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Breve análisis de la reglamentación de la Ley CABA 3609 (sobre la efectiva implementación de cajeros automáticos accesibles para personas no videntes)

cajero automaticoAutor: Suárez, Enrique L. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 1-feb-2016

Cita: MJ-DOC-7591-AR | MJD7591

Sumario:

  1. Introducción. II. Reglamentación de la Ley CABA 3609: su contenido. III. Otras regulaciones existentes en la materia. IV. Ideas finales.

Doctrina:

Por Enrique L. Suárez (*)

  1. INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior (1), hacíamos referencia a la Ley 3609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), por la cual se dispuso oportunamente la obligatoriedad para los bancos públicos y privados de proveer cajeros automáticos y/o terminales de autoconsulta debiendo implementar, en al menos un cajero en cada una de sus sucursales, la opción de teclados con sistema braille y de un sistema de audio con auriculares, a fin de hacerlos accesibles a las personas no videntes o con impedimentos visuales.

 

Es una iniciativa que consideramos auspiciosa por contribuir a la inclusión de las personas con capacidades especiales, atento a la mayor posibilidad de acceder al usufructo de los servicios bancarios y financieros involucrados de un modo más fácil.

 

En aquella oportunidad, luego de analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado por la Ley 26.378 (3), hicimos hincapié en el derecho a la comunicación por parte de las personas no videntes, poniendo al factor de la comunicación como meta ineludible que les permita a esas personas mismas la interrelación y la accesibilidad al consumo de bienes y servicios, sobre la base de los principios de no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y la igualdad de oportunidades.

 

Al propio tiempo, pasamos revista en aquella colaboración a la recepción en el orden jurídico argentino de la intención de los poderes estatales en el ámbito legislativo y ejecutivo, de cristalizar en la práctica la plena integración a la vida social de la persona no vidente o con impedimentos visuales, con basamento en los principios tuitivos brindados por la referida Convención.

 

Así, dimos cuenta enunciativamente de diversa normativa nacional y provincial en la materia, para destacar y analizar, por último, la sanción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ley 3609.

 

En virtud de ello, queríamos abordar junto con el lector la reglamentaciónque se ha efectuado de dicho texto legal, el cual fue aprobado por Decr. 351/13 , y retomar brevemente de este modo la temática bajo trato.

 

  1. Detalle del marco normativo expuesto en la citada reglamentación

 

El Decr. 351 fue dictado con fecha 27 de agosto de 2013 por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue publicado en el Boletín Oficial 4229 del 4 de septiembre del mismo año.

 

Teniendo en cuenta las prescripciones contenidas en los arts. 4 y 5 de la Ley 3609 (4), hubiera sido deseable una mayor prontitud en la elaboración y aprobación de los mecanismos previstos en la reglamentación, con la finalidad de acelerar los tiempos conducentes al otorgamiento de un mayor bienestar producto de la inclusión social y mayor accesibilidad a las personas con capacidades especiales en el aspecto bajo trato, pero ello no empece lo valioso del avance que paulatinamente se va logrando en estas materias, a favor de la mayor concreción y respeto fáctico de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Leyes 26.378 y 27.044 ) en particular, y en la diversa normativa de inferior jerarquía del derecho argentino en general.

 

Resulta interesante pasar revista a los antecedentes normativos que el poder administrador invoca en los considerandos del decreto reglamentario, toda vez que dan cuenta de varias fuentes de tutela de los derechos de las personas con discapacidad en el orden nacional y local, y de la riqueza de su contenido en función de la naturaleza tuitiva que se persigue plasmar a través de este tipo de herramientas.

 

  1. En primer término, se alude al art. 42 de la Constitución de la CABA, contenido su Cap. 13, referido a las Personas con Necesidades Especiales.Se les garantiza a ellas «el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades». Para ello deben ejecutarse «políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral» y que prevean «el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo», así como la eliminación de las existentes.

