Se mantiene la fijación de la cuota alimentaria en un 40% de los ingresos del alimentante, sin que importen los mayores ingresos obtenidos por la madre.

AlimentosPartes: O. S. N. p/sus hijos menores c/ D. G. A. s/ alimentos

Tribunal: Cámara de Familia de Mendoza

Fecha: 19-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95701-AR | MJJ95701 | MJJ95701

Se mantiene la fijación de la cuota alimentaria en un 40% de los ingresos del alimentante, sin que importen los mayores ingresos obtenidos por la madre.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que estableció como cuota alimentaria el 40% de los ingresos del alimentante, pues sin tener en cuenta el esfuerzo personal de la madre, receptado actualmente por el art.660 del CCivCom., ambos aportaban en dinero prácticamente el 50% de los gastos del menor, con lo cual cae por su propio peso el principal argumento del apelante respecto a la supuesta desproporcionalidad y al deber de contribución entre los padres.

2.-Ya sea por tratarse de una situación no consolidada y por no existir en rigor una modificación en la nueva ley de la solución que al caso otorgaba la jurisprudencia anterior a su entrada en vigencia, corresponde la aplicación inmediata de los arts.658 y ss. del CCivCom., por no resultar contrarios a los principios y deberes ya impuestos a los padres en materia de alimentos para los hijos menores de edad por el código civil velezano.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los diecinueve días del mes de Noviembre de dos mil quince, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones de Familia, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Germán Ferrer, Estela Politino y Carla Zanichelli y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N°229/11/10F- 94/14, caratulados: “O., S. N. p/sus hijos menores c/D., G. A. p/Alimentos originaria del Décimo Juzgado de Familia de Mendoza, de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 149 por el demandado contra la sentencia de fecha 30 de agosto de 2013, obrante a fs. 140/142vta., que hace lugar a la demanda fijando cuota de alimentos en el 40% de las remuneraciones que por todo concepto perciba el demandado, con más el SAC en igual porcentual, calculado sobre el haber bruto menos los descuentos de ley, con más la obra social y las asignaciones familiares, a favor de los hijos menores de edad. Impone las costas al demandado y regula los honorarios.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 297, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Ferrer, Politino, Zanichelli.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. GERMAN FERRER DIJO:

I. El apelante expresa agravios a fs.166/167vta.Sostiene que el monto fijado resulta excesivo teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de sus hijos y sus ingresos.

Se agravia por la imposición de las costas por entender que no dio lugar a la promoción de la demanda.

Señala que la juez de grado no valoró que su haber neto se ve disminuido por el pago del canon correspondiente a la vivienda que alquila para vivir.

Denuncia como hecho nuevo que la madre ha mejorado sus situación laboral y con ello sus ingresos.

Pide que se reduzca el porcentual del monto de la cuota en un 50% o en lo que en más o en menos consideremos pertinente y que las costas se impongan por su orden.

II. La actora, contesta los agravios a fs.172/177., solicitando se declare desierto el recurso por ausencia de una crítica razonada del fallo apelado y en subsidio pide su rechazo.

III. La Asesora de Menores dictamina a fs.222 y vta., por el rechazo del recurso.

IV.La juez funda su sentencia en la prueba de los gastos que demandaba la satisfacción de las necesidades de los tres hijos de 5, 7 y 9 años de edad, en impuestos, supermercado, educación, asistencia médica y esparcimiento; en los ingresos de la madre, los que oscilaban por entonces en $3.000,00 mensuales y en los del padre con un promedio mensual de $ 6.990.

También valoró el tiempo que a la madre, por ejercer la responsabilidad parental, le insume la dedicación al cuidado y educación de los niños.

Tiene en cuenta el dictamen de la Asesora de Menores que si bien al inicio del proceso aceptó el ofrecimiento que hizo el demandado del 25% de sus haberes, lo fue en carácter de alimentos provisorios pero luego, al dictaminar sobre el fondo, estimó procedente fijar la cuota en el 40% de los ingresos mensuales del alimentante.

Por otra parte, afirma que no resulta atendible el pedido del demandado de disminuir el porcentual de la cuota en función del canon que debe abonar por el alquiler de la vivienda que habita, ya que la obligación alimentaría emergente de la responsabilidad parental no puede eludirse por tales circunstancias.

