Entendiendo que el derecho a la salud se rige por un criterio integral de las necesidades, condenan al GCBA a brindar vivienda digna y alimentos acordes a la dieta que le fuera prescripta a la amparista en situación de vulnerabilidad.

AcompanantePartes: M. L. B. c/ GCBA y otros s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95813-AR | MJJ95813 | MJJ95813

Entendiendo que el derecho a la salud se rige por un criterio integral de las necesidades, condenan al GCBA a brindar vivienda digna y alimentos acordes a la dieta que le fuera prescripta a la amparista en situación de vulnerabilidad.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por la que se obligó al gobierno demandado a brindar los alimentos que componen la dieta alimentaria indicada a la actora y un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su padecimiento mental, pues se probó en la causa que el presentante se encuentra y permanece en situación de vulnerabilidad social, dado que los ingresos que genera no resultan suficientes para sostener el acceso a condiciones de vida adecuadas.

 

2.-Atento el caso tratado, corresponde poner de relieve que la protección constitucional del derecho a la salud resulta operativa, siendo que el derecho a la salud como tal, ha de ser concebido de modo integral, directamente vinculado con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente, por lo que resulta lógica la procedencia de la medida solicitada por la actora.

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2015.

 

VISTOS:

 

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) a fs. 196/212 vta. -cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 217/237- contra la resolución de fs. 180/191 vta., por medio de la cual se hizo lugar al amparo.

 

A fs. 244/252, dictaminó el Ministerio Público Fiscal.

 

CONSIDERANDO:

 

  1. El pronunciamiento impugnado hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al GCBA “(.) a garantizar el acceso a una vivienda a la actora, sin que se contemple la posibilidad de que la misma sea derivada a la red de hogares y paradores (.) Por otra parte, la demandada deberá adoptar los medios que estime convenientes para entregar a la actora los elementos que sean adecuados a las necesidades alimentarias conforme se desprende del plan nutricional obrante a fs. 58/60 y los indispensables para la higiene personal y la limpieza del hogar. En su defecto, podrá entregar el equivalente en dinero para adquirir dichos productos. (.) Haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuada por la actora respecto del artículo 5º del Decreto Nº 690/06, modificado por su similar Nº 239/13, en cuanto impide a la Administración renovar el subsidio habitacional, más allá de la superación o no de la situación de emergencia habitacional que ameritó su otorgamiento. 3. Haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora respecto del art. 8 de la Ley Nº 1878 en cuanto establece montos fijos a entregarse en concepto del plan “Ciudadanía Porteña con Todo Derecho” sin perjuicio de las necesidades alimentarias especiales requeridas en virtud de la enfermedad de la actora. (.)” (confr. fs. 191/191 vta.).

 

Ello suscitó la apelación de la demandada, a tenor de los argumentos vertidos en su memorial, circunstancia que motiva la intervención de esta segunda instancia.

 

II.La demanda de autos tuvo por objeto principal requerir “una solución que [le] permita acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad (.)” (v. fs. 1). Por otro lado, la actora solicitó que se le ordene al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Programa “Ciudadanía Porteña-Con Todo Derecho”, o cualquier otro programa que lo sustituya o complemente, que le otorgue el monto suficiente para garantizar la adquisición de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta prescripta en autos, como así también, los elementos indispensables para la higiene personal y limpieza del hogar (v. fs. 1 vta.).

 

Cuestión habitacional:

 

III. Ordenamiento jurídico:

 

En ese contexto, corresponde efectuar una síntesis del encuadramiento normativo en la que se encuentra inserta la cuestión a resolver.

 

  1. La reforma constitucional de 1994, otorgó jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, en tanto no deroguen artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional (en adelante, CN) y que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías, por ella reconocidos (artículo 75, inciso 22).

