden realizar todos los varones o mujeres cuya vida en común resulte más o menos prolongada, como por ejemplo, cobro de cuentas o alquileres, pagos en los bancos, a menos que se pruebe que se tiene una empresa ad hoc, o una dedicación especial a dicha ocupación, etcétera.; c) Tareas domésticas, ya que integran el contenido de las relaciones concubinarias o eventualmente una relación de dependencia que ha dado origen a la relación; d) Administración de bienes y ganancias del concubino, por las mismas razones expuestas en b); e) Contribuciones a los gastos del hogar o enfermedades, caen dentro del ámbito de la relación personal; f) Todo otro gasto que no se vincule a actividades económicas que produzcan utilidades a repartir; g) Cuenta bancaria común. Sola, no sería suficiente; h) Compra de bienes en común: no es suficiente si no se demuestra que se hizo para obtener alguna utilidad apreciable en dinero que dividirán entre sí (art. 1648, Cód.Civil).Tampoco la coposesión de bienes indicará sociedad de hecho, salvo que pueda relacionarse efectivamente con el objeto de la sociedad y los fines de lucro” (Alles Monasterio de Ceriani Cernadas, Ana, “Concubinato: ¿Supone la existencia de una sociedad de hecho? (Simulación e interposición real de persona)”, LA LEY 1994­D, 1023; LLP 1995, 49). Las diferencias entre las figuras específicas que integran el género “comunidad de intereses patrimoniales” no siempre son claras. Mucho se ha discutido en torno a la diferencia entre condominio y sociedad de hecho; para la teoría clásica, la diferencia fundamental reside en que mientras la sociedad tiene personalidad, el condominio no hace nacer un tercer sujeto de derecho; además, la sociedad es un contrato y el condominio, un derecho real. Para otros, lo típico de la sociedad es la explotación común; en otros términos, la sociedad supone explotación conjunta repartiéndose pérdidas y ganancias en cambio, el condominio es una figura jurídica estática, circunstancia que no impide que los condóminos pacten sobre la administración de la cosa. Más allá de si la línea divisoria es o no neta, interesa señalar que todas estas figuras pueden coexistir con la relación creada entre un hombre y una mujer en situación estable semejante a un matrimonio. Así, las relaciones patrimoniales entre concubinos pueden generar una sociedad de hecho o una comunidad de bienes que, sin gestiones conjuntas destinadas a obtener utilidades, impliquen titularidades conjuntas. (Kemelmajer De Carlucci, Aída R., “El concubinato heterosexual y la sociedad irregular”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal­Culzoni, “Sociedades”, 2.003 – 2, pág.67 y sgtes.). Sin embargo, se ha recurrido a este tipo de acciones cuando era necesario obtener el reconocimiento de los aportes efectuados por uno de los convivientes respecto de bienes de titularidad del otro, y no a la inversa, por cuanto no caben dudas que el interés es la medida de la acción, y ningún interés podría evidenciar la actora en obtener que aquellos inmuebles que figuran inscriptos a su nombre sean considerados de titularidad conjunta. La única razón para así proceder se vincula, evidentemente, con el afán de obtener que la misma solución se aplique a los inmuebles de propiedad del demandado, obteniendo así un mayor valor en el reparto final, cual si se hubiera tratado de bienes gananciales, a cuyo efecto no ha dudado ni siquiera en poner en evidencia la conducta ilícita que precedió a algunas de dichas adquisiciones, sin acreditar en modo alguno el aporte concreto de cada uno en cada compra. En el listado acompañado con la demanda no se precisó siquiera quién de cada uno de ellos era el titular registral, y se incluyeron bienes que fueron enajenados a terceros muchos años atrás, invocando que se utilizó para ello un mandato otorgado por la Sra. F, y pretendiendo el cómputo de éstos como capital social, cuando ninguna acción propia de un eventual incumplimiento contractual se promovió en más de una década, pretendiendo, por esta vía indirecta, una suerte de rendición de cuentas extemporánea.