 

Esto resulta muy importante a la luz de la moderna concepción del «Modelo Social de la Discapacidad», que concibe a la discapacidad como un concepto evolutivo y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras producto de la actitud y del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (5).

 

Ello implica reconocer la existencia de barreras que obstaculizan el ejercicio de derechos, el desarrollo humano, la participación social, y que las construye la sociedad en su conjunto, atentando contra la autonomía y la igualdad de las personas con discapacidad.

 

Por ello, es deber de todos, pero también de las autoridades estatales, implementar formatos accesibles y eliminar las barreras existentes de todo tipo para promover la igualdad y erradicar la exclusión del colectivo social vulnerable al que nos estamos refiriendo.

 

Es importante la manda constitucional referida «ut supra», en cuanto brinda directrices de políticas públicas para gestar desde las normas y los planes y programas respectivos la eliminación de barreras del entorno que hoy son parte de la definición de la discapacidad como problema y concepto.

 

La Ley 3609 y su reglamentación es un claro ejemplo de la cristalización de estas directivas.

 

b.Se menciona luego la Ley 25.280 (que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) (6). Esta tiene como objetivo «la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad».

 

Por ello enfatiza en su art. 1, punto 2 , el concepto de «discriminación» contra las personas con discapacidad, el cual «significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales».

 

Por ello, se persigue eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad (art. 3, punto 1 ), a través de medidas en tal sentido. En particular, se hace mención a la integración por parte de las autoridades gubernamentales y / o entidades privadas «en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración» (art. 3, punto 1, inc. a).

 

Los Estados Parte deben, en esa inteligencia, propiciar el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente y la autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad, de las personas con discapacidad (art. 4, punto 2, inc. b ).

 

Creemos que las previsiones adoptadas en la Ley CABA 3609 se inscriben dentro de este marco de acción trazado por la Convención Interamericana aprobada por la Ley 25.280 (7).

 

c.Por último, además de referenciar expresamente la norma a reglamentar, en los considerandos tercero y cuarto del Decreto 351/13 se recuerda la télesis y contenido de la Ley CABA 447 (8), la cual establece el marco de las políticas para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Dicha normativa establece un Régimen Básico e Integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales (art. 1 ).

 

La matriz y el propósito de las políticas que se implementen deben perseguir -entre otros aspectos- el asegurar la igualdad de posibilidades y oportunidades en los campos del trabajo, la salud en materia de prevención, atención y rehabilitación, la educación, el hábitat, el transporte, la cultura, el deporte, la recreación y «en todos los demás planos de su desarrollo personal, social y económico» (art. 2 ). Estos últimos aspectos guardan a nuestro humilde juicio gran vinculación con el tema que nos ocupa.

 

Es valioso que, además de toda la actividad desplegada por el propio Estado en cumplimiento de sus deberes de atender al bien común, se identifique como prioridad y misión la ejecución de acciones que propendan a que la sociedad tome mayor conciencia de los derechos, necesidades, posibilidades y participación de las personas con necesidades especiales (art.4 ).

 

Esto nos recuerda que, además de todas las iniciativas y medidas tuitivas que, en el plano fáctico y ejecutivo, puedan adoptar las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias respectivas, respaldadas por el previo contenido establecido a lo largo de todo el ordenamiento jurídico supranacional y nacional, ello verá menguada su eficacia en la vivencia cotidiana, si no se acompañan estas medidas con una evolución y toma de conciencia paralela de toda la comunidad acerca de la importancia de la inclusión de las personas discapacitadas en la vivencia social y comunitaria habitual, y de su derecho al pleno desarrollo de todas sus capacidades y pot encialidades como cualquier persona.

 

Esto lleva necesariamente tiempo, y debe trabajarse en forma continua en dicha dirección. Campañas informativas, jornadas de reflexión, talleres y la valiosa labor de las organizaciones no gubernamentales mucho aportarán al logro de estos objetivos (9).