 

A su vez, el inciso 23 del artículo 75 de la CN reforzó el mandato constitucional para la tutela de situaciones de vulnerabilidad al establecer, entre las atribuciones del Congreso nacional la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la CN y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

 

Lo anterior implica que todo el aparato gubernamental debe acoger la pauta de protección especial.Ello, se funda no sólo en el texto constitucional y en la necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del Estado, sino que nuestro Alto Tribunal así lo interpretó en el considerando 8º del voto de la mayoría en el leading case en materia de derecho a la vivienda “Q.C., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (Fallos 335:452), pues allí indicó que esta directiva del Congreso “debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de competencia”.

 

  1. En lo que respecta al derecho a la vivienda, varios son los instrumentos internacionales que, en forma explícita lo incluyen dentro de su articulado, pudiéndose citar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 11.1; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 21; el Convenio nº117 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) sobre política social, normas y objetivos básicos, artículo 5.2 y el Convenio nº169 (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, artículos 14, 16 y 17; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 5.e.iii; la Convención sobre los derechos del niño, artículos 16.1 y 27.3; la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, artículo 43.1.d; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículos 9 y 28.

 

A su vez, los órganos del sistema han elaborado documentos que echan luz sobre el alcance y contenido del derecho en cuestión. Principalmente, cabe hacer explícita mención a la Observación General nº4 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la que se desprende que el derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

 

c.En sintonía con lo expuesto, nuestra constitución local ha venido a brindar pautas de satisfacción mínima y progresiva de los derechos sociales.

 

En particular, el artículo 31 de la CCBA establece, en lo que ahora importa, que “la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.

 

Asimismo, no pueden dejar de tenerse en cuenta los artículos 17 y 18 que, en términos generales, remarcan el deber del Estado local de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos dirigidos prioritariamente a los sectores vulnerables.

 

El juego armónico de estas cláusulas ha sido interpretado por la Corte Suprema en el considerando 10 y 11 del voto de la mayoría en el, ya citado, precedente “Q.C., S.”. Allí la Corte recoge que los derechos sociales no son meras declaraciones sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad con cita de la Observación General nº4 del Comité DESC.

 

d.El Poder Legislativo local sancionó un conjunto de leyes que consagran una protección diferenciada a determinados grupos en estado de vulnerabilidad social.

 

Al respecto, se sancionó la ley nº3706 –reglamentada por los decretos nº165 y nº310 ambos de 2013– cuyo objetivo es proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.

 

En ese entendimiento la ley establece que es deber del Estado garantizar, entre otras cosas, la remoción de obstáculos que impiden a las personas en riesgo o en situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario, y la orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle (art. 4).

 

Posteriormente, en el año 2011, bajo la misma línea directriz, entró en vigencia la ley nº4036, por la que se definió el alcance de aquellos grupos de “pobreza crítica” referidos por los artículos 17 y 18 de la CCABA.

 

El texto normativo tomó como categorías vulnerables o prioritarias por su “condición etaria” a los niños y a los adultos mayores. Asimismo, se contempla la situación de las mujeres con hijos a su exclusivo cargo o cuando atraviesan “situaciones de violencia doméstica” y también incluye a las personas con discapacidad (conf. arts.13 y siguientes).

 

Priorizó, entonces, el acceso de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y/o de emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA en el marco de reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados por la CN, los tratados internacionales en los que el Estado Nacional y la Ciudad sean parte y entendiendo por situación de vulnerabilidad social, la condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.

 

De este modo se colige que la obligación estatal de garantizar derechos cobra mayor intensidad en determinadas circunstancias y la vuelve prioritaria. Estos deberes surgen en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de que se trate.

 

  1. Jurisprudencia actual del TSJ

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se expidió (con mayoría de los Dres. Conde y Lozano y, adhesión por sus fundamentos en lo que aquí concierne del Dr. Casás) respecto de la materia que nos ocupa en la causa “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘K.M.P c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)’, expte. nº9205/12, sentencia del 21/03/2014.

 

Varias cuestiones merecen ser mencionadas a los fines de la resolución del presente pleito.

