Responsabilidad del Estado Nacional y la Policía Federal Argentina por registrar un ‘auto mellizo’.

autoPartes: Hidroal S.A. c/ Estado Nacional Minist. de Justicia de la Nación y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95955-AR | MJJ95955

El Estado Nacional y la Policía Federal Argentina son responsables por registrar un ‘auto mellizo’, por lo que deben indemnizar al titular.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar los recursos interpuestos por el Estado Nacional y la Policía Federal Argentina por no prestar un servicio en condiciones adecuadas para llegar al fin para el que ha sido establecido, en tanto ambos proveyeron una actividad anormal del servicio público y es suficiente la constatación objetiva de la violación a la obligación del servicio para ser declarados responsables.

2.-No procede la defensa del Estado Nacional, responsable por el funcionamiento de los servicios descentralizados de registros nacionales del automotor, que argumentó la culpa de un tercero, ya que se debe aplicar el art. 1112 del CCiv., por lo tanto se le atribuye de responsabilidad junto con el codemandado por la irregularidad producida al aceptar la transferencia de un auto mellizo .

3.-La Policía Federal Argentina resulta responsable por no cumplir con la obligación de brindar seguridad jurídica a la inscripción obrante en los asientos registrales, tampoco presentó argumentos concretos y razonados para defenderse.

4.-Cabe aclarar las normas del nuevo Código Civil no son de aplicación retroactiva, y que al no poseer consecuencias en curso de ejecución resulta inaplicable a la especie.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre de 2015, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y conforme el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1. Hidroal S.A. promovió demanda contra la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y contra Policía Federal Argentina -Ministerio del interior-, a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos con motivo de un error registral cometido por la Policía Federal Argentina y por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor n° 7 cuando se le entregó la documentación referida a la inscripción del Renault 21 TXE el 2 de julio de 1992.

Señaló que, como consecuencia de esta irregularidad y luego de la venta del auto mencionado -ocurrida el 17 de mayo de 1993-, el 3 de mayo de 1996 se le notificó del acto administrativo por el cual se declaraba la inexistencia e ineficacia de los trámites de transferencia del mencionado automotor, razón por la cual se vio obligado a rescindir la operación y devolver el dinero al comprador. Sostuvo que la denuncia por estafa efectuada por el original titular registral del vehículo automotor, señor Lizarro, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 15 causa 5037/97, arrojó como resultado que la documentación del automotor en cuestión había sido adulterada, y atribuyó la responsabilidad de este acto exclusivamente al actuar del Estado por medio de los organismos que cometieron irregularidades y errores de inscripción.El actor reprochó a las demandadas la falta de servicio por no cumplir con la obligación de brindar seguridad jurídica a la inscripción obrante en los asientos registrales y reclamó el daño emergente provocado, considerando que el mismo comprende la devolución del dinero al comprador ($35.000), los honorarios de los abogados que los defendieron en la causa penal ($9.700), los gastos provenientes de traslados, fotocopias y diligencias ($2.000). Asimismo, solicitó el pago de $20.000 en concepto de daño moral.

2. La sentencia de fs. 820/823 dio favorable acogimiento a la demanda deducida, con excepción del daño moral pretendido y los gastos provenientes de traslados fotocopias y diligencias, condenando al Estado Nacional, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y a la Policía Federal Argentina a abonar al actor la suma de $ 44.700 ($ 35.000 por reintegro de las suma percibida por la venta del vehículo y $ 9.700 en concepto de honorarios por la defensa en la causa penal en la que se vio implicado), con intereses -fijados a partir del 02/07/92- a la tasa que corresponda en el marco de lo dispuesto por los arts. 13, 1er. Párrafo, 14 y 15 de la ley 25.344 y sus normas modificatorias y reglamentarias, por tratarse de una deuda de causa anterior a la fecha de corte establecida en dicho precepto, con costas.

Para así decidir el juez a-quo, tuvo por reconocido que el 2 de julio de 1992, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor emitió el título del automotor donde constaba la transferencia del mismo a la actora como así también que la Policía Federal realizó las verificaciones del automotor. Concluyó que quedó acreditado en la causa tramitada en la justicia penal, que el automotor denunciado en las presentes era un “auto mellizo” y que por lo tanto las transferencias del mismo eran nulas.