 

Así, la plena participación socioeconómica aludida por el art. 5 se podrá plasmar a través de acciones como las contempladas en la Ley 3609 y su reglamentación.

 

  1. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY CABA 3609: SU CONTENIDO

 

Esta norma ha sido aprobada por el art. 1 del Decr. 351/13-JGCABA, y forma parte integrante de dicha medida como Anexo I.

 

A través de él, se brindan diversas especificaciones tendientes a operativizar la implementación de las regulaciones dispuestas por el texto legal reglamentado, en función de la existencia efectiva y distribución geográfica razonable (10) de cajeros automáticos y terminales de autoconsulta a los cuales pueda acceder la población destinataria, y con el objeto de que estos funcionen adecuadamente a los fines de accesibilidad previstos.

 

1.En ese entendimiento, se dispone que los bancos públicos y/o privados que provean servicios de cajeros automáticos y/o terminales de autoconsulta en todo el territorio de la CABA, deberán garantizar que, en cada una de sus sucursales, al menos un cajero o terminal presente características de uso universal, a los fines de que resulten accesibles para las personas no videntes o con impedimentos visuales, del modo detallado en la reglamentación (art. 1°) (11).

 

Es destacable que el ámbito de aplicación no solo abarca todo el territorio de la Ciudad, sino que todas las entidades que provean el servicio de cajeros y terminales, deben al menos tener obligatoriamente 1 unidad dentro de sus instalaciones (12) que cumpla con las prescripciones relativas al diseño universal que permitan que personas no videntes o con dificultades visuales puedan acceder a su manejo y a su uso, accediendo en igualdad de condiciones que el resto de los clientes bancarios, a todos los beneficios que otorga operar a través de dichas unidades (13).

 

  1. En lo que respecta a las «características de uso universal» que debe presentar el cajero -o la terminal- a fin de facilitar su operación por parte del universo receptor de sus servicios, se regulan los aspectos concernientes a los mecanismos táctiles (teclado del aparato) y auditivos.

 

En cuanto al primer aspecto, la reglamentación preceptúa en los puntos 1 (Teclado numérico), 2 (Teclado de funciones) y 3 (Colores de las teclas), todo lo concerniente a la ubicación, color y organización de las teclas (14) y las diversas funciones de operación (15).

 

En cuanto al segundo aspecto, en el último párrafo del art. 1, se dispone que las entidades deberán implementar en los referidos cajeros o terminales alcanzados por la normativa en análisis, un sistema de audio y auriculares, de acuerdo con los desarrollos tecnológicos disponibles y deberán también contar con una guía de uso con opciones en diseño universal.

 

  1. Es muy importante la disposición del art.2, ya que dispone el modo como se alcanzará la meta fijada en el art. 1 (un cajero y/o una terminal en cada sucursal de los bancos públicos y/o privados que brinden el servicio, en todo el territorio de la CABA).

 

¿De qué manera se implementará entonces la medida?

 

Se pone a cargo de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS) (16) la elaboración de un cronograma para la implementación en forma progresiva, por Comunas, de los cajeros y terminales aludidos en el art. 1, el cual será coordinado con la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

 

A esta actividad se le fija un plazo de inicio (el cual no debe superar los 180 días) y un plazo máximo de finalización de 1 (un) año.

 

En consecuencia, para fiscalizar no solo la implementación práctica y cumplimiento del cronograma antedicho, sino la efectiva implementación de la norma, las entidades alcanzadas por la reglamentación deben remitir a la COPIDIS y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana un listado de sucursales con la precisa indicación de domicilio, barrio y Comuna en que se encuentra ubicada cada una de las sucursales en donde se encuentren disponibles el cajero o terminal con característica de uso universal y el sistema de audio con auriculares mencionado en el art. 1 de la reglamentación. A su vez, deberá informarse a dichos organismos toda modificación que se realice al respecto (art. 3).