 

  1. El Superior Tribunal destacó que “al día de la fecha no existe una ley que, cumpliendo con la manda del art. 31 de la CCABA, hubiera reglamentado el derecho a la vivienda en términos tales que se pueda conocer, con toda precisión, cuáles son las políticas públicas en materia habitacional destinadas a lograr. una solución. . progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos” (consid. 4º del voto de los Dres. Conde y Lozano, con adhesión por sus fundamentos del Dr.Casás); ello, sin perjuicio del dictado de las leyes n°3706, nº4036 y nº4042.

 

Afirmó que la primera de ellas no reglamenta el derecho a la vivienda toda vez que, entre los deberes que pone a cargo de la Ciudad frente a las personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo, no previó un mecanismo para resolver su situación habitacional. Sin embargo, sí define quiénes están en situación de emergencia habitacional y dispone que la red de alojamiento nocturno no constituye un modo suficiente para atender el derecho que consagra el artículo 31, CCABA.

 

En cuanto a la segunda, destacó que su objeto es la protección integral de los derechos sociales de los “ciudadanos” de la Ciudad que pueden satisfacerse mediante tres tipos de prestaciones: económicas, técnicas y materiales. Destacó que la satisfacción y garantía del derecho a la vivienda se ubica en la determinación de estos tipos de prestaciones.

 

  1. A su respecto, observó que la citada ley reconoce dos derechos diferentes. Por un lado, uno genérico a todos los derechos sociales que consiste en el reconocimiento de la prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA a aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad social y/o de emergencia (dentro de los que se encuentran los grupos familiares con niños, niñas y adolescentes, en virtud de lo dispuesto por el art. 3° de la ley nº4042).

 

Por el otro, el derecho a ‘un alojamiento’ a los adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social y a las personas discapacitadas o con enfermedades incapacitantes que también se encuentren en tal circunstancia. En relación a éste, agregó que “.el derecho a un alojamiento que acuerda la ley no consiste en el derecho a obtener la posesión de un inmueble. El derecho es a ser alojado (cf. los arts.18 y 25 de la ley). no es uno de propiedad, sino el de ser cobijado en las condiciones que manda la ley”.

 

  1. Sostuvo, además, que “.el Legislador ha decidido asistir de manera, en principio, permanente a quien está en una situación de vulnerabilidad que presumiblemente se va a ir profundizando (quien es de avanzada edad, será mayor aun, y las discapacidades rara vez se curan, en todo caso se superan). En cambio, optó por darle prioridad en el acceso a las políticas sociales que el PE establezca a quienes están en una situación que puede ser caracterizada, en principio, como de vulnerabilidad ‘temporal'”.

 

  1. Determinó que -conforme la ley- el obligado a brindar las políticas sociales (entre las que se encuentra la de dar alojamiento a las personas mayores, discapacitadas o con enfermedad incapacitante) es el GCBA, es decir, se trata de funciones administrativas; circunstancia que debe ser tenida en cuenta por los jueces al resolver para no invadir competencias que el Legislador ha puesto en cabeza de otra rama de gobierno, el Ejecutivo. Ese riesgo se presenta, principalmente, en todos aquellos casos en que la Administración no ha tomado una decisión acerca de cuál es la solución que entiende corresponde adoptar frente al derecho vulnerado. En esos supuestos, luego de reconocido el derecho, corresponde darle primeramente a la Administración ocasión para que se pronuncie al respecto.

 

  1. Circunstancias fácticas de la causa

 

Ahora bien, cabe poner de resalto que la actora es una mujer de cincuenta y siete (57) años de edad (conforme copia del documento nacional de identidad obrante a fs. 48/48 vta.), diagnósticada por profesionales del Hospital “José T. Borda” como paciente esquizofrénica tipo paranoide (295.30) y trastorno esquizoide de la personalidad (301.20) (ver certificado médico obrante a fs. 49 e informe socio ambiental de fs. 286/286 vta.) y, por su condición, beneficiaria de una pensión por discapacidad (fs.88, 168 y 286 vta.). Se atiende en forma regular, recibiendo asistencia psicoterapéutica y farmacológica (risperidona 2 mg., paroxetina 20 mg, y clonazepam 2 mg.) en los consultorios externos del mencionado nosocomio (ver fs. 50).

