Se revocó una sentencia que había admitido el pago de un seguro de vida contratado por quien ocultó padecer diabetes.

sentenciaPartes: Pavino Nora del Carmen c/ Santander Rio Seguros S.A. s/ cumplimiento de contrato

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 1-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96071-AR | MJJ96071 | MJJ96071

Se revocó una sentencia que había admitido el pago de un seguro de vida contratado por quien ocultó padecer diabetes, por entender que esa omisión implicó la afectación del consentimiento del asegurador, en consonancia con la normativa prevista en el Código Civil y Comercial.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que admitió el pago de un seguro de vida contratado por quien ocultó padecer diabetes en su declaración de salud y falleció poco tiempo después, pues, si bien la demandada no acreditó el extremo exigido por el art. 5 de la Ley de Seguros relativo a la trascendencia que el conocimiento de esa situación hubiera tenido en su voluntad contractual, en casos donde la variación del riesgo es tan significativa, la ocultación misma de un padecimiento tal implica, de suyo y sin necesidad de juicio de experto, la afectación del consentimiento del asegurador (arts. 922 , 926 y 927 , CCiv.; arts. 265 y 267, CCivCom), ya que de otro modo se estaría haciendo una interpretación de esa norma desentendida de sus finalidades que no abastecería una decisión razonablemente fundada del litigio y que, además, cohonestaría una conducta dolosa enderezada a defraudar a la compañía aseguradora (arts. 2 , 3 y 271 , CCivCom).

Fallo:

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los 01 días del mes de diciembre de dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, sala uno, doctores María Cristina Castagno y Guillermo Emilio Ribichini, para dictar sentencia en los autos caratulados «PAVINO, Nora del Carmen c/ SANTANDER RIO SEGUROS S.A. s/ cumplimiento de contrato», y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 del código procesal), resultó que la votación debía guardar el siguiente orden: doctores Ribichini y Castagno, resolviéndose plantear y votar las siguientes CUESTIONES

1ra)

¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 374/385? 2da) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION A LA PRIMERA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI,

DIJO:

I. Nora del Carmen Pavino -por derecho propio y en representación de sus hijos menores Maximiliano, Maite Eva y Fátima Karina Liébana-, promovió demanda de cumplimiento de contrato contra «Río Seguros S.A.».

Sostuvo que el 10 de enero de 2006, su esposo, Ricardo Liébana, contrató un seguro de vida con la demandada, debitándose la prima de la cuenta corriente que el nombrado poseía en el banco homónimo. Manifestó luego que el 22 de abril de ese mismo año su marido falleció, y que el 3 de mayo realizó la pertinente denuncia en la sucursal Tres Arroyos del Banco Río, completando la documentación pertinente. Señaló que el tiempo transcurrió sin respuesta alguna, y que a principios de julio -cuando al haber transcurrido más de treinta días debía entenderse presumida la aceptación del siniestro-, recibió una carta documento remitida por la demandada, en la que le requerían copia de la historia clínica e informe médico correspondiente a su esposo.Dijo que tras hacer entrega inmediata de esa documentación, recibió una nueva carta documento de la aseguradora, fechada el 24 de julio de 2006, en la que la compañía rechazó el pago invocando que Liébana padecía de diabetes desde el año 2002. Sostuvo que la circunstancia alegada es falsa, dado que su esposo nunca padeció esa enfermedad, y que al momento de contratar la póliza no le fue requerido examen médico alguno, encontrándose ya completos los formularios que suscribió, sin que se le formulara tampoco ninguna pregunta sobre su estado de salud. Reclamó así el pago de la suma asegurada de pesos cincuenta mil.