 

Dicho listado debe ser exhibido en el Mapa de Información Accesible de la Ciudad, en las sedes de todas las Comunas y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad. Además, se entregará un ejemplar del listado a todas las organizaciones de la sociedad civil que así lo requieran (art. 4) (17).

 

Por último, el art.5 pone en cabeza de las entidades alcanzadas la obligación de individualizar en forma clara, diferenciada y adecuada los cajeros y / o terminales con las prestaciones específicas que hemos repasado, y deberán suministrar la información correspondiente al público en general, a través de todos sus canales de información (18).

 

De este modo, la norma busca no solo implementar las medidas de accesibilidad y tutelar los derechos respectivos, sino concientizar, difundir y dar a conocer la existencia de estos mecanismos de accesibilidad e inclusión a toda la población en general.

 

III. OTRAS REGULACIONES EXISTENTES EN LA MATERIA

 

Con el objeto de proteger al usuario de servicios financieros de nuestro país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó diversas normativas tuitivas sobre el particular. Estas se hallan agrupadas y compendiadas en el documento «Protección de los usuarios de los servicios financieros», cuyo texto base es la Comunicación «A» 5388, siendo el texto ordenado el vigente al 13 de noviembre de 2015 (19).

 

En la Sección 2 del documento, Derechos básicos de los usuarios de servicios, en el punto 2.2 (Casos especiales), en el acápite 2.2.2 (Personas con dificultades visuales), se estipula lo siguiente: «Los cajeros automáticos destinados a los usuarios de servicios financieros con dificultades visuales deberán contar con «software reproductor de texto a voz», auriculares con su respectivo conector estándar, teclado con sistema braille o estándar con relieve resaltado y mecanismo audible y perceptible destinado a alertar el olvido de la tarjeta y / o del dinero dispensado por el equipo».

 

Además, en otro orden de ideas, se «deberá dar a estos usuarios la opción de obtener en sistema braille la documentación asociada a los productos que contratan (condiciones pactadas en los contratos y en los resúmenes de cuenta), no alcanzando esta exigencia a los comprobantes por operaciones de depósito, de extracción, de compraventa de moneda extranjera y de pago, realizadas por ventanilla o por cajeros automáticos y terminales de autoservicio.El sujeto obligado deberá conservar constancia de haber permitido el ejercicio de este derecho».

 

No se podrán cobrar comisiones y / o cargos diferenciales a estos usuarios por ninguna de las prestaciones especiales previstas en este punto.

 

Los servicios de banca por internet, «home banking», y banca móvil también deberán incluir -según el caso- opciones que permitan a estas personas operar tales sistemas sin el auxilio de terceros.

 

Entre las Disposiciones Comunes de la Sección (acápite 2.2.3), queremos destacar especialmente los contenidos en los ítems 2.2.3.2 y 2.2.3.3.

 

En el primero de ellos, referido a la accesibilidad a los puntos de atención al usuario (casas operativas y cajeros automáticos), se «deberán respetar características apropiadas para cada uno de estos grupos poblacionales que implican, entre otras medidas, la eliminación de escalones, desniveles o cualquier otra clase de obstáculos físicos o la instalación de rampas, el mantenimiento de espacios amplios entre puestos de atención, la incorporación de elementos que orienten o faciliten la circulación».

 

En el segundo, referido específicamente a los cajeros automáticos para personas con dificultad visual, la entidad deberá «alcanzar la cobertura del servicio en al menos el 10% del total de los equipos instalados, comenzando con aquellos emplazados en las localidades de mayor población, sin perjuicio de las mayores obligaciones a favor de tales personas que pueda imponer la normativa local.No se podrán efectuar cargos adicionales a los usuarios de servicios financieros por el uso de equipos con estas características».

 

Lo establecido en las presentes normas no reemplaza ni obsta el cumplimiento que los sujetos obligados deban realizar de otras disposiciones dictadas por autoridades competentes en la materia (20).

