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Resarcimiento por acusación calumniosa de una presunta falsificación de firmas en documentos, sin cerciorarse sobre la participación en el hecho denunciado.

FirmaPartes: L. E. R. c/ S. A. E. L. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 27-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95998-AR | MJJ95998 | MJJ95998

Resarcimiento a raíz de la acusación calumniosa formulada por presunta falsificación o adulteración de las firmas insertas en varios documentos, sin cerciorarse ni verificar sobre si realmente participó la actora en el hecho denunciado. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda en virtud de la acusación calumniosa llevada a cabo en sede penal por el demandado contra la actora, a raíz de una presunta falsificación o adulteración de las firmas insertas en un convenio de honorarios, pues correspondía tomar elementales recaudos o verificar la participación de la denunciada en el hecho que se le incrimina, en razón de que esa es la conducta exigible a la hora de imputar delitos frente a cualquier persona.

2.-El art. 7 del CCivCom. alude a situación y relación jurídica. Si la situación jurídica constituida ya está extinguida, no hay problema, ya que no le afecta la nueva ley. La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos; hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica. En los presentes, la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, por ende corresponde analizar la cuestión a la luz de la legislación anterior, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

3.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio sosteniendo que la sola existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o sobreseimiento del imputado no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, culpa o negligencia, ya que no toda denuncia de delito es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que el o los acusados fueran ajenos al hecho.

4.-El peritaje llevado a cabo en sede penal concluyó que la firma obrante en el documento ejecutado fue impuesta por el denunciante y que no se producen entre el texto y firma entrecruzamientos de trazos, que permitan un estudio tendiente a establecer el orden de prelación de los mismos, con lo cual no ha podido corroborarse que el texto del documento cuestionado se hubiera incluido con posterioridad a que aquel lo rubricara, perteneciendo el mismo al denunciante, como las firmas insertas en el otro convenio aportado y en la carta con membrete, en virtud de lo cual se descarta que las imputadas hubieran llevado a cabo la comisión del delito de abuso de firma en blanco.

5.-Correspondía cuanto menos tomar elementales recaudos o una adecuada ponderación de los hechos al incriminar la conducta delictiva analizada, pues esa es la conducta exigible a fin de preservar su honra y reputación de las personas.

6.-Teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho, la repercusión presumiblemente provocada en el ámbito personal, familiar y social al tener que afrontar un proceso penal, con la consecuente angustia que ello provoca, corresponde confirmar el monto otorgado por esta partida.

7.-A los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, desde la fecha del perjuicio objeto de reparación hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengará la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa.

Fallo:

Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «L E R c/ SA.EL s/ daños y perjuicios»

La Dra. Marta del Rosario Mattera:

I.La sentencia obrante a fs. 232/239 hizo lugar a la demanda incoada condenado al accionado, al pago de la suma de $ 200.000 con mas sus intereses y costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada quien expresa agravios a fs.269/278. Corrido el pertinente traslado de ley a fs. 283 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto por el art 120 del ritual.

A fs. 286 se dicta el llamado de autos providencia fuera consentida por las partes, encontrándose las actuaciones en estado de dictar sentencia.

II.Los agravios de la accionada giran sustancialmente en que considera que el fallo apelado se basa en apreciaciones meramente dogmáticas sin sustento fáctico o legal, ya que no exitió culpa ni dolo del accionado en la denuncia penal que formulara, sino que fue efectuada en salvaguarda de sus derechos, ante una desaprensiva conducta profesional al haberse aprovechado la letrada de escritos suscriptos en blanco. Manifiesta asimismo que no se acreditó daño moral alguno como para asignar una suma exorbitante por daño moral cuestionando asimismo la tasa de interés fijada en la sentencia recurrida.

III.Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos, cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994, ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art.7, sobre la base de la irretroactividad de la ley, respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen conposterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

El citado art. 7 alude a situación y relación jurídica, al igual que lo hacía el art. 3 Cod. Civil. La teoría de la situación jurídica y el principio inmediato de la ley nueva fue desarrollada por el jurista francés Roubier en 1929, fecha en que publicó su artículo sobre la ley con relación al tiempo. Esta doctrina se construye sobre la base de las ideas de irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos y efecto inmediato de la ley sobre las situaciones jurídicas.Situación jurídica es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada, concepto claramente superior al de derecho adquirido, por cuanto está desprovisto de todo subjetivismo y carácter patrimonial. La situación jurídica se puede encontrar: 1) constituida, 2) extinguida 3) en curso, o sea, en el momento de producir sus efectos.