3. Este pronunciamiento fue apelado por las demandadas. La Policía Federal Argentina expresó sus agravios a fs.843/847 y mereció la respuesta de la parte contraria (fs. 858/861). Mientras que el memorial del Estado Nacional corre a fs. 849/852 (contestado a fs. 854/857).

Los agravios de la Policía Federal pueden resumirse del siguiente modo: a) el decisorio en crisis es arbitrario ya que claramente carece de la fundamentación adecuada que debe existir en todo laudo judicial, como así también por desatender las constancias de la causa y fallar en contravención a lo prescripto por el art. 1101 del Código Civil; b) la causa penal se inició a raíz de los hechos motivo de la presente demanda y aún no se encuentra finalizada, por lo cual no se puede tener por acreditado el extremo base de la condena y deberá estarse a lo dispuesto por el art. 1101 del Código Civil, en tanto no puede haber sentencia en sede civil hasta que no se termine la causa penal; c) solicita que se decrete la nulidad del pronunciamiento que hace lugar a la demanda, por cuanto la decisión de grado no constituye un pronunciamiento jurisdiccional válido; d) no hay fundamento alguno que demuestre qué función irregular se le imputa a su parte por cuanto la causa penal fue archivada por falta de pruebas en tal sentido; e) era carga de la parte actora demostrar la responsabilidad de su parte en el hecho de autos en la tarea de verificación a su cargo y ello no ha ocurrido; f) no se ha producido prueba alguna para acreditar que los valores que la actora pretende le sean retribuidos fueran acordes con los del mercado automotor a la época de las operaciones; g) se agravia del plazo diez días de cumplimiento de la condena toda vez que se encuentra consolidada; y, por último, h) se queja del punto de partida de los intereses.

Por su parte, el Estado Nacional solicita la revocación de la sentencia. Sostiene que:a) a diferencia de lo afirmado por el juez, está probada la inexistencia de toda conducta negligente, culposa o antifuncional por parte de la demandada, toda vez que el Registro de la Propiedad Automotor observó y cumplió las funciones que le son propias, y que sólo a través de un procedimiento pericial se podría comprobar la adulteración de los instrumentos; b) no puede condenarse a su parte a indemnizar los perjuicios que pudieron derivar de una maniobra delictiva como de la que fue víctima la actora; c) la actora pretende la reparación derivada del incumplimiento de un contrato, en el cual el Estado Nacional no fue parte; d) los únicos legitimados pasivamente son los autores del ilícito, a los cuales el damnificado pudo perseguir a los fines de resarcir los daños que se denuncian y, por último, e) la voluntad de la administración resultó excluida por la conducta dolosa del particular que peticionó la inscripción mediante la presentación de un contrato de transferencia que, si bien ostentaba apariencia de legítimo, era material e ideológicamente falso. Tal maniobra llevó a que se registren trámites en el dominio en base a documentación cuya falsedad fue conocida con posterioridad al otorgamiento del acto.

4.- Quiero destacar, en primer término, que el planteo de inapelabilidad en razón del monto -solicitado por la actora a fs. 859/857 y 858/861, punto II- no debe tener acogida favorable toda vez que la Acordada de la CSJN N° 16/14 del 15/05/14 resulta clara al disponer que “-La disposición precedente entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, para las demandas o reconvenciones que se presenten desde esa fecha”, y la demanda fue iniciada el 30/04/98 -cfr. cargo de fs. 144).

5.- Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (cfr. Fallos:258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).

6.- En primer lugar, corresponde mencionar que el artículo 1101 del entonces Código Civil, invocado por la Policía Federal Argentina al mencionar que la causa penal no se encuentra finalizada, resulta inaplicable al caso de marras, ello es así toda vez que la causa penal fue archivada por falta de prueba (cfr. fs. 1614/1617 y 1642 vta. de la causa penal n° 5.037/97 cuya copia certificada tengo a la vista). Tampoco sería de aplicación el artículo teniendo en cuenta que las presentes actuaciones se iniciaron con fundamento en la responsabilidad por la actuación lícita del Estado.