 

Como puede verse, la obligatoriedad de implementar la accesibilidad en el tema «sub examine» ya no queda acotada al ámbito local, sino que adquiere una dimensión territorial nacional, en atención a la raigambre jurídica del organismo de máxima jerarquía en materia de regulación y control financiero de la Nación.

 

Pero además, la obligación de cumplir con la normativa vinculada a cajeros para no videntes (similar en gran medida a la que hemos visto en la Ley CABA 3609 y su reglamentación), no implica no tener que cumplimentar al propio tiempo con las obligaciones específicas determinadas por la normativa local. Es que la inclusión y la mayor accesibilidad para las personas con discapacidad merece el grado máximo de tutela posible en el sistema jurídico, razón por la cual, si la cobertura dispuesta en el ámbito local fuera de mayor envergadura que la que dispone el BCRA a través de su normativa, o viceversa, el cumplimiento de ambos deberes se hace exigible contemporáneamente.

 

  1. IDEAS FINALES

 

1.Indudablemente, los mecanismos implementados en materia de cajeros automáticos para facilitar su uso y acceso para personas no videntes o con dificultades visuales responden a una toma de conciencia por parte de las autoridades estat ales y de la sociedad de la necesidad de optimizar la calidad de vida del conjunto social en general, y de las personas con alguna discapacidad, en particular.

 

Gestar los mecanismos que aumenten la calidad de vida de este colectivo social implica el respeto a todos sus derechos, a propender al logro de condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades y a implementar en la práctica los valores y las directrices tuitivas contenidas en todo el marco normativo protector de las personas con discapacidad, algunas de cuyas normas hemos visto en el presente.

 

Que las personas con dificultades visuales puedan operar terminales y / o cajeros automáticos en cualquier sucursal de entidades bancarias contribuye a mejorar sus relaciones interpersonales, su bienestar emocional y económico, su desarrollo y progreso personal, ya que afianza su independencia y autodeterminación, e implica también poder ejercitar su capacidad de elección y decisión.

 

Fundamentalmente, lo descripto permite a los beneficiarios de estas medidas una mayor inclusión social y el afianzamiento del reconocimiento de los derechos inherentes a su dignidad de persona, como cualquier otro habitante.

 

  1. Bajo este prisma brevemente descripto, cobra fundamental importancia no solo la normativa específica que nos ha ocupado en esta oportunidad, sino también los arts.4, 5, 8, 9 y 20, entre otros, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y Ley 27.044).

 

La necesidad de acceso al uso de cajeros y terminales bancarias se viene manifestando hace tiempo en otros países, en los cuales desde la década pasada hasta el presente, se han comenzado a implementar soluciones a través de mecanismos similares (teclados adaptados al sistema braille y auriculares para escuchar información orientadora para el uso y manipulación de los cajeros).

 

Es el caso de España (21), Uruguay (22), Italia (23), y Puerto Rico (Ley 201 de 2008) (24).

 

También debemos mencionar la regulación imperante en los Estados Unidos, donde a partir de la creación del «Americans with Disabilities Act» (ADA) de 1990, se requirió a los comercios que ofrecen servicios al público, cumplir con las exigencias allí contenidas (25).

 

Entre estos requerimientos, se encuentra el ofrecer servicios y recursos para las personas con impedimentos, como por ejemplo los aparatos de asistencia auditiva, los textos en audio y materiales en braille o letra grande para personas con impedimentos visuales. El establecimiento comercial de servicio público sigue teniendo el deber de proporcionar un soporte auxiliar alternativo, en caso de que se encuentre disponible, que no implique una alteración fundamental. La ADA establece que la eliminación de barreras se debe llevar a cabo solo cuando resulte «fácilmente realizable».

 

El costo de implementación de este tipo de tecnología en los cajeros automáticos ha demostrado ser relativamente económico, particularmente si se toman en consideración las enormes ganancias que generan los bancos (26).