Roubier recurrió a la idea de «situación jurídica» estableciendo que ésta tiene una faz estática y una faz dinámica, en esta última se aplica el principio del efecto inmediato de la ley nueva. Para esta teoría los aspectos dinámicos son los de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella. Pero la situación jurídica no se agota en su aspecto dinámico, sino que tiene una fase estática, durante la cual ella produce sus efectos:los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la ley nueva). (Roubier, Paul, «Le Droittransitoire (conflits des loisdans le temps)», Paris, 1960, citado por Medina, Graciela, «Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código», LA LEY 2012E, 1302 DFyP 2013 (marzo), 01/03/2013, 3, Cita Online: AR/DOC/5150/2012).

Si la situación jurídica constituida ya está extinguida, como ocurre en el caso de autos, no hay problema, ya que no le afecta la nueva ley. Si la nueva ley dispusiera expresamente que estas situaciones queden bajo su imperio, tal ley tendría carácter retroactivo. Respecto de las situaciones en curso, van a quedar sometidas a la nueva ley producto de su efecto inmediato. Si la nueva ley ordena que las nuevas situaciones sigan bajo el imperio de la antigua ley, se estaría derogando el efecto inmediato y aplicando el efecto diferido o ultraactividad de la ley.

Por su parte, la doctrina de la relación jurídica distingue etapas: 1) la constitución (momento de creación); 2) los efectos de una relación jurídica anteriores a la entrada en vigencia de una nueva ley, 3) los efectos posteriores a esa entrada en vigencia; y 4) la extinción de la relación jurídica. La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo (en general los contratos de duración).

La doctrina de la relación jurídica establece criterios especialmente útiles para las relaciones de larga duración, distinguiendo su constitución, sus efectos; y su extinción:

1) En cuanto a su constitución:las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución;

2) En cuanto a los efectos, se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva;

3) En cuanto a la extinción, se rige por la ley vigente al momento en que ésta ocurre.

En los presentes la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derechoque reconocen como causa, una situación o relación jurídica, por ende corresponde analizar la cuestión a la luz de la legislación anterior, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

IV.En atención a los reproches efectuados en el memorial por parte del demandado y no compartiendo las criticas esbozadas, señalaré que el Magistrado de grado, con cabal precisión y profusas citas doctrinarias, analizó todo el marco teórico aplicable al caso -y concluyó valorando los elementos de la causa penal, que el accionado incurrió en principio con ligereza, sin haber agotado los resortes necesarios a fin de cerciorarse sobre si realmente se estaba ante una conducta delictiva, antes de decidir radicar la denuncia o acusación, es decir debió verificar la participación de la actora en el hecho denunciado.

En este sentido hemos sostenido reiteradamente que la «acusación calumniosa» consiste en la falsa imputación de un delito que pone en movimiento una acción judicial, ya sea por querella o simple denuncia. Los requisitos de esta figura son la imputación de un delito de acción pública, que se formule la correspondiente denuncia ante autoridad pública policial o judicialy la falsedaddel acto denunciado, pudiendo hablarse de denuncia calumniosa o falsa denuncia cuando, además, el proceso iniciado por la denuncia ha terminado por absolución o sobreseimiento (ConfCNCiv, esta sala, 20/2/2008, Expte.Nº 43.272/2001 «Calandrino, Alberto c/ Llanos, María D. s/ Daños y perjuicios.»,Idem 5/11/2011 «Neuhaus, Ariel y otro c/ BoehringerIngelheim S.A. s/ Daños y Perjuicios» entre muchos otros).

Sobre este punto la doctrina se halla dividida. En efecto, para una parte de ella la acusación es calumniosa si el sujeto actúa «con conocimiento de la falsedad de la imputación», es decir, sabiendo que el imputado era inocente, siendo menester aquí entonces el «dolo» configurativo del delito civil (art. 1072 C.C.).

