Responsabilidad civil de la A.R.T. en forma solidaria con la empleadora demandada, atendiendo la reparación integral del daño sufrido por el actor quien se accidentó con un lavarropas.

AccidentePartes: Vidal Stella Maris c/ Sucesores de Gariglio Emir D. y Mapfre Argentina A.R.T S.A. s/

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 1-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-96376-AR | MJJ96376

Responsabilidad civil de la A.R.T. en forma solidaria con la empleadora demandada, atendiendo la reparación integral del daño sufrido por el actor quien se accidentó con un lavarropas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar en lo principal la sentencia por la que se hizo lugar a la demanda de cobro de pesos derivados de un accidente laboral, desde que la máquina (lavarropas) con la que el trabajador se accidentó, cae bajo las previsiones del art. 1113 del CCiv., pues debe ser considerado una cosa riesgosa, las cosas que integran el ambiente de trabajo pueden dañar la salud, y en tales casos, los daños no son producidos por las cosas mismas, sino a través de la actividad que el hombre cumple para manipularlas o cualquier otra acción en que la cosa permanece inerte.

2.-Quien introdujo la fuente de riesgo o peligro fue la accionada quien resulta entonces responsable por los daños que la cosa -lavarropas-, causó a la actora, responsabilidad solidaria con la seguradora de riesgos de trabajo que desoyó los deberes que le impone la Ley 24.557, en especial el art. 4 , que refiere a las obligaciones de las partes, en lo que compete a las aseguradoras ordena en el inc. 2 del citado art. 4.

3.-No solo el empleador es la responsable por la seguridad de sus empleados, la aseguradora también tiene que asumir dicha obligación, mediante el diagnóstico, prevención e implementación de condiciones de trabajo de mayor seguridad, procurando la indemnidad de los dependientes, lo que no sucedió en el caso.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, al primer día del mes de setiembre del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la citada en garantía y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de esta ciudad, Dr. Elido G. Ercole, en los autos caratulados: «Expte. N° 236 – Año 2.014 – VIDAL, Stella Maris c/ SUCESORES DE GARIGLIO, Emir D. y «MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A.» s/ COBRO DE PESOS – LABORAL».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

No habiendo sido sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto por la citada en garantía conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A esta primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que, atento a la

existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160). A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A.Abele dijo:

El Juez de Primera Instancia dicta sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Stella Maris Vidal y en consecuencia condena a Sucesores de Gariglio Emir D. y «MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A.», en forma solidaria, a abonar a la actora en el plazo de 10 días los rubros acogidos, con más los intereses fijados. Impone las costas en un 90% a cargo del demandado y en un 10% a cargo de la actora (fs. 181/202 vto.).

Para así resolver el A-quo ha considerado que en autos quedó acreditado que Stella Maris Vidal, era empleada de Suc. de Gariglio Emir D. y que al momento del evento dañoso, había contratado la prevención y reparación de los daños con «MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A.»

Expresa que la actora imputa responsabilidad a la empleadora en base a dos factores, uno objetivo por riesgo creado y actividad riesgosa (A.R.T. 1.113 C.C.) y otro subjetivo por incumplimiento del deber de seguridad (A.R.T. 75 L.C.T.) y omisión de los deberes de higiene y seguridad al no haber tomado las medidas que hubieran evitado el accidente. Al no haber comparecido ni contestado la demanda la empleadora, se tienen por reconocidos los hechos expuestos por el actor en su demanda y por auténticos la documental acompañada. Agrega que tampoco compareció a la audiencia de trámite, por lo que se la tiene por confesa de las posiciones esgrimidas por el actor.

Al aplicar estos apercibimientos, el A-quo tiene por cierto que la actora prestó tareas inherentes a la categoría profesional «Mucama»; que dichas tareas exigían manipular aparatos industriales de lavado y secado de ropa; que en fecha 11/12/2.010

sufrió un infortunio laboral mientras operaba un lavarropas industrial, que le ocasionó lesiones; que la actora fue trasladada al Hopital S.A.M.Co. Dr. Jaime Ferré de esta ciudad y que ante los estudios y curaciones, reveló la existencia de fractura en la muñeca de la mano izquierda; que la A.R.T.la derivó a la Clínica Parra S.A., donde le enyesaron la extremidad dañada por un lapso de dos meses e indicaron cuarenta sesiones de fisioterapia.