 

En el informe socio ambiental obrante a fs. 167/169 vta. la licenciada en trabajo social destaca que “El problema de salud mental que presenta la señora Mazzeo, limita las posibilidades de acceso a un empleo registrado, al igual que su edad, teniendo en cuenta las exigencias que impone el mercado de trabajo en la actualidad”.

 

A su vez, en el informe psiquiátrico obrante a fs. 257/262 se manifiesta que “La Sra. Mazzeo sufrió un duelo patológico referente a su madre, lo cual sumado a una estafa, y a su estructura limítrofe grave de personalidad, le impidió hacer frente a dichas situaciones. (.) Dicha fragilidad yoica, culminó progresivamente en daño orgánico con la Gastritis Crónica (.) Asímismo, la desestructuración psíquica, la llevó a tratamiento continuo psiquiátrico y tres internaciones en el Hospital Borda. Presenta entonces un Trastornos límite de personalidad, conjuntamente con una depresión Mayor Crónica, de tipo melancólico grave, que requirió tres hospitalizaciones. (.) Presenta marcado riesgo de agravamiento de su sintomatología clínica”.

 

Asimismo, surge de la prueba anejada que la amparista está desempleada. Refiere, que sus únicos ingresos derivan de lo que percibe por el Programa “Ciudadanía Porteña” -por un monto de ochocientos cincuenta pesos (0)- y de la pensión no contributiva por discapacidad -por un importe de pesos un mil ochocientos setenta y (v. fs. 167/169 vta., 286/286 vta.).

 

De lo dicho se advierte que la Sra. Mazzeo se halla en una situación de vulnerabilidad social de la que difícilmente pueda salir y que probablemente debido a sus limitaciones (estado de salud, edad y nivel de formación) puede agravarse con el transcurso del tiempo.

 

Además, no está controvertido en autos que, con los ingresos denunciados (ver constancias de fs. 167/169 vta., 286/286 vta.), pueda estimarse incumplido el recaudo pertinente del art.6 de la ley nº4036.

 

Asimismo, cabe destacar que tampoco se encuentra debatido en autos la configuración de los restantes recaudos de procedencia previstos en el artículo 7° de la ley nº4036.

 

Finalmente, cabe señalar que la actora conforma una estructura familiar unipersonal sin redes de contención familiar que puedan brindarle ayuda ante situaciones de adversidad o contingencias de su vida cotidiana.

 

Por último, es dable señalar que la actora ha sido asistida por el GCBA mediante el programa “Familia en Situación de Calle” percibiendo el total del subsidio previsto en el decreto nº 690/06 y sus normas modificatorias (v. fs. 67, 284/284 vta.).

 

  1. Conclusión

 

El análisis fáctico y las pruebas producidas en autos confirman que la parte actora se encuentra entre los grupos de personas de pobreza crítica que tienen acordado atención prioritaria en los planes de gobierno creados especialmente para superar esa condición (arts. 11, 17 y 31 CCABA). En los términos que emanan de la decisión del TSJ adoptada en los autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘K.M.P c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)'”, expte. nº 9205/12, con fecha 21/03/2014, la parte actora tiene derecho a que la accionada le brinde alojamiento.

 

Ahora bien, al administrar justicia el juez no debe soslayar la voluntad legislativa y, aunque no es menos cierto que debería existir una verdadera política pública en materia de vivienda que permitiese dar soluciones integrales a las personas en situación de vulnerabilidad, no está en discusión que al GCBA corresponde el rol de garante de la satisfacción de los derechos de los grupos desaventajados. Pues bien, “ser garante no implica relevar al sujeto en sus decisiones y actuaciones, sino aportar los medios para que pueda decidir y actuar del mejor modo posible, desenvolver sus potencialidades y cumplir su destino. Se garantiza el goce y ejercicio del derecho y la libertad, a través de abstenciones y prestaciones” (Corte IDH, “Ximenes Lopes vs.Brasil”).