VI.­ Analizando los informes proporcionados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, resultan los siguientes datos: 1.­ el inmueble sito en Rodríguez Peña-. unidad 64 piso 11 fue adquirido por M L F por escritura de fecha 25 de octubre de 1994 otorgada por el Esc. Kligmann mediante tracto abreviado por compra a herederos (fs. 2803/2804). 2.­ el inmueble sito en Avda. Rivadavia 1-. unidad 28 piso 2, fue adquirido por M L F por escritura de fecha 22 de abril de 1994 otorgada por el Esc.Kligmann y posteriormente vendida a D L B el 16 de julio del mismo año (fs. 2805), por lo que hace más de veinte años que no se encuentra en cabeza de ninguna de las partes. 3.­ el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 2—unidad 32 piso 7 fue adquirido por R H N por escritura de fecha 22 de diciembre de 1993 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2806). 4.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre 2-.unidad 27 piso 7 fue adquirido por R H N en subasta realizada en autos “M, P s/ quiebra s/ incidente de realización de bienes, que tramitara en el Juzgado Comercial N° 19, Secretaría N° 35, protocolizada por escritura de fecha 7 de abril de 2000 otorgada por el Esc. Gaitán (fs. 2808/2811). 5.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre 2- unidad 1 fue adquirido por R H N por escritura de fecha 14 de julio de 2000 otorgada por el Esc. Gaitán (fs. 2812/2813). 6.­ el inmueble sito en Riobamba 6- fue adquirido por R H N por escritura de fecha 18 de mayo de 1999 otorgada por el Esc. Novakovsky (fs. 2814/2815). 7.­ el inmueble sito en Junín 1-. unidad 3 planta baja (Cangallo 2-: la titular registral que actualmente figura en el informe de fs. 2816/2817 es una tercera distinta de las partes: L N C de P, quien habría adquirido por escritura de fecha 29/10/1998, sin que el Registro haya acompañado los antecedentes dominiales completos. Habría sido de propiedad del Sr. R H N, adquirido el 2 de junio de 1978, y consta una certificación requerida por el Esc. Gaitan en fecha cercana a la adquisión por parte de la actual titular (26/10/1998, fs. 2818). 8.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre 2-unidad 25 Piso 3 fue adquirido por M L F por escritura de fecha 13 de julio de 1994 otorgada por el Esc. Kligmann y vendido el 28 de julio de 1998 a M de los Á Ál con intervención del esc.Gaitán, estando actualmente a nombre de la sociedad A. S.A. (fs. 2819/2825). 9.­el inmueble sito en B Mitre 1- unidad 16 Piso 3 fue adquirido por R H N en subasta realizada en autos “Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 1-. c/ M A, C s/ ejecución de expensas”, que tramitara por ante el Juzgado Civil N° 94. No resulta clara la fecha de adquisición, el accionado indica a fs. 2277 que el boleto judicial se suscribió el 19/2/1993, depositándose el saldo de precio en 1995, en tanto que según el asiento registral se alude a una resolución de fecha 18 de septiembre de 1995 y una presentación efectuada el 21 de marzo de 1997 que se anotó provisoriamente por existir un embargo vigente, que habría sido levantado el 17 de octubre de 1996 efectuándose la respectiva presentación el 12 de mayo de 1997, disponiéndose en consecuencia la anotación definitiva, aún vigente (fs. 2826). (Este bien no había sido individualizado en el listado acompañado en la demanda, pero fue incluido en el oficio al Registro de la Propiedad, de allí que se encuentre informado). 10.­ el inmueble sito en Riobamba 7-. unidad 17 piso 7 fue adquirido por M L F por escritura de fecha 4 de octubre de 1978 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2827).

11.­ el inmueble sito en Riobamba 72/74/76 unidad 5 piso 4 fue adquirido por R H N, por escritura de fecha 24 de noviembre de 1980 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2828). 12.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre 1-. unidad 28 Piso 4 fue adquirido por M L F por escritura de fecha 3 de abril de 1995 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2829/2830). 13.­ el inmueble sito en B Mitre 1- unidad 29 Piso 4 fue adquirido por M L F por escritura de fecha 3 de abril de 1995 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2831/2832). 14.­ el inmueble sito en Avda.de Mayo 1- unidad 176 piso 9 fue adquirido por R H N por escritura de fecha 22 de marzo de 1995 otorgada por el Esc. Arnedo (fs. 2832 bis). 15.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre 1- unidad 1 planta baja fue adquirido por R H N por escritura de fecha 5 de junio de 1996 otorgada por el Esc. Lozano (fs. 2833). 16.­ las partes indivisas del inmueble sito en Bartolomé Mitre 1-., de titularidad del accionado por adquisiciones sucesivas, individualizadas por el Sr. N a fs. 2276/2278, resultan corroboradas en el informe registral obrante a fs. 2834/2879. La actora las mencionó como 22 cocheras, reconocidas por ésta en la demanda, punto 15), señalando que algunas estaban a su nombre. 17.­ el inmueble sito en Ayacucho 1-. unidad 1 primer piso no figura inscripto a nombre de ninguna de las partes, sino de un tercero, M R P M (punto 16 de la demanda, informe fs. 2880/2881). 18.­ el inmueble sito en Junín 2– unidad 11 piso 2 fue adquirido por R H N por escritura de fecha 10 de octubre de 1974 otorgada por el Esc. Vadone (fs. 2882). 19.­ el inmueble sito en Paso 5- unidad 11 piso 5 figura inscripto a nombre de un tercero, Asociación del Personal Superior de Agua y Energía Eléctrica (fs. 2883). Confrontando este elemento con el oficio oportunamente librado, aparentemente se trató de un error del Registro al producir un informe no requerido, por cuanto el bien no está mencionado en la demanda ni en dicho oficio. 20.­ el inmueble sito en Riobamba -. unidad 11 piso 4 fue adquirido por R H N, por escritura de fecha 27 de mayo de 1983 otorgada por el Esc. Alonso (fs. 2884).