Emplazada que fue la demandada se presentó en autos y produjo su responde. Tras una negativa de los hechos expuestos en la demanda opuso una defensa de falta de acción, fundada en que los actores no habían acreditado su condición de herederos beneficiarios del seguro de vida con la correspondiente declaratoria. De seguido suministró su versión de los hechos, indicando que efectivamente Ricardo Mario Liébana contrató un seguro de vida en la compañía el 10 de enero de 2006, y que en esa oportunidad, pese a ser diabético y encontrase sometido a tratamiento médico, suscribió una declaración jurada respecto de su estado de salud, en la que la que consignó no tener enfermedad ni cursar tratamiento de ninguna índole. Sostuvo que Liébana falleció el 22 de abril de ese año a causa de un cuadro convulsivo de etiología vascular, secundaria a macroangiopatía diabética, y que su enfermedad era de larga evolución ya que estaba asociada a patología vascular periférica con úlcera necrótica en miembros inferiores. Agregó la demandada que al no denunciar Liébana su enfermedad y tratamiento, incurrió en la reticencia reprochada por el art. 5 de la ley de seguros, en cuyos términos el contrato celebrado debe reputarse nulo.Sobre esa base pidió el rechazo de la demanda.

El juez se abocó a resolver la defensa opuesta como de previo y especial pronunciamiento, y atendiendo a que los actores acreditaron sus vínculos de cónyuge e hijos del tomador del seguro con los certificados de matrimonio y nacimiento respectivos, consideró superflua la adjunción de la declaratoria de herederos reclamada por la demandada, y rechazó entonces la excepción de falta de acción opuesta por ella con costas a su cargo.

De seguido dispuso la apertura a prueba de la causa, y tras rendirse las medidas propuestas por las partes llamó autos para sentencia, dictando finalmente el pronunciamiento de mérito que motiva los agravios. En lo sustancial, consideró el juez hallarse acreditado en autos que el asegurado, si no falseó los datos, al menos omitió consignar que no era cierto que gozaba de las más absoluta salud como se referencia en el formulario suscripto al momento de celebrarse el contrato, constituyendo ello una clara y presumible reticencia en los términos del art. 5 de la ley 17.418. Señaló, sin embargo, que a la compañía que pretende declinar la cobertura sobre esa base no le basta con probar la reticencia, sino que debe además acreditar la trascendencia que la misma habría tenido en la formación de su consentimiento al momento de contratar, circunstancia que por imperio de la ley queda remitida al juicio de peritos.Agregó que en este sentido basta la lectura de la contestación de la demanda, para advertir que la demandada ha omitido por completo la satisfacción de tal carga probatoria, y en ausencia de un informe técnico que determine la trascendencia de la comprobada reticencia, resulta inviable cualquier apreciación judicial ante la manda expresa del legislador a este respecto.

Con esos fundamentos condenó entonces a la compañía a pagar a los actores, por partes iguales, la suma asegurada de pesos cincuenta mil, con más sus intereses a la tasa pasiva desde los 45 días contados desde la denuncia del siniestro hasta el efectivo pago, imponiéndole también las costas en su condición de vencida.

Ambas partes se desconformaron del fallo. Los actores se duelen exclusivamente de la tasa de interés condenada, pues sostienen que tratándose del cumplimiento de un contrato comercial, corresponde se aplique el art. 565 del código de comercio y se imponga la que cobran los bancos oficiales -en este caso el de la Provincia- en sus operaciones de descuento. La demandada, a su turno, se agravia de la estimación misma de la demanda. Sostiene que el asegurado incurrió en una ocultación escandalosa, y que a tenor del delicado estado de salud que referencian los testigos médicos que declaran en autos, resulta del todo evidente que de haberlo sabido la compañía habría impedido la celebración del contrato.

Señala que el juicio de peritos puede resultar un requisito necesario en casos de duda, pero no en supuestos como el de autos donde todos los testigos y hasta el propio perito médico dan cuenta de las patologías que portaba el asegurado.

Ninguna de las partes replicó los agravios de su contraria, y encontrándose firme el llamamiento de autos corresponde que los abordemos sin más demora.

II.El tenor de los agravios levantados por una y otra parte, me imponen comenzar por los de la demandada.