 

En consecuencia, con sustento en la conclusión arribada en el precedente de nuestro TSJ, corresponde ordenar al GCBA que presente ante el juzgado de origen -en el plazo perentorio que el a quo determine- una solución para atender el derecho a la vivienda de la aquí actora que reúna las condiciones adecuadas a la situación de vulnerabilidad denunciada; solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena.

 

Esta decisión que debe adoptar la Administración en orden a satisfacer el derecho reclamado no puede soslayar las circunstancias que rodean la situación de quien reclama. En este aspecto, es preciso destacar que la obligación de asistencia del Gobierno de la Ciudad consiste en llevar adelante acciones que garanticen el desarrollo integral de la persona de que se trate. Es decir, el énfasis ha de ubicarse en la coordinación de medidas positivas mediante las cuales sean mejorados, o cuanto menos se intente mejorar, concretamente aquellos factores que acrecientan o determinan la situación de vulnerabilidad en el caso concreto.

 

Finalmente, hasta tanto se instrumente el cumplimiento de la condena referida quedarán vigentes los efectos de la medida cautelar dictada en autos de forma tal que resulte adecuada a la situación de la parte actora en tanto esté pendiente la asignación de un alojamiento.

 

Las cuestiones que se susciten a partir de las medidas destinadas a dar cumplimiento a la condena serán objeto de tratamiento durante la etapa de ejecución de sentencia ante la primera instancia.

 

Cuestión alimentaria:

 

VII.Así las cosas, a fin de resolver la cuestión planteada con respecto a la situación alimentaria, resulta pertinente recordar que la reforma constitucional de 1994, otorgó jerarquía constitucio nal a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, en tanto no deroguen artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional (en adelante, CN) y que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías, por ella reconocidos (artículo 75, inciso 22).

 

A su vez, el inciso 23 del artículo 75 de la CN reforzó el mandato constitucional para la tutela de situaciones de vulnerabilidad al establecer, entre las atribuciones del Congreso nacional la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la CN y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

 

Lo anterior implica que todo el aparato gubernamental debe acoger la pauta de protección especial. Ello, se funda no sólo en el texto constitucional y en la necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del Estado, sino que frente a un supuesto de discapacidad nuestro Alto Tribunal ha enfatizado que esta directiva para el Congreso “debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de competencia” (Fallos 335:452).

 

El derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal (esta Sala, in re”Lazzari, Sandra I. c/ O.S.B.A.s/ otros procesos incidentales”, EXP nº4452/1; CSJN, in re “Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, 6/1/00, Fallos, 323:1339; del dictamen del Procurador General de la Nación, que fue compartido por el Tribunal).

 

En el orden local, el artículo 20 de la CCABA, garantiza el derecho de los ciudadanos a la salud integral, y establece que el gasto público en materia de salud constituye una inversión prioritaria. Además, asegura -a través del área estatal de salud- las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. La Ciudad garantiza, asimismo, la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios protegiendo -entre otros derechos- la salud (art. 46, CCABA).

 

Por otra parte, corresponde poner de relieve que la protección constitucional del derecho a la salud resulta operativa. En efecto, el artículo 10, CCABA, establece que “[r]igen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen”. Y agrega que “[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”. Pero, además, la Constitución local también garantiza en su propio texto “el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” (énfasis agregado).

 

Por su lado, la ley nº153 -ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires- también garantiza el derecho a la salud integral (art. 1) y establece que esta garantía se sustenta -entre otros principios- en la solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud, y en la cobertura universal de la población (art. 3, inc.”d” y “e”).

 

La ley nº1878 que crea y regula el programa Ciudadanía Porteña, establece en su artículo 2º que “El programa tiene como objetivo efectuar una transferencia de ingresos a los integrantes de los hogares beneficiarios. La prestación se dirige a sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios así como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos” (énfasis agregado).

 

En el artículo 8° se establece la modalidad y monto del beneficio de acuerdo a la categoría de beneficiarios prevista en el artículo 4°.

