Habida cuenta del delicado estado de salud, corresponde brindar cobertura total al paciente sin modificar el equipo tratante ni el lugar de internación.

blurred figures wearing medical uniforms in hospital surgery corridor

Partes: F. C. A. A. c/ OSDE Binario s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 3-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95928-AR | MJJ95928

Habida cuenta del delicado estado de salud, corresponde brindar cobertura total al paciente sin modificar el equipo tratante ni el lugar de internación.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo del amparista y otorgar cobertura de internación en la residencia en la que actualmente se encuentra -sin límites, en forma integral- solución que, de acuerdo con lo indicado por su médica tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende.

2.-Es menester dar curso a la acción impetrada en tanto se encuentra probado que la salud e integridad física de quien se presenta se encuentra comprometida, y encontrando protección tales cuestiones en los pactos internacionales de jerarquía constitucional, cualquier cambio de equipo tratante o institución se encuentra contraindicado dada la gravedad de su patología.

Fallo:

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015.

Y VISTOS

Los recursos de apelaciones interpuestos: a) por el amparista a fs. 29/30 (argumentos a los que adhirió la Sra. Defensora Pública Oficial), el que fue contestado por la accionada a fs. 89/93; y b) por la demandada a fs. 57/64, el que obtuvo respuesta de la actora a fs. 73/79 y de la Sra. Defensora Pública Oficial a fs. 80/81; contra la resolución de fs. 27/28 -y su aclaratoria de fs. 35-; y

CONSIDERANDO:

1. La resolución apelada admitió -parcialmente- la medida cautelar requerida. Dispuso que la demandada otorgara al amparista las prestaciones reclamadas: a) internación en la “Residencia para Mayores Ugarteche” -en el que se encuentra internado- con el límite dispuesto en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad para el módulo “Hogar Permanente, categoría A”, más el 35% en concepto de dependencia; b) el 100% de la medicación prescripta por los médicos tratantes y c) el 100% de la provisión de pañales descartables, en la cantidad y características prescriptas por los profesionales que lo asisten (cfr. fs. 27/28).

A fs. 35 el magistrado decidió aclarar la medida cautelar en el sentido de que la cobertura de la prestación de internación debería ser el que establece el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, para el módulo Hogar Permanente Categoría A, con centro de día, más el 35% en concepto de dependencia -el resaltado no está en el original-.

Contra la medida precautoria ambas partes interpusieron sendos recursos de apelaciones.

2. El amparista presentó un único reproche a la resolución. Adujo -en lo sustancial- que corresponde que se otorgue la prestación de internación geriátrica en forma integral y no con el límite del Nomenclador que dispuso el magistrado.Agregó que, la denegación de la medida cautelar en forma total pone en serio riesgo su salud, debido a que el monto reconocido no alcanza a cubrir el total del costo de la prestación de internación.

3. La demandada solicitó la revocación del pronunciamiento sobre la base de agravios que pueden resumirse en los siguientes: a) debido al carácter innovativo de la medida cautelar otorgada, el magistrado debió haber tomado mayores recaudos. Surge que el objeto de la medida precautoria y el de la acción de amparo son idénticos, por lo que se configura un anticipo de sentecia en la cuestión de fondo que no debe ser admitido; y b) no hay verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora, elementos necesarios a fin de prospere el dictado de una medida cautelar, como la presente. El actor fue internado en una institución que no pertenece a su cartilla de prestadores y no demostró que no posea un grupo familiar continente, a fin de que prosperara su reclamo.

4. En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

5. Se debe señalar que no está discutida en el “sub lite” la condición de discapacitado del amparista -cfr. copia del certificado obrante a fs. 6- que tiene casi 82 años de edad, ni su afiliación a la demandada -cfr. fotocopia de la credencial a fs. 3 y documentación de fs. 4/5-.

La controversia se plantea en cuanto a si corresponde que la demandada otorgue a la amparista:a) internación en la “Residencia para Mayores Ugarteche” con el límite dispuesto en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad para el módulo “Hogar Permanente, categoría A”, más el 35% en concepto de dependencia, o en si la cobertura debe ser en forma integral -como aduce la actora- o bien si corresponde rechazar tal requerimiento -como lo reclama la demandada.

6. Para resolver la cuestión, es importante puntualizar que la ley 24.901 (texto anterior al D.J.A.) instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art.37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661(texto anterior al D.J.A) dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28) -cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01, entre muchas otras-.

7. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, no debe olvidarse que este requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 742; esta Sala, causas 14.152 del 27-10-94, 44.800 del 21-3-96, 35.653/95 del 29-4-97, 21.106/96 del 17-7-97, 1251/97 del 18-12-97, 7208/98 del 11-3-99, 889/99 del 15-4-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 7841/99 del 7-2-2000).

En este sentido, la ley 24.901 hace inmediatamente operativa la obligación de los agentes de salud y de las empresas médicas de cubrir en forma “integral” las prestaciones que requieren las personas afectadas por una discapacidad (cfr.esta Sala, causa 2505/13 del 18/3/2014 y Sala 3, causa 6917/13 del 25/3/2014, entre muchas otras).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33), sin perjuicio del alcance que se precise al momento de dictar sentencia definitiva.

8. Este Tribunal ha reconocido que el peligro en la demora -en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas- se acredita con la incertidumbre y la preocupación que los distintos padecimientos generan en los amparistas, de modo que la medida precautoria solicitada sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 1056/99 del 16-12-99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, nº 19).

9. En cuanto a la coincidencia entre el objeto de la medida cautelar y la pretensión de fondo, cabe remarcar que la medida solicitada no reviste tal carácter, a poco que se repare en que atento sus efectos continuos, no se agota en un único cumplimiento, sino que se renueva periódicamente y deberá hacerse efectiva durante un período de tiempo prolongado.

Sin perjuicio de ello, no es ocioso destacar en lo atinente a la coincidencia invocada que se ha señalado que, en esas condiciones, no se puede descartar el acogimiento de la medida cautelar pedida so peligro de incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada (Corte Suprema, in re “Camacho Acosta, Maximino c.Grafi Graf SRL y otros”, C.2348.XXXII, del 7-8-97).

Y ello es así, pues es de la esencia de estos institutos procesales enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, pues se encuentran dirigidos a evitar los perjuicios que se pudieran producir en el caso de que no se dicte la medida, tornándose de dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia defin itiva. En consecuencia, una solución contraria a la que aquí se propicia convertiría a este tipo de medida en una mera apariencia jurídica sin sustento en las concretas circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda presentación en tal carácter se enfrentaría con el impedimento de un eventual prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo. Esto no es así desde que la decisión del Tribunal sobre la medida cautelar no es definitiva sobre la pretensión y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia de la situación actual dirigida a conciliar -según el grado de verosimilitud- los intereses del actor fundados en un derecho verosímil y su derecho a la salud y el derecho constitucional de defensa del demandado (cfr. Corte Suprema, causa C.2348.XXXII, cit.).

10. Lo expuesto debe ser ponderado en este contexto cautelar, pues la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país, que como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de los casos en que la salud de los sujetos que la padecen está en juego (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación en la causa Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c. Estado Nacional, L. 1153.XXXVIII, al que se remite la Corte Suprema en Fallos 327:2413).

En tales condiciones y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que hacer lugar al reclamo del amparista y otorgar la cobertura internación la “Residencia para Mayores Ugarteche” -sin límites, en forma integral- solución que, de acuerdo con lo indicado por su médica tratante (cfr. fs. 8), mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

Corresponde precisar que el profesional que lo asiste señaló (con relación al actor): “.Se encuentra internado en “Residencia para Mayores Ugarteche”CABA. Cualquier cambio de equipo tratante o institución se encuentra contraindicado dada la gravedad de su patología y su adecuación a dicha Institución.” (cfr. fs. 8).

En todo caso, las cuestiones planteadas por la demandada, deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual se podrá ponderar la prueba que produzca a tales efectos.

11.Por último, hay que recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que “.los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (cfr. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15/6/04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar -en lo principal- la medida cautelar decidida a fs. 27/28 -y aclaratoria de fs. 35- y decidir que la prestación de internación deberá otorgarse en forma integral, sin límites ni topes. Las costas se distribuyen por su orden, en atención a las particularidades de la cuestión y al estado liminar en el que se encuentran las actuaciones -arts. 70, segunda parte y 71 del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino (DJA)-.

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Pública Oficial en su despacho- y devuélvase.

María Susana Najurieta

Ricardo V. Guarinoni

Francisco de las Carreras