21.­ el inmueble sito en Junín —.unidad 12 piso 2 fue adquirido por R H N, por escritura de fecha 18 de junio de 1992 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2885). 22.­ el inmueble sito en Riobamba -. unidad 1 planta baja fue adquirido por R H N, por escritura de fecha 27 de octubre de 1994 otorgada por el Esc.Kligmann (fs. 2886/2887). 23.­ el inmueble sito en Ayacucho-. unidad 1, planta baja, entre piso y sótano, fue adquirido por R H N, por escritura de fecha 21 de febrero de 1996 otorgada por el Esc. Kligmann (fs. 2888/2889). 24.­ el inmueble sito en Bartolomé Mitre-. fue adquirido por R H N por escritura de fecha 24 de noviembre de 1987 otorgada por el Esc. Alonso (fs. 2890/2891) 25.­ el inmueble sito en Juana Azurduy – unidad 1 planta baja figura inscripta a nombre de un tercero, C F N que no ha sido parte en estas actuaciones (fs. 2892/2893). 26.­ el inmueble sito en Avda. Cabildo -. unidad 28 piso 5 figura inscripto a nombre de M L F, adquirente en la subasta celebrada por el demandado, en autos “Consorcio de Propietarios Avda. Cabildo –. c/ K I R s/ ejecución de expensas” (fs. 2894/2896). En cuanto al inmueble y cochera sito en Mar del Plata, documental Nº 78 de la parte actora, obrante a fs. 576/577 del expediente sobre desalojo N° 10.890/05, se trata de una consulta al índice de titulares requerida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, en la que genéricamente, identificando datos catastrales, se informa la titularidad del Sr. N respecto de cinco inmuebles (fechado 1/12/2000), correspondientes a los partidos 033 (dos), 045 (dos) y 076 (uno). Esto no ha sido cuestionado, como así tampoco los cuatro locales en block adquiridos por F en el Partido de La Matanza, a los que se hará referencia a continuación. VII.­ De los expedientes venidos ad effectum videndi, resulta la veracidad de lo afirmado por la actora en cuanto a su intervención en las subastas judiciales realizadas por el accionado, al menos en dos casos: 1.­ En el expte. N° 013390/1991, que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 95, caratulado “Consorcio de Propietarios Avda.Cabildo -.c/ K, I R s/ ejecución de expensas”, que se tiene a la vista, se constata que en la subasta llevada a cabo por el accionado resultó adquirente la actora (fs. 263/264), quien con el patrocinio del mismo letrado que en estos autos la asiste, expresó en el escrito de fs. 344/345 (13/4/94) que efectuaba la adquisición a título personal, designando al esc. Kligman para la escrituración de “los locales”. En realidad, se trataba de una unidad funcional N° 28, piso 8° “B” de Avda. Cabildo -., indicado en el punto 23) del listado contenido en la demanda. 2.­ En el expediente N° 070745/1989, que también se tiene a la vista, caratulado “P, Z M y otro c/ M, D s/ ejecución hipotecaria”, que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 108, se presenta la misma situación descripta en el párrafo precedente. Según informa el martillero N, fracasó una primer subasta con base (fs. 130), por lo que se efectuó una nueva, resultando adquirente la accionante, según boleto obrante a fs. 186. También en este caso expresó en ese acto que realizaba la compra “en comisión”, para posteriormente, en el escrito obrante a fs. 211/212 (21/3/94), con idéntico patrocinio, expresar que lo hacía para sí, designando al mismo escribano. De estos antecedentes surge la propiedad de los cuatro locales comerciales en block ­aún no escriturados­ mencionados en el escrito de inicio, ubicados en la calle La Quila Nº 1329, Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. VIII.­ De modo pues que no cabe sino hacer lugar al recurso interpuesto, revocando el decisorio de grado, por las razones precedentemente expuestas. Asimismo, corresponde disponer que se remitan la totalidad de las actuaciones con los expedientes venidos ad effectum videndi a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin de que se valore la posible comisión de conductas delictivas.Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó por Acordada N° 2/14 del 11/02/2014, el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM) en el que deben inscribirse o reinscribirse los profesionales interesados en actuar como peritos en las causas que tramitan ante la Justicia Nacional y Federal, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. Uno de los fundamentos de dicha decisión fue precisamente que, hasta su dictado, el seguimiento de la actuación de un perito o un martillero se llevaba a cabo en cada jurisdicción o fuero en los que intervenía, sin que existiera una conexión entre ellos, en lo atinente a sanciones impuestas o licencias solicitadas por los profesionales. A tal fin, dispuso en el art. 3): “Establecer que el legajo de actuación de dichos auxiliares se integre al sistema mencionado en el artículo precedente, a fin de dotar a las dependencias judiciales de una base de datos centralizada que permita contar con información eficaz para la designación y seguimiento de su desempeño en la función”. Asimismo, en el Anexo I de dicha Acordada se establece que es causal de exclusión de las listas, por el tiempo que fije la Cámara de Apelaciones en cada caso, entre otras, la actuación negligente, la falta grave o el mal desempeño de sus funciones (inc. d). Por su parte, el art. 14 dispone que los peritos y martilleros podrán ser sancionados por su actuación en la causa judicial por el magistrado o tribunal en el que ella tramite, debiendo comunicar dicha circunstancia a la Cámara de Apelaciones para su inscripción en el legajo del referido profesional.En virtud de ello, tratándose de causas que han tramitado ante este fuero (ver considerando VII), que podrían dar lugar a responsabilidad disciplinaria del martillero R H N, quien conforme consulta de Listado realizada en el día de la fecha figura actualmente inscripto (CUIL 20043574273 Hoja 523 Año 2015), corresponde poner en conocimiento del Excmo. Tribunal de Superintendencia de esta Cámara, a los fines de valorar la procedencia de la instrucción de un sumario administrativo. IX.­ En orden a la imposición de las costas de ambas instancias, por aplicación del art. 68 del Código Procesal, corresponde que estén a cargo de la actora vencida. Asimismo, atento la decisión recaída en el beneficio de litigar sin gastos, deberá cumplimentarse el pago del arancel del Colegio de Escribanos indicado a fs. 2733, como asimismo todos los que correspondan en relación con el diligenciamiento de las pruebas informativas aranceladas en las que se indicó que dicho beneficio se encontraba en trámite.