 

Asimismo, no es posible dejar de mencionar que el decreto nº249/2014 reglamentó la ley nº1878 de Ciudadanía Porteña. En lo que aquí importa en el mencionado decreto se dispone que “[e]l Programa ‘Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho’, a fin de cumplir con sus objetivos propios y la normativa vigente, podrá modificar el monto asignado a un determinado grupo etario o grupo vulnerable mediante acto administrativo debidamente fundado por la autoridad de aplicación. Si por alguna razón no se encontrare disponible o se encontrare desactualizada la información respecto de la variación de la Canasta Básica de Alimentos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se reemplazará por estimaciones de bases propias o bien estimaciones de otros organismos públicos y privados, asegurando de este modo que no se desactualice el monto de la prestación” (artículo 8º).

 

Por otra parte, la ley nº4036 “[t]iene por objeto la protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia de las políticas sociales que brinda el Gobierno de la Ciudad” (art.1). Dentro de este régimen quedan comprendidos “aquellos programas, actividades y/o acciones públicas existentes o aquellos que se creen en el futuro” (art. 4). La vulnerabilidad social, según la regulación, abarca los supuestos en los que la condición del beneficiario “invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos” (art. 6). Por su parte, en el artículo 8º se establece que “El acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace”.

 

Bajo los lineamientos de la aludida ley, se toma como categorías vulnerables o prioritarias por su “condición etaria” a los niños y a los adultos mayores. Asimismo, se contempla la situación de las mujeres con hijos a su exclusivo cargo o cuando atraviesan “situaciones de violencia doméstica” y también se incluye a las personas con discapacidad o enfermedades incapacitantes (conf. arts. 13 y siguientes).

 

VIII. Ahora bien, atento la presencia de una persona con discapacidad, es imperioso recurrir al plexo normativo por el cual partiendo del reconocimiento de mayor vulnerabilidad se les ha reconocido asistencia prioritaria. Así las cosas, la Constitución local, más específicamente el inciso 7º del artículo 21 prescribe que se garantiza la atención integral de personas con necesidades especiales; obligación que encuentra, a su vez, correlato en el artículo 42 que fija que “la Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades.Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral.”. De su lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como propósito fundamental “.promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos [sus] derechos humanos y libertades fundamentales.” (art. 1º).

 

En último término, la referida ley nº4036, legisla sobre este grupo particular en los artículos 22 a 25 y define específicamente que “a los efectos de esta ley se entiende por personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social aquellas que padeciendo alteración, total o parcial, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial, se hallen bajo la línea de pobreza o indigencia, y/o en estado de abandono, y/o expuestos a situaciones de violencia o maltrato, y/o a cualquier otro factor que implique su marginación y/o exclusión” (artículo 23). A su vez, destaca que frente a este colectivo de personas “el Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de los derechos las personas con discapacidad de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional Nº22.431, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 447” (artículo 22). Asimismo contempla -en lo que aquí interesa- que a fin de garantizar el acceso al cuidado integral de la salud de las personas discapacitadas, el GCBA debe “[i]mplementar acciones de gobierno que garanticen la seguridad alimentaria, la promoción y el acceso a la salud” (artículo 25, inc. 1º).

 

VIII.Establecido el marco legal dentro del que cabe tratar la cuestión sometida a estudio, corresponde evaluar los elementos de convicción para ponderar la pertinencia de la pretensión de la parte actora.

 

La actora promovió acción de amparo a fin de que se le ordene al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Programa “Ciudadanía Porteña-Con Todo Derecho”, o cualquier otro programa que lo sustituya o complemente, que le otorgue el monto suficiente para garantizar la adquisición de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta prescripta en autos, como así también, los elementos indispensables para la higiene personal y limpieza del hogar (v. fs. 1 vta.).

 

Relató que el 19 de junio de 2013 presentó una nota al Programa “Ciudadanía Porteña-Con Todo Derecho” solicitando un aumento del beneficio en virtud de las problemáticas gastroenterológicas que padecía. Agregó que en el mismo sentido, la Defensoría libró el oficio nº1137/13 requiriendo información respecto al curso que se le había dado a su solicitud. Manifestó que el Programa en cuestión respondió que el monto que percibía era el máximo establecido por la normativa vigente (fs. 4 vta., 72/74 vta., 78/78 vta., 81/81 vta., 151, 160/160 vta., 171/171 vta., 182/182 vta.).