Para la otra corriente no resulta necesario que se haya actuado con conocimiento de la falsedad y con intención de dañar, basta que el autor de la denuncia o querella haya procedido con culpa o negligencia al efectuar la imputación; es decir, se genera un supuesto de cuasidelito civil, «hecho ilícito que no es delito» según el Código Civil (ConfCNCiv, Sala D, 10/11/97, expte. N° 16.928/95 «Obregon, Pedro c/ Sandler, N. s/ Daños y Perjuicios» ídem, esta sala, 20/2/2008, Expte. Nº 43.272/2001 «Calandrino Alberto c/Llanos Maria D s/daños y Perjuicios» ídem id, 27/10/2011, Expte. Nº 76.448/2008 «Scott Sonia Lorena c/ Guerra Cruz Angelina s/ daños y perjuicios» ).

Las acusaciones precipitadas e imprudentes se caracterizan por haber procedido el agente a denunciar o querellar sin la debida diligencia, meditación y previsión acerca de la existencia del delito, o de quien pudiera resultar su verdadero autor, poniendo en movimiento la jurisdicción penal del Estado, sin haber tenido causa fundada para hacerlo (Conf.Pecach, Roberto, «Responsabilidad Civil por denuncias o querellas precipitadas e imprudentes», JA 65115).

Ahora bien la posición doctrinaria más estricta exige, para que exista derecho resarcitorio en el denunciado, que la absolución o el sobreseimiento hayan sido dictados en sede penal únicamente por las causales de inexistencia del hecho o de falta de participación del imputado (Zavala de Rodríguez, Matilde, «Resarcimiento de daños, Daños a las personas (integridad espiritual y social)», Tomo 2 C, Editorial Hammurabi, pág. 389; Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, «Instituciones de Derecho Civil Obligaciones», Editorial Hammurabi, Tomo IV, pág. 370, entre muchos otros).

Pero aún cuando se adoptara una posición más flexible, admitiéndose la posibilidad de que existan casos excepcionales en los que, no obstante haber terminado el proceso penal en sobreseimiento o absolución basados en otras causales, pueda acreditarse la culpa del denunciante, naciendo de ese modo su obligación de indemnizar (Aita Tagle, Fernando; Cornet, Santiago «Algunos aspectos sobre la responsabi lidad civil por denuncia penal culposa: influencia del proceso penal, prueba de la culpa y pautas para la valoración y cuantificación del daño moral», LLC 2009 (abril), 267), no caben dudas que la carga de la prueba de dicha culpa recae en quien la imputa, lo que no es más que la aplicación del art. 377 Cód. Procesal a la teoría de la causalidad adecuada. Ello así, por cuanto en los ilícitos que afectan el honor, el factor de atribución (imputatio iuris) debe ser necesariamente subjetivo, fundado exclusivamente en el dolo o la culpa, puesto que no existe base normativa para una imputación objetiva al acusador.(ConfCNCiv, esta sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 «Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios» Idem ,18/11/2014, Expte.Nº 79.250/2009 «Caffaro Jorge c/ Alderstein Fabio Hernán s/ daños y perjuicios»).

La Corte Suprema ha sentado criterio sosteniendo que la sola existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o sobreseimiento del imputado no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, culpa o negligencia (Fallos: 319: 2824; 330:2464).

Preciso se hace destacar que el hecho de que el actor haya resultado absuelto en el proceso criminal, no habilita, por esa sola circunstancia, la procedencia de la acción indemnizatoria que contemplaba la norma del art. 1090 del Código Civil, pues no se puede exigir a quienes son víctimas de un delito que formulen la acusación munidos de pruebas incontestables que no dejen lugar a dudas acerca de la autoría, dado que ello llevaría al extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de la manifestación que formula ante la autoridad. Por ende, no toda denuncia de delito es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que el o los acusados fueran ajenos al hecho (ConfCNCiv sala E, 16/7/2014 » P. D. M. C/ Q. S. J. S/ Daños y Perjuicios» ídem, 18/11/2014, Expte. Nº 79.250/2009 «Caffaro Jorge c/ Alderstein Fabio Hernán s/ daños y perjuicios).

La culpa del denunciante o acusador quedará evidenciada cuando se advierta que se excedieron los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de acusar. Tal transgresión se pondrá de manifiesto ante una incriminación formulada sobre bases inconsistentes, o con omisión de elementales actos de comprobación de la verdad de los hechos, o cuando la denuncia o querella se revela como un mero instrumento para denigrar o menoscabar al afectado. (ConfCNCiv, esta sala, 15/2/2011, Expte.Nº 88.484/2000 «Román Hontakly, César Adrián c/ Hechy, Marta Susana y otros s/ daños y perjuicios» ídem Expte N° 56.911/2003, 6/12/2011, «Muleiro Elvira Encarnación c/ Nandim Jorge Aníbal y otro s/ daños y perjuicios» idem id, 29/05/2013 Expte. Nº 100.795/2009 «Sánchez José Luis c/ Rilo Miguel Ángel s/ daños y perjuicios).