Por último, la imposición de las costas al alimentante la basó en el criterio mayoritario de la doctrina (y la jurisprudencia) que entiende que lo contrario implicaría afectar la percepción de la cuota alimentaria en perjuicio de sus destinatarios, desnaturalizando su fin.

V. Entrando al análisis de los agravios, en primer lugar debo abordar el pedido de declaración de deserción del recurso formulado por la apelada.Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han sostenido que la expresión de agravios, para ser tal, debe contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en la que se demuestre punto por punto la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador de primera instancia, o las omisiones, defectos, vicios o excesos que pueda contener, no pudiendo calificarse como agravios las simples expresiones reiterativas de argumentaciones antes vertidas en similares términos en la primera instancia del proceso y que han sido desechadas por el juez con fundamentos no contradichos por el recurrente.

“Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para los cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestran argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye (cfr. CNApelCiv., sala J. 14/09/078, Expte. N° 22.066/00 “Andrés. Lidia Fabiana c/ Swuiss Medical Group y ots p/ daños y perjuicios , Diario Judicial).

Cuando un sujeto realiza el acto de disconformidad con una resolución judicial, que implica la interposición de un recurso, contrae la obligación procesal de dar al Tribunal que debe resolver el recurso, las razones de hecho y jurídicas, que lo fundamenten. Si no lo hace deja de cumplir con la obligación (rectius-carga) procesal, negándose a contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recta aplicación del derecho, y debe ser considerado rebelde y sancionarse esa rebeldía con la deserción del recurso. (Podetti, Ramiro, “Tratado de los Recursos , Buenos Aires, Ediar, 1.975, pág. 288).

La simple disconformidad con la resolución atacada, discrepando con la interpretación dada y sin fundamentar la oposición o sin expresar los argumentos jurídicos que dan sustento a un distinto punto de vista no es expresar agravios.Es decir, la expresión de agravios o la fundamentación del recurso debe constituir una exposición jurídica completa y autosuficiente que contenga el análisis razonado y crítico de la resolución impugnada, caso contrario con sujeción al art. 137 del C.P.C., debe declararse desierto el recurso de apelación. (Hadid, Husain, Comentario a los arts. 133 y sgtes., en Gianella Horacio (Coordinador), “Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza , Buenos Aires, La Ley, 2.009, Tomo I, pág. 1.024 y sgtes.)

Tal como ya se expresara en anteriores pronunciamientos este Cuerpo, a fin de valorar la suficiencia de la expresión de agravios, sigue un criterio amplio de tal forma que compatibilice con el respeto del derecho defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia adoptada por la ley, sin que esa flexibilidad llegue a tal extremo que implique en la práctica la derogación lisa y llana de los presupuestos exigidos por la ley formal.

Y con este razonamiento se aprecia que en el caso no es procedente la pretensión en el sentido que se declare la deserción de la apelación pues la lectura del libelo recursivo pone de manifiesto, a pesar de su escaso desarrollo, el cuestionamiento de la valoración de las pautas merituadas por el inferior a fin de acordar la cuota alimentaria.

Así se ha resuelto que “debe desecharse de plano la declaración de deserción del recurso cuando existe un mínimo de agravio, con lo que la instancia se abre, debiendo la deserción de los recursos interpretarse restrictivamente, de donde la duda sobre la insuficiencia de la expresión de agravios no autoriza a declarar desierto el recurrimiento (cfr. 4°Cam.Civ.Expte.: 24443 “EMBOTELLADORA DE LOS ANDES S.A. EN J:99.442 – LóPEZ J.C. – EMBOTELLADORA DE CUYO S.A.POR DAÑOS Y PERJUICIOS TERCERíA ,30/07/1999, LS151 164).

En segundo término, es menester abordar el tema sobre el derecho aplicable en atención que el presente fue iniciado y se resolvió con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo C.C.yC.

Sobre la temática del derecho transitorio ya nos hemos referido en recientes precedentes a los que remitimos en honor a la brevedad. En lo que aquí interesa señalo que se presenta en el caso lo que Moisset de Espanés califica como cambio de legislación solo aparente, hipótesis en que la nueva ley tiene aplicación inmediata, debido a que el texto se limita a incorporar soluciones jurisprudenciales o doctrinarias que ya integraban el sistema jurídico, de manera que no se ha producido un cambio real en el derecho vigente, y la nueva norma no encuentra dificultades para su aplicación inmediata pues los problemas continúan solucionándose en el mismo sentido que antes de su incorporación (cfr. Moisset de Espanés, op. cit. pág. 32).