 

Las transformaciones incorporadas en 2004 a la Ley para Personas con Discapacidades (ADA) se tornaron obligatorias para los propietarios y operadores de cajeros automáticos en toda la Nación, en bancos, cooperativas y miles de comercios. Esto incluye el requerimiento de que cada transacción tenga la opción de ser escuchada con un audífono.En muchos casos las disposiciones han requerido la modernización o el reemplazo de cajeros automáticos manufacturados antes de cierta fecha y que resultaba imposible adaptar a las tecnologías impuestas.

 

Entre los cambios más importantes incorporados, se encuentran (27):

 

– Los teclados, además de contemplar el sistema braille, deben proveer de otras funciones adicionales.

 

– Los cajeros deben contar con sistema de audio para personas ciegas.

 

– Se define la altura máxima de la pantalla y el teclado sobre el piso.

 

– Se detalla un espacio mínimo frente al cajero, de manera que una persona en una silla de ruedas pueda lograr acceso.

 

  1. Como ya mencionamos en nuestra anterior reflexión, y lo volvemos a hacer aquí, el éxito de la efectiva vigencia de estas normativas en el plano nacional y local radica en una eficiente, constante y programada labor de seguimiento y control estatal de la implementación de la norma y su reglamentación por parte de las entidades financieras, por una parte, y en la concientización de toda la sociedad y de las organizaciones bancarias involucradas en particular, de que resulta necesaria su conducta positiva y complementaria en este tema, a fin de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva para todos, sin discriminación de persona alguna.

 

Lenta, pero inexorablemente, se van derribando las barreras del entorno que impiden el desarrollo y discriminan a las personas con discapacidad. Esto tiene mucha relación con el afianzamiento del Modelo Social de la Discapacidad, que ha sido receptado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy, a la luz de este nuevo modelo se impone una nueva visión no solo para los operadores del derecho, sino también para otros tantos profesionales (médicos, terapeutas, docentes, etc.) y para la sociedad toda.

 

Alderete señala lo siguiente:«Ello claramente traerá como consecuencia un cambio lento y paulatino del uso del lenguaje y de determinadas prácticas que poco tienen que ver con el modelo social de la discapacidad receptado en la Convención, pero es claro que aun cuando fuere lento ese cambio, el mismo habrá de instalar, en el futuro y definitivamente, la visión de la discapacidad en clave de derechos y ya no desde la caridad» (28).

 

Si ello es posible, habremos dado un gran paso hacia adelante. Depende de todos.

 

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(1) Ver SUÁREZ, Enrique L.: Un avance en materia de inclusión: la Ley (CABA) 3609, Doctrina Microjuris, 9/3/2011, MJD5251 .

 

(2) Sancionada el 4/11/2010 y promulgada el 3/12/2010, en virtud de lo prescripto en el art. 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicada el 20/12/2010 (BO: 3567).

 

(3) Sancionada el 21/5/2008, promulgada el 6/6/2008, BO: 9/6/2008. Por Ley 27.044 (BO: 22/12/2014), se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22 , de la CN, a la Convención de marras.

 

(4) Recordará el lector que, por el art. 2 de la Ley CABA 3609, se dispone su implementación en forma progresiva, por Comunas, debiendo ponerse en marcha el mecanismo en un plazo que no supere los ciento ochenta (180) días y finalizando su implementación en el término de un (1) año.

 

Por el art. 4 , el Poder Ejecutivo debía reglamentar la norma en un «plazo máximo» de noventa (90) días de su promulgación y por el art. 5 se dispone que los plazos previstos en el art. 2 se harán efectivos a partir de la reglamentación del texto legal o desde el vencimiento del término fijado en el referido art.4 para la reglamentación.

