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Negocian cambios en la ley de coparticipación

mapa-de-argentina1El Gobierno aceptaría ceder fondos si las provincias asumen más responsabilidad

El Gobierno ya comenzó a discutir con los gobernadores la nueva ley de coparticipación federal para otorgarles más recursos a las provincias, a cambio de que asuman una mayor responsabilidad política en la prestación de los servicios públicos.

Ese fue el mensaje que les transmitió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los mandatarios provinciales en reuniones mano a mano que mantuvo desde que asumió.

Allí les aclaró también que se destrabará el envío de fondos para obras públicas que habían sido desviados con otros fines. Sólo resta un encuentro con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Fuentes cercanas al ministro indicaron a LA NACION que la letra chica del proyecto se está trabajando entre esa cartera y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso Prat-Gay. Frigerio había afirmado que discutiría «la ley de coparticipación federal con los gobernadores para analizar el sistema de reparto de recursos».

Los especialistas en cuestiones fiscales consultados por LA NACION indicaron que, para que la discusión de la norma tenga éxito, el Gobierno debe lograr que no haya un juego de «suma cero» donde todas las partes pierden.

Cabe recordar que la mencionada ley -que tendría que haber sido reformada en 1996, según la última reforma constitucional- debe ser aprobada por las cámaras de Senadores y de Diputados en forma unánime y luego refrendada por todas las legislaturas provinciales.

Verónica Sosa, coordinadora de proyectos de la consultora Economía & Regiones, opinó que en esta coyuntura «hay que repartir y dar de nuevo, lo cual no sé si es posible políticamente, porque requiere una reforma profunda del sistema tributario». Y a esa dificultad política se le suma la ausencia de buenas estadísticas por la manipulación en el Indec, que impide generar ponderadores que «deberían ser discutidos en la distribución secundaria» de los recursos.

Además, recordó que «hay que reparar cuestiones clave como la del Fondo del onurbano bonaerense, que en la década del 90 recibía $650 millones, equivalente en ese entonces al 10% de lo recaudado en Ganancias». Quince años más tarde, ese porcentaje representa una suma mucho más grande, pero Buenos Aires sigue recibiendo el mismo monto. «Corregir esta falla significaría brindarle a Buenos Aires $7000 millones, que deberían resignar otras provincias», expresó Sosa.

La economista aclaró que aunque la última ley de coparticipación votada por el Congreso, en 1988, establecía que la distribución de recursos nacionales recaudados por la AFIP debía ser del 42,3% para el gobierno nacional y del 57,7% para las provincias, la distribución efectiva actualmente es del 71 y el 29%, respectivamente.

Marcos Makon, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), dijo que «la única manera de reformar la coparticipación es que se convalide el régimen actual y que, para los recursos adicionales, se genere un nuevo régimen». Para el ex subsecretario de Presupuesto, «la clave es reparar los fondos a Buenos Aires, como medida transitoria hasta que la provincia aumente su participación en el nuevo esquema de coparticipación».

El investigador del Programa de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Walter Agosto, también admitió que cambiar esta ley «no será una tarea sencilla, porque el punto más álgido es quién cede recursos. Es muy difícil que los gobernadores vuelvan a sus provincias con menos recursos, y esto se hace más difícil cuando ambas partes son deficitarias». El ex ministro de Hacienda de Santa Fe sugirió que «esto se soluciona con voluntad política y un esquema gradual, por lo cual en el corto plazo quienes puedan tener una pérdida tengan una compensación; y para lograrlo hay que tener financiamiento».

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo que «la primera discusión debe ser la distribución primaria [el reparto entre Nación y provincias], porque todas las provincias van a querer recuperar lo mismo que la Corte Suprema les dio a las tres que reclamaron los fondos descontados para la Anses». En cuanto a la coparticipación secundaria -entre las provincias-, agregó, «se debería nivelar según el gasto per capita: que cada argentino tenga acceso al mismo nivel de bienes públicos».

Por su parte, Jorge Vasconcelos, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, opinó que «como resulta muy difícil aprobar la ley en los términos de la reforma de 1994, primero se podría hacer una ley mochila para asignar recursos discrecionales, algo que ahora se desarrolla con una distribución muy desigual».

El economista también afirmó que «sería importante otorgarles viabilidad a proyectos pluriprovinciales, generando el criterio por el que tengan prioridad sobre aquellos que les interese a una sola provincia».

29%

En baja

Es la participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP, contra el 57% que establece la ley de 1988

Fuente: La Nación

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