7.- Ahora bien, trataré en forma conjunta los agravios del Estado Nacional y de la Policía Federal Argentina en cuanto a la responsabilidad atribuida en el pronunciamiento en crisis.

Las obligaciones comprendidas en el servicio público que presta el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor N° 7 resultan de la finalidad de su creación, que no es otra que organizar un registro donde puedan inscribirse todos los vehículos, a fin de rodear de garantías las operaciones comerciales en las que se involucre automotores, de manera que permita una fácil individualización de los vehículos y de sus respectivos propietarios (considerandos del decreto 6582/58). Por ello se ordena la expedición de un documento individualizante, con carácter de instrumento público, llamado “título del automotor” (artículo 7°). Durante la existencia de un vehículo, se le grabará en ocasión de su primera inscripción un número de orden en forma indeleble en el chasis y en el motor del mismo, por orden del registro (art. 23). Este número de chasis y/o motor debe consignarse en el título del automotor (art. 19, inciso 3°), el cual tiene carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el registro de las inscripciones que en él se consignan (art.7°). En caso de transferencia de dominio, el encargado del registro deberá verificar que las constancias del título concuerden con las anotaciones que obren en el registro (art. 15).

Conforme lo ha establecido el juez a-quo, se debe tener por reconocido que:

a) el 2 de julio de 1992 el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor N° 7 emitió el título donde constaba que el señor Marcelo Roberto Lizarro transfirió la titularidad del dominio C1556497 a la firma Hidroal SA (conf. fs. 110 y original reservado que tengo a la vista).

b) el día 3 de mayo de 1996 la actora fue n otificada fehacientemente de la resolución dictada por el Director Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios que declaraba la inexistencia e ineficacia de los trámites de transferencia del dominio C- 1.556.497 a favor de la actora (del 2.7.92) y de Oscar Adolfo Pozzolo (del 7.6.93), y de expedición de duplicado del título y cédula (del 7.5.92), quedando en consecuencia la titularidad registral en cabeza del señor Marcelo Alberto Lizarro (cfr. contestación de demanda del Estado Nacional -fs. 287-, fs. 125, fs. 434 -informe de la Titular del Registro Automotor Seccional Capital N° 7, María Luisa Pons- y fs. 581/590).

c) en la causa penal n° 5037/97 (ex 378) sobre falsificación de documentos públicos -copia certificada que tengo a la vista, ver fs. 488-, consta que el automotor denunciado en la presente era un “auto mellizo” (cfr. fs. 652/659, fs. 1614/1617 de la causa citada).

d) la contestación del informe del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos da cuenta que tramitó un sumario administrativo N° 76.430/90 que tuvo por objeto determinar las irregularidades en que habría incurrido el titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor n° 7 de la Capital Federal, doctor Guillermo Miguel Pons y que allí “-se determinaron las siguientes anomalías a investigar:a) inscripción de dominios en base a documentación apócrifa-; b) omisión de firmas en formulario 05-; c) inscripción de dominios en base a documentación no apta para inscribir automotores-” (cfr. fs. 575/580).

e) la Verificación efectuada por la Policía Federal Argentina el día 17/05/1993 del rodado marca Renault 21 dominio C- 1.556.497 cuya copia luce a fs. 113, el Subcomisario Mario Alejandro Rovetta -Plantas Verificadoras-, manifestó que “-cumplo en informar que si bien a simple vista guarda indicios de originalidad, la misma no pudo ser cotejada con el triplicado que en guarda queda en este local, dado que no fue posible hallar los archivos de la fecha indicada, debiéndose contemplar que en alguna de las mudanzas que esta dependencia efectuó pudieron haberse extraviado” (cfr. fs. 498).

Establecido ello y según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (doctrina de Fallos 315: 1892; 316: 2136; 320: 266 y otros). Esta idea objetiva de falta de servicio encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil, antigua redacción, y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público. En el sub-lite, se ha verificado una falla en las funciones del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor N° 7 como así también de la Policía Federal Argentina, que ha violentado la seguridad jurídica que debe presidir la individualización del automotor.Se trata de una actividad anormal del servicio público y es suficiente la constatación objetiva de la violación a la obligación del servicio (Encyclopédie Dalloz Responsabilité de la Puissance Publique, “Faute de Service”, n° 176/178, por Claude Gour).