En base a lo expuesto, el Juez de grado entiende que la máquina (lavarropas), cae bajo las previsiones del Art. 1.113 del Código Civil, pues debe ser considerado una cosa riesgosa. Entiende que las cosas que integran el ambiente de trabajo pueden dañar la salud, y en tales casos, los daños no son producidos por las cosas mismas, sino a través de la actividad que el hombre cumple para manipularlas o cualquier otra acción en que la cosa permanece inerte.

Sostiene que quien ha introducido la fuente de riesgo o peligro fue la accionada «Sucesores de Gariglio Emir D.», quien resulta entonces responsable por los daños que la cosa -lavarropas-, causó a la actora.

Además, entiende que la empleadora también ha violado especialmente el deber de seguridad, consagrado en el Art. 75 de la L.C.T., y por ello debe responder. Agrega que de autos no surge prueba alguna, que la empleadora demandada haya realizado controles o revisaciones técnicas, inherentes al normal funcionamiento del lavarropas en cuestión. Tampoco surge que haya adoptado medidas que eviten la causación del infortunio, a través de provisión de elementos de seguridad e higiene idóneos para evitar la causación de daños o la adopción de medidas técnicas para disminuir los riesgos en el lugar donde aquella prestaba.

En cuanto a la demandada MAPFRE, el Juez de primera instancia sostiene que

siendo que la A.R.T. opera profesionalmente en seguridad y en la prevención del daño, y que ésta es su razón de existir, mayor es la exigencia y reproche que le cabe.

Es por esto que no solo la empleadora es la responsable por la seguridad de sus empleados. La aseguradora también tiene que asumir dicha obligación, mediante el diagnóstico, prevención e implementación de condiciones de trabajo de mayor seguridad, procurando la indemnidad de los dependientes.Debe elaborar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales para adecuarlas a la normativa, por lo que, el Juez «a quo» sostiene que la aseguradora se convierte en deudor originario de la elaboración del referido plan de mejoramiento y además responsable de la obligación in vigilando derivada de la función de control del referido plan que debe asumir (A.R.T. 4 L.R.T.).

Al no haber comparecido el representante legal de la aseguradora a la audiencia de trámite, se le aplican los apercibimientos que por derecho corresponde.

Atento a esto, y demás constancias en autos, el Juez de Primera Instancia sostiene que la aseguradora debe responder por el accidente sufrido por Vidal. El primer fundamento legal para responsabilizar a la A.R.T., entiende el «a quo», es de origen jurídico, no fáctico. Y en tal caso basta acreditar la existencia de un daño producto de un accidente laboral y la ausencia de actividad dirigida a la prevención y seguridad del personal, para que se desencadene la responsabilidad de la aseguradora.

Pero además, agrega el Juez de grado, que de la omisión legal derivó un daño concreto a la trabajadora. Expresa que si la A.R.T., que se supone es la experta en materia de prevención y seguridad, no realiza estos controles, es difícil que las condiciones de trabajo cambien. Es éste un dato que surge de la realidad. El Estado ha delegado este tipo de controles en las A.R.T. y por ello ha delegado este tipo de

controles en las A.R.T. y por ello los empleadores realizan los cambios que éstas sugieren en materia de higiene y seguridad.

Manifiesta que la aseguradora no incurrió en cualquier tipo de incumplimiento, ni tampoco en una simple omisión a un deber, sino en un absoluto y consciente desconocimiento de sus obligaciones legales.

Concluye que la responsabilidad civil de la A.R.T. demandada surge de lo previsto en los Arts. 512 y 1.074 del C.C.y por ello la reparación debe ser conforme el derecho común, en forma solidaria con la empleadora demandada, atendiendo la reparación integral del daño sufrido por la hoy actora.

De los rubros a indemnizar solicitados por el actor, el A quo hace lugar a los gastos de tratamiento psicoterapéutico; incapacidad laborativa y daño moral y daño psicológico, rechazando los rubros de gastos de atención médico-asistencial y adquisición de medicamentos, gastos de traslados y gastos no documentados y gastos de reparación estética del miembro lesionado.

Contra dicha sentencia se alza la aseguradora demandada interponiendo recursos de nulidad y apelación total (fs. 204), los que son concedidos a fs. 205 y la parte actora, interponiendo recurso de apelación parcial (fs. 209), el que es concedido a fs. 210.