En conclusión ya sea por tratarse de una situación no consolidada y por no existir en rigor una modificación en la nueva ley de la solución que al caso otorgaba la jurisprudencia anterior a su entrada en vigencia, corresponde la aplicación inmediata de los arts.658 y ss.del C.C.yC., por no resultar contrarios a los principios y deberes ya impuestos a los padres en materia de alimentos para los hijos menores de edad por el código civil velezano.

Analizando ahora sí el fondo de la crítica, advierto que en lo sustantivo, el apelante sostiene que el porcentual fijado en el 40% de sus haberes brutos menos los descuentos obligatorios de ley, resulta exagerado y desproporcionado en la relación que para su determinación, debe guardarse entre necesidades de sus hijos e ingresos del alimentante.

En este sentido, pretende hacer jugar también la mejora de ingresos experimentada por la madre los que, conforme al informe obrante a fs.212, ascendían a la suma de $8.502,27 a septiembre de 2014., siendo personal de planta permanente desde el 30/12/13, en el Ministerio de Infraestructura del Gobierno Provincial.

El apelante no ha cuestionado en concreto los gastos que para la manutención de sus hijos denunció la progenitora en la demanda.

Desde esta perspectiva, dichos gastos ascendían a la suma de $ 4.543,00 y el 40 % de los haberes brutos denunciados a fs.111 ($ 6.990,00 a septiembre de 2012), representaba la suma de $ 2.796,00, siendo lógico presumir que menos los descuentos obligatorios de ley, resultaba sensiblemente menor.Consecuentemente, sin tener en cuenta el esfuerzo personal de la madre, receptado antes por doctrina y jurisprudencia y actualmente por el art.660 del C.C.yC., ambos aportaban en dinero, prácticamente el 50% de dichos gastos, con lo cual, cae por su propio peso el principal argumento del apelante respecto a la supuesta desproporcionalidad y al deber de contribución entre los padres.

Asimismo no ha probado, denunciándolo como hecho nuevo, que actualmente alquile y en su caso a cuánto ascendería el canon.

Esta relación y equilibrio apuntado, no se modifica sustancialmente por el hecho de que actualmente la madre obtenga mayores ingresos pues, es de suponer que, por efecto de la inflación, el alimentante también ha experimentado un aumento significativo de sus haberes en estos tres años. De lo contrario, debió probar que no fue así, ya que estaba en mejores condiciones de hacerlo (art.710 del C.C.yC.).

En lo atinente al agravio referido a la imposición de las costas, al margen de que el apelante resultó vencido pues, se opuso a que la cuota alimentaria se fijara en el porcentual solicitado por la progenitora, que tuvo acogida favorable, por lo que corresponde que las afronte de conformidad al principio chiovendano de la derrota establecido por el art.36 ap. I del C.P.C., también debe hacerse cargo porque, como lo hemos sostenido en numerosos precedentes de esta Cámara, al igual que la juez a quo, de lo contrario repercutirían en la cuota misma desvirtuando su finalidad inmediata cual es la de satisfacer necesidades vitales impostergable de los alimentados quienes, por su minoridad y en general, no tienen recursos propios para afrontar su pago con otros bienes.

Por consiguiente, entiendo que corresponde el rechazo del recurso de apelación en su totalidad.

Así voto.

Sobre la misma cuestión las Dras. Politino y Zanichelli adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. GERMÁN FERRER DIJO:

Las costas de alzada debe soportarlas el apelante en tanto resulta vencido (arts. 35 y 36 ap.I del CPC).

Así voto.

Sobre la misma cuestión las Dras. Politino y Zanichelli adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que se inserta a continuación:

SENTENCIA:

Mendoza, 19 de Noviembre de 2015.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo, precedente el Tribunal

RESUELVE:

I.-Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 149, contra de la sentencia de fs.140/142 vta.

II.-Imponer las costas de alzada al apelante.

III.-Regular honorarios de alzada, al Dr. Germán Vernengo Belda, en la suma de ($.), a la Dra. María Belén Forlizzi, en la suma de ($.) y a la Dra. Alejandra Pinavaria, en la suma de ($.) (arts. 3, 15 y 31 de la ley ley 3641).

COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE y BAJEN.

Dr. Germán Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Estela Inés Politino

Juez de Cámara

Dra. Carla Zanichelli

Juez de Cámara