En este sentido, no puedo sino señalar que las premisas sentadas por el señor juez de primer grado, y las conclusiones a las que arriba a partir de ellas, se adecuan al más ortodoxo entendimiento de la cuestión involucrada en autos, y difícilmente se pueda estar en desacuerdo con que esa sea la solución legal aplicable y vigente para un caso genérico de ese tipo.

Y ello es así, porque existe a esta altura una consolidada doctrina autoral y jurisprudencial, acerca de que la nulidad del contrato de seguro por causa de reticencia o falsa declaración prevista en el art. 5 de la ley 17418, reclama la prueba de dos extremos vinculados pero perfectamente separables, a los cuales se aplican diferentes regímenes probatorios: la de las circunstancias configurativas de la reticencia o falsa declaración -que pueden acreditarse con cualquier medio de prueba-, y la de la trascendencia o incidencia que el conocimiento de la verdadera entidad del riesgo asumido hubiera tenido en la voluntad contractual de la aseguradora, cuestión ésta que queda exclusivamente remitida al «juicio de peritos» como prueba tasada (v. STIGLITZ, Rubén S., Derecho de seguros, tomo I, Abeledo Perrot, 3ra ed., 2001, ps. 524/525; PIEDECASAS, Miguel A., «Derecho Procesal de los Seguros», capítulo IV de la obra colectiva Derecho Procesal Comercial, director Darío J. Graziabile, tomo II, Abeledo Perrot 2013, ps. 2085/2093; CSJN, «Prichard John W. c/ Minerva Compañía de Seguros, LL, 1982-D-130; CNCom, Sala E «Corbalán Mario y otro c/ La Franco Penn Life de Seguros de Vida S.A., J.A. 1999-IV-762; CNCom, Sala D, «Torga, V. Adela c/ Generali Argentina Cía. de Seg.», E.D.191-137; entre muchos otros).

Y si aplicamos esta pacífica doctrina autoral y judicial a los hechos probados de la causa, no cabría sino confirmar lo resuelto en la instancia de origen, pues se ha comprobado la existencia de una falsa declaración por el asegurado al momento de suscribir el contrato, pero no se habría acreditado en cambio -en rigor ni siquiera se intentó hacerlo-, la trascendencia que aquélla tuvo en la formación del consentimiento contractual. Es decir, no existe ni un dictamen actuarial producido extrajudicialmente con anterioridad al litigio, ni fue tampoco procurada su producción en el curso de este proceso, ni le fue requerida tampoco opinión al perito contador interviniente, en cuyos términos se hubiera determinado que «si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo-hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones» (art. 5 ley 17418). Y tampoco es dudoso, claro, que la carga respectiva incumbía a la demandada, quien debía probar ambos extremos y no sólo la reticencia o falsa declaración (art. 375 CPC).

III. Sin embargo, aprecio que ese consolidado entendimiento del art. 5 -válido en general para el grueso de las ocultaciones o mendacidadesno aplica a supuestos verdaderamente extremos, donde lo ocultado o falsamente declarado tiene tal entidad o características, que su sola existencia autoriza también a concluir que de habe r conocido el asegurador los reales alcances del riesgo asegurado, no lo hubiera cubierto, o al menos lo hubiera hecho en otras condiciones.

Advierto, ciertamente, que el caso de autos es, precisamente, uno de esos casos. Como la aseguradora había invocado que el asegurado había falseado su declaración de salud al ocultar su diabetes, fue la propia actora -no sin cierta ingenuidad- quien se adelantó a certificar la gravedad de las patologías que padecía su esposo, en el afán de refutar -eso sí- que sufriera de aquélla.Así, al ampliar la demanda, trajo un certificado del médico personal de Liébana -el doctor Benicio Arias- quien consigna no haber constatado que su paciente «tuviera diabetes mellitus», aunque al mismo tiempo refiere que lo hubo asistido, a partir del año 1994, «por hipertensión arterial, accidentes cerebro vasculares y úlcera trófica en pierna derecha» (fs. 13). Agregó también otro certificado -del médico dermatólogo doctor Federico Blanco-, quien consigna que Liébana tuvo «antecedentes de trombosis en pierna derecha, convulsiones cerebro vasculares y úlcera en pierna derecha» (fs. 14).