Radicados los autos ante este Tribunal (fs. 223), y cumpliendo con el imperativo legal, la parte actora expresa agravios a fs. 227. La accionada, expresa y contesta agravios a fs. 232/237, los que son contestados por la actora a fs. 241/245.

El demandado recurrente se agravia porque:

La A-quo lo condena por responsabilidad civil en los términos del Art. 1.074 del C.C., sin considerar la totalidad de la prueba colegiada en autos.

Afirma que el nombrado Artículo de ninguna manera establece una subespecie de responsabilidad objetiva, liberando al actor de probar la imputación por conducta «negligente» y cargando al demandado con la prueba de causal eximente de responsabilidad. Sostiene que la parte actora tendría que haber impulsado en autos una pericia de higiene y seguridad, prueba fundamental a los fines de acreditar los supuestos incumplimientos que el «a quo» le imputa, pero solo en base a suposiciones y presunciones. Expresa que la A.R.T.no debe ser considerada como obligada a un resultado, en cambio, el deber de seguridad del actor si es de resultado.

Manifiesta que no ha mediado fundamento concreto por el cual se ha apartado del régimen normado por la Ley 24.557 y que no se ha probado incumplimiento alguno de la aseguradora demandada que tenga relación causal con el daño.

Se agravia también porque el A quo condena por la suma de $ 93.760 en concepto de lucro cesante o incapacidad laborativa, el cual calcula conforme la fórmula de renta bruta morigerada.

Resalta que la actora actualmente se encuentra prestando tareas, las mismas que realizaba a l momento del siniestro.

Critica que el Juez de grado eleve a 65 años la vida activa. Expresa que los parámetros utilizados por la fórmula renta bruta atenuada, al margen de otorgar cierta previsibilidad, responden a la premisa necesaria para la procedencia del rubro: «la objetividad», por ello es que la vida útil responde a la edad mínima necesaria para poder gozar del beneficio jubilatorio, independientemente de un potencial, hipotético e improbable deseo de la persona de seguir laborando.

En tercer lugar, se agravia por la sentencia de grado condena a MAPFRE al pago de la suma de $ 6.000, en concepto de daño moral y la suma de $ 2.000 como

daño psicológico. Expresa que el «a quo» determina el monto del daño moral independientemente del que resulta comprendido en el concepto de daño psicológico y su tratamiento. Sostiene que el daño psicológico no resulta un rubro separado del daño moral.

Por último, se agravia por la aplicación de un interés del 22% anual desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.

Afirma que la Ley 24.557, no prevé la aplicación de intereses sobre las prestaciones dinerarias por ellas fijadas, sino a partir del momento en que las A.R.T.incurran en mora en el pago de las mismas, situación que no se configura en autos.

Cita jurisprudencia y hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad provincial y federal.

Corrido el traslado de ley, la apoderada del actor contesta los agravios a fs. 241/245.

En dicha respuesta, resiste el progreso de los agravios, negando los hechos invocados y descalificando los argumentos expuestos por el recurrente.

En cuanto al tercer agravio de la demandada MAPFRE, planteado por ella como cuarto agravio, adhiere lo dicho por esta en cuanto a que el daño psicológico es un aspecto agravado del daño moral, por lo que no corresponde fijar indemnizaciones diferenciadas. Expresa que considera como suma adecuada por este ítem (que incluye el daño psicológico) la de $ 6.000 como mínimo a la época del siniestro.

Con respecto a la apelación parcial interpuesta por el actor, el mismo se agravia por la imposición de costas, las que son cargadas al actor con un 10% y al demandado con un 90%.

Afirma que sobre el total reclamado, el A quo hace lugar a un 92,08% y

rechaza rubros que equivalen a un 7,92%. Sostiene que por aplicación del Art. 102 del C.P.L., las costas debieron serle aplicadas íntegramente a la vencida, teniendo en cuenta que dicha norma dispone que cuando las pretensiones de una de las partes no superare el veinte por ciento se aplicarán en su totalidad las costas al vencido.

Al contestar los agravios la aseguradora demandada, la misma expresa que ha solicitado el rechazo integro de la sentencia.No obstante, sostiene que en caso de que se rechace el recurso por ella interpuesto, entiende que el planteamiento de la actora no puede prosperar teniendo en cuenta que los rubros rechazados no son una «reducción insignificante» a la pretensión originaria, lo que de acogerse importaría una imposición de costas no acorde con los rubros rechazados.