 

De las constancias de la causa surge que la actora sufre de dispepsia, distensión abdominal y gastritis, por lo que concurre para su tratamiento al Hospital Fernández y tiene indicado un plan de alimentación acorde a su estado de salud (ver certificado médico obrante a fs. 51 e informes médicos de fs. 58/60 y 267/268).

 

Cabe señalar que en el informe psiquiátrico obrante a fs. 257/262 se destaca que “La Sra. Mazzeo sufrió un duelo patológico referente a su madre, lo cual sumado a una estafa, y a su estructura limítrofe grave de personalidad, le impidió hacer frente a dichas situaciones.(.) Dicha fragilidad yoica, culminó progresivamente en daño orgánico con la Gastritis Crónica (.)”.

 

Asimismo, surge de la prueba anejada que la amparista está desempleada. Refiere, que sus únicos ingresos derivan de lo que percibe por el Programa “Ciudadanía Porteña” -por un monto de ochocientos cincuenta pesos (0)- y de la pensión no contributiva por discapacidad -por un importe de pesos un mil ochocientos setenta y dos- (v. fs. 167/169 vta., 286/286 vta.).

 

En el informe nutricional de fs. 58/60 se destaca que “(.) por la información obtenida mediante la entrevista realizada, no es posible acceder a una alimentación acorde a la indicada, ya que carece de los medios económicos (.)”.

 

Conforme surge de los informes de la licenciada en nutrición María Soledad Lucero, la actora debe cumplir con una dieta nutricional, acorde a la edad y estado de salud, para cubrir sus necesidades alimentarias, siendo su costo total de un mil seiscientos cuarenta y un pesos (v. fs. 58/60 y 267/268).

 

  1. Las constancias de la causa reseñadas en el considerando anterior demuestran que la parte actora estuvo y permanece en situación de vulnerabilidad social, dado que los ingresos que genera no resultan suficientes para sostener el acceso a una alimentación adecuada; en el caso, a los alimentos que componen la dieta alimentaria que se indica en los informes agregados a fs. 58/60 y 267/268.

 

Por ello, considerando las circunstancias particulares del caso y el estado de salud y discapacidad de la actora, el GCBA deberá adoptar los recaudos necesarios con el fin de que se le otorgue, mediante el programa “Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho”, la provisión de los fondos suficientes para cubrir la totalidad de sus necesidades alimentarias.

 

Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en lo que se refiere a la cuestión suscitada en torno a la adquisición de alimentos.

 

X.Planteo de inconstitucionalidad

 

De acuerdo al modo y alcance en que se resuelve la presente controversia, corresponde revocar las declaraciones de inconstitucionalidad efectuadas en la instancia de grado.

 

En mérito a las consideraciones vertidas, normas y jurisprudencia citadas, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal; el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el GCBA en lo que se refiere a la cuestión habitacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en los términos expuestos en el considerando VI; 2) Condenar al GCBA a que presente en el plazo que disponga el señor juez de la instancia de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos aquí expuestos, a la situación de la enfermedad incapacitante de la amparista; 3) Hasta tanto se instrumente el cumplimiento de la condena referida deberá mantener la prestación habitacional en los términos expuestos en el considerando VI; 4) Rechazar el recurso interpuesto por el Gobierno y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en lo que se refiere a la cuestión alimentaria; 5) Revocar la declaraciones de inconstitucionalidad efectuadas en la instancia de grado; 6) Con costas por su orden (confr. arts. arts. 14 de la CCABA, 28 de la ley nº2145 y 62, segundo párrafo, del CCAyT), sin perjuicio de destacar que la parte actora fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa.

 

.Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

 

Se deja constancia que el Juez Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

 

Magistrados:

 

Dra. Mariana Díaz

 

Dra. Fabiana Schafrik.