En estos autos, la defensa del Estado Nacional, responsable por el funcionamiento de los servicios descentralizados de registros nacionales del automotor, ha pretendido exonerarse por la culpa de un tercero por quien no debe responder (quien cometió el ilícito). Sin embargo, el hecho del tercero dio ocasión a la falta de servicio objetiva del Registro y no libera la responsabilidad de la parte demandada quien percibe, además, por sus servicios una tasa o canon. Concluyo, pues, que corresponde confirmar la atribución de responsabilidad al Estado Nacional por el daño causado a Hidroal S.A a raíz de la irregularidad producida el 2 de julio de 1992 al aceptar la trasferencia del automotor mencionado otorgando el título correspondiente.

También, en lo que respecta a la actuación de la Policía Federal Argentina, no realizó ninguna de las observaciones contempladas en los artículo 1 y 2 de la Sección 7°, Capítulo VII, del Título I, del Digesto de Normas Técnico Registrales (ver. fs. 425/427) al efectuar la verificación del automotor denunciado, actividad por la cual el particular debe pagar, también, un canon. Razón por la que ha cumplido de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos en la normativa.

Ante la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) me parece conveniente señalar que sus normas no son de aplicación retroactiva y, en este litigio, no hay consecuencias en curso de ejecución, siendo por tanto claramente inaplicable a la especie.

8.- La queja de la Policía Federal dirigida al “quantum” indemnizatorio se limita a reproducir casi textualmente los fundamentos presentados en el alegato al tratar los “rubros” -ver fs.801/802 punto a)- y no se hace cargo de ninguno de los argumentos desarrollados por la juez a-quo. La larga enunciación de cuestiones con las que la recurrente discrepa no configura una crítica concreta y razonada de los argumentos del fallo, sustentados en la prueba producida en la causa y, por tanto, se trata de una disconformidad subjetiva que no tiene idoneidad para constituir agravio. Atento la conclusión precedente, corresponde declarar desierto el recurso en este aspecto.

9.- En cuanto al agravio de la codemandada, Policía Federal Argentina, referido al plazo de cumplimiento de la condena, diré que la consolidación de la deuda reconocida judicialmente en este litigio se operó con carácter de orden público en los términos del art. 13 de la ley 25.344 – siendo obligatorios los plazos allí establecidos.

10- Finalmente, respecto al agravio de la PFA en relación al punto de partida de los intereses, asiste razón a la recurrente en cuanto a que se debe tener en cuenta la fecha establecida en el convenio en el que se hace efectivo del reintegro al tercero de buena fe, Oscar Adolfo Pozzolo, de la suma percibida por Hidroal SA (cfr. fs. 502 y 801/802 de la causa penal). Es por ello que el monto admitido en concepto de reintegro ($35.000) devengará intereses desde el 18/10/1996, fecha en que hizo efectivo el pago en su totalidad.

En cuanto a la suma admitida en concepto de honorarios por la defensa en la causa penal ($9.700), en atención a lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino, el punto de partida de los intereses será la forma dispuesta en la sentencia de primera instancia.

De conformidad con lo expuesto, voto por:a) desestimar los recursos del Estado Nacional y de la Policía Federal Argentina; b) confirmar los montos fijados en la sentencia recurrida, al econtrarse consentido por la actora y haber sido declarado desierto el recurso de la codemandada, Policía Federal Argentina en este aspecto; y c) modificar el punto de partida de los intereses conforme lo establecido en el considerando 10º. Las costas de Alzada correrán a cargo de las codemandadas en atención al resultado de los recursos interpuestos (cfr. art. 70 , primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino).

Los doctores María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: a) desestimar los recursos del Estado Nacional y de la Policía Federal Argentina; b) confirmar los montos fijados en la sentencia recurrida, al econtrarse consentido por la actora y haber sido declarado desierto el recurso de la codemandada, Policía Federal Argentina en este aspecto; y c) modificar el punto de partida de los intereses conforme lo establecido en el considerando 10º. Las costas de Alzada correrán a cargo de las codemandadas (cfr. art. 70 , primera parte, DJA).

Una vez regulados los honorarios de primera instancia, se procederá como corresponde en la Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

Ricardo Víctor Guarinoni