Quedan entonces los autos para resolver.

Ingreso al tratamiento del recurso.

Para darle un orden lógico, comenzaré por analizar la apelación interpuesta por la aseguradora demandada.

1. En primer lugar, cabe aclarar que el trabajador tiene la opción de elegir entre las indemnizaciones previstas por la L.R.T. o solicitar, en base al derecho civil, la reparación integral del daño. En el caso de autos, el actor eligió demandar por el derecho civil, pero ello no implica apartarse de la L.R.T., como lo expresa la aseguradora demandada, porque es la norma que regula a las A.R.T.

Ahora bien, el demandado se agravia por cuanto el «a quo» lo condena por responsabilidad civil en los términos del Art. 1.074. Refiere que dicho artículo, de ninguna manera establece una subespecie de responsabilidad objetiva.

«Es verdad que el que omite hacer lo debido equivoca su conducta, comete un error. Pero no en orden a las diligencias y cuidados -Artículo 512- sino en punto al

deber de «no dañar» -Artículos 1.066 y concordantes-. De ahí que la omisión antijurídica, que origina un daño injusto, merezca la sanción reparadora, aún al margen de la prueba de la culpabilidad. El que omite intervenir agrava el riesgo de dañosidad de una situación dada, y en consecuencia, concurre a la producción del perjuicio. » C.C. Explicado (Tomo III, pág.610/611, Rubinzal – Culzoni).

«Aplicando este artículo se ha condenado a las aseguradoras de riesgos del trabajo, por los daños del trabajador, cuando se acreditaron incumplimientos en los planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad; de capacitación para prevención de riesgos o por no haber desplegado medidas preventivas para la ocurrencia del accidente (C.S.J. de la Nación, 31-3-2009, D.T. 2009 [abril], 468; CNAT, sala II, 27-3-2008, L.L. Online; sala IV, 22-2-2010, IMP 2010-7-295; sala X, 30-6-2010, D.T. 2010 [noviembre], 3056).» C.C. Explicado (Tomo III, pág. 612,

Rubinzal – Culzoni).

Como bien lo expreso el Juez de grado, la A.R.T. demandada opera profesionalmente en seguridad y en la prevención del daño. Ésta es su razón de existir y en consecuencia, mayor es la exigencia y reproche que le cabe.

Al no haber comparecido a la audiencia de trámite el representante legal de MAPFRE, se lo tiene por confeso del pliego propuesto por la actora. Es decir, tengo por cierto que la misma nunca efectuó de manera adecuada los controles periódicos exigidos por la Ley de Riesgos de Trabajo (posición 14); que no arbitró los medios necesarios para que la empleadora le suministrara a la trabajadora los elementos de seguridad e higiene «idóneos» a fin de evitar las secuelas incapacitantes causalmente vinculadas con el trabajo (posición 15); que con anterioridad al infortunio, la A.R.T. codemandada no efectuó la evaluación y detección de riesgos en el sector en que se

desempeñaba la reclamante (posición 16); que la A.R.T. antes del infortunio jamás requirió a los Suc. de Gariglio Emir D., que adoptara medidas técnicas para neutralizar riesgos detectados en los sectores donde prestaba servicios la demandante (posición 17) y que «MAPFRE Argentina A.R.T.S.A.» nunca denunció a la firma accionada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por incumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad dentro del sector donde desarrollara sus actividades la demandante.

Refiere la accionada en sus agravios que el actor debería haber impulsado una pericia en higiene y seguridad para poder acreditar los incumplimientos de la A.R.T. Ante la confesión ficta producida en la audiencia prevista en el Art. 51 del C.P.L., no resultaba necesario que la actora ofreciera pruebas, pero además, analizando en profundidad los elementos acreditantes, no encuentro ninguna que desmotive las presunciones que hace el A quo. Es decir, tengo por reconocido que la A.R.T. nunca efectuó controles en el lugar de trabajo de la actora y no tengo prueba alguna que acredite lo contrario.