En este sentido, calificada doctrina considera que la culpa debe ser grave en virtud de la necesidad y conveniencia de preservar el interés social en aras a la investigación y represión de los delitos penales (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Código Civil- ob. cit., pág. cit.), aporía que por cierto genera una evidente «tensión» entre tal necesidad social y la protección del honor de las personas (Loustaunau, Roberto, «El delito civil de acusación calumniosa», en «Revista de Derecho Privado y Comunitario», 2006 – 2, «Honor, imagen e intimidad», RubinzalCulzoni Editores, pág. 212).

Mas allá de las consideraciones expuestas y desde otra perspectiva la viabilidad de la pretensión indemnizatoria podría tener cabida por imperio de lo disponía el art. 1109 del código civil ( actualesarts 1721 y 1724 del C.C.y C.N) pues todo aquel que actuando culposa o negligentemente y que ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.

La responsabilidad también puede emerger de actos procesales puestos en movimiento sin adoptar las medidas de precaución que aconsejan la prudencia y el respeto a la personalidad ajena.(conf.Borda, Guillermo «Tratado, Obligaciones», T.II, p.271; Llambías, Jo rge J., «Tratado, Obligaciones», T.IV A, p.142, n1 2390 y «Código Civil Anotado», T.II B, p.376, n16; Salvat Acuña Anzorena, «Fuentes de las obligaciones», T.IV, p.118, n12770; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría de la Responsabilidad Civil, p.263; Colombo, Carlos «Responsabilidad Civil derivada de querella o denuncia calumniosa», L.L.58 983; Kemelmajer de Carlucci, en BelluscioZannoni, «Código Civil», vol.5, p.255, n16; Perellada, «Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente», J.A.1979 III 687).

De los elementos que obran en la causa que iniciara la demandada en sede represiva Expte N° 26.189/2006 que tramitara ante el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Instrucción N° 29 Secretaria N° 152, por el delito de defraudación por documento estafa en tentativa, surge que el accionado manifestó que la letrada G P intento dar fuerza ejecutiva a un convenio de honorarios, instrumento que no ha suscripto y/o suscribió conengaño y o abuso de firma en blanco manifestando asimismo que aparece como su patrocinante la Dra. E R L a quien no conoce lo que demuestra que ha sido participe necesario del delito denunciado puesto que es socia de la Dra. P.

A fs.149/154 de la misma causa se constituyó en parte querellante promoviendo proceso penal por tentativa de estafa contra G M P y E R L.

El dictamen fiscal de fs 188/192 dictaminó que el peritaje llevado a cabo en la causa concluyó que la firma obrante en el documento ejecutado fue impuesta por Enrique Sá y que no se producen entre el texto y firma entrecruzamientos de trazos, que permitan un estudio tendiente a establecer el orden de prelación de los mismos, con lo cual no ha podido corroborarse que el texto del documento cuestionado se hubiera incluido con posterioridad a que Sá lo rubricara y que también pertenecían al denunciante, las firmas insertas en el otro convenio aportado por Pisto y en la carta con membrete de E L, S en virtud de ello se descarta que las imputadas hubieran llevado a cabo la comisión del delito de abuso de firma en blanco como tampoco se vislumbra la posible producción de probanza que permita corroborar que P hubiera inducido a S a firmar con engaño un documento.

A fs. 196/198 y en cuanto a la valoración de la prueba el magistrado interviniente manifestó que, a través de las diligencias practicadas en autos, no se ha podido endilgar responsabilidad a las acusadas, siquiera con el grado de probabilidad que exige esta instancia del proceso, por cuanto sólo se cuenta con la acusación de la víctima, ya que el informe pericial desvirtúa y descarta la hipótesis alegada por el denunciante de un presunta falsificación o adulteración de las firmas insertas en dichos documentos. Asimismo señala el sentenciante que no existen elementos de prueba que permitan acreditar que Sá firmó el acuerdo cuestionado, inducido por algún tipo de engaño por parte de las acusadas, en virtud de ello se resuelve el sobreseimiento de las imputadas.

A fs.239/240 la Alzada dispone revocar la decisión de grado y disponer una nueva pericia caligráfica como la declaración indagatoria de las imputadas.