Los actores convocaron al ya citado doctor Arias a declarar, quien si bien al deponer ratificó que «En ningún momento durante el tiempo que lo atendí tuvo diabetes» (fs. 148 respuesta a la tercera pregunta), admitió que «era un paciente de alto riesgo porque era un paciente hipertenso y había tenido episodios de accidentes cerebro vasculares» La historia clínica agregada a fs. 159/163 demuestra que apenas dos meses después de contratar el seguro de vida con la demandada -y un mes antes de fallecer-, Liébana fue internado con un cuadro grave de «coma hipoglucémico e isquemia crónica en los cuatro miembros», oportunidad en la que fue atendido por el doctor Adrián Laborde. El referido galeno consignó por escrito cuál era el estado del paciente en la pieza que corre agregada, en original, a fs. 372: «El paciente Liébana Ricardo fue atendido por cuadro de convulsiones de etiología vascular secundaria a macroangiopatía diabética. Se asocia arteriopatía periférica con ulceraciones necróticas en miembros inferiores y luego en manos.

Concomitantemente se asocia hipertensión arterial». Y llamado a declarar en autos, reconoció la autoría de ese diagnóstico y refirió que «era un paciente con patología cardiovascular generalizada, tenía arteriopatía generalizada periférica, y obviamente tenía patología vascular cerebral porque había tenido varios episodios de accidentes cerebrovasculares. Y tenía una diabetes para lo que estaba medicado también, y para la tensión anterial obviamente» (fs.249/249 vta.).

Siendo un portador ya crónico de semejantes patologías, Liébana tomó un seguro de vida con la demandada, y ocultó entera, total y absolutamente todas ellas. No es que ocultó la diabetes pero admitió padecer accidentes cerebrovasculares, o reconoció aquélla pero ocultó estas últimas. O que reconoció ambas, pero ocultó los cólicos renales (porque también tenía cólicos renales, según declaró el doctor Di Rocco a fs. 149). Negó, lisa y llanamente, estar sometido a tratamiento médico, haber tenido alguna enfermedad en los últimos 3 años, o estar en conocimiento de padecer alguna enfermedad o disfunción (v. «declaración jurada de salud» a fs. 241).

A esta altura, la pregunta pertinente es ¿Resulta también imperativo para el juez, en un caso como éste, que un actuario le diga que de haber conocido la aseguradora que Liébana, en vez de estar absolutamente sano -como dijo- era portador de semejantes patologías ya cronificadas, no hubiera asegurado su vida o -cuanto menos- lo hubiera hecho en otras condiciones? La respuesta es tan pero tan obvia, que no ya un perito, sino cualquier persona del común, con un mínimo y elemental sentido de la realidad, nos diría que ni siquiera vale la pena formular la pregunta.

El caso es perfectamente analogable al de un enfermo terminal que, conociendo su grave situación de salud, se proclama libre de enfermedad y toma el seguro de vida falleciendo poco después. La modificación en el riesgo asegurado es de tal magnitud, que no es necesario el juicio de un experto para concluir su incidencia en la voluntad contractual del asegurador.No existe siquiera la posibilidad -al menos lícita- de que un perito concluyera lo contrario, y si por la razón que fuera se diera ese extraño supuesto, no podría tampoco predicarse el sometimiento ciego del juez a una conclusión tan absurda.