 

Si tomamos en cuenta la fecha de publicación de la Ley 3609 (15 de diciembre de 2010) y la fecha de emisión de la reglamentación (27 de agosto de 2013), ciertamente ha transcurrido un lapso de tiempo mayor al previsto y esperado para poner en práctica el sistema, estando a cargo de las autoridades el cumplir en tiempo y forma con los recaudos establecidos por el orden jurídico antes descripto.

 

(5) Ver la Convención citada (Ley 26.378 ), Preámbulo, inc. e.

 

(6) Sancionada el 6 de julio de 2000 y promulgada de hecho el 31 de julio de 2000. BO: 4/8/2000.

 

(7) Ver segundo considerando del Decr. (GCABA) 351/13 .

 

(8) Sancionada el 27/7/2000 y promulgada el 31/8/2000. Publicada en el Boletín Oficial (BOCBA) N.° 1022 del 7/9/2000. Modificada por Ley 3187 y reglamentada por Decr. 1393/GCABA/03.

 

(9) En mérito a la brevedad, ampliar la cuestión comentada en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley CABA 447.

 

(10) Recuérdese que el art. 2 de la Ley 3609 prevé la efectivización de la norma en forma progresiva, por Comunas, dentro de los plazos indicados en sus arts. 2, 4 y 5.

 

(11) El art. 3 de la Ley 3609 dispone que los cajeros y terminales alcanzados por las disposiciones de la ley deben contar con una guía de uso con opciones en diseño universal.

 

Téngase en cuenta que el diseño universal es un paradigma del diseño que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El diseño universal alcanza todos los aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.Busca motorizar la inclusión de todas las personas, dotando al sistema de que se trate de la mayor y más fácil accesibilidad.

 

Entre los variados ejemplos de estrategias que implementa el diseño universal, podemos citar: Suelo con superficies suaves en las vías de acceso a los edificios, sin escalones; Puertas interiores espaciosas, en las que quepa una silla de ruedas; Baños adaptados; Botones en los tableros de control que pueden distinguirse por el tacto; Iluminación brillante y apropiada, particularmente en los puestos de trabajo; Línea de visión clara (para reducir la dependencia del sonido), etcétera.

 

En esa línea, se inscribe el diagrama de características de diseño universal que debe presentar el cajero o terminal que deba cumplir con la requisitoria de la Ley 3609, conforme al detalle que brinda su reglamentación, como veremos.

 

Puede consultarse un manual de diseño universal en http://www.buenosaires.gob.ar/copidis/manual-diseno-universal.

 

(12) Ya veremos que conforme al art. 2 de la reglamentación, la implementación de la medida ha sido progresiva, acorde al cronograma elaborado.

 

(13) El art. 1 de la Ley 3609 indica como opciones de diseño universal tanto los teclados con sistema braille como el sistema de audio con auriculares, para permitir la accesibilidad.

 

(14 ) En particular, la tecla correspondiente al número 5 deberá contar con una señal táctil, que consiste en un punto en relieve ubicado de tal manera que no interfiera con la indicación visual del número.

 

(15) «Cancelar», «Corregir» y/o «Entrar» (o vocablos equivalentes), cuya manipulación equivale a ordenar cursos de acción vinculados a la operación que se intenta realizar a través del cajero o terminal.

 

(16) El art. 10 de la Ley CABA 447, en su redacción original establecía lo siguiente:«El Poder Ejecutivo conformará la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales, encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con necesidades especiales, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y provinciales responsables de su aplicación y ejecución.

 

»Será presidida por un funcionario designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e integrada por el número de vocales que el Poder Ejecutivo determine a través de la reglamentación de la presente ley».

 

Posteriormente, la Ley CABA 3187 modificó dicho artículo, creando la COPIDIS. Este establece: «El Poder Ejecutivo conformará la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con discapacidad, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y Provinciales responsables de su aplicación y ejecución. Será presidida por un funcionario designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e integrada por el número de vocales que el Poder Ejecutivo determine a través de la reglamentación de la presente Ley».