En resumen, la A.R.T. accionada ha desoído los deberes que le impone la Ley 24.557, en especial el Art. 4, que refiere a las obligaciones de las partes, en lo que compete a las aseguradoras ordena en el inciso 2 del citado Art. 4: Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; b) Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de

este artículo; c) Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; d) Una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. Las A.R.T.y los empleadores estarán obligados a informar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a las Administraciones de Trabajo provinciales, según corresponda, la formulación y el desarrollo del plan de acción establecido en el presente artículo, conforme lo disponga la reglamentación; y en el inciso 4 les impone la obligación de controlar la ejecución del plan de acción y estará obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Por su parte, el Decreto Reglamentario 170/96, dispone: Art. 18: Las aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a) Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato. b) Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo. c) Selección de elementos de protección personal. d) Suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos. Art. 19: Las aseguradoras deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. A tal fin deberán: a) Vigilar la marcha del Plan de Mejoramiento en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. b) Verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el Plan de Mejoramiento. c) Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos. d) Promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y

colaborar en su capacitación. e) Informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la Ley sobre Riesgos del Trabajo y el presente decreto, en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes. f) Instruir, a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.g) Colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. h) Cumplir toda obligación que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinar la frecuencia y condiciones para la realización de las actividades de prevención y control, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las ramas de cada actividad.

La clarísima redacción de las normas transcriptas me eximen de cualquier comentario, porque ponen en evidencia que la omisión que detectó el A-quo es tal, y que las razones dadas por el apelante para desdibujar la calificación de su conducta, caen por su propio peso.

Es por esto, que rechazaré este agravio, confirmando la condena de la A.R.T. demandada en los términos del Art. 1.074 del C.C.

2. En segundo lugar, el accionado se agravia por la suma a la que fue condenado ($ 93.760), en concepto de lucro cesante o incapacidad laborativa.

Refiere que la actora en la actualidad, se encuentra prestando las mismas tareas que realizaba al momento del siniestro, según declaración de la testigo Sabena. Expresa también, que el magistrado a la hora de practicar el cálculo, eleva a la edad de 65 años la vida activa de la accionante.

Si bien la testigo en su declaración, afirma que la actora se encuentra en la

actualidad trabajando en la firma demandada, la aseguradora no probó que así sea. Podría haber ofrecido, por ejemplo, una informativa al A.N.S.E.S. a los fines de verificar si la Sra.Vidal está o no tramitando una jubilación por invalidez.

No obstante, aún cuando efectivamente se encuentre prestando las mismas tareas que antes de sufrir el accidente, eso no quita que hubo un daño que merece ser reparado.

«La queja de la recurrente se endereza a que si el afectado, luego de un tiempo, fue dado de alta y se reintegró a sus labores anteriores no debiera ser indemnizado porque eso probaría que no hubo daño resarcible desde el plano laboral. El argumento no tiene posibilidad de prosperar ya que esta Sala tiene dicho reiteradamente, siguiendo por otra parte la correcta doctrina emanada de la Corte de la Nación y de la Provincia, que la reparación por daño actual o futuro se aplica a la incapacidad permanente, sea parcial, como en autos, o total. Pero cuando es parcial el acreedor damnificado es, además, por la mengua de su capacidad laboral a una reparación que teóricamente le compense el menor ingreso (comprendiendo los que pueden presumirse normales) lo que no tiene absoluta pertinencia aunque la víctima continúe trabajando en su ubicación laboral no hubiere sufrido perjuicios, pues su aptitud laboral está disminuida y en el mismo trabajo, para hacer lo mismo, el esfuerzo es mayor (C.C.C. Rosario, Sala I, causa Anso c. La empresa La Florida T.R. Ac. N° 9/98 del 12 de Febrero del mismo año, publicado en L.L.L. de Diciembre de 1998-p. 1681). » (C. Civ. y C. Rosario (S.F.) Sala 1°. 06.08.99. Benitez, Miguel c/ Los Hermanos S.R.L.s/ Demanda Ordinaria – N° 12618 – Zeus On Line).

En cuanto a la decisión del A quo de elevar la vida útil de la actora a la edad de 65 años, no parece irracional, más en los tiempos en que vivimos, en donde la ciencia

ha avanzado de tal manera que la expectativa de vida se extendió y sobre todo que la mujer debe trabajar «a la par» del hombre para poder mantener a la familia.

Atento a lo expuesto, rechazaré este agravio, confirmando la indemnización en la suma de Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta ($ 93.760).

3. En el tercer agravio, la A.R.T. crítica la decisión del Juez de grado por haberlo condenado al pago de la suma de $ 6.000 en concepto de daño moral y de la suma de $ 2.000 en concepto de daño psicológico. Refiere la codemandada que el daño psicológico no resulta un rubro separado del daño moral.