X.­ Por todo lo hasta aquí expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo: 1) revocar la sentencia obrante a fs. 6273/6281 y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada, con costas de ambas instancias a cargo de la actora vencida 2) remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin de que se valore la posible comisión de conductas delictivas

3) poner en conocimiento del Excmo. Tribunal de Superintendencia de esta Cámara el presente pronunciamiento, a los fines de valorar la procedencia de la instrucción de un sumario administrativo.

TAL ES MI VOTO

Las Dras. Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.­

Buenos Aires, noviembre de 2015.­

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia obrante a fs.6273/6281 y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada, con costas de ambas instancias a cargo de la actora vencida 2) Remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin de que se valore la posible comisión de conductas delictivas 3) Poner en conocimiento del Excmo. Tribunal de Superintendencia de esta Cámara el presente pronunciamiento, a los fines de valorar la procedencia de la instrucción de un sumario administrativo Para conocer los honorarios que fueran regulados a fs. 6281 y que fueran apelados por altos y bajos a fs. 6285, fs. 6286/87 y fs.6288/90 obrando a fs. 6292 y fs. 6295 los pertinentes respondes de las contrarias a los traslados conferidos.­ Atento el pronunciamiento precedente el cual fue modificatorio de la sentencia apelada corresponde ajustar las sumas reguladas a los profesionales intervinientes de conformidad a lo dispuesto en el art 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.­ En virtud de ello y siendo cierto lo expuesto por los letrados intervientes en cuanto al monto del proceso y a los fines de la presente adecuación se tomará la suma que surge de fs. 2481 correspondiente a las valuaciones fiscales de los bienes inmuebles denunciados en autos.­ En función de dicha adecuación y teniendo en consideración que el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios éstas deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor así como la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado.­ En el mismo sentido los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, razón por la cual la validez constitucional, de las regulaciones de honorarios no depende exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes (Conf. C.N.Civil esta sala Expte. Nº 52.629/2005 “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios”- ordinario del 11/2/2010) entre muchos otrosEn virtud de ello y de conformidad con lo dispuesto por los arts.1, 6, 7, 9,10, 11,19,10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria 24432, se regula los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. J E I en la suma de ($.) y los del letrado apoderado de la demandada Dr. E M E E en la suma de ($.).­ En atención al monto del presente, resultado obtenido, y complejidad de la labor profesional, respecto de la tarea desarrollada en la Alzada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley de aranceles profesionales texto según ley 24432, se regulan los honorarios de los letrados de la parte actora Dr. J E I en la suma de ($.) y los del Dr. E M E E en la suma de ($.).­ Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/23 art. 4°) y oportunamente devuélvase.­

MARTA DEL R MATTERA, JUEZ DE CAMARA

BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA

ZULEMA DELIA WILDE, JUEZ DE CAMARA