 

(17) COPIDIS ha editado una Guía de Información para Personas con Discapacidad 2015-2016 que puede descargarse en http://www.buenosaires.gob.ar/copidis/guia-de-discapacidad. Allí no obra información sobre cajeros para personas no videntes, pero se encuentra -entre otros ítems de valioso contenido- un listado de Sedes Comunales y de las ONG cuya actividad se centraliza en la temática de la discapacidad.

 

(18) Hemos podido constatar que en varios portales web de entidades financieras, dentro del ítem «Cajeros Automáticos», existe un link que informa al público en general del listado de cajeros de la institución disponibles para no videntes. Se consigna al menos la sucursal, su dirección y localidad.En algunos casos, también se indica cuál es el cajero o terminal específica, y el número de sucursal. Abarca Capital, Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el interior del país, pues como veremos seguidamente, hay normativa del BCRA que ha establecido la obligatoriedad de brindar este servicio de accesibilidad en el ámbito nacional.

 

(19) http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-pusf.pdf.

 

(20) La Sección 7 (Disposiciones transitorias), establece un cronograma de cumplimiento para las obligaciones que hemos revistado hasta aquí. Nos interesa destacar desde lo específico que deberían estar cumplidas al 30/9/13 las exigencias del punto 2.2.3.3, salvo disposiciones jurisdiccionales específicas. Las exigencias establecidas en el punto 2.2.3.2 deberían encontrarse cumplidas al 31/12/13.

 

(21) http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2007/07/22/165182.php.

 

(22) http://www.discapacidaduruguay.org/index.php/actualidad/noticias/747-cajeros-automaticos-accesibles y http://www.uncu.org.uy/cajeros_con_lector_de_pantalla.htm.

 

(23) http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2002/05/08/84780/llegan-a-italia-los-cajeros-automaticos-adaptados-pa

a-ciegos.html.

 

(24) Por intermedio de dicha norma, se dispone que toda compañía privada, cooperativa, institución bancaria local o extranjera que provea servicios de cajeros automáticos en la jurisdicción de Puerto Rico, deberá implementar en todos los cajeros automáticos la opción de teclados con sistema braille así como el sistema para utilizar auriculares y, de esta manera, hacer accesibles estas máquinas a las personas no videntes o con impedimentos visuales. Es muy interesante poner de manifiesto las reflexiones contenidas en la Exposición de Motivos acerca de la necesidad de implementar en forma conjunta el sistema braille y los auriculares, ya que el sistema braille le da la oportunidad al cliente de accesar el sistema bancario, pero como allí se afirma, «el cajero automático requiere interacción entre el usuario y el sistema, ya que la máquina le hace una serie de preguntas que el usuario debe contestar para poder recibir el servicio.»Braille» lo ayuda a localizar cosas en el sistema, pero no lo ayuda a usarlo». Por eso, optimiza y facilita la prestación la incorporación de la opción del auricular o el mensaje verbal orientativo.

 

Véase el texto de la norma y su exposición de motivos en el siguiente enlace: http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2008/lexl2008201.htm.

 

(25) Sobre esta y otras normas federales en la materia, puede consultarse el sitio web http://www.ada.gov (United States Department of Justice Civil Rights Division), y dentro de él, el referido específicamente a las regulaciones de la temática (www.ada.gov/2010_regs.htm).

 

(26) Ver el enlace citado en la nota 24.

 

(27) Ver http://www.cardtronics.com/pr/es/docs/ada-compliance-spanish.pdf.

 

(28) ALDERETE, Claudio M.: Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, 5 de noviembre de 2015, http://www.infojus.gov.ar, Id Infojus: DACF150818.

 

(*) Abogado. Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca (Campus Madrid). Posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, FLACSO (sede Argentina). Posgrado en Organizaciones de la Sociedad Civil, FLACSO (sede Argentina). Docente invitado de grado y posgrado, UBA y Universidad Maimónides. Autor de obras sobre temas de su especialidad.

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