Finalmente el Juez de instrucción señaló que mas allá de los concordantes informes periciales, existen coincidentes y precisos descargos de las acusadas, apoyados en las pruebas acompañadas, que dan cuenta de la existencia de una extensa relación laboral entre P y S, que exceden los juicios indicados por el denunciante, como la existencia de tratativas previas a la firma del convenio impugnado y la participación que L, tuvo en el asunto actuando como patrocinante en el convenio de honorarios, lo que fue aceptado por el quejoso ante la propuesta que le efectuara P (ver fs. 364 vta) en virtud de ello y con fecha 19 de septiembre de 2008 se dispuso el sobreseimiento de G M P y R L, pronunciamiento éste que fuera confirmado a fs. 389/390 por el tribunal de Alzada.

Cabe remarcar que el demandado actuó como querellante a fin de atribuir a G M P y R L, el delito de defraudación por abuso de firma en blanco, existiendo diversos elementos colectados en dicho proceso, que avalan las manifestaciones de la actora en relación a la actividad desarrollada como al vínculo que las unía al accionado.

En virtud de las consideraciones expuestas y constancias referidas coincido con las conclusiones a las que arribara el sentenciante de grado, por los mismos fundamentos, cabe señalar que en el caso correspondía cuanto menos tomar elementales recaudos o una adecuada ponderación de los hechos al incriminar la conducta delictiva analizada, pues esa es la conducta exigible a la hora de imputar delitos frente a cualquier persona, que como tal, goza del derecho personalísimo de preservar su honra y reputación.Esto es inherente al respeto debido a la persona humana y no medir las consecuencias que provoca una denuncia penal, es actuar desaprensivamente.(ConfCNCiv, 20/11/2003, sala F, «Jares Guillermo c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios» Ídem, 21/11/2006, sala M, » Del Brocco Miguel Ángel c/ Cencosud S.A. s/ daños y perjuicios» ).

A tenor de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho expuestas, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de grado por lo que el rechazo de la queja intentada, es la solución que se impone.

V.Daño Moral

Se agravia el quejoso por la admisión de una reparación por daño moral sin haberse producido prueba al respecto.

El Derecho desde una concepción sistémica en donde la Constitución constituye el vértice o núcleotutela intereses trascendentes de la persona, además de los estrictamente patrimoniales. (Tobías, José W, «Hacia un replanteo del concepto (o el contenido) del daño moral» L. L. 1993E, 1227 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 33; C. N. Civ., est a Sala, 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000 «Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro s/ daños y perjuicios»; Idem., Id. 15/04/2010, Expte. 114.354/2003 «Rendon, Juan Carlos c/Mazzoconi, Laura Edith daños y perjuicios», entre otros).

Conceptualmente, debe entenderse por daño moral toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», JA semanario del 1791985, C. N. Civ., esta Sala, 19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 «Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros s/ daños y perjuicios»; Idem., id., 11/05/2010, Expte.Nº 7.184/2006 «Cauda de Devoto, Elisabeth Jacqueline y otros c/ Marani, Claudio Daniel y otros s/ daños y perjuicios», entre otros).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto «es» (Matilde Zavala de González, «Resarcimiento de Daños», Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, págs. 103, 1143 y «El concepto de daño moral», JA del 6285; C. N. Civ., esta Sala, 23/6/2010, Expte. 26720/2002 «Pages Mariano José c/ Laudanno Andrés Fabián y otros s/ daños y perjuicios»; Idem., id., 15/04/2010, Expte. 114.354/2003 «Rendon, Juan Carlos c/Mazzoconi, Laura Edith daños y perjuicios»; Id., id., 24/06/2010, Expte. Nº 34.099/2001 «Ruiz Díaz, Secundino y otro c/ Guanco, Víctor Manuel y otros s/ daños y perjuicios», Id., id., 21/09/2010, Expte. Nº 23679/2006 «Orellana, Pablo Eduardo Alfredo y otro c/ Vargas Galarraga, Jorge Eduardo y otros s/ daños y perjuicios», entre otros).

Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una «repercusión en los intereses existenciales» del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (conf. Orgaz, «El daño resarcible», pág.259). Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», Astrea, 1982, pág. 1982, pág. 231, C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, «Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios» , Idem., id., 22/04/2010, Expte. Nº 100.782/2006, «Musumano, María Elena c/ Scheurman, Raúl Ernesto y otros», Id. Id., 23/06/2010, Expte 26720/2002 «Pages Mariano José c/ Laudanno Andrés Fabián y otros s/ daños y perjuicios»; Id. Id., 10/08/2010, «Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios», entre otros).