El daño moral es un daño in re ipsa, ya que no se requiere prueba directa porque va de suyo que una de las consecuencias más importantes que padece quien sufre un accidente que le produce un daño, deje éste secuelas o no, es la perturbación espiritual que experimenta. Este es el daño moral (Art. 1.078 del C.C.). Es unánime la jurisprudencia y doctrina en cuanto al criterio amplio con el que debe evaluarse este tipo de daño. En principio, por su naturaleza moral, insusceptible de valoración económica, debe tenerse por acreditada su existencia y magnitud por vía presuncional. Y las bases para elaborar dicha presunción las aportan las particularidades de cada caso. En el asunto que acá nos ocupa, esas particulares circunstancias se dan por los padecimientos soportados en el momento del hecho y durante la asistencia médica, los dolores en su mano izquierda, la secuela incapacitante que limita funcionalmente dicha mano, lo que repercute en todos los ámbitos de su vida, y especialmente en el laboral porque torna incierto su futuro.Desde mi punto de vista no resulta importante ingresar en una discusión respecto de si corresponde considerar al daño psicológico comprendido dentro del moral, o no. Lo que sí entiendo de ineludible cumplimiento es que todo daño sea reparado.

Sin perjuicio de ello, en lo personal pienso que el concepto de daño moral comprende el daño psicológico. Así lo considero, porque en mi opinión resulta indiscutible que todo accidente es una situación traumática, y como tal afecta psicológicamente a la persona. Ahora bien, esa afectación psicológica puede estar dentro de los parámetros normales, como en el caso de autos (ver pericial psicológico a fs. 140/141), y no sale fuera del llamado daño moral. En cambio, si la afectación psicológica adquiriese rasgos patológicos que requieren de tratamiento psicológico o psiquiátrico para su superación, sí entiendo que debe ser indemnizada en forma autónoma.

Por lo que concluyo que es procedente fijar como suma en concepto de daño moral, incluyendo el daño psicológico, en la suma de $ 8.000.

No existiendo perjuicio alguno para la recurrente ya que concluyo que corresponde abonar una suma que coincide ya sea que se valore el daño moral separado del psicológico o, todo en un solo concepto, no corresponde hacer lugar al agravio.

5. Por último, la codemandada se agravia por la aplicación de un interés anual del 22% desde la fecha del accidente hasta su efectivo pago.

Estoy convencida que es procedente confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia de primera instancia, porque observando la situación económica financiera del país, la misma resulta razonable.

Por lo expuesto, rechazaré este agravio.

6. Para finalizar, queda entonces analizar los agravios del actor, el cual crítica la imposición de costas realizada por el A quo.

Tal como lo prescribe el Art.102 del C.P.L., si la reducción de las pretensiones

de una de las partes no superare el veinte por ciento o dependiere legalmente del arbitrio judicial o dictamen de perito, procederá la condenación total en costas al vencido.

En el caso de autos, se configura este supuesto, teniendo en cuenta que los rubros rechazados no superan el 20% de la pretensión del actor, por lo que corresponde imponer las costas íntegramente a los demandados vencidos.

En consecuencia, haré lugar al agravio del actor, modificando la sentencia de grado, cargando con el 100% de las costas a los demandados vencidos.

En el sentido expresado, emitiré mi voto.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A esta misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160). A la tercera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que como consecuencia del análisis precedente, sugiero resolver en el siguiente sentido: 1) Rechazar parcialmente al recurso de apelación opuesto por la citada en garantía y ordenar el pago a la actora de la suma de $ 8.000, en concepto de daño moral. 2) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte actora, y cargar la totalidad de las costas de ambas instancias a la parte demandada y a la citada en garantía. 3) Confirmar en todos sus términos, el resto de la sentencia venida a revisión. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en

ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M.Macagno dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Lorenzo J. M. Macagno (Art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Rechazar parcialmente al recurso de apelación opuesto por la citada en garantía y ordenar el pago a la actora de la suma de $ 8.000, en concepto de daño moral. 2) Hacer lugar al recurso de apelación opuesto por la parte actora, y cargar la totalidad de las costas de ambas instancias a la parte demandada y a la citada en garantía. 3) Confirmar en todos sus términos, el resto de la sentencia venida a revisión. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

SIGUEN LAS FIRMAS.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

SE ABSTIENE.

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