Entiendo, entonces, que en casos como el de autos, donde la variación del riesgo es tan pero tan significativa -de estar sano a portar un complejo cuadro de altísimo riesgo-, la ocultación misma de un padecimiento tal implica, de suyo, la afectación del consentimiento del asegurador (arts. 922, 926 y 927 CCiv; 265 y 267 CCivCom). Pues de otro modo no se estaría ya haciendo una interpretación meramente literal, sino dogmática y hasta ritualista del art. 5 de la ley (v. NINO, Carlos S. Un país al margen de la ley, Emecé 1992, ps. 40/43; LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría de la decisión judicial, Rubinzal Culzoni 2006, p. 205), desentendida de «sus finalidades» (art. 2 CCivCom), que ciertamente no abastecería «una decisión razonablemente fundada» del litigio (art. 3 CCivCom). Y que además cohonestaría una conducta inocultablemente dolosa -ya que la falsa declaración no pudo sino tener ese carácter dadas las circunstanciasenderezada a defraudar a la compañía aseguradora (art. 931 CCiv; 271 CCivCom).

Así las cosas, corresponde tratar una cuestión planteada en su momento por los demandantes, y que resultara desplazada por el modo en que se resolviera el litigio en primera instancia. Me refiero a la circunstancia alegada por aquéllos de que hubo una aceptación tácita del siniestro, al transcurrir el plazo previsto en el art. 56 sin que la aseguradora se manifestara al respecto.

Advierto que para poder arribar a semejante conclusión, era menester que la actora acreditara haber efectuado la denuncia del siniestro en la fecha que afirma haberlo hecho -3 de mayo de 2006-, extremo controvertido por la demandada que sostiene en cambio haberse producido el 26 de junio de ese mismo año.Pero la actora no satisfizo esa carga, dado que no aportó elemento alguno que compruebe la fecha en que formuló tal presentación (art. 375 CPC).

Ello así, la defensa de nulidad del contrato debe prosperar, por lo que doy mi voto por la NEGATIVA.

La señora juez doctora Castagno, por iguales fundamentos votó en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI, DIJO:

Por lo acordado al votarse la cuestión anterior, corresponde revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la defensa de nulidad del contrato de seguro, y en su consecuencia rechazar la demanda entablada por Nora del Carmen Pavino, Maximiliano, Maite Eva y Fátima Karina Liébana, contra Río Seguros S.A. -hoy Santander Río Seguros S.A.-, con costas a los demandantes vencidos (art. 68 CPC).

Así lo voto.

La señora juez doctora Castagno, por iguales fundamentos votó en el mismo sentido, por lo que se SENTENCIA:

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto que no se ajusta a derecho la sentencia apelada (arts. 5 y 56 ley 17418; 922, 926, 927 y 931 CCiv; 2, 3, 265, 267 y 271 CCivCom; 375 CPC).

POR ELLO, se la revoca, haciéndose lugar a la defensa de nulidad del contrato de seguro y en su consecuencia, rechazándose la demanda entablada por Nora del Carmen Pavino, Maximiliano, Maite Eva y Fátima Karina Liébana, contra Río Seguros S.A. -hoy Santander Río Seguros S.A.-, con costas a los demandantes vencidos (art. 68 CPC). Atendiendo al importe de la demanda y al mérito de los trabajos cumplidos en primera instancia por los doctores Ariel Nicolás Martella, Marcelo Amado, Marcelo Javier Irigoin y Mauricio Rodolfo Aust, fíjanse sus estipendios en las cantidades ($.), ($.) respectivamente (arts. 13, 14, 16, 21 y 23 Dctoley 8904). Por su labor en la alzada se establecen los emolumentos de los doctores Martella e Irigoin en las cantidades de ($.) y ($.) respectivamente (art. 31 Dcto-ley 8904). Por las excepción resuelta a fs. 116 vta., se establecen los honorarios de los doctores Martella, Irigoin y Aust en las cantidades de ($.), ($.) y ($.)

respectivamente (art. 47 Dcto-ley 8904). Asimismo, por los informes producidos a fs. 228/232 y fs. 356/358, se establecen los estipendios de la perito calígrafo María Andrea Vago y de la perito Médico María Jimena Rigoni, en las cantidades de ($.) y ($.) respectivamente.

Hágase saber y devuélvase.

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