Así, el juzgador, para corroborar la existencia del daño como así también estimar su cuantía, ha de sortear las dificultades de imaginar el dolor que el evento produjo en la esfera íntima del actor, y que no ha experimentado por sí mismo, para luego transformarlo en una reparación en dinero que lo compense; motivo por el cual el magistrado, más que en cualquier otro rubro, debe atenerse a una prudente apreciación y a las características particulares de la causa.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág.187; C.N.Civ., esta Sala, 11/02/2010, «Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/ daños y perjuicios»; Idem., id., 23/06/2010, Expte 26720/2002 «Pages Mariano José c/ Laudanno Andrés Fabián y otros s/ daños y perjuicios»; Id., id., 21/09/2010, Expte. Nº 23679/2006 «Orellana, Pablo Eduardo Alfredo y otro c/ Vargas Galarraga, Jorge Eduardo y otros s/ daños y perjuicios», entre otros).

De acuerdo con las precedentes directivas, sin perjuicio de reconocer el carácter estimativo de la cuestión, pues se trata de un demérito insusceptible de ser apreciado cabalmente en dinero, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho, teniendo en cuenta la repercusión presumiblemente provocada en el ámbito personal, familiar y social al tener que afrontar un proceso penal, con la consecuente angustia que ello provoca en función de lo expuesto, estimo adecuado y razonable el monto fijado en la instancia de grado por lo que propiciare su confirmación (art. 165 del Código Procesal).

VI.Tasa de interés

Conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria imperante en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 «Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.»; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 «Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros»; Id., id., 4/5/2010 Expte.Nº 28.910/2003, «Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo»; entre otros).

Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, «Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro»; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, «Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro»; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 «Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro» ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 «Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros»; Id., id., 17/11/2009, «Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros»), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, «Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, «Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín», entre otros).

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte.Nº 69.941/2005, «Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios»).

Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación, en relación al rubro admitido se ha fijado una indemnización a «valor actual», es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum.

Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido «implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, desde la fecha del «|perjuicio objeto de reparación» hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengará la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En virtud de las consideraciones expuestas propongo al Acuerdo modificar parcialmente la sentencia recurrida:

1. Modificar parcialmente el fallo recurrido fijando que desde la fecha del perjuicio objeto de reparación, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, se devengará la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

2.Confirmar todo lo demás que ha sido motivo de apelación y agravio, sin costas de Alzada por no haber mediado contradicción.

TAL ES MI VOTO

Las Dras Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, octubre de 2015.

Y VISTOS:Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1. Modif icar parcialmente el fallo recurrido fijando que desde la fecha del |perjuicio objeto de reparación, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, se devengará la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

2.Confirmar todo lo demás que ha sido motivo de apelación y agravio, sin costas de Alzada por no haber mediado contradicción.

Para conocer los honorarios regulados a fs. 239 vta que fueran apelados a fs. 243,245 respectivamente.

En virtud de la naturaleza, calidad ,eficacia y extensión del trabajo realizado así como la incidencia de su labor profesional en el resultado del proceso, etapas cumplidas, y en orden a las pautas establecidas en los arts 6,7,9,10,19,33,39,47 y conc de la ley 21839 modificada por ley 24432, se confirman por resultar ajustados a derecho los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.

En relación a los honorarios correspondiente a la mediadora G L C corresponde fijar la suma de ($.) con sujeción a la escala vigente al momento de celebrarse la audiencia de mediación, esto es al 2842008 (ver fs.1) atento que la regulación judicial supone la cuantificación de un derecho preexsitente a la retribución del trabajo profesional por (Decreto 1465/2007 -publicación en B.O.: 19/10/2007).

En cuanto a la solicitud de intereses cabe señala que los mismos devengarán intereses desde que los honorarios se tornaran exigibles, por aplicación de las normas generales sobre mora, calculados, en tal caso, a la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, por analogía con la Ley Arancelaria para Abogados (Comunicado BCRA. 14.290; art. 61, ley 21.839 -(t.o. 1980) (Adla, XLC, 3601)-, texto ley 24.432 -Adla, LVA, 291-)(confkielmanovich, Jorge L. «Honorarios en la mediación»: LA EY 12/06/2008).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

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